Diez años después, IMSS ofrece disculpa pública por violencia obstétrica; causas que detonaron muerte de mujer persisten
Marisol murió el 20 de julio de 2015 en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los 30 años de edad, cuando tenía 39.2 semanas de embarazo. Luego de presentar vómitos y náuseas, el personal médico detectó que el producto había muerto y le realizó una cesárea de emergencia.
Tuvo un desprendimiento prematuro de placenta, una de las más graves urgencias obstétricas con alto riesgo de muerte. Por su estado, se requería trasladarla a un hospital de mayor nivel, porque en Bochil no había suficientes hemoderivados ni equipo para atenderla, pero eso se hizo hasta seis horas después de terminado el procedimiento.
El retraso ocurrió porque el Hospital del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, no tenía médico de cuidados intensivos que la recibiera, y tampoco se echó a andar el Convenio general de colaboración para la atención de emergencias obstétricas, que indicaba que debía ser trasladada a alguno de los hospitales firmantes de este. Cuando llegó a Tuxtla, ya había muerto.
A 10 años de sus fallas institucionales, el IMSS finalmente ofreció este lunes una disculpa pública por esos hechos, sin que esta haya sido suficiente para reparar el daño, considera hoy su esposo, Miceli.
“Lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años nos da como enojo, nos da coraje, porque a pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de no repetición, no lo han hecho y falta todavía mucho para que ellos cumplan”, cuenta en entrevista.
Matilde Pérez, investigadora de Fundar que ha acompañado el caso, señala que esta es una muestra de que están ocurriendo situaciones en las que las mujeres mueren por causas evitables, por lo que usaron sus herramientas de litigio estratégico para visibilizar las problemáticas estructurales que afectan los derechos humanos, que requieren al mismo tiempo poner recomendaciones claras sobre la mesa para transformar y revertirlas.
“Este caso coloca la necesidad de que se tienen que establecer medidas de no repetición, se tienen que atender estas causas estructurales, y justamente cuando se llega a esta conciliación con el IMSS, lo que se coloca no es solo reconocer que hubo una responsabilidad de la institución, sino que esta institución cómo se va a comprometer, qué acciones va a implementar para que estos hechos no se repitan”, puntualiza.
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Sin embargo, en la década que ha transcurrido entre la muerte de Marisol y este 21 de julio, cuando el IMSS emitió la disculpa pública, el Instituto ha recibido 20 recomendaciones de la CNDH por violaciones a derechos humanos relacionados con violencia obstétrica en diferentes hospitales de todo el país.
Por eso es que a Miceli la disculpa le parece insuficiente. El espacio en Bochil, Chiapas, donde se llevó a cabo, no tenía características que permitieran un acceso abierto al público. Además de que, a su juicio, no cumplió con los requisitos de publicidad suficiente, hay otros aspectos reparatorios que apuntan a la no repetición que el Instituto no ha atendido en su totalidad.
Violencia obstétrica: deudas en la reparación del daño y la no repetición
Si cuestiones tan básicas como no contemplar otro tipo de espacio, o que la institución no haya colocado siquiera una foto de Marisol, en un acto que era simbólico para su familia, no se cumplieron, en lo estructural aún hay todavía más deudas.
“Está pendiente que se resuelvan las condiciones de infraestructura, de personal, y un poco lo que se ha colocado es que este caso no tendría que terminar con la disculpa pública; el compromiso que por lo menos hoy vino a hacer el IMSS es que van a cumplir con las medidas que están pendientes”, señala Matilde.
Miceli confiesa que imaginaba otro escenario y lamentablemente no fue así, aunque por lo menos tuvo la oportunidad de decirle al Instituto lo que era necesario. “A pesar de todo el tiempo que han tenido para mejorar y realmente cumplir con la medida de repetición, no lo han hecho”, reclama.
A su juicio, falta todavía mucho para que se considere que han cumplido. Si bien el acto de disculpa fue histórico para él, a nivel simbólico, porque debe ser relevante y darle un auge al tema, es necesario seguir avanzando. Por temor, dice, no tomaron en cuenta los lugares que él propuso para la disculpa, pero más allá de eso, no han cumplido casi con ninguna medida de reparación.
“Incluían la remodelación y ampliación de la infraestructura, que aún no la terminan ni la entregan; se pedía que tuvieran a los médicos capacitados y especializados, y todavía no cumplen. Hay vacantes por cumplir en ginecobstetricia; también en los insumos y medicamentos, y todavía falta, y en lo que nosotros damos mucha relevancia e importancia es en el tema de las ambulancias”, explica el esposo de Marisol.
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Respecto a esta medida, el Instituto aseguró que había dos ambulancias equipadas que ya estaban en función y servicios, pero una de ellas no lo está –subraya– porque fue prestada para otro lugar, sabiendo que el pueblo de Bochil la necesitaba.
Además, estos 10 años de lucha por justicia y reparación, han implicado para su familia un esfuerzo constante: “A lo largo de estos 10 años, además, nos da mucha profunda tristeza, pues ellos todavía no cumplen con su palabra, y con lo que hoy escuché, me da más tristeza, porque el director miente al decir algo que no es, cómo quisiéramos en verdad que lo que ellos dicen, lo pusieran en práctica, que se hiciera verdaderamente, pero vemos que es nulo”.
Ahora, Miceli está convencido de que seguirá en pie de lucha, avanzando y supervisando que el IMSS realmente llegue a cumplir los actos de reparación, para darle la certeza a las personas de que al acudir al servicio público, van a encontrar una buena atención.
La investigadora de Fundar subraya que la problemática no está cambiando de fondo, pese al convenio firmado. “Las causas estructurales que dieron origen o detonaron la muerte de Marisol siguen ahí, entonces en ese sentido es la exigencia del compromiso de las instituciones, de que haya un verdadero reconocimiento a la responsabilidad, y de mirar hacia el futuro, no solo hacia el pasado… Hacia adelante, ¿cuáles son los compromisos que van a tener con las víctimas?”, cuestiona.
La larga batalla por reparación para Marisol
Entre las deficiencias que condujeron a su muerte, la familia de Marisol también reclamó que su atención estuvo en manos de residentes de tercer y cuarto año, y de un médico pasante de servicio social que no tenía la experiencia suficiente ni la supervisión de un médico responsable. En el hospital de Bochil, había un solo ginecobstetra de base para el turno matutino.
Aunado a ello, el centro de atención médica no contaba con hemoderivados suficientes, mientras que el retraso del traslado de Marisol al hospital de Tuxtla se debió también a la falta de médicos en la unidad de cuidados intensivos. Días antes de su muerte, se había ordenado un ultrasonido y otras pruebas para ella que tampoco se realizaron; el propio hospital alegó no contar con el equipo necesario.
No solo eso: el útero que le fue extraído durante su cesárea para detener la hemorragia fue extraviado, por lo que el hospital no llevó a cabo el estudio histopatológico que se requería para determinar las causas de la emergencia obstétrica.
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El acompañamiento de Fundar implicó interponer un juicio de amparo para poder acceder al expediente clínico, que le fue negado a la familia, y posteriormente el caso fue presentado ante la CNDH por las violaciones cometidas, organismo que en diciembre de 2018 finalmente emitió una propuesta de conciliación al IMSS.
Fue en ese convenio que se incluyeron como medidas de reparación y no repetición la habilitación de un banco de sangre, la contratación de personal obstétrico en todos los turnos y fines de semana; la disponibilidad de insumos, equipo y personal necesario para la realización de estudios de ultrasonido, la capacitación de personal, la investigación de funcionarios responsables y la disculpa pública.
A siete años de ese acuerdo, sigue pendiente concluir la construcción y operación del banco de sangre, la contratación de personal ginecobstetra en todos los turnos y fines de semana; la plena disponibilidad de insumos, personal y equipo, así como garantizar la capacitación constante de personal.
Además, ningún servidor público ha sido investigado o sancionado por los hechos.
No es el único caso en Bochil, Chiapas
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido otras dos recomendaciones por al menos dos casos más de violencia obstétrica ocurridas en centros hospitalarios del IMSS en Bochil, Chiapas.
La primera fue emitida en 2016 (50/2016), por un caso de violencia obstétrica e inadecuada atención médica que implicó el agravio de una madre y la pérdida de la vida de su recién nacida en el Hospital Rural Oportunidades número 8 del IMSS, atribuibles al personal médico.
De acuerdo con el recuento de la Comisión, el 26 de diciembre de 2013, alrededor de las 05:00 horas, la agraviada, de 21 años de edad, acudió al servicio de urgencias, donde se le diagnosticó delicada, con embarazo de 40.2 semanas de gestación y signos de trabajo de parto, además de ruptura prematura de membranas.
La mujer fue atendida por un pasante en medicina, quien le realizó varias veces tactos y le colocó una pastilla de misoprostol para inducir el parto; aunque primero la monitoreó continuamente, después insistió en que todavía faltaba tiempo para el parto, pese a que ella mencionaba que tenía fuertes dolores y pensaba que el bebé ya iba a nacer. Aunque ella pidió una cesárea con el argumento de que sentía el sufrimiento fetal del bebé, no se la realizaron.
Cuando finalmente la llevaron a la sala de parto, la mujer ya no tenía fuerzas y sintió que la bebé se movía más lento; la niña nació a las 01:00 horas del 27 de diciembre de 2013 y la madre se percató de que no lloraba. Un médico le informó que su hija se encontraba grave. A ella la dieron de alta, pero su hija permaneció hospitalizada, y horas más tarde le llamaron para comunicarle que había fallecido por choque cardiogénico, insuficiencia renal e hipertensión pulmonar persistente.
La segunda recomendación documentada por la CNDH corresponde a 2022 (13/2022) sobre el caso de violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud de madre y su recién nacido, así como a la vida del segundo, y a la libertad y autonomía reproductiva por violencia obstétrica, al igual que a la información en materia de salud de la víctima, quien era una mujer indígena tsotsil, en el hospital rural del IMSS en Bochil.
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Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política figuran como prácticas sistemáticas del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores, denuncian activistas de derechos humanos.
Mirbelis González entra en una celda de barrotes sin luz natural, retrete ni agua corriente cada miércoles por la mañana.
Se somete a esta rutina desde hace casi un año para visitar a su hermano Ángel Gabriel, un adolescente que está cerca de cumplir 12 meses detenido en una comisaría del estado La Guaira, en el norte de Venezuela.
El Ministerio Público venezolano acusa a Ángel Gabriel González, de 17 años, de terrorismo, incitación al odio, daños al patrimonio y obstrucción de las vías públicas, delitos que podrían suponer hasta diez años de cárcel, dice Mirbelis a BBC Mundo en una llamada telefónica.
La Fiscalía alega que participó en el derrumbe, a palos y pedradas, de una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira el lunes 29 de julio de 2024, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de hace un año.
La oposición mostró las actas electorales que evidenciaban la victoria del candidato Edmundo González, por lo que el triunfo otorgado a Maduro desató una ola de protestas.
“Mi hermano no estaba ahí ese día. Lo llevamos (a la policía) para que se hicieran las averiguaciones de que él no era culpable y resulta que lo torturaron para que dijera que era culpable”, denuncia Mirbelis.
Además de la de La Guaira, al menos cinco efigies de Chávez fueron atacadas por manifestantes en los estados Aragua, Carabobo, Falcón y Guárico, en medio de 187 protestas para rechazar el resultado electoral, que tuvieron lugar en 20 de los 23 estados del país, según cálculos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La oposición reivindicaba la victoria de González, quien se postuló en reemplazo de la dirigente María Corina Machado, tras ser inhabilitada por el Poder Judicial para ocupar cargos públicos.
Desde hace un año, la oposición exige al CNE mostrar las actas de votación y todavía espera por las evidencias. Sin embargo, publicó 80% de los comprobantes que daban a González 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones de Maduro, con un nivel de participación de 60% del electorado, que excluyó a la mayoría de los electores venezolanos registrados en el exterior.
En las manifestaciones que siguieron a las elecciones, 28 personas murieron y 2.229 fueron detenidas en operativos de captura que se desplegaron por todo el país, tal como precisó en su momento el propio Maduro, que culpó a la oposición de querer desestabilizar el país.
BBC Mundo solicitó entrevista con el gobierno de Venezuela pero no obtuvo respuesta.
En una entrevista en febrero con BBC Mundo, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo:
“El 29 y 30 de julio [de 2024] ocurrieron hechos brutales de violencia. Murieron 28 personas a manos de manifestantes violentos, quemaron centros de salud, escuelas, centros electorales y derribaron monumentos y en función de ello se detuvo a un grupo de personas (…)
El plan de ellos (de los opositores) no era ir a las elecciones, era cantar fraude y promover una insurrección armada en Venezuela”.
La sociedad civil organizada advirtió que 114 de los arrestados eran menores de edad, como Ángel Gabriel González.
“Botar sangre por la nariz”
Funcionarios de la policía de La Guaira buscaron al adolescente en casa de su padre días después de las elecciones, el 8 de agosto de 2024 a las 9:00 de la noche, recuerda Mirbelis.
“Ellos amenazaron que si no entregábamos a Ángel, se iban a llevar detenido a mi papá. Y mostraron un video donde caía la estatua, pero ahí no hay (nadie) parecido a mi hermano”.
Debido a las dolencias físicas del padre, descartaron que él se presentara ante las autoridades y decidieron acompañar a Ángel al día siguiente a la “casa de seguridad ciudadana”, una sede de la policía local, para aclarar la situación.
Cuando llegaron a la comisaría, Mirbelis cuenta que los funcionarios les pidieron quedarse afuera mientras el joven entraba.
“(Él) Me dice que le pusieron una bolsa en la cara y lo tiraron en una colchoneta boca abajo”, asegura Mirbelis. “Nos comentó que lo habían asfixiado hasta botar sangre por la nariz, por eso dijo en ese vídeo que era culpable, porque lo torturaron”.
“Él dice que ya no soportaba más lo que estaba viviendo”.
Desde ese momento, la rutina familiar cambió por completo.
Ángel Gabriel fue recluido con otros adolescentes en una celda sin luz. “Nos pidieron la colaboración de [comprar] cables y bombillos”, recuerda Mirbelis. Su hermano y los demás detenidos no disponen de lavabo, sino de una letrina entre dos paredes y una cortina, cuenta sobre el espacio que ella visita cada miércoles.
Como no reciben agua corriente, Mirbelis calcula que entre todos han acumulado un centenar de botellas de plástico de refresco que llenan una vez a la semana con una manguera de la que sale agua marrón.
Mirbelis, su padre y su tía visitan la comisaría cada día entre las 9:00 y 11:00 de la mañana para llevarle almuerzo, cena y agua potable congelada. El día de visita es el miércoles y sólo puede ir Mirbelis o su tía, porque está prohibido que los hombres entren en las celdas de los detenidos.
“Mi hermano dice que está cansado de vivir”, asegura Mirbelis cuando recuerda las conversaciones con su hermano. “Él dice que está triste, pregunta que cuándo se va a acabar esto y cuándo lo vamos a sacar de ahí”.
Casi 1.000 detenidos
Para mediados de julio de este año, la ONG venezolana de defensa de derechos humanos Foro Penal estimaba que había 948 personas detenidas por razones políticas y cuatro de ellas eran adolescentes.
Varias organizaciones confirmaron que 59 presos fueron liberados el viernes 18 de julio como parte de un intercambio inédito de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.
Aunque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que 80 venezolanos serían excarcelados en el canje, ninguna autoridad en Caracas publicó una lista oficial, más allá del cálculo de las ONG.
El gobierno de Maduro no reconoce las razones políticas de las detenciones. De hecho, la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que los liberados habían sido procesados por “la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional”.
También fueron liberados diez estadounidenses que estaban presos en Venezuela.
A cambio, el gobierno salvadoreño excarceló y envió de vuelta a Venezuela a 252 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos y que permanecieron meses detenidos en la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para detener a pandilleros salvadoreños.
Sin embargo, al menos 20 personas fueron detenidas en las 72 horas posteriores al canje de presos por migrantes, según denunció la líder opositora María Corina Machado, quien acusó al gobierno de Maduro de aplicar una “política de puerta giratoria”, en la que unos salen mientras otros entran a prisión.
En medio de los arrestos, Foro Penal advierte que al menos 51 personas permanecen “desaparecidas”.
Tras examinar 15 casos, Amnistía Internacional concluyó en un informe publicado a mediados de julio que las autoridades venezolanas “cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que configura un “crimen de lesa humanidad”.
El nombre de un arcángel
El padre de Ángel es tan devoto del arcángel Gabriel que decidió ponerle su nombre.
La madre de Mirbelis y Ángel falleció un año antes de su detención, cuando él tenía 15. En ese momento ambos pensaron que perderla sería la experiencia más dolorosa de sus vidas.
Sin embargo, el arresto de Ángel desencadenó una temporada de incertidumbre y pesar para sus familiares que nunca imaginaron que podrían vivir. Las celebraciones han cobrado un nuevo sentido, especialmente los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo.
“El cumpleaños de mi hermano siempre ha sido motivo de celebración”, asegura Mirbelis. “El año pasado lo festejamos en la playa. Pero este año ha sido muy difícil”.
Después de la muerte de su madre, lo más doloroso para Ángel ha sido estar ausente en el nacimiento de su hijo debido a la detención. “Él no conoce a su hijo porque no permiten la visita del bebé. Pero le hemos pasado fotos”.
Mirbelis dice que su padre se reunió en diciembre con el fiscal venezolano, Tarek William Saab. Ahora no entiende por qué el jefe del Ministerio Público dijo que Ángel sería liberado, pero luego la excarcelación no se cumplió.
El joven le escribió una carta a su padre que se hizo viral a través de las redes sociales. En ella lamentaba no haber sido excarcelado el 12 de diciembre de 2024 y le pedía perdón a sus familiares por obligarlos a vivir su detención.
“Ese día me habían prometido mi libertad, para estar con ustedes y mi hijo. Ya estoy cansado de esta vida, a veces me dan ganas de seguir durmiendo y no levantarme más nunca”.
“Que tenga esperanza”
Después de aquel episodio, el jefe de la comisaría le prohibió a Ángel el acceso a lápiz y papel, aunque tiene una Biblia que lee con frecuencia.
También se ha enfermado varias veces, incluyendo cuatro abscesos que le salieron en la piel de los brazos y las axilas. “Sólo nos permiten llevarle cuatro ibuprofenos y cuatro antibióticos”.
Tres meses después de las elecciones, en octubre de 2024, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela había documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela que incluían detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
El equipo de Marta Valiñas, la presidenta de este mecanismo, alertó que el gobierno de Maduro había puesto en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras los comicios, que incluía una cantidad de arrestos de menores de edad nunca antes vista en Venezuela.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar “profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto”.
Mientras sigue las noticias sobre la liberación de presos a cambio de migrantes, Mirbelis González anhela que su hermano sea uno de los próximos excarcelados.
“Él no es un adolescente malo, no es un adolescente rebelde, le gustaba trabajar con mi papá. Siempre le digo que tenga esperanza, que esto se va a acabar pronto”.
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