
María Elena Pérez Jaén, diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por presuntas irregularidades en su administración como gobernador de Tabasco (2019-2021).
La legisladora presentó 37 denuncias con base en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que revelan irregularidades no aclaradas en programas federales por un monto de casi 766 millones de pesos.
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Ante medios, Pérez Jaen también acusó al auditor David Colmenares de proteger al senador de Morena, pues asegura que no se ha actuado sobre estas irregularidades.

“Guardaron esas auditorías en el área de investigación y ahí están durmiendo el sueño de los justos, desde 2021 este quebranto de 2019, de más de 700 millones de pesos y no ha pasado nada”.
En septiembre, Pérez Jaén presentó una demanda de juicio político en contra de López Hernández, para que le sea retirado el fuero y pueda ser investigado por presuntos actos y omisiones que presuntamente favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco, en particular, por nombrar y mantener en el cargo como secretario de Seguridad en su administración estatal a Hernán Bermúdez Requena, quien es acusado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”.

Este lunes, Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pidieron a las autoridades que investiguen las inconsistencias en las declaraciones del senador Adán Augusto López.
En un pronunciamiento público, las integrantes llamaron a verificar las denuncias sobre posibles conflictos de interés e incongruencias patrimoniales y fiscales.
En semanas previas, una investigación de N+ señaló que el legislador ocultó en su declaración patrimonial 79 millones de pesos que recibió en 2023 y 2024 y que parte de los recursos provinieron de una empresa identificada como “fantasma” y otra contratista del gobierno de Tabasco cuando fue gobernador.