El Partido Acción Nacional (PAN) impulsó una iniciativa para restaurar el informe del presidente de la República y obligarlo a que acuda a rendir cuentas ante el Congreso. Además, busca ampliar el catálogo de servidores públicos que puedan ser llamados a comparecer frente a legisladores y legisladoras.

La propuesta del diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, busca reformar nuevamente el artículo 69 para obligar a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, a presentarse ante la Cámara a rendir su informe, luego de que hace 16 años desapareciera esta obligación.

En abril de 2008, la Cámara de Diputados reformó el artículo 69 para retirar la obligación del presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y estableció que el mandatario solo estaba obligado a presentar su informe por escrito.

El decreto se publicó cinco meses después, días antes del segundo informe de gobierno de Felipe Calderón. Desde ese momento ningún presidente volvió a presentarse en San Lázaro un 1º de septiembre.

Esa reforma abrió paso a la pregunta parlamentaria como supuesto mecanismo de rendición de cuentas y estableció que las secretarias y los secretarios de despacho debían comparecer ante diputados y senadores bajo la protesta de decir la verdad.

Buscan que más servidoras y servidores públicos rindan cuentas

Añadió que mientras se lleve a cabo esa sesión, el mandatario responderá a un posicionamiento de cada grupo parlamentario y de los legisladores independientes, quienes tendrán derecho de réplica luego de su participación.

“Además, diversas instituciones públicas han cambiado su naturaleza jurídica como resultado de las reformas constitucionales recientes”, dijo.

Asimismo, la propuesta de Ramírez Barba incluye facultar al Congreso para que cite a comparecer a titulares de empresas productivas del Estado, organismos reguladores coordinados en materia energética, así como al Fiscal General de la República y las y los titulares de órganos constitucionales autónomos.

En el documento, el diputado estableció que las y los servidores públicos que sean llamados a comparecer, tendrán la obligación de acudir a las Cámaras durante los meses de septiembre u octubre y solo podrán excusarse si existe una causa “suficientemente justificada”.

En caso de que las legisladoras y los legisladores de cada Cámara consideren que hay información pendiente por aclarar, podrán llamar a una nueva cita a las y los servidores en un plazo máximo de un mes.

También lee | ¿La vivienda sería más accesible con la iniciativa de AMLO? Sí, aunque sólo para quienes tienen trabajo formal

El diputado propuso también facultar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para dar seguimiento a las observaciones y sugerencias realizadas por las comisiones respecto al informe de gobierno.

Por otro lado, Ramírez Barba también incluyó en su propuesta que cuando el presidenta o la presidenta envíe una iniciativa de ley o decreto, cada una de las Cámaras podrá convocar a el o la funcionaria correspondiente para debatir y obtener más información.

En caso de detectar inconsistencias, es decir, que un servidor o una servidora pública falte a la verdad o presente información incompleta, “será sujeto a responsabilidades administrativas y penales correspondientes”, dijo el diputado.