Diputados federales propondrán para el próximo año una revisión del Pacto Fiscal que sostienen los estados con el gobierno federal, pues consideran que la fórmula actual para la distribución y recaudación de recursos ha precarizado, principalmente, a los municipios.
Legisladores federales de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de revisar el Pacto Fiscal, luego de los dichos del aún gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en su Sexto Informe de Gobierno acusó “abusos” de parte de la Federación.
A unos días de dejar el poder, el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano (MC) ha elevado el tono de su crítica y, este 19 de noviembre, amenazó con promover la salida de Jalisco del Pacto Fiscal, que calificó como “un sistema anacrónico e inoperante, contrario a fomentar el desarrollo económico y social de las entidades federativas, sometiéndolas a un régimen centralista y discrecional”.
Alfaro presentó ante el Congreso de Jalisco una iniciativa para que los estados puedan decidir si se mantienen o salen del Pacto Fiscal y aseguró que éste “no tiene ninguna base constitucional”.
La diputada Carmen González (PAN), presidenta de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, consideró que la fórmula del Pacto Fiscal ha llevado a una centralización de los recursos y a que los municipios y algunos estados dependan de manera casi total de lo que les entrega la Federación.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destacó que el actual Pacto Fiscal ha llevado a los municipios a basar sus políticas de recaudación en el proselitismo, lo que los ha debilitado financieramente.
Ramírez Cuéllar adelantó a Animal Político que la discusión sobre una revisión del Pacto Fiscal Federal podría abrirse para el próximo año, sin detallar si él tiene ya alguna propuesta, dijo que debía convocarse a una Comisión Nacional Fiscal con el aval tanto de la oposición como de la mayoría de los gobernadores.
“Una nueva Convención Nacional Fiscal está a la luz de todos, es decir, sí es necesario realizar una Convención Nacional sobre Federalismo Fiscal, de tal manera que se pudieran revisar las obligaciones y el nuevo reparto de responsabilidades entre municipios, estados y Federación”.
“Pero hay un principio básico, que nos debe mover, y es la solidaridad entre las diferentes entidades del país. Que haya reconocimientos y premios a aquellos que tienen una recaudación mayor; pero sin dejar de apoyar aquellas entidades que por el rezago que tienen en empleo, economía, alcance tecnológico, no pueden recaudar lo mismo”, dijo el diputado por Morena.
El diputado alertó también que los municipios viven en una “penuria fiscal” porque el actual modelo les permite sobrevivir sólo con los recursos que les envía la federación y dejar los impuestos propios a conveniencia.
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“Las políticas tributarias se han establecido con base en proselitismo”, dijo. Ramírez Cuéllar aclaró que ningún municipio podría llevar finanzas sanas por más tiempo si se mantienen solo de los recursos federales.
En su exposición ante el Congreso de Jalisco, Alfaro puntualizó que el afán de la entidad no es dejar de apoyar el desarrollo económico y social de aquellos estados que lo necesitan, sino que el reparto sea más equitativo.
“Con esta iniciativa proponemos condiciones mínimas para un nuevo Sistema de Coordinación Fiscal, basado en la entrega de recursos por competitividad, pero sin olvidar el valor de la cooperación y la solidaridad”.
“El planteamiento de Jalisco es: queremos seguir ayudando a los estados que más lo necesitan, pero lo que no podemos permitir es que nos sigan pisoteando”, declaró.
Carmen González aseguró que “llegó el gran momento de escuchar a los gobernadores” sobre los retos que enfrentan algunos de ellos, al asumir gastos como los salarios y equipamiento de policías, luego de la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
En 2021, este programa fue eliminado del Presupuesto de Egresos de la Federación, luego de haber sido modificado en el sexenio de Felipe Calderón, pues primero era un fondo destinado a fortalecer solo las policías municipales y, posteriormente, se tomó la decisión de que policías estatales cuidaran los municipios con mayor índice de criminalidad, por lo que el fondo se amplió para otorgarlo a los estados en casos específicos.
“Ha llegado el momento de revisar qué le regresamos a los municipios, como Federación. Incluso yo misma lo he planteado ya, al interior de mi grupo parlamentario (el PAN), que hay que presentar una propuesta para revisar cómo se distribuye el ingreso que viene de los estados y municipios”, detalló Carmen González.
Entre otros temas, la legisladora destacó el tema de las policías a nivel municipal y el de centros de salud estatales, como parte de las responsabilidades del Pacto Fiscal que tanto estados como municipios han atraído de manera total.
“Comprar equipamiento y homologar los sueldos, capacitar, actualizar instalaciones, son cosas que actualmente están en manos de los gobiernos locales. Si vamos a una Convención Nacional Fiscal, busquemos que haya más federalismo, más municipalismo y menos centralismo”, dijo.
México es una Federación, es decir, los estados son autónomos en su forma de gobierno y organización civil, pero suscribieron a un Pacto Federal con el que reconocen una colaboración con un gobierno central en varios aspectos.
Uno de ellos es el Pacto Fiscal, con el que los estados coordinan apoyos económicos a través de la Federación. Ese acuerdo funciona de la siguiente manera: una vez que ese dinero está todo junto en la Federación, ésta determina con ciertos criterios como la población, el crecimiento económico y la recaudación hecha por cada estado para devolverles una parte y fondear aspectos como educación, salud y seguridad, entre otros.
Ese dinero se fiscaliza por autoridades federales y puede no ser el mismo que se envió a la Federación.
Hay dinero que los estados recaudan para la Federación a través de impuestos especiales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este dinero, que pagan los mexicanos con responsabilidades financieras, se va a las arcas de la Federación.