
El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Arturo Ávila, presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el PAN y el influencer Edson Saúl Andrade Lemos. Señaló que el partido habría financiado actividades vinculadas a la movilización del 15 de noviembre (15N) mediante un contrato por más de 2.1 millones de pesos y pagos mensuales de 175 mil pesos, pese a que Andrade se presentó públicamente como apartidista.
“Lo primero que estamos nosotros argumentando es que existe la comisión de propaganda simulada, existe la intervención ilegal de el uso indebido de recursos públicos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a los principios de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio.”
Ávila agregó que, de acuerdo con declaraciones públicas de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, el contrato también se utilizaba para financiar el trabajo de al menos siete personas adicionales. Afirmó que ese esquema habría servido para operar propaganda digital vinculada al 15N y ocultar el vínculo contractual del influencer con el partido.

“Hay interés jurídico, hay una cantidad pagada y la propia presidenta del PAN en la Ciudad de México reconoció la existencia del contrato, que era usado para una estrategia digital y que incluía un pago mensual. Además, admitió que no solo cubría la actividad de Edson Andrade, sino también la de al menos siete personas más, lo que constituye un gasto no reportado, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas, subcontratación opaca y una estructura de propaganda partidista encubierta.”
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El diputado señaló que solicitaron al INE investigar y auditar al PAN por presuntamente incumplir obligaciones establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, entre ellas la correcta aplicación del financiamiento público y la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o calumnie a personas.
Aseguró que los hechos denunciados podrían constituir propaganda simulada, triangulación de recursos, aportaciones en especie no registradas, subcontrataciones opacas y una estructura de propaganda partidista encubierta.

“Lo que estamos también pidiendo es que se instaure un procedimiento de oficio… porque hay hechos públicos, hay hechos notorios y hay hechos verificables que son sin duda lo que se necesita.”
Ávila afirmó que el contrato con Andrade Lemos sigue vigente y que el uso real de los recursos no coincidía con el objeto descrito en el documento, lo que, dijo, violaría la normativa en materia electoral. Añadió que Morena analiza presentar acciones adicionales ante la fiscalía especializada en delitos electorales.