Con el voto en contra de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y tres consejeros más, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó profundizar las investigaciones en contra del consejero del instituto electoral de Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón, quien enfrenta una denuncia por hostigamiento sexual y laboral desde el año pasado.
Con una votación de siete contra cuatro, el Consejo General rechazó un proyecto de acuerdo con el que se buscaba exonerar al consejero veracruzano argumentando que la denunciante no había aportado suficientes pruebas para probar el acoso.
Además de Guadalupe Taddei, la consejera Norma Irene de la Cruz y los consejeros Jorge Montaño y Uc-kib Espadas Ancona votaron a favor del proyecto en el que se proponía declarar infundado el procedimiento de remoción en contra de Quintín Antar Dovarganes.
En cambio, las consejeras Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Rita Bell López, y los consejeros Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz Mora, votaron en contra de ese proyecto, por considerar que no se habían valorado las pruebas de la denunciante con perspectiva de género.
“Anuncio por supuesto mi voto en contra de este proyecto lamentando la falta de seriedad, su pobreza argumentativa, su aparato silogístico deficiente y, por supuesto, la falta de perspectiva de género y la reversión de la carga de la prueba en los casos de violencia política contra las mujeres”, dijo la consejera Carla Humphrey al anunciar su rechazo al proyecto.
La consejera Dania Ravel, por su parte, señaló que este proyecto deja clara la necesidad de que se capacite y actualice a los funcionarios de la Unidad de lo Contencioso Electoral, donde se generó el proyecto en el que se decidió desestimar la queja de la denunciante y declarar infundado el procedimiento de remoción en contra del consejero.
La denunciante es una trabajadora del área de Comunicación Social del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, quien ocupa su cargo desde el 1 de septiembre de 2022.
Según su queja, el hostigamiento se dio en dos hechos específicos, uno fuera y otro dentro de las oficinas del OPLE veracruzano.
El primer hecho ocurrió el 1 de abril de 2024 en un bar de la ciudad de Xalapa, al que acudieron varios funcionarios del OPLE. Según la denuncia, la trabajadora y el consejero sostuvieron ese día el siguiente diálogo:
Consejero Quintín: acompáñame, vamos aquí afuera a platicar a fumarme un cigarro, ¿tú fumas?
Denunciante, identificada como M: No, pero vamos.
Quintín camina a la esquina de Azueta con Sayago. Al llegar al punto, empieza a fumar, ofrece un cigarro y se le dice de nuevo que no.
Q: A mí me gustas desde que me entrevistabas, te veía y me pareces una mujer atractiva e inteligente, que sabe.
M: Gracias, no como cree.
Q: Tengo esposa e hijos, pero a veces tengo que venir a Xalapa, me gustaría que me pudieras enseñar esta parte de Xalapa.
M: Claro, consejero, conozco cafés bien bonitos que le pueden gustar.
Q: Pero no me refiero a eso, tú sabes a lo que me refiero.
M: Como cree, tú eres menor que yo.
Q: ¿Pues cuantos años tienes?
M: Tengo 38 años y creo que tú 36. Aparte creo que si me va a decir algo así debe ser sobrio, de otra forma yo no le creo nada.
Q: En verdad, lo digo en serio, no estoy tan ebrio.
M: Yo creo que sí, yo tampoco me estoy muy bien en este momento. Mejor regresemos porque ya no aguanto los zapatos.
Estos hechos ocurrieron mientras transcurría el proceso electoral federal y local de 2024, en el que Veracruz renovó la gubernatura y su Congreso local, por lo que la carga de trabajo obligaba al OPLE a laborar los fines de semana.
Al día siguiente, el domingo 1º de abril, el consejero pidió a la funcionaria del OPLE acudir a su oficina, y ahí se produjo el siguiente diálogo, según la queja de la denunciante:
Q: Hola, me podrías dar cinco minutos.
M: Claro, consejero.
Quintín empieza a caminar y sale del edificio de Juárez 69 (donde se localiza mi oficia) y se mete al edificio contiguo de Juárez 71, en la parte de abajo está su oficina.
Q: Toma asiento, por favor.
M: Gracias.
Q: Como me lo pediste ayer ya estoy sobrio y mi propuesta sigue en pie, ¿te gustaría tener algo conmigo?
M: No, gracias, me halaga mucho, consejero, no mezclo el trabajo con estas cosas, ahorita estoy concentrada y enfocada en sacar el trabajo, estamos con debates y es demasiado trabajo.
Q: Ok, estamos bien, entonces. (Me da la mano)
M: Sí, estamos bien. (Le da la mano)
Q: ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar?
M: En saber más sobre el Comité de Debates, no entiendo mucho y Mariana tampoco, temo que se haga algo mal.
Q: En las convocatorias debe ir el orden del día, todo está en el Reglamento, Léelo detenidamente.
M: Muchas gracias, consejero. Bueno ya me debo ir que debo hacer el boletín. (Sale de su oficina).
Luego de su negativa, la funcionaria del OPLE comenzó a recibir hostigamiento laboral, a partir de quejas presentadas por el consejero en contra de su trabajo.
En su queja, presentada el 15 de abril de 2024, la denunciante especificó que David Carrión, coordinador de asesores del consejero Quintín Dovarganes, le hizo saber que su puesto “le pertenecía” al consejero, como una especie de derecho consuetudinario de “usos y costumbres” en donde los puestos del OPLEV los reparten las consejerías.
Las supuestas quejas en contra de la funcionaria pretendían hacerla pasar por “ineficaz, ineficiente, floja en su desempeño laboral”, por lo que tuvo que reunirse con la consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo, y el secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes, para defender su trabajo y advertir que interpondría una queja en contra del consejero.
En su defensa, el consejero negó los hechos, y dijo que nunca se quedó sola con la funcionaria en su oficina, como ella lo refiere en su queja, presentando como pruebas un video y un croquis de los pasillos y oficinas del OPLE, y testimonios de sus asesores negando la reunión del 24 de marzo.
En el proyecto que se puso ayer a votación en el Consejo General del INE se establece: “existe una contradicción entre la versión de la denunciante y la evidencia testimonial, puesto que la denunciante afirma que estuvo sola con el consejero en su oficina cuando este le habría hecho una propuesta inadecuada. Sin embargo, el testimonio de Immer González Calderón, rendido ante notario, indica que él estuvo en la oficina del consejero esperando su regreso, vio a la denunciante en la entrada y afirma que ella nunca ingresó a la oficina. Esto contradice directamente la versión de la denunciante, ya que sugiere que no hubo un momento en el que ella y el consejero estuvieran a solas dentro de la oficina”.
Con eso, y conversaciones en la aplicación WhatsApp en las que el acusado acreditó que su trato con la denunciante era estrictamente sobre temas laborales, se desestimó la denuncia de la funcionaria.
Así, el proyecto buscaba declarar infundado el proceso de remoción del consejero, pero cuatro consejeras y tres consejeros votaron en contra, por lo que el INE profundizará las investigaciones durante dos meses más antes de decidir.
“Me parece que el proyecto arriba conclusiones incorrectas o infundadas, conclusiones a partir de un ejercicio exegético, formalístico y letrista, es decir, básico y primario”, señaló Carla Humphrey.
“¿Cómo tener plena certeza de un acto como el que se está denunciando, en donde la persona que lo comete, si es que lo cometió, lo va a hacer a escondidas porque sabe que está mal?; entonces, ¿cómo se puede tener una prueba plena?, se va a tener que ir con un fedatario público cuando esos hechos ocurran, o tiene que tener la mujer una cámara escondida para que entonces pueda generar una prueba plena, es de verdad imposible que eso pueda ocurrir”, cuestionó Dania Ravel.
“Estoy en contra del proyecto tal como viene, porque es incorrecto en este caso exigir pruebas ciertas, irrebatibles, fidedignas, cuando se trata de conductas que casi siempre ocurren en forma oculta, por su propia naturaleza. Yo no puedo afirmar, y los elementos que hay a la vista no permiten concluir que haya responsabilidad de parte del imputado o que toda la denuncia sea totalmente verdadera, no, pero la argumentación que se da para declarar la queja infundada es inaceptable”, dijo el consejero Jaime Rivera.
Las consejeras Rita Bell López y Claudia Zavala señalaron, además, que la resolución debe darse en un plazo máximo de dos meses, pues el consejero acusado concluirá su encargo en el mes de junio.
“Ya ha sido suficiente el tiempo que se ha tenido este proyecto para presentarnos en los términos en los que lo hemos manifestado quienes hemos hecho uso de la voz, como para que ahora se lleve mucho más tiempo y que lleguemos incluso al final del periodo por el que fue designado el consejero y esto no haya tenido una respuesta”, advirtió.
Luego de la votación, en que Taddei y sus tres allegados votaron a favor de declarar infundada la remoción y finiquitar el asunto, se determinó regresar el asunto a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para ampliar la diligencias y presentar un nuevo proyecto en un plazo máximo de dos meses.
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.