Detienen a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario implicado en presunto desvío de recursos junto a Gómez Mont y Álvarez Puga
Este jueves, fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del OADPRS, quien contaba con una orden de aprehensión en una investigación por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita vinculada a contratos por casi 3 mil millones de pesos, en la que también son buscados Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
La detención fue confirmada en el Registro Nacional de Detenciones, donde se indica que el estatus de Pérez Rodríguez era “en traslado” al momento del reporte oficial.
De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, Pérez Rodríguez es de sexo masculino, con estatura aproximada de 1.63 metros, tez morena clara, barba y cabello entrecano. Al momento de su aseguramiento vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra café, y no presentaba tatuajes visibles.
Pérez Rodríguez figura entre las personas contra quienes un juez federal giró órdenes de aprehensión en septiembre de 2021, dentro de una investigación por contratos por 2 mil 950 millones de pesos.
En ese momento se informó que “un juez federal ordenó la aprehensión de 10 personas presuntamente ligadas en el caso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por contratos de 2 mil 950 millones de pesos”.
En esa lista fue identificado Jesús Gabriel Pérez Rodríguez como exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), junto con otros exfuncionarios del organismo.
En el mismo expediente aparecen Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, contra quienes la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Sobre la participación atribuida a la pareja, la indagatoria señala que “Puga y Gómez Mont habrían sido los beneficiarios finales del presunto desvío millonario operado con la Segob mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar los recursos”. También se menciona la posible intervención de un hermano del empresario, Alejandro Álvarez Puga.
Cabe señalar que en la actualidad Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra detenido en Estados Unidos. El pasado 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema en conferencia de prensa y señaló que se esperaba su extradición a México.
“Estamos esperando toda la información de la fiscalía, lo pregunté hoy en la mañana en el gabinete de seguridad y espero que unas horas podamos tener toda la información. La idea es que se envíe a México”, declaró la mandataria al ser cuestionada sobre la situación del empresario.
Respecto a Inés Gómez Mont, la presidenta indicó que aguardaría la información más reciente por parte de la Fiscalía General de la República para conocer con precisión el estado de las solicitudes en su contra.
El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentra detenido en un centro de detención en Miami, Florida, de acuerdo con registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Álvarez Puga está recluido en el centro Krome North SPC mientras se revisa su estatus migratorio, ya que fue considerado un “solicitante de admisión” al país y su ingreso en 2021 no fue inspeccionado por un oficial de inmigración, además de que tiene pendiente una solicitud de asilo presentada en 2022 ante la USCIS.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República inició investigaciones en su contra y la de su esposa, así como de otras personas y empresas, por presunta evasión fiscal, desvío de recursos públicos, lavado de dinero y operaciones con empresas fantasma.
De acuerdo con la FGR, los presuntos implicados habrían simulado operaciones para ocultar recursos y dificultar su rastreo, utilizando contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación.
Aunque la investigación acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por más de 14 millones de pesos y Álvarez Puga por menos de 250 mil pesos, en 2022 la fiscalía no logró probar que ambos lideraran el presunto entramado delictivo.
