Caso Ayotzinapa: juzgado ordena a la Sedena entregar documentos de inteligencia de 2014 sobre los 43 normalistas
Un juzgado de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar documentos militares generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, Guerrero, y otras instancias castrenses en 2014, sobre el caso Ayotzinapa.
En el fallo se estimó que alrededor de 853 folios militares no han sido facilitados por autoridades militares, como señalaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Raúl Isidro Burgos en una demanda presentada en agosto de 2023.
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Los familiares han reclamado la omisión de las autoridades militares para entregar todos los reportes de inteligencia elaborados en 2014, lo que incumple con el decreto presidencial de 2018, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que obligaba a las dependencias a colaborar plenamente con el caso.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército sobre el seguimiento a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 de septiembre.
“Las familias señalaron la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”, indicó.
La organización consideró que, ante el ocultamiento arbitrario por parte de la Secretaría de la Defensa, los padres de los 43 normalistas tuvieron que acudir ante la justicia federal “para superar los obstáculos de la investigación”.
En tanto, el Centro Prodh agregó que dicha indagatoria quedó “supeditada a los tiempos políticos” y que “se estancó debido a la falta de voluntad del gobierno anterior para confrontar la opacidad de las fuerzas castrenses“.
“El fallo reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y, por ende, la obligación de Sedena de entregar toda la información relacionada”, afirmó en un comunicado.
“La resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa”.
