
El presidente Donald Trump afirmó que la devolución a otros países de los aproximadamente 175 mil millones de dólares recaudados por su administración mediante aranceles recíprocos “no se discute”, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales estos gravámenes aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
En una extensa sesión de preguntas posterior a la conferencia de prensa en la que criticó el fallo judicial, el mandatario afirmó que la determinación sobre si su gobierno deberá reembolsar los miles de millones de dólares recaudados por aranceles “tendrá que litigarse por los próximos dos años” y que el proceso incluso podría prolongarse hasta “cinco años”.

Trump señaló además que el fallo de la Corte Suprema ni siquiera aborda el tema: “Se tardan meses y meses en redactar una opinión y ni siquiera discuten eso. Hemos recibido cientos de miles de millones de dólares, no millones, cientos de miles de millones de dólares. Y dije: bueno, ¿qué pasa con todo el dinero que recibimos? No fue discutido”.
Al insistírsele si honraría solicitudes de reembolso de empresas afectadas, Trump replicó: “Acabo de darle la respuesta, cierto. Le di la respuesta. No se discute. Sí, terminaremos en la corte por los próximos cinco años”.
El presidente calificó la decisión como “terrible y defectuosa, totalmente defectuosa” y afirmó que “es casi como si no hubiera sido escrita por gente inteligente”.
Las declaraciones ocurrieron luego de que Trump criticara públicamente el fallo del tribunal, al que calificó de “profundamente decepcionante” y compuesto por magistrados que, según dijo, en algunos casos “no tienen el valor de hacer lo correcto para nuestro país”.
En la conferencia previa, el presidente sostuvo que la sentencia —aprobada por seis votos contra tres— no afectaba aranceles vigentes bajo la Sección 232 ni la Sección 301, pero sí anulaba una de las piezas centrales de su estrategia comercial: el uso de la IEEPA para imponer tarifas amplias y globales.

Trump anunció además que, “con efecto inmediato”, su gobierno mantendrá todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y la Sección 301, y adelantó que firmará una orden para aplicar “un arancel global del 10% bajo la Sección 122”, así como nuevas investigaciones bajo la Sección 301. A su juicio, el fallo confirmaba que “existen métodos, prácticas, estatutos y autoridades incluso más fuertes” que las herramientas que la Corte invalidó.
Trump volvió a cuestionar a la Corte Suprema de Estados Unidos, asegurando que parte del tribunal actúa bajo “influencia indebida” de “intereses extranjeros”. Para explicar su postura, señaló: “Creo que los intereses extranjeros están representados por personas que creo que tienen influencia indebida, tienen mucha influencia sobre la Corte Suprema, ya sea por miedo o respeto o amistades”.
Añadió que las nuevas obras industriales en curso —incluidas plantas automotrices procedentes de Canadá y fábricas impulsadas por empresas de chips originarias de Taiwán— son consecuencia directa de su política arancelaria. Sostuvo que países como México, Canadá, Japón y Alemania “se han llevado nuestro mercado” y que ahora están “regresando en niveles récord”.

Durante otra parte de la sesión, afirmó que penalizó a China con un arancel del 20% por fentanilo: “Eso fue 20 veces más de lo que podían ganar vendiendo fentanilo”. Según Trump, esa medida, junto con una frontera “fuerte”, ha reducido en “más del 30%” la entrada de la sustancia a Estados Unidos.
A la pregunta sobre si la decisión de la Corte podría debilitar el crecimiento económico, Trump sostuvo lo contrario: “Esperamos meses y eso generó incertidumbre. Ahora tenemos certeza. Y creo que verán al país fortalecerse mucho más por ello”.
Añadió que, pese al revés judicial, la economía se encuentra en un punto de gran solidez: “Este país está en auge y está en auge por la elección del 5 de noviembre y está en auge por otra razón: está en auge por los aranceles”.
También afirmó que el fallo, lejos de limitarlo, “hizo más poderosa y más clara —no menos— la capacidad de un presidente para regular el comercio e imponer aranceles”.
Tanto Trump como su asesor Jameson defendieron que aún disponen de herramientas legales para mantener tarifas generalizadas. El presidente afirmó que su administración ya comenzó a aplicar “directo con 10% parejo, que era lo absolutamente correcto” y adelantó que esa disposición “está ocurriendo”.
Por su parte, Jameson señaló: “Tenemos la Sección 122, que será implementada hoy, será firmada hoy y será implementada muy pronto. Tenemos investigaciones de la Sección 301, que son increíblemente duraderas legalmente”.
Ambos sostuvieron que, gracias a estos mecanismos, el gobierno recibirá “más dinero del que recibíamos antes”.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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