Protestas en Venezuela contra reelección de Maduro: reportan 12 muertos y cientos de detenidos
Miles de opositores salieron a las calles de Venezuela este martes gritando “¡Libertad!” para reivindicar la victoria en las urnas de su candidato Edmundo González Urrutia, quien a su vez instó a no reprimir al pueblo tras protestas que dejan al menos 12 muertos y cientos de detenidos.
Al grito de “¡Libertad, libertad!”, simpatizantes de González Urrutia y de la líder opositora María Corina Machado se concentraron en Caracas y otras ciudades venezolanas para disputar los resultados de las elecciones presidenciales del domingo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, otorga un tercer mandato al izquierdista Nicolás Maduro .
“Tenemos que mantenernos en las calles, no podemos permitir que nos roben los votos tan descaradamente. Esto tiene que cambiar”, dijo a la AFP Carley Patiño, de 47 años, que trabaja como administradora.
Liderada por Machado, la oposición dice tener las pruebas para demostrar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente.
Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Joe Biden, coincidieron este martes en pedir que se publiquen las actas de votación, al señalar que las elecciones de Venezuela representan “un momento crítico para la democracia en el hemisferio”.
“Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de forma inmediata información electoral completa, transparente y detallada de cada centro de votación”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.
Machado asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto fraude y las publicó en un sitio web.
Cifra de muertos alarmante, dicen autoridades
La organización de defensa de los derechos humanos Foro Penal refirió que al menos 11 civiles han fallecido en las protestas, entre estas dos menores de edad.
“Nos preocupa el uso de armas de fuego en estas manifestaciones, que en un solo día se hayan producido once muertos en manifestaciones es una cifra alarmante”, consideró Alfredo Romero, director del Foro Penal.
El fiscal general, Tarek William Saab, reportó a su vez la muerte de un militar, y anunció la detención de 749 personas.
La ONG Encuesta Nacional de Hospitales informa de 84 civiles heridos en las protestas, mientras el ministerio de Defensa da cuenta de 23 efectivos militares lesionados.
El dirigente opositor Freddy Superlano fue arrestado el martes en lo que la oposición considera una “escalada represiva”.
La Fuerza Armada, principal sostén del gobierno, expresó su “absoluta lealtad y apoyo incondicional” a Maduro, dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno.
El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, pidió no meter “las narices” en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones.
El gobierno venezolano expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay ante lo que consideró acciones “injerencistas”.
En la embajada argentina están refugiados desde hace semanas seis colaboradores de Machado, quien denunció un asedio policial a la sede diplomática a la que le cortaron la electricidad el martes. Argentina afirmó que se trata un “hostigamiento” en contra de su sede diplomática.
Maduro convoca a “defender la paz; la oposición a realizar asambleas ciudadanas
Un día después de que el Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, otorgara la victoria a Maduro para un tercer mandato de seis años, miles de personas salieron a protestar. La policía usó gases lacrimógenos y balas de goma el lunes para dispersar movilizaciones.
“Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. Instamos a las fuerzas de seguridad a respetar la voluntad expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas”, dijo en X el candidato opositor Edmundo González, que denunció fraude y reivindica su victoria.
Liderada por María Corina Machado, la oposición dice tener las pruebas para comprobar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente. Machado llamó este martes a realizar “asambleas de ciudadanos” frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas, y en todas las ciudades del país.
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Por su parte, Maduro, que denuncia un golpe de Estado “de carácter fascista y contrarrevolucionario”, convocó “a una gran marcha hacia Miraflores”, el palacio presidencial, “para defender la paz”.
“En Venezuela no está habiendo protestas, sino focos de personas delictivas, armadas, para agredir, para crear un caos”, dijo el fiscal.
La Fuerza Armada, principal sostén del gobierno, expresó su “absoluta lealtad y apoyo incondicional” a Maduro, dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, que se unió a la tesis del golpe contra el gobierno.
“Actuaremos con contundencia en perfecta unión cívico-militar-policial para preservar el orden interno en todo el territorio nacional”, afirmó en un mensaje televisado. Maduro es “nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el período presidencial 2025-2031”.
Elección en Venezuela: OEA denuncia una “manipulación aberrante”
La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció este martes que las presidenciales del domingo sufrieron “la manipulación más aberrante”, según un comunicado de la oficina de su secretario general Luis Almagro.
Machado aseguró el lunes que tenía en su poder copias del 73% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto fraude, y proyectó una victoria de González con 6.27 millones de votos frente a 2.75 millones de Maduro.
La difusión de las actas de votación también es una petición de la comunidad internacional que cuestiona la reelección de Maduro, incluidos sus países vecinos Colombia y Brasil, así como Estados Unidos.
El gobierno venezolano expulsó al personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay ante lo que consideró “injerencistas acciones” de sus países.
En la embajada argentina están refugiados desde hace semanas seis colaboradores de Machado, quien denunció un asedio policial a la sede diplomática a la que le cortaron la electricidad el martes. Argentina afirmó que se trata un “hostigamiento” en contra de su sede diplomática.
Venezuela anunció la suspensión a partir del miércoles de los vuelos desde y hacia Panamá y República Dominicana, en rechazo a la postura de sus gobiernos.
China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron por su parte a Maduro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que reconocerá el resultado una ves termine el recuento de votos.
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
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