143 países piden la integración de Palestina en la ONU; Israel dice que votación recompensa “la violencia”
La Asamblea General votó por abrumadora mayoría a favor de la adhesión de Palestina como estado a la ONU, una decisión no vinculante aunque simbólica que desató la ira de Israel y contó también con la oposición de países como Estados Unidos o Argentina.
La resolución, presentada por Emiratos Árabes Unidos, fue aprobada por 143 países, 25 se abstuvieron y nueve votaron en contra, entre estos Estados Unidos, Israel, Argentina, República Checa y Hungría.
“He estado en esta tribuna centenares de veces, a menudo en circunstancias trágicas, pero ninguna comparable a la que mi pueblo vive actualmente”, dijo el embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour.
“Ni nunca por un voto más importante que hoy, histórico”, agregó.
Lee: Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad petición de Palestina para ser miembro de la ONU
Respuesta de Israel
Aunque son medidas simbólicas, Israel, cuyo gobierno rechaza la solución de dos estados, arremetió contra la resolución.
“Me pone enfermo“, dijo el embajador israelí Gilad Erdan en la tribuna de la ONU, donde acusó a la Asamblea de “otorgar derechos de estado a una entidad parcialmente controlada por terroristas”.
“Con este nuevo precedente, podríamos ver aquí a representantes del Estado Islámico o Boko Haram sentarse entre nosotros”, dijo.
“Reduce la Carta en pedazos. ¡Vergonzoso!”, concluyó tras utilizar una trituradora de papel para destruir el documento en uno de los golpes de efecto a los que suele recurrir.
El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, afirmó que el voto simbólico en la Asamblea General de la ONU a favor de la adhesión de Palestina como Estado miembro recompensaba a Hamás y a “la violencia”.
La decisión “recompensa a los asesinos y a los violadores de Hamás y menoscaba los esfuerzos para liberar a los rehenes” en manos del movimiento islamista palestino desde el 7 de octubre, escribió Katz en sus redes sociales. “El mensaje que envía la ONU a una región llena de dolor es que la violencia es rentable”, agregó.
Impacto de la resolución
Esta resolución tendrá “un impacto importante para el futuro del pueblo palestino”, pese a que en sí misma “no rinde justicia al estado palestino”, dijo embajador emiratí Issa Abushahab, en nombre de los países árabes.
En plena guerra de Gaza, los palestinos que tienen un estatuto de “Estado no miembro observador” desde 2012, relanzaron a principios de abril su solicitud de 2011 de convertirse en estado miembro de pleno derecho de la ONU.
Para ello, se necesita la recomendación positiva del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos la vetó el pasado 18 de abril.
Ahora, los palestinos decidieron recurrir a la Asamblea General, donde se necesitaba la votación favorable de dos tercios de los 193 Estados miembros para aprobar una resolución presentada por Emiratos Árabes Unidos.
Esa resolución considera que “el Estado de Palestina cualifica para la adhesión a Naciones Unidas” e insta al Consejo de Seguridad a que “reexamine la cuestión favorablemente“.
Pero Estados Unidos, que se opone a cualquier reconocimiento fuera del acuerdo bilateral entre palestinos y su aliado israelí, advirtió el viernes que si este asunto vuelve al Consejo de Seguridad, el resultado será “similar al de abril”.
¿Precedente?
“Podríamos acabar en una especie de bucle diplomático fatal, con la Asamblea pidiendo repetidamente al Consejo que acepte la adhesión palestina y Estados Unidos vetándola”, explicó Richard Gowan, analista del International Crisis Group.
No obstante, el texto otorga de manera inmediata una serie de “derechos y privilegios adicionales” a los palestinos a partir de la 79ª sesión de la Asamblea, en septiembre.
Aunque excluye sin ambigüedad el derecho de voto y a ser elegido miembro del Consejo de Seguridad, el texto permitirá a Palestina que someta directamente propuestas y enmiendas sin pasar por un país tercero o sentarse entre los Estados miembros por orden alfabético.
Estados Unidos había manifestado sus reservas sobre la iniciativa, pues estima que “medidas unilaterales en la ONU y en el terreno” no permitirán avanzar hacia una paz duradera ni a la solución de dos estados.
En diciembre pasado, 153 de 193 países apoyaron el pedido de alto el fuego inmediato en Gaza, frente a 10 votos en contra y 23 abstenciones.
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La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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