“No podemos ignorar el genocidio en Palestina”, voces de la acampada UNAM
Para entender mejor
La acampada en la UNAM tiene muchas voces que se unen por distintas causas, la principal es para mostrar que la empatía aún existe y que es necesario solidarizarse con Gaza, un pueblo palestino al que están extinguiendo su mirada. El rechazo al genocidio es rotundo, pero cada una de las personas que participan tiene una motivación personal.
Un amigo de Lexi fue asesinado en uno de los tantos bombardeos que el Estado de Israel lanzó contra un campamento de ayuda humanitaria donde había infancias y mujeres. Era voluntario en la ONU. Chema, quien se identifica como una persona no binarie, busca mediante la acampada visibilizar que en Palestina están matando a sus hermanes. Ana sabe que si crece la represión contra las personas pro palestina, también la resistencia.
El pasado jueves 2 de mayo, estudiantes de diversas carreras y escuelas, así como profesores, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil se sumaron a los campamentos para exigir un cese al genocidio en Gaza, solidarizarse con el pueblo palestino, así como para hacer un llamado al gobierno a romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel.
Al paso de los días se han ido sumando más personas y el campamento se ha extendido entre el perímetro que forman la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría. Estas son algunas de las historias que nos encontramos en la acampada mexicana.
“He recibido amenazas a través de cuentas sionistas en redes sociales”
Lexi quiere ser una agente de cambio, por eso estudia la carrera de Relaciones Exteriores en una universidad privada; se reservó el nombre de la institución educativa por miedo a represalias, debido a que en su escuela hay intereses sionistas, aseguró.
“He recibido agresiones y amenazas a través de redes sociales de cuentas sionistas.
Donde yo estudio hay mucha represión hacia los estudiantes que estamos a favor del pueblo palestino, que estamos a favor de los derechos humanos de las personas que están en Gaza”, indica.
Relató que desde que empezó a estudiar, le llamó la atención el tema. Se adentró en la historia, pero se comprometió con la causa luego de la muerte de su amigo. Fue un motor para su lucha y activismo.
“Claro que fue un detonante. Nadie espera perder a alguien en la guerra. Nadie espera que te marquen durante clases para decirte que mataron a tu amigo en un bombardeo. Eso fue algo que me llenó de ira y preguntaba si mi rabia es legítima, si mi dolor es legítimo”.
Aclaró que el movimiento es antisionista, mas no antisemita e invitó a participar a la ciudadanía en general a visitar el campamento o sumarse a él. Aún hay espacio.
“Creo que todos y cada uno de los que estamos aquí, estamos porque tenemos humanidad dentro de nosotros, entonces estamos aquí por esto, así es que tenemos que crear un espacio seguro para personas que estén a favor de la causa”.
“Hay gente homosexual en el Medio Oriente que está muriendo”
Chema es una persona queer no binarie que se identifica con el pronombre Elle. Tiene 27 años y estudia la carrera de Comunicación y gestión de la Cultura y las Artes en la Universidad de la Comunicación. Es de Baja California, pero su familia siempre le habló abiertamente del colonialismo de Israel y que el genocidio comenzó hace 75 años.
Se ha unido a la exigencia de la liberación del pueblo palestino porque no puede ignorar que están asesinado a miles de personas, entre ellas infancias y mujeres, pero sobre todo para visibilizar la vulnerabilidad de las personas de la comunidad LGBTQ.
“La gente tiene que entender que eso no se trata de nosotros, o sea, ¿por qué no por qué no hacer esto por otro?, ¿no? Es que esto se trata de otras personas. Todos nuestros movimientos son interseccionales; la gente no sabe que hay gente queer en Gaza, hay gente homosexual en el Medio Oriente que está muriendo”, expresó.
Señaló que a pesar de la desesperanza que provoca ver a través de una pantalla las imágenes dolorosas en tiempo real de lo qué es un genocidio, estar en el campamento le inyecta esperanza de que no todo está perdido porque aún hay empatía.
“He encontrado espiritualidad en la comunidad y me ha dado esperanza. Al ver este movimiento me he dado cuenta que no hemos perdido totalmente la empatía que tenemos por otro”, dijo Chema.
“Las luchas se conectan: lo que ocurre en Chiapas no es ajeno a lo que pasa en Palestina”
Ana Moreno llegó desde temprano el jueves 2 de mayo. Traía su mochila en hombro, sleeping bag y todo lo necesario para acampar. Su casa de campaña es de las más grandes y visibles un tanto por las banderas que colocaron al exterior. Estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y es integrante de la organización civil, BDS México.
Durante su segundo día de campamento expresó que lo que busca es apoyar a que el movimiento en solidaridad con Palestina crezca, así como el rechazo a la masacre en Gaza por parte del Estado de Israel.
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“Sabemos que no somos un movimiento muy grande, que nos necesitamos tanto estudiantes, académicas, trabajadores, sociedad civil, por eso estamos aquí acuerpando esta iniciativa que ha salido de la asamblea, pero que ha sido motivada por estudiantes”, señaló.
Para Ana, el activismo a favor de Palestina no es algo reciente; comenzó hace 10 años cuando terminaba de estudiar la carrera y ocurrió un bombardeo en ese país donde resultaron miles de víctimas. Se adentró bastante en el tema y conoció a otros jóvenes con los que formó un grupo de estudio.
“En 2014 formamos la colectiva BDS México también como una forma de cómo podemos ayudar”.
Ana señaló, en ese sentido, que ha aprendido que las luchas se conectan. “Lo que ocurre en Chiapas, no es ajeno a lo que ocurre en Palestina, ni lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa. Aprendí de un coordinador del BDS que decía algo así como ‘Si Israel globaliza la represión, nosotras internacionalizamos la resistencia”.
“Estamos conscientes de que no es una guerra, es un genocidio”
Hugo tiene 20 años y nació en el estado de Chiapas, pero se mudó a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Se declara socialista y marxista. Pertenece a la agrupación política Alternativa Socialista.
Señaló que cuando Israel recrudeció el genocidio organizó junto con sus compañeros discusiones y conservatorios para informarse al respecto. “No podemos ignorar lo que está pasando en Gaza. Es una cuestión de saber de que estamos del lado correcto de la historia. Estamos conscientes de que no es una guerra, es un genocidio”.
Es por ello que invitó a todas las personas que critican desde la comodidad de las redes sociales a que participen en el campamento.
“Desde Twitter y Facebook es muy fácil comentar, hacer bots, pero yo les haría la invitación que si tienen dudas que vinieran, que vean que nuestra lucha siempre es por todas las causas, pero ahorita es momento de estar con el pueblo de Palestina”, indicó Hugo.
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Analizamos las similares estrategias de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, calificados como regímenes autoritarios por países y organismos internacionales.
Nicolás Maduro vio cómo en 2024 se erosionó su relación con Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia, entre otros, por los resultados de las elecciones de julio, en las que fue declarado vencedor pese a que nunca se mostraron las actas oficiales de la votación.
No le falló, sin embargo, un fiel aliado: Daniel Ortega.
“No hay vuelta atrás, no hay paso atrás, Nicolás es el presidente legítimo”, dijo el mandatario de Nicaragua, cuya legitimidad internacional es tan discutida como la de Maduro.
El año que termina profundizó la relación entre ambos países y al mismo tiempo los parecidos sobre cómo ambos gobiernos refuerzan su poder y se enfrentan a la disidencia.
Venezuela y Nicaragua, aliados ideológicos junto a Cuba con llamados gobiernos revolucionarios de izquierdas, son considerados regímenes autoritarios por organismos internacionales y países occidentales y han sido en los últimos años importantes focos de crisis política y social en América Latina.
“Ambos están entre los gobiernos más represivos de la región y utilizan prácticas y políticas de represión similares, incluyendo detenciones arbitrarias sin debido proceso, torturas, y la censura generalizada”, le dice a BBC Mundo el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier.
Paralelismos
Ortega acaba de promover una reforma de la Constitución para concentrar todos los poderes del Estado en su figura y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que pasará a ser “copresidenta”.
Maduro, por su parte, renovó su mandato tras las elecciones del 28 de julio, consideradas fraudulentas por buena parte de las democracias del mundo.
Las actas oficiales publicadas por la oposición mostraban un claro triunfo de Edmundo González, el desconocido diplomático que sustituyó a la popular líder María Corina Machado, inhabilitada para postularse.
A la inestabilidad derivada del proceso siguieron denuncias de arrestos arbitrarios, juicios irregulares, torturas y la anulación de pasaportes a críticos del gobierno, entre otras medidas.
González, acusado por la Fiscalía venezolana -próxima al gobierno- de “instigación a la insurrección”, tuvo que exiliarse en España, mientras que Machado ha sido acusada de “traición a la patria” y permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela.
Algo parecido sucedió en Nicaragua en 2023, cuando el Ejecutivo expulsó a Estados Unidos a 316 opositores que mantenía presos y les retiró la nacionalidad.
Antes, en 2021, Ortega había sido elegido por quinta vez como presidente con 75% de los votos en unos comicios en los que prácticamente no tuvo rivales, después de que la Justicia -controlada por el oficialismo- ordenara el encarcelamiento de siete precandidatos además de 32 líderes opositores y empresarios.
Los acusaban, como ahora pasa en Venezuela, de “conspiración y traición a la patria”.
Ambos países padecen, además, un pronunciado éxodo migratorio, sobre todo hacia Estados Unidos, que ofrece protección especial a sus solicitantes de asilo.
Expertos señalan que, desde el modo en que enfrentan la disidencia hasta cómo operan sus procesos electorales, Nicaragua y Venezuela exhiben numerosos paralelismos que se han reforzado este 2024.
Si bien tanto en Venezuela como en Nicaragua se realizan elecciones, “los dos gobiernos lograron desmantelar de forma similar los frenos y contrapesos propios de la democracia, cooptando el poder judicial y en la práctica anulando el ejercicio libre del derecho al voto“, indica Pappier.
Los estándares internacionales no se cumplen, explican analistas, lo que ha servido para consolidar a ambos gobiernos.
“Probablemente Maduro le preguntó a Ortega sobre los procedimientos que ha utilizado y sigue utilizando para suprimir o inhibir, por un lado, la formación de una voluntad mayoritaria de cambio que amenace su régimen político, y por otro lado, cómo garantizar la estabilidad de su gobierno”, afirma el politólogo venezolano John Magdaleno.
Según él, “las inhabilitaciones y restricciones a los partidos políticos se han convertido en parte del repertorio de procedimientos que las autocracias del siglo XXI implementan para evitar cualquier cambio político”.
Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua aseguran que esas medidas son decisiones legales tomadas por órganos independientes a la presidencia y obedecen a normas supuestamente quebrantadas por los opositores.
Exilio y cancelación de pasaportes
Otras de las medidas utilizadas por ambas administraciones para neutralizar a opositores políticos. son el exilio y la cancelación de pasaportes.
Aunque lo han hecho de forma diferente y el caso de Nicaragua es más extremo.
En 2023, Managua desterró en dos tandas a 316 opositores, entre ellos líderes políticos opositores como Félix Maradiaga o Cristiana Chamorro, sandinistas históricos como Dora María Téllez e intelectuales como la escritora Gioconda Belli o Sergio Ramírez.
Los despojó de sus bienes, sus pasaportes y la nacionalidad nicaragüense tras una resolución judicial que los condenaba “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
En Venezuela, las denuncias sobre anulación de pasaportes se multiplicaron en los últimos meses tras las elecciones del 28 de julio.
Algunos de los afectados, como el dirigente político Andrés Caleca residen en el país, por lo que la medida les impide salir legalmente, mientras otros están en el exilio y, en ese caso, se les veta el regreso.
De acuerdo a analistas, al bloquear la movilidad de los disidentes dentro y fuera del país el gobierno busca, por un lado, evitar que la oposición interna participe en eventos internacionales y, por otro, prevenir que los exiliados regresen para agitar la oposición interna.
El caso más notable ahora es el de Edmundo González, refugiado en España después de recibir una orden de captura por usurpación de funciones, instigación a la desobediencia y conspiración, entre otros supuestos delitos.
“El exilio de figuras de la oposición en Nicaragua fue el resultado de un acuerdo con los EE. UU. y sirvió para aliviar la presión sobre el gobierno de Ortega neutralizando a los alborotadores. El exilio forzado de González en Venezuela cumplió un propósito similar”, explica a BBC Mundo Michael Paarlberg, investigador del centro de estudios Institute for Policy Studies y profesor de la Virginia Commonwealth University en Estados Unidos.
Sin embargo, remarca una diferencia fundamental entre ambos: mientras en Venezuela aún hay una oposición interna significativa y organizada, en Nicaragua se ha eliminado cualquier atisbo de resistencia.
“El gobierno de Ortega sigue un enfoque más totalitario al reprimir a toda la sociedad civil, las organizaciones religiosas y la oposición, mientras desmoviliza a la población mediante la promesa de cierto grado de estabilidad económica, algo que Maduro no puede ofrecer”, apunta.
“Represión” y “traición a la patria”
Tanto Venezuela como Nicaragua han sido acusados de emplear sus sistemas judiciales y Fuerzas Armadas para perseguir a opositores y disidentes.
“Los dos regímenes usan aparatos parapoliciales y paramilitares para reprimir la disidencia y a la oposición”, le dice a BBC Mundo el politólogo John Magdaleno.
Ambos gobiernos defienden la imparcialidad de su sistema judicial y alegan que sus acciones contra opositores buscan combatir supuestas campañas subversivas financiadas por Estados Unidos y aliados.
Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela ha habido centenares de detenciones, muchas de ellas calificadas como arbitrarias por organismos locales e internaciones que defienden el debido proceso.
También se han denunciado desapariciones, torturas y ha habido varias muertes de disidentes que estaban en custodia policial.
Para Amnistía Internacional, el control del poder Ejecutivo sobre el sistema Judicial y la Fiscalía se traduce en arrestos arbitrarios o preventivos, juicios expeditos con escasas garantías para la defensa y sentencias determinadas de antemano.
Otras organizaciones como HRW (Human Rights Watch) señalan que en ambos países se han instrumentalizado las leyes de seguridad nacional y antiterrorismo para combatir las protestas.
Estas leyes, según un informe del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), son empleadas como herramientas para justificar detenciones y enjuiciamientos que, de otra manera, no contarían con un respaldo legal claro.
El gobierno de Ortega ha procesado a numerosas figuras de la oposición y líderes sociales bajo los cargos de terrorismo y conspiración.
Destacan los casos de Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga, precandidatos a la presidencia en 2021, a quienes se imputó el cargo de conspiración en procesos judiciales que, según Amnistía Internacional, estuvieron plagados de irregularidades, como la ausencia de una defensa adecuada o el veto a observadores internacionales.
Bajo la excusa de proteger la soberanía nacional, “ambos gobiernos emplean el exilio forzado, la persecución judicial, normalmente por delitos vagos y abstractos como ‘traición a la patria’ o ‘terrorismo’, para amedrentar a críticos”, apunta el representante regional de HRW, Juan Pappier.
En Venezuela, la traición a la patria se basa en el artículo 130 de la Constitución, que obliga a sus ciudadanos a “honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.
El gobierno venezolano suele usarla para acusar a opositores políticos, a quienes en ocasiones atribuye conspiraciones para derrocar o asesinar a Maduro.
Entre los que han sido afectados están Juan Guaidó, Leopoldo López, y María Corina Machado, además de los exministros del oficialismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra.
Esta figura legal ha sido aún más recurrente en Nicaragua.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, aprobada en diciembre de 2020, permite arrestar a cualquier persona que solicite sanciones extranjeras o “incite la injerencia extranjera en los asuntos de Nicaragua”.
El gobierno usó esta figura para sentenciar a los 316 presos políticos desterrados en 2023, a quienes consideró agentes al servicio de intereses extranjeros.
Más recientemente, Ortega acusó de “traición a la patria” a su hermano menor Humberto, que murió en septiembre de 2024 tras meses de arresto domiciliario por calificar como “dictatorial” al gobierno que lideran su hermano y su cuñada, Rosario Murillo.
Los expertos coinciden en que los paralelismos entre Nicaragua y Venezuela confluyen en su mayor aliado político e ideológico: Cuba.
“La inteligencia cubana aún tiene mucha influencia y, al menos en Venezuela, se le atribuye haber desincentivado, desarmado e infiltrado cualquier tipo de movilización o desacuerdo estratégico dentro de las instituciones públicas, incluyendo la administración pública, las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales”, asegura John Magdaleno.
El experto destaca que “el avance autocrático en Nicaragua es mucho más pronunciado que en Venezuela, y se aproxima más a una autocracia cerrada”.
No obstante, advierte, “en Venezuela también se empiezan a ver señales de avance en esa dirección”.
En términos similares se expresa el subdirector de las Américas de HRW, Juan Pappier.
“Mientras el gobierno de Maduro se turna entre estrategias de represión más dura y generalizada y otras más selectivas, al menos desde 2021 el de Ortega ha reprimido la crítica de forma generalizada, brutal y constante”, sentencia.
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