Nicaragua liberó y expatrió a 222 presos políticos, pero se estima que otras mil 400 personas viven en esa situación en AL
Loredana Hernández Barboza, de 23 años y originaria de Venezuela, responde desde una ubicación desconocida a la que llama “el exilio”. Habla calmadamente, sonríe. “Me gusta bailar, me gusta mucho leer. Intento ser una persona resiliente, positiva”, se describe. Aún no encuentra una definición para eso que vive hoy: despertar entre paredes blancas en ese algo que “no es hogar”, lo mismo que enfrentan muchas familias de presos políticos en Latinoamérica.
Se trata de una persona que vive en una familia rota debido a la prisión política del régimen de Nicolás Maduro, igual que al menos otras 300.
Es hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa, uno de los detenidos como probables responsables del atentado contra Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018, en el que drones kamikaze explotaron apenas a unos metros del mandatario durante su participación en un evento conmemorativo de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Hernández Da Costa fue condenado a 16 años de prisión acusado de conspiración, a pesar de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió su liberación inmediata en 2020, tras documentar diversas violaciones a sus derechos humanos. Originalmente, se le acusó de ocho delitos, entre ellos, traición a la patria, asociación para delinquir y obstrucción a la justicia. “Durante tres años lo inculparon de todo”, recuerda Loredana. “48 horas antes le ofrecieron aceptar que había conspirado y entonces le quitaban los otros ocho delitos”. Las autoridades nunca pudieron probar ninguna de las imputaciones.
“Él nunca va a aceptar algo que no hizo”, afirma Loredana. Desde su perspectiva, su padre es una persona con principios. Más allá del uniforme, ella encuentra a “un ser muy correcto que hoy está tras las rejas”. Disciplina, transparencia y amor son los valores que asegura haber recibido de él.
Dolor y desesperación
A Loredana nadie le dijo cómo ver de frente la prisión política, mucho menos el exilio. Nadie parece saber cómo hacerlo. “He buscado manuales para entender la situación de mi padre”, confiesa. “Nadie nos prepara para eso, en la escuela y la casa siempre nos enseñan que si haces las cosas bien te va a ir bien, pero no nos dicen cómo lidiar con el caso contrario”.
“Me siento muy adolorida. Ya no es tristeza, ahora es dolor con desesperación porque me levanto y no tengo esperanzas”, comparte. Loredana sabe que su papá está vivo, pero asume el luto de la separación. “Como sé que mi papá está mal, yo siempre voy a estar mal”.
Lo recuerda feliz: “Somos responsables, disciplinados, pero sobre todo somos muy alegres”. Han escrito una canción en conjunto, mediante cartas que deben redactarse con sumo cuidado pues el gobierno las leerá antes de entregarlas.
“No puedo ser explícita en mis deseos de verlo libre porque pueden leerlo como que estoy tramando algo. Lo que hago es escribir lo mucho que lo amo, lo mucho que lo admiro”, comparte. “Al final, siempre termino triste y llorando. Es todo un proceso porque, aunque sé que es mi método de comunicar, es muy doloroso”.
Conserva la fe en la liberación y el reencuentro. Esa misma que la llevó a sumarse a la campaña “Latinoamérica Sin Presos Políticos”, que busca poner en la conversación pública alrededor de mil 400 casos solo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, de donde Loredana debió salir por seguridad.
“Queremos que nos acompañen”, pide. “Me alegra muchísimo que otros países latinoamericanos no estén en una dictadura, pero es importante mirar a nuestra historia y ser conscientes de que tú, yo o cualquiera puede estar en esta situación. Aprendamos de nuestra historia”.
Definir lo que quedó atrás
Loredana tiene claro que en Venezuela hay una dictadura, pero —subraya— “para mí es algo sin nombre, no podría definir un sistema donde traten tan mal a las personas y se encarguen de destruir familias creando un problema colectivo, porque no es solo mi caso”.
De cualquier manera, todos los días escribe al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi. “Libere a mi padre” es el mensaje que cotidianamente manda a su bandeja de entrada. “Le escribo a los ministros, escribo a la delegación de Naciones Unidas y les mando la medida de liberación inmediata que ellos hicieron para recordarles que necesito que me acompañen en esta protesta”.
“Es un Estado ilegal, que actúa de forma arbitraria”, califica. “Los ciudadanos no somos enemigos del Estado. Queremos que liberen a los presos políticos. No queremos que los destierren, queremos vivir en paz, porque el destierro es lo peor que se puede hacer contra una persona que ama tanto su país”.
Exilio a cambio de libertad: presos políticos en Nicaragua
Carlos Salinas Maldonado confiesa que lloró en el momento en que se enteró de que 222 personas habían sido expatriadas de Nicaragua. “Pero me sequé las lágrimas y me puse a trabajar”, dice. Él es uno de los periodistas que lograron huir antes de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les quitara la libertad: no pisó las cárceles de El Chipote —denunciada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— ni La Modelo, pero tampoco ha vuelto a ver Managua ni su natal León desde hace al menos cinco años.
En la misma línea va la declaración del pasado 10 de febrero de Dora María Téllez —la ‘Comandante Dos’, como la llamaban sus compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional— : “Cada día que no me ahorcaba era un triunfo sobre Ortega”. El 9 de febrero, mientras su vuelo alcanzaba altura suficiente para llegar a Washington, la dictadura les convirtió en apátridas acusándolos de traición a la patria.
Para entender mejor: La liberación y la expulsión de los presos políticos en Nicaragua
“La ambición de una tiranía es la que de tu propio país se te vuelva extraño”, decía el escritor Sergio Ramírez en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2021, también exiliado por Ortega, y con orden de aprehensión luego de publicar su novela Tongolele no sabía bailar y de convertirse en uno de los críticos más duros de su otrora compañero de lucha. “Expatriados, despatriados, desterrados. Extrañados […] Pero entonces uno vuelve a la poesía”.
Como ellos, miles de personas se encuentran entre la migración y la diáspora —otras formas para llamar al exilio y al desplazamiento forzado— para no volverse un folio entre las más o menos mil 400 personas presas políticas en América Latina, según conteos recabados por “Latinoamérica Sin Presos Políticos”. La cifra no es exacta porque los regímenes autoritarios no transparentan sus atropellos.
Mientras tanto, centenares de familias siguen esperando la hora de los reencuentros.
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Un veredicto en su contra tuvo lugar menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión. Aún tiene pendientes varias acusaciones.
Dos bolsos Chanel, una concesionaria BMW y una polémica iglesia estuvieron en el centro del juicio a la ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee.
Esposa del expresidente Yoon Suk Yeol, que fue destituido en 2025, fue arrestada en agosto por cargos que incluían soborno, manipulación bursátil e interferencia política, todos los cuales niega.
La fiscalía acusó a Kim, de 52 años, de ganar más de 800 millones de wones (US$552.570) al participar en una trama de manipulación de precios relacionada con las acciones de Deutsch Motors, una concesionaria de BMW en Corea del Sur, entre octubre de 2010 y diciembre de 2012.
También fue acusada de aceptar bolsos de lujo, un collar de diamantes y otros regalos por valor de hasta 80 millones de wones (US$56.000) como sobornos de la controvertida Iglesia de la Unificación a cambio de favores comerciales, y de recibir 58 encuestas de opinión gratuitas, por valor de 270 millones de wones coreanos, del empresario Myung Tae-kyun antes de las elecciones presidenciales de 2022.
El miércoles, un tribunal la declaró culpable de aceptar sobornos de funcionarios de la Iglesia de la Unificación y la condenó a 20 meses de cárcel.
Sin embargo, fue absuelta de los cargos de manipulación del precio de acciones y de violar las leyes de financiación de campañas de Corea del Sur. Aún quedan dos acusaciones en su contra que el tribunal no ha escuchado.
El veredicto llega menos de dos semanas después de que su esposo fuera sentenciado a prisión por abuso de poder y obstrucción a la justicia en relación con su fallido intento de instaurar la ley marcial.
También marca la primera vez en la historia del país que la esposa de un presidente es acusada formalmente estando detenida.
Pero no es la primera vez que la propia Kim se ve envuelta en controversias.
Credenciales cuestionables
Antes de ser la primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, cuyo verdadero nombre es Kim Myeong-sin, era empresaria y amante del arte.
Se graduó con una licenciatura en educación artística de la Universidad Femenina de Sookmyung en 1999, pero posteriormente enfrentó repetidas acusaciones de plagio durante su época de estudiante allí.
La universidad anuló su título en 2025 después de que su comité de ética de investigación descubriera que la tesis de Kim tenía problemas.
Nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones.
En 2009 fundó la empresa de exhibiciones de arte Covana Contents, de la que sigue siendo directora ejecutiva y presidenta. Sin embargo, en 2019 medios de comunicación surcoreanos informaron que Kim presuntamente había evadido impuestos y recibido sobornos por organizar exposiciones.
Kim fue absuelta de estos cargos en 2023, pero un fiscal especial está reexaminando el caso.
Posteriormente, antes de las elecciones presidenciales de 2022, que finalmente ganó su esposo, surgieron acusaciones de que Kim había presentado solicitudes a universidades y empresas con títulos y premios falsos, lo que desató un escándalo por posibles credenciales falsificadas.
En respuesta a estas acusaciones, que algunos miembros de la oposición intentaron utilizar como arma política contra Yoon, Kim emitió una disculpa pública por lo que describió como “exageraciones” en su currículum.
Además, prometió que si su esposo llegaba a la presidencia, se centraría exclusivamente en su rol como esposa.
Sin embargo, es su conducta durante ese periodo lo que ha provocado algunas de las críticas más duras en su contra.
El escándalo del bolso
A finales de 2023 aparecieron imágenes de una cámara espía que mostraban a Kim recibiendo un bolso de lujo de un individuo en una oficina de Seúl en septiembre de 2022.
Se informó que las imágenes fueron grabadas en secreto por el pastor Choi Jae-young con una cámara en su reloj, y su publicación intensificó el escrutinio público sobre Kim y Yoon.
Al parecer, mostraban a Choi caminando hacia una tienda para comprar un bolso de piel grisáceo, con un recibo que estimaba su costo en 3 millones de wones (US$2.200). Choi luego visitó Covana Contents, una empresa en Seúl propiedad de la primera dama, donde Kim le preguntó al pastor: “¿Por qué sigue trayéndome estas cosas?”.
La ley surcoreana prohíbe que los funcionarios públicos y sus cónyuges reciban regalos por un valor superior a 1 millón de wones(US$698) de una sola vez, o un total de 3 millones de wones en un año fiscal.
Si bien el video no muestra explícitamente a Kim aceptando el regalo, el diario Korea Herald informó en ese momento que la oficina presidencial confirmó la recepción de la bolsa y afirmó que estaba “registrada y almacenada como propiedad del gobierno”.
La oficina presidencial no respondió de inmediato a la grabación, lo que avivó aún más la controversia, ya que grupos cívicos presentaron denuncias ante la fiscalía alegando posibles violaciones de la Ley Anticorrupción.
Este incidente fue una de las 16 acusaciones investigadas por el equipo de fiscales especiales, 12 de las cuales fueron remitidas a la policía para su posterior investigación.
Sin embargo, el veredicto de este miércoles se centró en la presunta aceptación de sobornos por parte de Kim de la Iglesia de la Unificación, así como en su presunta participación en la manipulación de las acciones de Deutsch Motors y en una presunta manipulación electoral.
Kim negó los cargos, aunque admitió haber recibido bolsos de Chanel, que, según afirma, luego devolvió sin usar.
El mes pasado la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y una multa de 2.000 millones de wones, alegando que Kim había actuado “por encima de la ley” y conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar la “separación constitucional entre religión y Estado”.
Destituido
Si bien la serie de escándalos de Kim ensombreció la carrera presidencial de su esposo, fue el propio Yoon quien finalmente selló su destino como uno de los exlíderes más desacreditados de Corea del Sur.
El 16 de enero de este año Yoon fue declarado culpable de abuso de poder, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia al intentar, sin éxito, imponer la ley marcial en el país en 2024. También fue condenado a cinco años de cárcel.
Este fue el primero de los veredictos en cuatro juicios relacionados con el decreto de ley marcial de Yoon. Aunque efímero, la medida desató una agitación nacional, provocando protestas cuando los parlamentarios acudieron a la Asamblea Nacional para revocar la decisión de Yoon.
Las acciones de Yoon “sumergieron al país en una crisis política”, declaró un juez al emitir el veredicto, señalando que Yoon “no había mostrado remordimiento alguno”.
Fue durante una investigación de un año sobre el fallido intento de Yoon de instaurar la ley marcial que los fiscales especiales comenzaron a investigar muchas de las acusaciones contra Kim.
Juntos, la otrora poderosa pareja forma una dupla histórica: si bien Corea del Sur tiene antecedentes de expresidentes acusados y condenados, Yoon y Kim marcan la primera vez que un expresidente y una exprimera dama son encarcelados.
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