EU sanciona red del CJNG ligada a fraude de tiempo compartido en Nayarit
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este jueves una red de fraude de tiempo compartido operada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante el complejo turístico Kovay Gardens, en Bahía de Banderas, y un entramado de 17 empresas y múltiples operadores asentados en Nayarit y Jalisco.
La investigación del gobierno estadounidense identifica como pieza central de la red al fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, y a su colaborador, el empresario afiliado al cártel, Michael Ibarra Díaz Jr., cuya actuación –de acuerdo con un comunicado del Tesoro– permitió consolidar un modelo de fraude “integrado verticalmente” que ha generado pérdidas por cientos de millones de dólares principalmente a adultos mayores estadounidenses.
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El control directo de las operaciones en Nayarit, según el Tesoro, recae en Audias Flores Silva, comandante regional del CJNG. La dependencia recordó que el Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Entre sus lugartenientes figuran Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolín”, este último con vínculos familiares con el líder del CJNG, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Debajo de ellos operan Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez, responsables de los call centers de tiempo compartido asociados al complejo sancionado.
Empresas sancionadas y alcances del bloqueo
Además, se sancionó el conjunto de 13 empresas de Rivera Miramontes que abarcan sectores turísticos, inmobiliarios, financieros, de servicios empresariales y combustibles. También fue identificada como bloqueada la empresa texana Hotel Management International, LLC, propiedad del mismo empresario.
La OFAC explicó que todos los bienes e intereses en bienes que las personas sancionadas posean en Estados Unidos quedan bloqueados y que cualquier transacción realizada por ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio estadounidense que las involucre está prohibida.
Al anunciar la operación, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Ya sea mediante el tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la organización de fraudes de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”.
Cómo opera el fraude de tiempo compartido
De acuerdo con el comunicado, el CJNG ha controlado desde alrededor de 2012 las estafas de tiempo compartido en la zona de Bahía de Banderas.
El esquema comienza con la obtención de información de propietarios estadounidenses de tiempos compartidos, para después contactarlos desde centros de llamadas que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas en Estados Unidos.
El fraude incluye supuestas cuotas o impuestos indispensables para liberar pagos inexistentes, operaciones de reventa o realquiler y, posteriormente, estafas de revictimización en las que los delincuentes se presentan como funcionarios o abogados que ofrecen recuperar el dinero perdido a cambio de nuevos pagos.
El Tesoro destacó que este tipo de estafas provocó que, entre 2019 y 2023, “aproximadamente 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares”.
Solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por un monto superior a 50 millones de dólares, cifras que, según sus propias estimaciones, representan apenas una fracción de la afectación real debido a la baja tasa de reporte.
Kovay Gardens, el centro del esquema ilícito
Dentro de esta estructura ilícita, Kovay Gardens —ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit— ocupa un papel central. Según el Tesoro, el complejo utiliza “tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas”, entre ellas la promesa falsa de que los propietarios pueden generar ingresos alquilando semanas no utilizadas.
La investigación identificó como operador clave de esta red a Rivera Miramontes, quien “abrió Kovay Gardens hace más de 20 años bajo su nombre original: Vallarta Gardens” y quien, afirma el Tesoro, “trabaja en estrecha colaboración con el empresario afiliado al CJNG, Michael Ibarra Díaz Jr.” para facilitar las ventas fraudulentas.
El Tesoro subrayó que esta acción es la sexta dirigida contra integrantes y operadores vinculados al CJNG en esquemas de fraude de tiempo compartido, sumando más de 90 personas y entidades sancionadas hasta la fecha.
También recordó que algunos miembros previamente designados, como Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Griselda Margarita Arredondo Pinzón, enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia relacionadas con fraude electrónico, lavado de dinero y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera, todos ellos ligados a operaciones de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
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Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
Complicado
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Muchas reservas, poca producción
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Factores en contra
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
¿Puede lograrlo EE.UU.?
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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