DEA advierte que cárteles subcontratan a personas especializadas en el sistema financiero internacional para lavar su dinero
En el más reciente informe de la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que revelan el crecimiento de los poderosos carteles mexicanos y su presencia en toda la Unión Americana, la agencia antinarcóticos estadounidense advirtió que cárteles de droga -como el de Sinaloa y Jalisco- subcontratan a personas especializadas en el sistema financiero internacional para lavar su dinero.
De acuerdo con el informe Evaluación Nacional para la Amenaza de las Drogas (NDTA, por sus siglas en inglés), los blanqueadores y corredores de dinero criminales que contratan además pueden proporcionar “pagos rápidos y por adelantado” a los traficantes, mientras ellos mismos asumen el proceso de infiltrar el dinero ilícito en instituciones financieras desde dentro de los Estados Unidos.
“Estos blanqueadores de dinero normalmente no trabajan para un cártel en específico; más bien, aceptan contratos de lavado de dinero de múltiples organizaciones criminales, no todas ellas narcotraficantes, y utilizan redes de lavado de dinero que puedan abarcar varios países”, señala el documento.
La publicación del informe ocurre a solo unos días de que Anne Milgram, titular de la DEA, reprochó al gobierno de México por retrasar las visas de trabajo para sus agentes, lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “exageración”, luego de asegurar que “lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente”.
Sin embargo, esta tensión entre la DEA y el Gobierno Federal no es aislada, se sumó a una turbulenta relación que han tenido la agencia antidrogas estadounidense y el mandatario federal desde el inicio de su sexenio.
¿Cómo funciona el sistema de lavado de dinero de los cárteles?
De acuerdo con el documento, tanto el Cártel de Sinaloa como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generan miles de millones de dólares en ganancias por la venta de drogas ilícitas, como el fentanilo o la metanfetamina, para lo cual utilizan el fraude y el engaño para hacer circular su dinero a través de los sistemas financieros estadounidenses y mundiales para enriquecerse y seguir financiando sus operaciones.
En 2022, investigaciones de la DEA llevaron a la incautación cientos de millones de dólares en activos que los cárteles mexicanos intentaron introducir discretamente al sistema financiero a través de instrumentos financieros como acciones, bonos y criptomonedas, así como bienes raíces y artículos de lujo que justamente ingresaron bajo el modelo de subcontratación en varios países.
Para lavar el dinero, la DEA asegura que los cárteles de droga mexicanos utilizan organizaciones chinas de lavado de dinero para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México, a través del sistema bancario clandestino de China.
“Los lavadores de dinero que operan dentro de los Sistemas Bancarios Clandestinos Chinos (CUBS, por sus siglas en inglés) actúan cada vez más como lavadores de dinero para organizaciones traficantes de México y Sudamérica para mantener liquidez en los CUBS”.
En mayo de 2023, un blanqueador de dinero chino llamado Jianxing Chen (también conocido como John Chen), con sede en Belice, se declaró culpable de cargos por lavado de dinero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según la investigación, desde Belice Chen organizó redes de efectivo, mensajeros y procesadores de dinero quienes recaudaron millones de dólares de ganancias en efectivo de drogas en Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York y Atlanta. Durante muchos años, Chen y uno de sus coacusados, Xizhi Li (también conocido como Juan Lee, John Lee) lavaron el dinero y lo ingresaron a cuentas estadounidenses con beneficiarios en China y México.
Durante años, expertos en narcotráfico han asegurado que si realmente se quiere combatir al crimen organizado los gobiernos deben compartir estas redes financieras, que según el propio informe operan en 47 países alrededor del mundo y en los 50 estados que comprende los Estados Unidos.
Cárteles de Sinaloa y Jalisco siguen incrementando introducción de fentanilo a EU: DEA
La DEA también advirtió que los cárteles de Sinaloa y Jalisco siguen incrementando su participación en la introducción de fentanilo a aquel país, lo que incluso provocó que 38 mil estadounidenses murieran en los primeros 6 meses de 2023.
Además, señaló que el fentanilo y otras drogas sintéticas, como la metanfetamina, son las responsables de casi todas las sobredosis e intoxicaciones mortales por drogas en Estados Unidos en el país, por lo que ambos cárteles se han convertido en una amenaza no solo para la salud y la seguridad pública del país, sino para su panorama criminal.
“Las drogas sintéticas han transformado no solamente el panorama de las drogas en los Estados Unidos, con consecuencias mortales para la salud y seguridad; las drogas sintéticas también han transformado el panorama criminal en Estados Unidos, ya que los cárteles de la droga que fabrican estas drogas obtienen enormes ganancias de su venta”, señala el documento.
Con el título Las redes globales de los cárteles alimentan las muertes por droga en los Estados Unidos, la DEA describe cómo tanto el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los más poderosos de México, controlan redes criminales en todo el mundo que desempeñan un papel fundamental en la producción y distribución de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas sintéticas por toneladas.
Sin embargo, en el caso particular del territorio estadounidense, la agencia antidrogas señala que “juntos, el Cártel de Sinaloa y Jalisco han causado la peor crisis de drogas en los Estados Unidos”.
“Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el implacable flujo de fentanilo y metanfetaminas ilícitas que cruzan la frontera hacia los mercados estadounidenses”.
Por ejemplo, señala que ambos cárteles deliberadamente comercian fentanilo ilícito en forma de pastillas para imitar los medicamentos que ingresan como marca registrada, lo que da como resultado que muchos estadounidenses compren y consuman estas drogas ilegales creyendo que son medicamentos legítimos.
Para conseguir esto, aseguran, los cárteles utilizan aplicaciones de mensajería encriptadas o abiertas, así como redes sociales, utilizadas tanto por los grandes cárteles como por traficantes callejeros para anunciar, organizar entregas y recibir pagos, todo de forma rápida, con un solo dispositivo y exposición mínima.
“Combinados, estos factores hacen la detección difícil y alimentan los envenenamientos por drogas en Estados Unidos en manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco”, señala.
Los Chapitos, líderes de la producción de fentanilo en México
Sobre la producción de fentanilo ilícito en México, el informe asegura que Los Chapitos son quienes dirigen esta producción en laboratorios escondidos en las montañas de Sinaloa, entre otros bastiones del Cártel de Sinaloa.
Y aunque indica que el CJNG no puede igualar la capacidad de producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa sí “ha inundado las calles estadounidenses con fentanilo, a menudo mezclado con otras drogas”.
“Los carteles de Sinaloa y Jalisco fabrican fentanilo en laboratorios clandestinos que supervisan en México, tanto en forma de polvo como en pastillas falsas, y lo trafican hacia Estados Unidos a través de cualquiera de los muchos puntos de entrada que controlan”.
Durante todo su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México produjera fentanilo hasta que en una entrevista para el programa 60 minutos, cadena estadounidense de la CBS, aceptó por primera vez que en México sí se produce fentanilo.
“El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia”, dijo el mandatario federal que después matizó en una conferencia de prensa su afirmación al asegurar que sí se produce, pero “muy poco”.
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El expresidente peruano Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de dos masacres y dos secuestros llevados a cabo con su aval en la década de 1990. En diciembre de 2023 quedó en libertad.
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Aunque en 2017 fue liberado por un indulto presidencial, el Tribunal Supremo requirió al siguiente año nuevamente su encarcelamiento al reconsiderar argumentos presentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó el 5 de diciembre de 2023 “la falta de competencia de la CorteIDH” sobre este caso y desechó la orden de reencarcelamiento.
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Los crímenes de los que se le acusó sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
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Masacre de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
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Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
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Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dincote), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a una explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, que fue uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entre tanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el “hombre fuerte” de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril de 1992, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado “fujimorazo” o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Samuel Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar “vínculos terroristas”.
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede, lo dejó en una calle y lo “hizo huir”. Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México en Lima y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
* Esta nota fue publicada originalmente a raíz de la orden de libertad para Fujimori y actualizada el 11 de septiembre de 2024 con su muerte.
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