Conforme a la evolución de los estudios respecto al tema y el avance en los derechos humanos, el consumo de sustancias ha sido considerado más allá de la visión prohibicionista que el Estado, no sólo de México sino de otros países, ha adoptado. Por ello, para dilucidar la situación actual al respecto, Animal Político convocó a un panel de expertos en el tema para hablar de reducción de riesgos y derechos de los usuarios.

Cuando hablamos de consumo de sustancias, no sólo hablamos de derechos humanos sino del libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la cultura prohibicionista no es la solución, ya que sus bases ni siquiera son científicas acerca de qué sustancias son legales y cuáles no, además de ignorar el uso medicinal, tradicional o de investigación, coincidieron los invitados.

“El régimen legal actual, sobre todo la penalización de la posesión simple de ciertas sustancias, ha dado paso a detenciones arbitrarias; a violencias físicas, psicológicas y sexuales por parte de las policías; a vulneraciones al debido proceso, incluso a desapariciones en contra de personas usuarias de drogas, que además tiene un enfoque o un impacto diferenciado en ciertos grupos, no, el uso de drogas está estratificado”, afirma Adriana Muro Polo, abogada con más de 15 años trabajando en pro de los derechos humanos, y fundadora y directora de Elementa, organización feminista de derechos humanos que apuesta por el uso creativo del derecho.

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“En este país cualquier persona que posea más de 5 gramos de cannabis, por ejemplo, puede ser detenida, puede ser extorsionada, e incluso puede ser procesada penalmente o estar en prisión preventiva oficiosa. Entonces si todavía no estamos preparados para un mercado regulado, que yo creo que sí […], sí tenemos que avanzar en despenalizar la posesión simple, porque ese delito es el que está afectando directamente a la población usuaria de sustancias”, agrega Muro Polo.

“Hubo otra iniciativa que planteaba la posibilidad de despenalizar la posesión simple, que me parece que sí es muy importante este punto, porque en ese delito es donde descansa la visión del sistema actual, no, en castigar a la persona que posee o que usa drogas o no castigarla por ese hecho”, añade Éctor Jaime Ramírez Barba, médico cirujano con doctorado en ciencias de la salud y diputado federal en varias ocasiones.

“Más de 85% tenemos un uso donde podemos ser personas productivas en la sociedad; tenemos familias, trabajos, y lo que más daño nos puede hacer es tener una interacción con el Estado, de que el Estado me revisa, que el Estado entonces hay una tortura sexual, que hay abuso, que me extorsiona, no, que me quita a mis hijos, lo que…, todas estas herramientas y mecanismos que tiene el Estado de ser punitivo en nuestra contra como personas usuarias”, comenta Zara Snapp, maestra en políticas públicas por la Universidad de Harvard y cofundadora del Instituto RIA, una organización que genera investigación e incidencia en políticas de drogas.

La noción de derechos humanos es un concepto relativamente nuevo, con apenas 75 años de existencia, y dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos está asentado que tenemos derecho a ejercer nuestras propias prácticas, creencias e ideas, y esto incluye el consumir cualquier sustancia. 

En cuanto a las adicciones, el fracaso de la prohibición de drogas es evidente, pues de todas formas las personas las usan, desconocen los derechos e implicaciones que tiene su uso, y lo hacen en un contexto de ilegalidad que impide garantizar que la sustancia que se está buscando sea realmente la que se consume; a eso hay que añadir la discriminación social a este tipo usuarios debido al enfoque punitivo del Estado.

“¿Qué ha generado esto? Un mercado negro, donde al estar prohibidos Cofepris no puede ni siquiera saber qué es lo que nos están dando a través de estos cigarros electrónicos ilegales, y hay realmente una asignatura pendiente de la OMS y de Estados como el mexicano, que lejos de llevarle a la población fumadora alternativas para que dejen el consumo tabáquico se los están prohibiendo. Es el peor escenario: una política pública que prohíbe cuando hay evidencia de que el cigarrillo electrónico sí está ayudando a la sensación tabáquica”, platica Marcela Madrazo Reynoso, maestra en salud pública y en epidemiología, y directora general de VapeoInformado.

En el caso del tabaco, existe evidencia suficiente en países como Gran Bretaña, Francia, Japón, Nueva Zelanda y Suecia, donde los cigarrillos electrónicos son legales, de que este tipo de dispositivos ayuda a bajar la prevalencia del tabaquismo y 7 de cada 10 personas tienen éxito en su búsqueda de reducción de daños.

Pero en el caso de México, debido a su prohibición, el tráfico ilegal de estos vapeadores representa un riesgo para los consumidores al no estar supervisados por las instancias competentes; por ejemplo, para generar más vapor, hay quien agrega a los vapeadores acetato de vitamina E, el cual interfiere en el funcionamiento normal de los pulmones si se inhala.

“Los que están consumiendo básicamente productos ilegales son los jóvenes, y están consumiendo con vapeadores desechables, que tienen un altísimo contenido de nicotina, que incluso les provoca taquicardia, etcétera, porque ningún niño tiene por qué consumir ni cigarro convencional ni vapeador, pero están yendo”, agrega Madrazo Reynoso, quien también es líder del proyecto Aumentar la conciencia sobre la reducción de daños por tabaquismo tanto en México como en América Latina.

Cuando el Estado renuncia a regular estas sustancias, crea el mercado ilegal y está faltando a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, debilitándose de esta manera a sí mismo.

Alternativas 

“Vivimos un auge desde la sociedad civil de la lucha a favor de la reforma de la política de drogas, etcétera. Por otro lado, vemos una resistencia muy dura y muy importante a cambiar de enfoque […], pareciera que el multilateralismo, que la comunidad política internacional, no han aprendido la lección relativa al fracaso que ha significado esto que llamamos prohibicionismo”, afirma Aldo Contró, licenciado en etnohistoria y especialista en política de drogas, además de cofundador de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal.

Ahora bien, dentro del derecho a la salud, los usuarios de drogas deberían de contar con alternativas y programas enfocados especialmente para ellos, ya sea para disminuir su consumo o para dejarlo del todo; sin embargo, aunque sí existen estas opciones, en el caso de México el gobierno ha mal informado a la población e incluso prohibido estas alternativas, como son los cigarrillos electrónicos para las personas que consumen tabaco.

Asimismo, se ha comprobado que los conocidos como “vapeadores” no causan cáncer, no causan las enfermedades respiratorias asociadas al tabaco convencional, y tampoco con su vapor generan los mismos efectos negativos que el humo del cigarro. Si bien los vapeadores no son inocuos, sí representan mucho menos daño que los cigarrillos de tabaco.

“Algo que es muy importante es cómo combatir la desinformación, porque la verdad es que el sistema público de salud no de ahora, de muchos años atrás, han emitido información sesgada sin apoyo, no sustentada en evidencia científica, etc., y la población tiende a creerle porque, hombre, si me lo dice el secretario de Salud, si me lo dice el subsecretario de Salud, si me lo dice el propio presidente de la República, pues ha de ser cierto, no”, añade Marcela Madrazo. 

Si como adulto quieres hacer de tu consumo algo más responsable, es importante que sepas que tienes derecho a tener alternativas diseñadas para ti, además de toda la información posible para tener un panorama amplio al respecto y poder decidir con base en ello. Para esto se necesita una política pública pensada tanto en el beneficio del individuo como de la sociedad.

“Cuando nosotros hablamos de reducción de riesgos y daños, también agregamos ahora y gestión de placeres […] cómo vamos a hablar también de que la mayoría de las personas que consumimos sustancias lo hacemos porque trae cierto beneficio […] Y ahí hay un rango y un espectro de posibilidades de intervenciones que se pueden hacer que empiezan con información, con educación veraz basada en la evidencia sobre el consumo, los efectos, cómo vas a sentir, no, cuáles son las contraindicaciones”, agrega Zara Snapp, quien afirma que no es necesaria la abstinencia o presionar a los usuarios, sino estar cerca de ellos y ofrecerles servicios de calidad e información.

Acciones 

Ante la cultura prohibicionista y la falta de regulación, lo que le queda al usuario de sustancias es informarse con la evidencia científica que se ha llevado a cabo a lo largo de los años y acercarse a las organizaciones de la sociedad civil, las cuales han salido adelante a pesar de todos los contratiempos y plantean derrocar la idea de que todo consumo es problemático.

“Tiene que ver con que haya por primera vez una política de reducción de daños en el país, que no las organizaciones con muy pocos recursos sustituyan al Estado en la obligación de respeto y garantía de ese derecho a la salud, y lo más importante: que dejemos de hablar de adicciones, sino que empezamos a hablar de usos funcionales, de usos problemáticos, y entender que el camino a una regulación responsable y con enfoque de salud pública y de justicia social es el camino”, finaliza Adriana Muro.

Aunque la premisa del gobierno y de los medios de comunicación sea que todas las sustancias son malas y que nadie consume nada, los individuos deben de saber que sí puede haber un consumo responsable e informado, además de que existen opciones para reducir el riesgo y los daños en el uso de estas sustancias.

“La recomendación es: si nunca has vapeado y nunca has fumado no empieces […] Yo creo que la tarea es muy grande, y aquí hablo solamente de tabaco, pero por supuesto el espectro se abre muchísimo más cuando ya incluyes cannabis y otro tipo de sustancias que se consumen, que hay que reconocer que se consumen, y hay que orientar a la población para que no se convierta en un consumo problemático”, agregó Madrazo Reynoso.

Si se regula el consumo de estas sustancias, existiría la oportunidad de que las personas que están en el mercado ilegal se integren a la formalidad y puedan obtener beneficios, así como reconocer que este mercado existe y es una posibilidad de emprendimiento social.

“[Tenemos] una narrativa que privilegia o que busca exclusivamente la abstinencia, que busca dirigir a las sociedades y que se centra en el objetivo de la erradicación de la oferta y la demanda, que es paternalista, que es colectivista en el sentido de que pretende desde la colectividad imponer un modelo de vida y una visión de las cosas a los individuos. Entonces aquí me parece que sería importante preguntarnos por qué si ya se fracasó de manera tan clara con este modelo, por qué se busca reproducirlo ahora con el tema del tabaco. Yo creo que ésa sería una reflexión que sería interesante desarrollar desde la sociedad civil para hacerla llegar a la comunidad internacional que está buscando reproducir los mismos modelos que han demostrado su poca efectividad, por decirlo suave”, concluyó Aldo Contró.

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