Ángela Louise Birckenbach fue asesinada hace poco más de un año, en octubre de 2023, en su propiedad, Limoncito Hills, en Nayarit. Hoy su exconcubino está detenido como presunto responsable de su muerte; pese a ello, las autoridades han permitido que su hermana retenga a los hijos de Ángela, sin posibilidad de que vuelvan a la familia materna.
El caso de Limoncito Hills fue muy conocido porque Ángela era una empresaria canadiense involucrada en denuncias por disputas del territorio con ejidatarios de la zona. Al principio, eso motivó que se contemplaran diversas líneas de investigación en su muerte, incluida esa. Pero gracias a la declaración de uno de sus excolaboradores, quien presuntamente ayudó a su exconcubino, se supo que se trató de un feminicidio.
La familia de Ángela vive en Canadá, de donde ella es originaria. Tenía nacionalidad canadiense y estadounidense, pero pasó gran parte de su vida en México, donde heredó Limoncito Hills y se casó dos veces, ambas con mexicanos. Su hermano y un hijo de su primer matrimonio le sobreviven en Vancouver, y uno de sus mayores deseos es recuperar a los tres hijos que Ángela tuvo con el hombre procesado por asesinarla.
Ante la familia de Ángela, Sergio siempre aparentó –no saben si con razón– tener mucho poder en México. En su matrimonio tuvieron tres hijos, de 17, 14 y 12 años de edad. En algún momento, pasado el auge de la pandemia por covid-19, Ángela decidió irse a trabajar a su complejo turístico, Limoncito Hills, y Sergio se quedó a cargo de sus hijos en Guadalajara. A ella la visitaban quincenalmente.
En ese contexto, Ángela fue privada de su libertad el 9 de octubre del 2023, y su cuerpo apareció dos días después tirado en el camino a Limoncito Hills, ya en estado de descomposición, lo que con el tiempo se ha convertido en un indicio de que fue asesinada el mismo día de su secuestro. Esa noche estaba por llegar un huracán, por lo que ella había ido por algunas provisiones; ahí se encontró con el autor material de su asesinato, un empleado que tenía poco más de un mes de haber dejado de trabajar con ella.
Alejandro condujo a la víctima –según la propia descripción que hizo el juez en la audiencia inicial de imputación de Sergio– a las inmediaciones del fraccionamiento Limoncito Hills, en Jolotemba, municipio de San Blas. Ahí llegaron varias personas, todavía no identificadas pero presuntamente enviadas por el exconcubino de Ángela, quienes le quitaron la vida por la espalda con un arma de fuego.
“La teoría de nosotros es que el mismo día que la privan de la libertad, ese mismo día la matan, y que la gente que la mató ya no sabía qué hacer con el cuerpo, porque la denuncia la presenta Francisco, su primer esposo, no Sergio. Su primer esposo tenía como seis meses o un poquito más trabajando con Ángela en Limoncito, era como su mano derecha”, señala la asesoría jurídica de su familia.
Entre las 10 de la noche de aquel día en el que se preveía la entrada del huracán y las 2 de la madrugada del día siguiente se perdió el contacto con ella y no se supo más. Luego de saberla desaparecida, Sergio se trasladó al lugar junto con sus tres hijos y su hermana, Rosalba Primavera Romero, quien también fungía como abogada de la pareja. Al reclamar su cuerpo en la Fiscalía, él mismo solicitó la dispensa de autopsia, que le fue negada por el tipo de muerte.
Cuando intentó sobornar al Ministerio Público, lo detuvieron por cohecho. Ante las inconsistencias en la declaración de Alejandro y su posterior confesión en el sentido de que Sergio lo presionó durante mucho tiempo para que cometiera el delito, sumadas a sábanas de llamadas que demostraron la comunicación entre ambos, Sergio fue detenido por feminicidio agravado, cargo que también se imputó a su exempleado.
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En la audiencia del 27 de enero de 2024, derivada de la causa penal 2986/2023 y celebrada en Tepic, Nayarit, a la que Animal Político tuvo acceso, el juez determinó la vinculación a proceso a Sergio Arturo Romero López como presunto responsable del delito de feminicidio, mediante distintas promesas que le hizo al autor material, Alejandro.
“Lo procedente es dictar auto de vinculación a proceso a Sergio Arturo Romero López, esto por su probable intervención en el hecho materia de la imputación, que la ley señala como el delito de feminicidio agravado, esto en agravio de Angela Louis Birckenbach, ilícito previsto en el artículo 361 bis, fracción cuarta y catorce…
“Su forma de intervención es de instigador, en términos del 31 fracción cuarta, es decir, existen indicios razonables de que efectivamente se dio esta influencia psicológica mediante un medio adecuado como lo es la persuasión para que se cometiera la conducta delictiva por el pago del vehículo”, señaló el juez en dicha audiencia.
Tras la promoción de cuatro amparos en contra de su vinculación a proceso, que no lo han favorecido, el último –promovido ya no en Nayarit, sino en Cholula, Puebla– sigue en revisión desde julio pasado. Mientras tanto, Sergio permanece en el Cereso de Tepic, Nayarit.
Instado por la hermana de Sergio, el hijo mayor de Ángela –de su primer matrimonio– firmó una demanda de intestado radicada en Tlajomulco, Jalisco, pese a que la empresaria no vivía ahí. La propiedad de Ángela, valuada en millones de dólares, tendría que dividirse entre sus cuatro hijos. Para hacerlo realidad, su hermano confió en un principio en la hermana de Sergio, que ya manejaba los asuntos de la pareja y le aseguró que así sería.
Sin embargo, cuando Sergio fue vinculado a proceso, comenzó a extrañarle y a parecerle inapropiado que la hermana del principal imputado estuviera a cargo de la herencia y del cuidado de sus sobrinos. Nadie estaba viendo realmente por los intereses de Ángela, sostiene hoy la asesoría jurídica de la familia. Además, desde que ella fue asesinada, el hermano de la empresaria se había hecho cargo de la manutención y educación de los niños.
Aunado a que los hijos de Ángela permanecen en México al cuidado de Primavera, la hermana de Sergio, ella no les ha procurado atención psicológica o emocional profesional ante el evento traumático que vivieron. “Desde la muerte de la mamá hasta hoy, no hay nada; ella está controlando casi todo”, subrayan.
Ante ello, la asesoría jurídica de la familia solicitó la intervención del DIF y de la Procuraduría del menor, quienes inicialmente recogieron a los hijos de Ángela, a quienes en ese momento su niñera había dejado solos. En un principio, acusa la familia, las autoridades no querían ni acercarse, por el contacto que la hermana de Sergio mantiene con autoridades estatales. “Nos ha bloqueado todo en la procuraduría de los niños porque está controlando todo”, acusan los representantes legales.
“Denunciamos también a la Ministerio Público y la removieron; fue lo único que hicieron, removerla”, añaden. Sin embargo, los hijos volvieron a estar a cargo de Primavera, y hasta ahora a la familia de Ángela se le han bloqueado todos los caminos para recuperarlos, por lo que insisten en que no es posible que se queden bajo la custodia de los familiares del presunto feminicida.
Mucho menos bajo el cuidado de la propia Primavera, sobre quien también se busca lograr la calidad de imputada. Ahora los menores de edad están convencidos de que quieren irse a Canadá con su tío materno pero su papá, que sigue preso, se niega a firmar la autorización de salida del país. Su mamá murió sin poder renovarles su pasaporte canadiense, pues ellos nacieron en aquel país.
La familia de Ángela sabe que en los meses previos a su muerte, ella había dejado de compartir sus ganancias con Sergio e incluso estaba en proceso de planear su regreso a Canadá con sus hijos, pero su asesinato en la playa de Limoncito Hills lo impidió. La niñera de los hijos de Ángela también ha desaparecido de su vida.
Hoy cuestionan cómo es posible que ninguna autoridad haya brindado verdadera atención a los hijos de Ángela, sobre todo en materia emocional y psicológica, pero al mismo tiempo se preguntan si en algún momento valorarán las circunstancias en las que viven, para permitirles regresar con su familia materna.
El juez que lleva el caso aseguró que Bolsonaro incumplió las medidas cautelares que se le habían impuesto.
El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este lunes el arresto domiciliario del expresidente de derecha Jair Bolsonaro.
El exmandatario está acusado de haber participado en una conspiración golpista tras perder las elecciones de 2022, un cargo que él niega.
El juez a cargo de la investigación de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, afirmó que la decisión de arrestarlo se debe a que el expresidente no cumplió con las medidas cautelares que se le impusieron el mes pasado, entre ellas abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales.
Moraes, que fue sancionado por el gobierno de EE.UU., dijo que Bolsonaro había utilizado las redes sociales de sus aliados, incluyendo las de sus hijos, para difundir mensajes incitando ataques contra el Tribunal Supremo y la intervención extranjera en el poder judicial brasileño.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha calificado el juicio contra Bolsonaro de “cacería de brujas” e impuso el pasado jueves aranceles del 50% a algunos productos brasileños, a pesar de que su país tiene un superávit comercial con Brasil.
El hijo del expresidente y diputado federal (PL-SP), Eduardo Bolsonaro, publicó en inglés y portugués en la red social X protestando por el arresto de su padre.
El diputado, quien reside en EE.UU. y ha ejercido presión a políticos estadounidenses para que se impongan sanciones contra Alexandre de Moraes y el Supremo Tribunal Federal (STF), afirmó que el arresto se produjo “sin delito, sin pruebas, sin juicio”.
“Brasil ya no es una democracia. El mundo debe tomar nota”, escribió el congresista.
Eduardo Bolsonaro destacó que la decisión de Moraes se produjo el mismo día en que la organización Civilization Works publicó un expediente acusando al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de crear un grupo de trabajo para realizar publicaciones en redes sociales que justificaran los arrestos del 8 de enero.
Tanto él como su padre están siendo investigados por intentar obstruir el juicio en el que se acusa al expresidente de liderar un supuesto golpe de Estado para mantenerse en el poder.
Otro hijo del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), declaró en una entrevista con CNN Brasil que la detención de su padre demuestra que Brasil se encuentra ahora “oficialmente en una dictadura”.
“Una sola persona ordena la detención de un expresidente de la República, una persona honesta e íntegra”, declaró Flávio, afirmando que el caso contra su padre es un “juego amañado”.
“Eso era todo lo que Alexandre Moraes quería: vengarse del presidente Bolsonaro”.
El senador acusó a Moraes de haber “desequilibrado el proceso electoral” cuando presidía el Tribunal Superior Electoral (TSE) durante las elecciones de 2022, “inclinándolo a favor de nuestro competidor”, declaró Flávio.
El domingo, se celebraron manifestaciones a favor de Bolsonaro en varias ciudades brasileñas. El senador Flávio puso brevemente a su padre en el altavoz del teléfono ante la multitud en Río de Janeiro.
Según se informa, posteriormente publicó un video, que luego borró, de su padre al otro lado de la llamada enviando un mensaje a sus simpatizantes.
El diputado Nikolas Ferreira también se comunicó con el expresidente durante las manifestaciones en São Paulo.
Por eso, el juez Moraes señala que Bolsonaro incumplió con las restricciones que se le habían impuesto.
En su decisión de este lunes, Moraes también le prohibió al expresidente recibir visitas, excepto de abogados o personas autorizadas por el Tribunal Supremo, y usar el teléfono móvil directamente o a través de terceros.
Los visitantes autorizados tampoco podrán usar celular, tomar fotos ni grabar videos.
Ya se le había ordenado previamente llevar una tobillera, quedarse en su casa por las noches y no contactar a su hijo Eduardo Bolsonaro, quien ha acudido a funcionarios estadounidenses en su nombre.
Estas restricciones se le impusieron debido a acusaciones de que el expresidente estaba instigando a Donald Trump a interferir en el caso.
En mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que Eduardo Bolsonaro, que actualmente vive en Estados Unidos, había hecho declaraciones públicas “con un tono intimidatorio” y publicaciones en redes sociales que buscaban que el gobierno de EE.UU. impusiera sanciones a funcionarios brasileños relacionados con el juicio.
La semana pasada, el gobierno estadounidense aplicó contra el juez Alexandre de Moraes la Ley Global Magnitsky —una de las más sanciones más severas que hay para castigar a extranjeros acusados de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción.
Estados Unidos también condenó este mismo lunes la decisión del Tribunal Supremo de Brasil.
“El juez Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos como violador de derechos humanos, continúa utilizando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia”, declaró la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en una publicación en X.
“Imponer más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro para defenderse en público no es un servicio público. ¡Que Bolsonaro hable!”.
A petición del Supremo Tribunal Federal, la Policía Federal ejecutó, además, una orden de búsqueda y confiscación de teléfonos celulares.
“La participación encubierta de Jair Messias Bolsonaro, preparando material prefabricado para su difusión en manifestaciones y redes sociales, demostró claramente que continuó con su conducta ilícita de intentar coaccionar al Supremo Tribunal Federal y obstruir la justicia, en flagrante desacato a las medidas cautelares previamente impuestas”, escribió el juez Moraes en su orden.
Para Moraes, “las conductas de Jair Messias Bolsonaro, al desacatar deliberadamente las decisiones de este Tribunal Suprema, demuestran la necesidad y pertinencia de medidas más severas para evitar la continua reiteración delictiva del acusado.”
Ante la noticia de la detención de su padre, Eduardo Bolsonaro afirmó en redes sociales que la decisión se dio “sin crimen, sin pruebas, sin juicio”.
Y añadió: “Brasil ya no es una democracia. El mundo necesita darse cuenta de eso”.
Bolsonaro es el cuarto expresidente brasileño arrestado, de los ocho líderes que ha tenido el país desde el fin de la dictadura militar en 1985.
Además de Bolsonaro, fueron arrestados el actual presidente Lula y los expresidentes Michel Temer y Fernando Collor de Melo.
Los expresidentes José Sarney, Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso nunca fueron a prisión. Y la expresidenta Dilma Rousseff fue arrestada mucho antes de asumir la presidencia, por la dictadura militar.
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