
El defensor de derechos humanos y opositor al Corredor Interoceánico en Oaxaca, David Hernández, fue sentenciado a 46 años de prisión, por lo que organizaciones se pronunciaron contra la condena al mencionar que se trata de un intento para frenar su labor y como represalia a su defensa.
El 7 de febrero de 2024, el Juzgado de Control de Salina Cruz le dictó sentencia condenatoria de 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 y un pago por reparación de daños por la cantidad de un millón 100 mil pesos.
Hernández Salazar fue denunciado junto a otros 17 integrantes más de la comunidad indígena Binniza de Puente Madera por su oposición a la instalación del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa en las tierras de uso común El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Las organizaciones Front Line Defenders y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) condenaron la sentencia y lo consideraron como una “forma de represalia a su legítima y pacífica labor de defensa de derechos humanos”.
En su pronunciamiento mencionaron que las acusaciones contra David Hernández son por los delitos de daños por incendio y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en el municipio de San Blas Atempa el 12 de febrero de 2022, sin embargo, el defensor se encontraba en camino a la estación de la Radio Comunitaria Didxazza Stipa de San Blas Atempa a denunciar hechos de hostigamiento que venía sufriendo en su contra.
David Hernández Salazar es agente Municipal Comunitario de Puente Madera, integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). Desde el 2017 ha luchado activamente en defensa del derecho al territorio en las tierras de uso común El Pitayal.
De acuerdo con las organizaciones, esta es la segunda vez que se acusa al defensor por su labor en defensa del territorio indígena.
En 2021 a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Municipio de San Blas Atempa interpusieron una denuncia en contra del defensor por el presunto delito de ataques a las vías generales de comunicación por hechos ocurridos el 14 de marzo de ese año.
Además de la reciente sentencia condenatoria, David Hernández tendrá una audiencia el 21 de febrero por otra acusación de presunto ataque a las vías de comunicación.
“Front Line Defenders y La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) reiteran su condena a la sentencia en contra del defensor de derechos humanos David Hernández Salazar, la cual consideran que pretende intimidar y restringir su labor de derechos humanos mediante la imposición de denuncias y penas excesivas”.
En su pronunciamiento, las organizaciones llamaron a las autoridades a retirar los cargos y permitir su liberación, además de que se garantice el libre ejercicio en defensa de los derechos humanos sin represalias ni restricciones.

Las autoridades estadounidenses han confiscado este mes al menos dos petroleros que considera parte de una flota de buques fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.
Rusia y China condenaron la incautación por parte de Estados Unidos de petroleros sancionados en aguas cercanas a Venezuela, en una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York el martes.
El embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzya, dijo que se trataba de una “agresión flagrante” contra un Estado soberano y describió las acciones estadounidenses como “métodos pseudolegales” que vulneran el derecho internacional.
Por su parte, el embajador chino afirmó que las medidas de Estados Unidos violan la Carta de la ONU y el derecho internacional, y advirtió que amenazan la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe.
Las críticas de Moscú y Pekín se produjeron en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo de la ONU, solicitada por el propio gobierno venezolano y respaldada por ambos países.
Las autoridades estadounidenses han confiscado en lo que va de este mes al menos dos petroleros que considera parte de una flota de buques fantasma utilizada por Venezuela para evadir sanciones.
En el foro abierto por Venezuela en el Consejo de Seguridad, Rusia acusó a EE.UU. de “comportamiento de cowboy” e “intimidación”, según la agencia AFP, mientras China denunció una escalada de presión militar y económica contra Caracas en un contexto de creciente tensión en el Caribe.
En respuesta, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Washington hará “todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense”.
Waltz defendió el bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump a petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, así como la interceptación de varios buques en el mar Caribe.
También aseguró ante el Consejo que su país impondrá sanciones “al máximo” para privar al presidente Nicolás Maduro de los recursos que, según Washington, utiliza para financiar al Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista.
Insistió en que el petróleo exportado por Venezuela constituye “el principal salvavidas económico” de un gobierno al que calificó como ilegítimo y al que acusó de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
Las declaraciones en la ONU llegan en medio de una intensificación de la presión militar estadounidense sobre el gobierno de Maduro.
Trump sugirió este lunes que Estados Unidos se quedará con el crudo de los petroleros incautados frente a las costas venezolanas, e incluso con los propios buques.
Por otra parte, el Comando Sur de Estados Unidos informó de un ataque militar en aguas internacionales del Pacífico oriental contra una embarcación sospechosa de narcotráfico, en el que murió una persona.
Desde septiembre ya han muerto alrededor de 100 personas en ataques de EE.UU. contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.
Trump también ha amenazado con extender este tipo de operaciones a tierra firme, al tiempo que continúa el enorme despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.
Desde Caracas, Nicolás Maduro ha denunciado las incautaciones de los petroleros como actos de “piratería” y acusa a Washington de querer apropiarse de las reservas de petróleo de su país y de querer derrocarlo.
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