Reforma a Código Penal aumenta el castigo de abuso sexual a menores con hasta 30 años de prisión
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto que modifica el artículo 261 del Código Penal Federal, donde se condena hasta con casi los 30 años de cárcel el delito de abuso sexual cuando se cometa en contra de un menor de 15 años de edad.
Dicha reforma, que entra en vigencia a partir del jueves 18 de abril, renueva el artículo 261 del Código Penal Federal que castigaba a quien cometiera este tipo de delitos con una pena de seis a 13 años de prisión y hasta quinientos días multa.
Ahora, la DOF señala que “se adiciona un tercer párrafo al artículo 261 del Código Penal Federal”, donde reza que “las penas previstas en este artículo se aumentarán conforme a lo dispuesto en el artículo 266 Bis”.
Allí se contempla que cuando el delito haya sido cometido entre dos o más personas de manera directa o inmediata; o si estuviese implicada una persona con parentesco con la víctima: ascendiente, hermano, tutor, entre otras; el castigo de prisión aumentará “hasta en una mitad en su mínimo y máximo”.
Asimismo, se señala que además de la pena de ley, el culpable -si es el caso- perderá la patria potestad o la tutela cuando esta la tenga sobre la víctima.
De la misma forma aplicará para aquellos que desempeñen cargos, empleos públicos o ejerzan su profesión para coaccionar a la víctima de cometer el acto sexual; sumado a su pena, estos serán destituidos de su cargo o suspendidos de su trabajo por el término de cinco años en el ejercicio, duplicándose en ciertos casos.
También incurren en falta para incremento de pena, aquellos quienes hayan dotado a la víctima de alguna sustancia o estupefaciente que no los mantenga en sus condiciones normales.
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El gobierno de Venezuela asegura que tras la incautación del buque petrolero, quedan al descubierto “las verdaderas razones” de la agresión prolongada de Estados Unidos contra Venezuela.
El gobierno de Venezuela calificó de “robo descarado y acto de piratería internacional” la incautación de un buque petrolero llevada a cabo por fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de la nación sudamericana.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, se lee en un comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro
“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, se le en la nota.
Previamente, fue el propio Trump quien anunció la interceptación y posterior incautación del buque.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.
Un alto mando del Ejército de EE.UU. le dijo a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC, que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales.
La respuesta de Venezuela
En su comunicado de este miércoles, el gobierno de Venezuela asegura que “en estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela“, añadió.
“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.
El gobierno venezolano volvió a llamar a la ciudadanía a “mantenerse firme en defensa de la patria” y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una “agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”.
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