Migrantes evitan, por ahora, desalojo a campamento migrante de Vallejo
Con mochilas listas y sin dormir, decenas de migrantes pasaron en vela la noche de jueves a viernes de esta semana ante la amenaza de un desalojo al campamento de Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, el último asentamiento de personas en movilidad que permanece activo en la Ciudad de México. El gobierno capitalino notificó a quienes habitan el lugar que tenían menos de 24 horas para abandonar sus viviendas improvisadas. El plazo vencía este viernes 20 de febrero.
Aunque por la mañana hubo despliegue de patrullas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la zona, al final no se concretó ninguna acción; al menos no por ahora. Mientras las familias permanecían en alerta, llegaron al sitio medios de comunicación, entre estos Animal Político, así como representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
El director de Movilidad Humana de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva, informó que el desalojo del campamento se suspendía de manera temporal. Detalló que a las más de 200 personas que habitan actualmente en el asentamiento, el gobierno les está ofreciendo ayuda y traslado voluntario a los Centros de Atención y Movilidad Humana (CAMHU) de la capital para que se movilicen de forma segura.
La vida en los “ranchitos” amparados
Temístocles Villanueva informó que la decisión de posponer el desalojo se dio para evitar que la tensión aumentara en el campamento, ubicado a un costado de las vías del tren donde viven más de 200 personas que huyeron de países como Venezuela, Honduras y El Salvador.
Pero además, los migrantes que viven en este asentamiento están amparados para evitar ser reubicados sin su consentimiento. Por la madrugada, con el apoyo de la organización Las Vanders tramitaron un nuevo recurso que les otorga una suspensión temporal por 30 días, pero no garantiza que el operativo de desalojo quede cancelado definitivamente.
En uno de los pequeños “ranchos” —como llaman a las viviendas construidas con madera, lámina y materiales reciclados— vive Yasmelis, originaria de La Guajira, Venezuela, junto a su hija Yaniangel de seis años. Yasmelis trabaja como peluquera y se ha convertido en una de las voces más representativas del campamento.
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“Yo estoy agradecida con este lugar y con la gente que nos ha tendido la mano”, dice, mientras organiza sus pertenencias ante la posibilidad de tener que salir en cualquier momento. “Aquí por lo menos tuvimos un techo propio”.
Tras casi dos años de trámites, esta venezolana está a punto de recibir su permiso de regularización migratoria.
“Con ese papel mi vida cambia. Voy a poder tener un salario más digno, alquilar una casa y darle una mejor vida a mi hija”, explica. Para ella, la regularización es la vía que podría transformar las vidas de quienes permanecen en el campamento, pues les daría acceso formal al trabajo, vivienda y a una estabilidad.
A unos metros, iluminados por las farolas del parque, una decena de personas se congrega en un círculo que, conforme avanza la noche, se vuelve más íntimo, alentando el relato y la confidencia. Las historias son personales, pero están atravesadas por problemáticas y experiencias similares de travesías marcadas por abusos y violencias, y todo lo que han tenido que soportar para poder estar aquí, en medio de una calle fría, con la misma zozobra frente a lo que pasará mañana.
Mayerlin decidió protestar de manera simbólica. Vive con su esposo y sus dos hijos que estudian la primaria. Como un mensaje de denuncia ante las provocaciones y actos xenófobos que viven constantemente, decidió exhibir afuera de su vivienda los uniformes escolares, libros y cuadernos de sus hijos.
“Nosotros no somos delincuentes, ni putas ni drogadictos. Acá está la ropa de mis hijos que son estudiantes. Acá nosotros estamos trabajando y aportando a la ciudad. Lo único que queremos son oportunidades para nosotros”, dice Mayerlin, originaria de Maracaibo, Venezuela.
Para esta madre de familia, la presión creciente del gobierno responde a políticas para cuidar la imagen de la capital ante la proximidad del Mundial de Futbol; es una “limpia” estética que busca ocultar problemáticas visibles. “La ciudad dice que es hospitalaria y que se preocupa por los migrantes pero poco a poco nos va cerrando las puertas”, afirma.
El asentamiento de Vallejo surgió en medio del aumento histórico de personas migrantes que buscaban atravesar México. De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2023 se registraron más de 782 mil eventos de personas en situación migratoria irregular en el país, la cifra más alta desde que hay registro.
La suspensión judicial concede un respiro temporal a los “ranchitos”, pero la tensión permanece. El campamento sigue en pie, al menos por ahora, mientras sus habitantes se mantienen en alerta ante lo que pueda ocurrir en los próximos días.
Para las personas que viven aquí una posible reubicación a los albergues Vasco de Quiroga, en Tepito, o al Bocanegra en Peralvillo, no es la solución a la falta de alternativas de vivienda, de integración laboral y a la necesidad de que se defina una política pública clara para quienes, como Yasmelis y Mayerlin, no están de paso en México, sino intentando reconstruir su vida en la ciudad
Tras el tercer intento de desalojo —bajo argumentos reiterados de seguridad y protección civil por parte de las autoridades— el campamento sigue en pie, al menos por ahora. Sus habitantes se mantienen en alerta ante incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los próximos días.
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La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
Posición debilitada
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
Opciones
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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