16 personas detenidas durante el 15N siguen proceso en libertad; urgen reclasificación de delito
Aunque todas las personas detenidas durante las manifestaciones del 15 de noviembre de 2025 ya fueron liberadas, la mayoría aún enfrenta un proceso legal a espera de fechas de audiencia, lo que ha implicado desgaste y costos emocionales para sus familias, asegura el abogado Ricardo Colorado, representante de varios de los acusados.
La principal petición ahora es que se reclasifique el delito en los casos de las personas imputadas por tentativa de homicidio, pues en su opinión debería tratarse como lesiones en riña. Además, relató que la semana pasada se ingresaron denuncias formales por tortura y abuso de autoridad durante los procesos.
Tras diversos enfrentamientos durante la marcha conocida como “de la Generación Z” el 15 de noviembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la detención de 40 personas y 120 lesionadas.
Dos días después, el 17 de noviembre las personas detenidas estuvieron durante varias horas en la coordinación territorial CUH-1, en la colonia San Simón Tolnahuac, de la alcaldía Cuauhtémoc, tras lo cual a varios se les trasladó al Reclusorio Norte acusados de robo, lesiones o tentativa de homicidio.
Aunque, desde entonces, se determinó la libertad de algunos de ellos, otros permanecieron en prisión preventiva vinculados a proceso. Su libertad se fue obteniendo mediante diversos recursos legales durante los últimos meses, hasta lograr las últimas dos la semana pasada. Sin embargo, con excepción de un par de casos, las investigaciones están lejos de cerrarse.
“El día viernes (30 de enero) todavía recobraron la libertad Bryan Alexis y Josafat N, en una situación que se llama suspensión condicional del proceso. Esta suspensión se logró a pesar de la oposición de la fiscalía: cuando nos había dicho que no iba a oponerse, se opuso hasta el último. Estuvo siempre poniendo piedras en el camino”, acusa el abogado Colorado.
Cuatro veces pidieron cambio de medida cautelar
Asegura que en cuatro ocasiones se pidió el cambio de medida cautelar, el cual fue negado constantemente con diferentes excusas. Y pese a que inicialmente había sido autorizada la aplicación del protocolo de Estambul —para la investigación y documentación de la tortura—, en diciembre se programó una cita que no fue notificada, por lo que las personas imputadas no pudieron presentarse. De ahí se derivó un acuerdo unilateral, por parte de las autoridades, que estableció que al no haber acudido, tendrían que presentar una denuncia formal por escrito.
“Les tomamos la palabra y la semana pasada, junto con organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las Américas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia, y otras asociaciones que nos respaldaron, se fue a hacer la denuncia por tortura, y se ingresó otra denuncia a servidores públicos por abuso de autoridad, robo, violación ilegal de la libertad, y tortura física para unos, y moral para otros”, asegura.
Excepto por el caso de los últimos dos liberados, explica el abogado, los demás siguen en proceso y enfrentando la burocracia jurídica. Sin embargo, dada la saturación del sistema penal, todavía no se tienen programadas las fechas de las audiencias, ni en el caso de la carpeta por tentativa de homicidio ni en la de lesiones.
“No nos han atendido en las oficinas de la fiscalía. No nos han hecho una cita formal con la fiscal de justicia de la Ciudad de México. Nos andan pimponeando, y no le han dado seriedad al tema para poder solucionar el asunto”, acusa el representante legal.
Explica que, si se acredita la tortura, tendrían derecho a una reparación integral del daño, lo cual sería un acto de equilibrio en la impartición de justicia.
Aunque aclara que durante las vacaciones pudieron acceder a jueces que fueron sensibles a la situación y propiciaron que algunos de los procesos avanzaran, a su juicio la mayoría de las autoridades por las que han pasado los casos han sido omisas en sus actuaciones, sobre todo la fiscalía capitalina.
“Esto es un minirreflejo de lo que pasa en el país: que tenemos un sistema penal colapsado, existe burocracia, hacen falta más jueces y falta personal en las procuradurías, gente preparada, no como el asesor de la fiscal, que cómo es posible que representa a una institución de una ciudad de miles de millones de personas y no nos puede atender en una oficina, sino en la calle”, reclama Colorado.
Lee más: Videos de madres que piden la liberación de sus hijos tras la marcha de la Generación Z son falsos
El representante subraya que las familias han tenido fuertes consecuencias emocionales y de desgaste, lo que ha incluido desvelos, depresión y la tortura de enfrentarse a un viacrucis jurídico, cuando en el caso de sus defendidos, agrega, ninguno cuenta con antecedentes penales. Pese a ello, no han recibido ni siquiera el beneficio de la reclasificación del delito.
“Llamamos, apelamos a la fiscalía para que en el asunto de la tentativa de homicidio modifique el tipo penal y se acuse por lesiones, porque es lo correcto. Si hay un certificado de lesiones por parte de mi cliente, esas lesiones las produjeron los policías, entonces no hubo tentativa de homicidio. Hubo una riña y hubo unas lesiones en riña; es lo que en estricto derecho debe de permear”.
Relacionado
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abre las puertas para que empresas privadas asuman funciones de la industria petrolera venezolana que previamente estaban reservadas para el Estado.
Un cuarto de siglo después de que Hugo Chávez pusiera en marcha un polémico proceso de estatización de la industria petrolera en Venezuela, el país sudamericano acaba de dar media vuelta para abrirles los brazos (y los pozos) a muchas de esas mismas empresas internacionales que hace dos décadas fueron expropiadas y estatizadas.
Este jueves la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos orientada básicamente a abrir las puertas para que empresas privadas nacionales y extranjeras participen en la explotación petrolera en formas en las que legalmente no podían hacerlo desde 1976, cuando se produjo la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías siempre han mantenido algún tipo de presencia en el negocio petrolero venezolano, desde que se produjo la nacionalización petrolera en 1976 el Estado venezolano ha tenido una gran preponderancia que se acentuó mucho durante la presidencia de Chávez.
“50 años y 28 días después, hoy concluye formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También hoy se pone punto final a la política de expropiaciones llevada a cabo durante el gobierno de Chávez”, escribió en la red X este jueves José Ignacio Hernández, un abogado venezolano experto en derecho constitucional y administrativo que trabaja como consultor para empresas internacionales.
En otro mensaje, Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), pareció coincidir con esta visión.
“Hoy fue sepultado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado puede producir y exportar crudo. La participación del Estado puede ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin consultar a la Asamblea Nacional. El fin de la revolución”, escribió.
El nuevo giro se produce a menos de un mes de la operación militar con la que Estados Unidos capturó en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; y tras la cual el gobierno de Donald Trump anunció que su país iba a recuperar la industria petrolera venezolana y que las grandes petroleras estadounidenses iban a invertir hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, EE.UU. ha asumido un rol preponderante en el negocio petrolero en Venezuela al punto de hacerse cargo de vender el crudo y de administrar el fruto de sus ventas.
El gobierno de Trump ha dejado claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus instrucciones insinuando no tan veladamente que, de lo contrario, podría correr una suerte similar a la de Maduro.
Fue Rodríguez quien puso en marcha el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son los principales cambios?
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos está dirigida a atraer la inversión privada en el sector petrolero de Venezuela y, para lograrlo, está dando un paso inédito al permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas (conformadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas, en las que la estatal venezolana seguirá teniendo al menos una participación del 50%) se permitirá que el socio minoritario pueda asumir las riendas.
Además, por primera vez se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explica a BBC Mundo que, aunque estos cambios relacionados con la gestión son una novedad dentro de la ley, en la práctica era algo que ya se venía haciendo con las empresas Chevron, Repsol y la empresa francesa Maurel & Prom.
Algo similar ocurre con la comercialización del crudo. “En la práctica Chevron ya lo venía haciendo, a Repsol se le autorizó y Maurel & Prom también. Además, la ley dice ‘permitirá’ por lo que se mantiene una amplia discrecionalidad estatal”, agrega.
Otros cambio importante se produce en relación con las regalías y los impuestos que deben pagar estas empresas al participar en la actividad petrolera venezolana.
La nueva Ley de Hidrocarburos mantiene la regalía que deben pagar las empresas por explotar el crudo venezolano en un 30%, pero establece la posibilidad de que ese porcentaje se rebaje en función de la viabilidad económica del proyecto.
También se permite al Ejecutivo reducir la tasa del impuesto sobre la renta por la misma causa.
Además, se derogó una ley que obligaba a las empresas a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanza “precios extraordinarios” y se eliminó la obligación que tenían de pagar una serie de impuestos previstos en leyes de áreas muy diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha contra las drogas, pensiones.
“En términos fiscales, hay una racionalización inicial al eliminar las cargas parafiscales e impuestos estatales o municipales que tendían a sobrecargar. Sin embargo, queda una alta discrecionalidad en los términos fiscales, pues quedará por determinar en qué casos se aplica una regalía y una tasa de impuesto sobre la renta y en cuáles otra”, apunta Ochoa.
Otro cambio relevante se produce con la introducción de la posibilidad de dirimir cualquier conflicto en relación con esos contratos petroleros a través de mecanismos alternativos de resolución de competencias como el arbitraje.
Este es un elemento de mucho interés para las empresas extranjeras, sobre todo, después de la experiencia de las estatizaciones realizadas por Chávez de forma forzosa.
Orlando Ochoa advierte, no obstante, que el texto de la ley habla de “arbitraje independiente”, pero no especifica que se trate de “arbitraje internacional”, por lo que el texto queda un poco ambiguo en este tema.
En todo caso, la cuestión de un posible arbitraje internacional en asuntos petroleros levanta polémica en Venezuela tanto por razones políticas como jurídicas, pues la Constitución prevé que los contratos de interés público deben resolverse en los tribunales nacionales y no darán lugar a reclamos internacionales, y estos contratos petroleros tienen una gran probabilidad de ser considerados como de interés público.
Ochoa considera probable que los términos de este tipo de mecanismos se establecerán de forma específica en los términos y condiciones de cada contrato.
Sin embargo, mientras exista esa previsión en la Constitución sobre los contratos de interés público habrá un cierto margen para la impugnación y la polémica.
Esta posibilidad, de hecho, se conecta con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues en su nueva versión ya no exige que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros suscritos por el Ejecutivo, sino que simplemente establece que el Legislativo debe ser informado sobre los mismos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó que el texto no mantuviera el requerimiento de que los contratos fueran aprobados por el Parlamento y argumentó que se trata de acuerdos de “interés público”.
Una reforma cuestionada…¿e insuficiente?
La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido duras críticas desde perspectivas muy diversas.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como “un retroceso histórico” que forma parte de “una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera”.
Mientras que Andrés Izarra, quien fue ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo en el que consideraba como inconstitucionales muchos de los cambios por, entre otras cosas, transferir a agentes privados actividades petroleras reservadas al Estado.
“La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan”, escribió en un artículo publicado en la web Aporrea.org.
Expertos petroleros como Francisco Monaldi han considerado la ley como “muy deficiente” y han criticado la excesiva discrecionalidad que otorga al gobierno.
Orlando Ochoa considera la ley como un paso importante en la dirección correcta al reducir el peso del Estado y abrir un espacio para el sector privado, pero también apunta deficiencias.
“Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, algo que no estaría mal si hubiera una trayectoria razonable, el problema es que en los últimos 20 años Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, suspendió pagos a contratistas y a socios. Todo esto antes de las sanciones”, señala.
“Entonces, en el contexto de las empresas mixtas queda un socio estatal que, pese a ser mayoritario, tiene poco músculo financiero y poca capacidad técnica”.
Ochoa considera que estos cambios generan un estímulo para las empresas que ya están operando en Venezuela porque ahora tendrán un mejor marco de términos y condiciones. Sin embargo, cree que se debe ir más allá.
“Si Venezuela quiere atraer nuevas empresas internacionales para levantar realmente la producción tiene que hacer mucho más que esto”, dice.
Frente a las críticas que ha recibido la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han señalado la necesidad de que Venezuela saque provecho del hecho de tener las mayores reservas probadas del mundo, extrayendo el crudo para poner esa riqueza en función del desarrollo del país.
No es un argumento nuevo para los venezolanos.
Ideas similares sustentaron la Apertura petrolera, un proceso impulsado en la década de 1990 cuando Venezuela quería aumentar su producción petrolera pero no disponía de los recursos para hacerlo, por lo que recurrió a autorizar contratos de servicio para que empresas privadas participaran en la producción petrolera.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición contra el país y fue con miras a ponerle fin que inició su estatización petrolera en 2001.
“Es positiva para el país, es la siembra del petróleo, es la diversificación de la economía, es darle mayor solidez a la industria petrolera”, declaró Chávez.
“De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las razones de esto es el mal manejo de la industria petrolera”, agregó según reseñó BBC Mundo.
Muchas cosas han cambiado desde entonces.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles de petróleo diarios y era el cuarto productor de petróleo del mundo. En la actualidad, es el productor número 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
En cuanto a la pobreza, cifras de la Cepal ubicaban la pobreza en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
Así, al parecer, ciertamente Venezuela requiere ahora más que nunca convertir esa riqueza en el subsuelo en desarrollo para sus ciudadanos.
La pregunta es si los cambios que se están dando serán suficientes para conseguirlo.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
