Atacan a Jafet Sainz, líder de autodefensas del transporte en Edomex; su auto recibió 10 disparos
El líder de las autodefensas del transporte público en el Edomex, Jafet Sainz fue atacado a balazos mientras conducía en Cuautitlán Izcalli. Aunque salió ileso de la agresión, su camioneta recibió diez disparos.
El martes por la noche, el también líder de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexos de México (ACME) se presentó ante la Fiscalía del Estado de México para presentar su denuncia y en entrevista aseguró que sobrevivió gracias a que su vehículo cuenta con blindaje; sin embargo, las balas se impactaron en el parabrisas, carrocería y ventanas laterales.
“Iba manejando en la zona conocida como Interceptor Poniente de la comunidad del Sabino, muy cerca de la FES Cuautitlán Campo 4, cuando de repente escuché disparos desde un costado de mi unidad, seguidos por disparos desde otro costado y de frente. Gracias al blindaje de la camioneta, las balas no pudieron penetrarla”, dijo en entrevista afuera de la FGE.
Jafet Sainz no descartó que la agresión esté relacionada con la formación de grupos de transportistas para combatir las extorsiones e incluso mencionó que otra posible causa son las recientes protestas de la ACME en la México-Querétaro contra el ingreso de más empresas de grúas a Cuautitlán Izcalli.
El líder de las autodefensas del transporte exigió a las autoridades que investiguen y aseguró que no le tiene miedo a los grupos de transporte contrarios a la ACME, por lo que no incrementará sus medidas de seguridad.
Además de ser representante de transportistas, Sainz Villarreal fue fue candidato a diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y posible candidato a la alcaldía de Cuautitlán Izcalli.
Arman autodefensas del transporte en Edomex ante violencia
El pasado 8 de agosto transportistas del Estado de México se organizaron para frenar las extorsiones de las que son víctimas, pues denunciaron que las autoridades no han atendido sus quejas.
Entre los inconformes está la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), el Grupo Villa de las Flores, la ruta 44, ruta 27 y Servicios Colectivos Melchor Múzquiz (Secomm).
Durante su primer recorrido en Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Tultitlán los conductores llevaban palos, piedras y botellas.
Con grupos de choferes organizados buscarán combatir las extorsiones, robos, asalto, secuestros e incluso homicidios. Transportistas aseguraron que si bien no habrá bloqueos ni se detendrá el servicio, sí habrá una ligera disminución por los choferes que harán labores de vigilancia.
“Que la policía entienda y los delincuentes entiendan que no nos vamos a dejar extorsionar; salimos a trabajar nada más. Somos más que ellos. Vamos a salir a la calle todos ordenados y simplemente vamos a demostrar de qué estamos hechos y somos empresarios, y que salimos a ganar día a día lo que llevamos a casa”, dijo a medios el dirigente de la ACME, Jafet Sáinz Villarreal, quien calculó que convocaron a 7 mil concesionarios.
Robos a transportistas en el Edomex
El pasado 1 de agosto, presuntos extorsionadores quemaron una unidad de transporte público en la colonia Villa de las Flores, Coacalco, Estado de México.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dejaron un mensaje en el que mencionaron que los líderes de la ruta no pagaron presuntas extorsiones.
Según transportistas, en lo que va del año aproximadamente 2 mil unidades han sido robadas, quemadas o dañadas por miembros del crimen organizado.
En cuanto a robos, de enero a junio de 2023 se denunciaron 3 mil 336 casos, de los cuales 2 mil 922 fueron con violencia, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el primer trimestre del año, la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasajeros y Turismo (CANAPAT) denunció que las horas pico son las de mayor cantidad de robos y asaltos, pues es cuando los pasajeros se dirigen a sus empleos, escuela o de regreso a casa.
La Cámara informó que uno de los problemas para la detección de puntos de riesgo es que la mayoría de las víctimas no denuncian a menos que sus pertenencias estén aseguradas, tales como celulares o computadoras, en especial si son proporcionados por la empresa en que trabajan.
De acuerdo con datos del informe anual del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 el Estado de México tuvo 7 mil 128 denuncias por robos durante el año, es decir, ocurrieron 19 casos al día en promedio.
Los meses con más casos de asaltos cometidos en la modalidad de transporte público colectivo fueron marzo (662), diciembre (630), noviembre (620) y octubre (607). Dicha estadística no contempla los robos en taxis o en transportes irregulares ni los casos no denunciados.
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El secuestro y asesinato de 13 mineros ha sacudido a Perú, un país en el que la inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones.
El asesinato de 13 personas en una mina de Pataz, en el departamento de La Libertad, conmocionó a Perú y puso de relieve la crisis de seguridad que sufre el país.
Los cuerpos de los 13 trabajadores fueron hallados el domingo con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría en un socavón dentro de una mina propiedad de la empresa Poderosa, después de días de rumores e informaciones sin confirmar sobre su presunto secuestro.
El episodio ha sacudido a un país en el que la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población y copa el debate político.
El hecho de que la provincia de Pataz llevara en estado de emergencia desde febrero del año pasado para frenar la delincuencia no impidió las muertes y ha agravado las dudas en torno a la gestión de las autoridades.
El auge del crimen ha llevado al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a declarar el estado de emergencia en diferentes lugares del país, incluida Lima, y la matanza de Pataz ha abierto el debate sobre si se le está dando la respuesta adecuada al problema.
Este mismo lunes, Boluarte declaró un toque de queda en Pataz y les otorgó el control de la zona de la minera a las Fuerzas Armadas.
Qué se sabe de la matanza de mineros de Pataz
El pasado viernes, después de días de especulaciones, la minera Poderosa denunció en un comunicado que un grupo de “mineros ilegales coludidos con criminales” atacaron una de sus instalaciones en la provincia de Pataz y secuestraron a 13 trabajadores.
Según relató la empresa, los trabajadores prestaban servicios a un “minero artesanal” que mantiene “un contrato de explotación” con la minera.
La empresa señaló que lo ocurrido “pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz”.
Denunció que la minería ilegal se ha adueñado de gran parte de sus instalaciones pese a la declaración del estado de emergencia y el despliegue de 800 policías en un operativo realizado la semana pasada.
El domingo, los medios peruanos informaron del hallazgo de 13 cadáveres en un socavón de la mina, confirmando los peores temores de los familiares, que fueron llegando a la zona desde diferentes lugares del país.
Fuentes policiales citadas por el medio peruano RPP indicaron que las víctimas se encontraban “maniatadas, vendadas y desnudas cuando fueron ejecutadas con un disparo en el cuello”.
Aunque no se ha publicado una lista oficial de víctimas, los medios peruanos ya han comenzado a difundir algunos nombres, y algunos familiares se han presentado en la morgue de la ciudad de Trujillo, donde esperan a que se completen los trámites legales y forenses con los cuerpos de sus seres queridos.
Enrique Carbonell, que se identificó como padre de uno de los trabajadores asesinados, se mostró muy crítico con la gestión de las autoridades en declaraciones a Canal N.
“No hay ni un puesto policial ni un puesto de auxilio rápido” en la zona, se quejó Carbonell.
Cuál es la situación de la minería ilegal en Perú
Según el relato de la compañía, las 13 personas fueron asesinadas tras ser secuestradas en el ataque de un grupo armado que se hizo con el control de la zona de las instalaciones en la que trabajaban.
Los ataques armados y las muertes en minas de Perú han aumentado y la compañía informó que ya son 39 los “colaboradores, mineros artesanales y trabajadores ultimados” por los grupos criminales que han tomado el control de la zona.
Perú tiene una inmensa riqueza minera. Es uno de los mayores productores de oro del mundo y aporta cerca del 4 % del suministro mundial.
Y muchos buscan, especialmente en el Perú rural, donde no abundan las oportunidades económicas, ganarse la vida en el negocio de la minería, un sector en el que prevalece la informalidad y en torno al que en los últimos años han proliferado los grupos criminales.
Muchas de las explotaciones clandestinas se encuentran en zonas de difícil acceso, con frecuencia en áreas de sierra o de selva, donde el Estado y sus fuerzas de seguridad tienen escasa presencia.
La extorsión, la trata de personas y la explotación sexual son algunos de los problemas que suelen acompañar a la expansión de estos grupos criminales.
El gobierno peruano estableció en 2017 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que permitía registrarse y formalizar su situación a los mineros artesanales.
Aunque nació como un mecanismo temporal, se ha ido prorrogando y los últimos intentos de ponerle fin se han topado con la fuerte oposición de los grupos de interés creados en torno a la minería artesanal.
Sus detractores denuncian que el Reinfo se ha convertido en la práctica en la vía que permite actividades ilícitas sin una fiscalización efectiva y está siendo utilizado por redes de crimen organizado implicadas en la minería ilegal para crear tapaderas y blanquear sus activos.
La minería ilegal ha sido identificada por los expertos como uno de los motores del aumento de la criminalidad y violencia que sufre Perú.
El país había registrado más de 640 homicidios hasta mediados de abril de este año, lo que supone un 19 % más que las contabilizadas en el mismo periodo del año anterior.
La respuesta del gobierno
Días antes de que se hallaran los cadáveres, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, puso en duda la veracidad de las informaciones sobre los 13 secuestrados en Pataz.
En una rueda de prensa el pasado miércoles, Adrianzén dijo: “Nuestros cuerpos de seguridad no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz”, y añadió que no constaba “ninguna denuncia hasta el momento”.
Pero Carbonell dijo que presentó la denuncia por la desaparición de su hijo en la noche del martes y calificó los comentarios de Adrianzén como “una mentira muy grande”.
Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que “desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas”.
Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06:00 am y las 06:00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar.
La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para “facilitar la instalación” de militares y policías en la zona.
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