Imágenes satelitales del rancho de Teuchitlán revelan periodos de intensa actividad en el terreno al menos desde 2014
Imágenes satelitales del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, muestran una serie de modificaciones en la infraestructura y el terreno que dan cuenta de intensos periodos de actividad al menos desde el 2014, cuatro años antes del primer cateo de autoridades.
Las imágenes forman parte de una investigación elaborada por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA) sobre la evolución histórica del predio que se presume pudo haber sido empleado como un campo de reclutamiento y exterminio por el crimen organizado.
Imágenes satelitales del rancho Izaguirre
CICA hizo una primera comparación que da cuenta de la construcción de dos edificaciones y la barda perimetral del rancho a partir de diciembre del 2014. Desde esa fecha hasta abril de 2015 no se detectaron alteraciones significativas en el terreno.
Otra imagen captada dos años después, en enero de 2017, muestra actividad en el predio evidenciada por un portón abierto y la presencia de un vehículo tipo pick-up blanco en el interior, cerca de la entrada.
En diciembre de ese mismo año, se observa un camión desplazándose sobre un camino que se extiende desde la entrada hasta un punto situado más allá de la mitad del terreno.
Entre marzo y abril de 2019, se observa la aparición de una nueva edificación en la zona posterior del predio, así como la remoción del techo de una de las construcciones con una división interior en tres espacios.
Una imagen del 12 de octubre de 2019 muestra la reinstalación del techo sobre la construcción que previamente había sido dividida en tres ambientes.
Un año después, el 29 de octubre de 2020, no hay signos de actividad en el predio, el cual luce cubierto por vegetación y no muestra modificaciones sustanciales.
El 29 de abril de 2021, la vegetación desaparece tanto del predio como de los terrenos colindantes.
Mientras que de noviembre de 2021 hasta febrero de 2022 no se observan cambios sustanciales en el terreno.
Es hasta mayo de 2023 que una imagen muestra cambios significativos en el predio con la aparición de al menos 19 figuras circulares con contornos irregulares en la sección posterior del predio, así como áreas de color negro que podrían indicar la existencia de agujeros o excavaciones.
Mientras que una imagen captada en marzo de 2025 muestra la existencia de al menos tres cavidades que corresponden con el hallazgo de tres hornos crematorios clandestinos reportados el pasado 5 de marzo por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
De acuerdo con CICA, esta última imagen revela un incremento en la presencia de cavidades con respecto a mayo de 2023, cuando se observó sólo una. Asimismo, da cuenta de la ausencia de la mayoría de las formaciones circulares con contornos irregulares que habían sido identificadas anteriormente.
Contradicciones en investigaciones del rancho de Teuchitlán
Cabe señalar que en medio del periodo antes señalado tuvo lugar el primer cateo del rancho encabezado por la Guardia Nacional. El operativo ocurrió el 18 de septiembre de 2024 y sólo se reportó la localización de dos personas privadas de la libertad y de un cadáver cubierto con plástico.
La Fiscalía de Jalisco ha reconocido que los trabajos de búsqueda que se llevaron a cabo en el primer aseguramiento fueron insuficientes, sin embargo, determinó, con base en análisis periciales, que no se registraron actividades desde entonces hasta la llegada del colectivo de la sociedad civil, algo que entra en contradicción con las imágenes reveladas por CICA.
Hasta ahora han sido hallados casi 500 indicios que van desde prendas personales hasta mochilas, así como un posible cuarto horno crematorio para inhumación clandestina.
Te puede interesar: Localizan otro posible crematorio clandestino en primer día de búsqueda entre autoridades y buscadoras en rancho de Teuchitlán.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar las especulaciones, hasta que avancen las investigaciones y se tenga evidencia científica.
Por lo pronto la investigación ya fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR) que antes indagará la actuación de las autoridades municipales y estatales, ya que a consideración de su titular, Alejandro Gertz Manero, “no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida” por las mismas.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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