Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación del rancho Izaguirre en Teuchitlán, el cual era empleado como un presunto “campo de reclutamiento y exterminio” del crimen organizado.
El mandatario dijo que tuvo una llamada con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, quienes le “confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República”.
Dicha decisión, señaló Lemus, es una muestra de la apertura y disposición a trabajar en conjunto entre su administración y la federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
También dijo que invitaron a “sumar esfuerzos” a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que este miércoles llegará al estado personal de la Comisión Nacional de Búsqueda para trabajar en conjunto en las investigaciones.
“Independientemente de que la Fiscalçia General haya atraído el caso, desde Jalisco vamos a seguir trabajando en conjunto y poniendo toda la disposición para que estos hechos se aclaren”, mencionó.
En su mensaje publicado en redes sociales, Lemus dijo que aunque los hechos no ocurrieron en el sexenio de Sheimbaum ni en el suyo, “nadie se lava las manos” y se revolverá y se deslindarán responsabilidades.
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Hoy durante su conferencia matutina, la presidenta reveló haber pedido a la FGR que atrajera el caso del rancho de Teuchitlán, en el que fueron encontrados hornos crematorios clandestinos y restos óseos calcinados, sin embargo, afirmó que primero se tiene que realizar una investigación para deslindar responsabilidades.
Sobre el tema, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo este martes que antes de que se decida atraer el caso, la dependencia a su cargo realizará una investigación sobre la actuación de las autoridades municipales, estatales y los antecedentes.
Jalisco atraviesa una crisis de desaparecidos y es el estado con más casos a nivel nacional, con 15 mil 11, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Durante la pasada administración, encabezada por Enrique Alfaro, las desapariciones se triplicaron en la entidad: previo al inicio de Alfaro había registro de 5 mil 873 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas y actualmente hay más de 15 mil casos. Durante su mandato desaparecieron al menos 9 mil 618 personas.
Escenas de caos y violencia se vivieron este miércoles en el centro de la capital del país.
La protesta de jubilados contra el gobierno de Javier Milei, que este miércoles contó además con la participación de hinchas de distintos clubes de fútbol que apoyaron el reclamo, dejó varias escenas de violencia en las afueras del Congreso argentino.
De acuerdo al reporte de varios medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras.
En total se registraron al menos 20 heridos y más de 100 arrestos, de acuerdo al reporte de las autoridades locales.
Los manifestantes eran en su mayoría jubilados, que cada miércoles se reúnen frente del Congreso Nacional, ubicado en el centro de Buenos Aires, con el fin de pedir un aumento en sus jubilaciones y recuperar el acceso gratuito a determinados medicamentos.
A la marcha de este miércoles se habían unido representantes de varias hinchadas de equipos de fútbol como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central entre otros.
Este apoyo comenzó luego de que se difundieran semanas atrás imágenes de un jubilado con la camiseta del club Chacarita, reprimido por la policía. Primero fueron hinchas de Chacarita los que se sumaron a las marchas y este miércoles ya fueron de más clubes.
El gobierno los ha acusado de ser “barra bravas”, es decir, los miembros más violentos de las hinchadas de fútbol.
Entre los heridos más graves se encuentran el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra internado con pronóstico reservado.
También un agente de policía recibió una herida de bala en su brazo izquierdo.
Los jubilados, de los cuales casi el 60% recibe sólo el monto mínimo equivalente a unos US$340 al mes, han sido uno de los sectores más afectados por las políticas de austeridad del actual gobierno.
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