La violencia en Guerrero evidencia la relación entre criminales y autoridades
Los acuerdos que existen entre los grupos criminales y autoridades de Guerrero son evidentes desde el momento en que no existe una estrategia real para contenerlos o frenarlos, coinciden organizaciones de derechos humanos ante los últimos hechos violentos ocurridos en la entidad.
En las zonas más violentas de Guerrero hay indicios que sugieren vínculos entre el poder político y grupos delictivos, porque, casualmente, ninguna operación policiaca funciona.
Por ejemplo, casos como el de Tierra Caliente, donde ocho de nueve alcaldes de la región son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente participar en un bloqueo carretero para exigir la salida de la institución. Esto ocurrió en abril, después de una operación policiaca donde fueron decomisados 12 vehículos de lujo y de colección propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes locales de La Familia Michoacana.
Los ediles de los municipios de Tierra Caliente son señalados por los propios pobladores de tener relación con La Familia Michoacana, organización que desde hace más de una década tiene operaciones en ocho de los nueve municipios: Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Zirándaro, el noveno municipio de la región, son otros los acuerdos.
Esta organización criminal fija los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos y servicios como la cerveza, el refresco, el transporte público y materiales de construcción.
La situación de alza de precios afecta de manera directa a los pobladores de la Tierra Caliente, quienes han denunciado el control que ejercen sobre ellos para que consuman en ciertos establecimientos.
“Ya hay zonas establecidas: si eres de una comunidad, no puedes ir a comprar a otra porque te pueden detener los armados y hasta multarte, o en el caso de la Coca-Cola, no puedes ingresar a la región con paquetes porque existe el riesgo de que esos grupos armados te la quiten, porque solo ellos pueden distribuirla”, mencionó un poblador.
Testimonios de pobladores, de quienes se omite su nombre por seguridad, aseguran que todo lo anterior no podría ser posible sin acuerdos, y esto se extiende a otros roles, por ejemplo, en los ayuntamientos, donde ciertos grupos tienen injerencia para trabajar junto a quien es el encargado de la seguridad pública.
“Aquí todos nos conocemos, sabes quién es quién y a qué se dedica y, de repente, alguien que andaba con esos grupos delictivos vemos que ya es policía o incluso comandante, y ¿qué puede hacer uno? Si la seguridad pública depende de ellos, no hay ni dónde denunciar”, señala otro ciudadano.
Las estrechas relaciones
Durante el pasado proceso electoral local de 2021, los candidatos ganadores que hoy son alcaldes fueron los únicos que hicieron campaña.
De siete partidos en la contienda, la alianza PRI-PRD y Morena lograron ganar los municipios de Tierra Caliente; no tuvieron competencia.
En Coyuca de Catalán, la única candidata opositora al reelecto alcalde Eusebio Echeverría Tabares era la morenista Francisca Baltazar Bravo, que a 10 días de comenzar la contienda declinó la candidatura porque, presuntamente, recibió amenazas de grupos delictivos. Todo esto fue documentado en su momento por la prensa local.
Los alcaldes que ganaron sin competencia fueron los que el 28 de abril bloquearon los accesos carreteros a la región, exigieron la salida de la FGE y la renuncia de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Se trata de seis priistas que hoy gobiernan Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce Jaimes; Arcelia, Bulmaro Torres Berum; Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea, y Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández. Además del alcalde perredista Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa.
En Zirándaro, gobernado por la morenista Tania Pacheco Duarte, la radiografía institucional indica que existen operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En septiembre del 2020 fue filtrado un video donde se observa una cabalgata pública por las calles del pueblo, encabezada por hombres armados, algunos en camionetas blindadas.
Otras regiones
Iguala y Taxco son otros municipios en crisis por la inseguridad, donde han sido revelados nexos con autoridades municipales.
En Iguala, desde hace dos meses los hechos violentos alertan a la población. A mediados de junio, el alcalde priista David Gama Pérez ordenó el cierre del Palacio del Ayuntamiento y dejó a la población sin servicios porque comenzó a recibir amenazas mediante cartulinas y lonas en la ciudad por no “cumplir acuerdos”.
Las amenazas llegaron acompañadas de hechos violentos: en dos días asesinaron a un trabajador del ayuntamiento, hubo ataques armados a oficinas y comercios.
En octubre de 2021, días después de que Gama Pérez asumió la alcaldía, hombres armados dejaron abandonada una camioneta con cuatro individuos asesinados afuera de su casa de campaña.
Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado sobre la inseguridad, y menos ha dejado claro cuáles serán sus acciones para frenarla.
Desde 2014, cuando 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, Iguala es referencia de las relaciones de grupos criminales con políticos y miembros de corporaciones policiacas y militares.
En Iguala tienen operaciones los grupos criminales Los Tlacos y La Bandera, de acuerdo a un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El mismo contexto de inseguridad existe en el “pueblo mágico” de Taxco, donde a mediados de junio hubo cierre de negocios, suspensión del servicio del transporte, ataques a tortillerías, el asesinato de un empleado del gobierno municipal, la desaparición de ocho policías municipales y del director de Protección Civil y el hallazgo de una granada de fragmentación que un grupo dejó en las oficinas del ayuntamiento.
Y el caso más reciente y notorio fue el de la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien se vio envuelta en la polémica tras la difusión de imágenes de una reunión que sostuvo con uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La alcaldesa se ha negado a solicitar licencia del cargo, a pesar de que la FGR le ha solicitado declarar sobre estas reuniones y de que la dirigencia estatal de Morena le ha sugerido que colabore para esclarecer los presuntos nexos con grupos delincuenciales.
“Estoy curada de espanto”, dijo recientemente al ser cuestionada sobre la posible filtración de más evidencias de sus contactos con esos grupos.
Los Ardillos es un grupo que tiene operaciones en la zona Centro y Montaña de Guerrero y también tiene vínculos con el PRD, pues el diputado Bernardo Ortega Jiménez es hermano de Celso y Jorge Iván, líderes de Los Ardillos, cuyo padre —Celso Ortega Rosas— se ubica como fundador de dicha agrupación.
El diputado Bernardo Ortega niega alguna relación con sus hermanos y, en comunicado reciente, dijo que desde hace 15 años no los ve. Estos comunicados los emite cada que ocurren hechos de violencia en los municipios donde operan sus hermanos.
Este político ha ocupado cargos públicos y de representación popular en los municipios donde operan Los Ardillos desde 2002, cuando ganó la alcaldía de Quechultenango; actualmente, es su cuarto periodo como legislador local.
“Actúan como si no existiera un aparato de seguridad”
De acuerdo con pequeños comerciantes de la capital del estado, durante la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo hubo civiles armados que cobraron el derecho de piso a los locatarios acompañados de policías municipales.
Esta declaración la dio a conocer un empresario durante una reunión entre hoteleros y prestadores de servicios con el gabinete de seguridad.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, esta falta de gobernabilidad se debe a que los grupos criminales tienen como objetivo tener el control en las presidencias municipales, los negocios lícitos e ilícitos, así como del cobro de piso, las extorsiones y los secuestros.
“Por eso actúan como si no existiera un aparato de seguridad”, advierte.
También regulan el comercio, mantienen las extorsiones y los secuestros.
“Estos grupos criminales actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población. Los policías y militares portan armas y están entrenados para contener y disuadir a grupos que ponen en riesgo la convivencia pacífica y atentan contra el orden y el Estado de derecho”, explica Barrera.
Para Tlachinollan, la violencia tiene un aumento desde hace cuatro sexenios, que va de Ernesto Zedillo hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el presente sexenio, apunta Barrera, el incremento de elementos de seguridad y la permanencia del Ejército en las calles ha sido notorio, pero esto no ha dado resultado.
“En nuestro estado, a pesar del incremento del número de elementos de la Guardia Nacional y del mismo Ejército, la proliferación de las organizaciones delictivas sigue al alza en las siete regiones”, comenta el activista de derechos humanos.
Para el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, otra organización que atiende casos de violencia en el estado, la situación es clara: hay una colusión entre criminales y autoridades electas en las urnas.
“Las presidencias municipales están coludidas con la delincuencia organizada, y depende del municipio: hay unos donde es el grupo criminal quien gobierna; entonces, eso nos pone en riesgo a todos los ciudadanos porque estamos sometidos, bajo un control que sin querer fue puesto sobre nosotros”, menciona la representante del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra.
La activista asegura que no existen planes y programas para contener la violencia, porque es el mismo Estado el que la genera, a través de los grupos criminales.
Guerrero encabeza las estadísticas de políticos asesinados
En las elecciones de 2018, Guerrero encabezó las listas nacionales de candidatos y políticos asesinados con 24 casos registrados por la prensa local, además desde las elecciones de 2015 hasta 2018 otros 17 políticos fueron víctimas de violencia.
Algunos de los casos de políticos asesinados entre 2017 y 2018 son los perredistas Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán; Roger Arellano Sotelo, exalcalde de Acapetlahuaya; Demetrio Saldívar Gómez, exsecretario general del PRD estatal; Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, y Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde de Zitlala.
Del PRI fueron asesinados el aspirante a la alcaldía de Atoyac, Adolfo Serna Nogueda, y el excandidato a la alcaldía de Eduardo Neri, Francisco Torres Rendón.
En 2021, el último proceso electoral, el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt arrojó que 23 políticos fueron asesinados.
Otro informe presentado a través del Atlas de Riesgo Electoral, elaborado por varias asociaciones civiles e instituciones electorales, contó hasta 45 actores políticos víctimas de la violencia, es decir, que sufrieron atentados y desapariciones o fueron asesinados.
El próximo año, 2024, en Guerrero se disputarán 81 alcaldías, 28 diputaciones locales y siete federales. El proceso inicia oficialmente el 7 de septiembre próximo, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.
Con el reacomodo electoral y el antecedente de violencia en la entidad, hay una alta probabilidad de que el proceso electoral de 2024 tenga el mismo comportamiento.
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Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
Cómo empezó todo
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Qué consecuencias ha tenido
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
El problema del agua
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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