Esmeralda sufrió abuso sexual, abortó y la Fiscalía de Querétaro busca encarcelarla tres años por homicidio
En agosto de 2023 ocurrió lo que Esmeralda temía de un tiempo atrás, un joven tres años mayor que ella, familiar suyo, la agredió sexualmente y la amenazó. De esa agresión ella quedó embarazada, pero no se dio cuenta a tiempo.
De acuerdo con el relato de la organización feminista Adax Digitales, tras una semana de dolores intensos en el abdomen y de tener una irregularidad en su periodo menstrual, Esmeralda le dijo a su papá que la dejara faltar a la secundaria ese día, porque los “cólicos” eran ya muy fuertes y “nomás no le bajaba”.
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Su papá le dejó dinero para comprarse una pastilla en la farmacia, llevó a su hija menor a la escuela y se fue a trabajar.
Esmeralda se quedó dormida, perdió la cuenta del tiempo. Fue al baño porque las ganas de evacuar eran muy fuertes, supuso se le habían juntado los cólicos con el retortijón del estómago.
Pujó fuerte y salió mucha sangre. Había tenido un aborto espontáneo, pero Esmeralda, de 14 años, no sabía cómo nacen los niños, no sabía qué era lo que colgaba de entre sus piernas, no entendía su malestar general.
Esmeralda vive solamente con su padre y su hermana en una comunidad indígena de Huimilpan, Querétaro, y “hay cosas de las que, se cree, no se habla con papá”, explica Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales.
Fiscalía la acusa de “asfixiar” a su hijo
“Si yo hubiera sabido que estaba embarazada, aunque hubiera tenido que dejar de estudiar, yo hubiera trabajado, porque sé que el aborto es pecado”, fue parte de la declaración que Esmeralda dio ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro.
Cuando el padre de Esmeralda la llevó al hospital, la doctora que la recibió en Urgencias le dijo que “su hija tuvo un aborto espontáneo”; pero la Fiscalía estatal realizó una necropsia al producto expulsado y determinó que “nació vivo y falleció a causa de asfixia por ahorcamiento”.
Por eso, según dijo el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, el 26 de septiembre, el ministerio público judicializó la carpeta de investigación en contra de Esmeralda por homicidio calificado.
“Lo único que les puedo decir es que la persona que falleció, porque en este caso tuvimos un bebé que nació vivo, y en este caso debería puntualizar que fue producto de una gestación de más de 36 semanas”, dijo entonces.
En entrevista con Animal Político, Mayra Dávila, representante del colectivo feminista Adax Digitales, aseguró que el peritaje hecho por los servicios médicos que atendieron el caso de Esmeralda respalda que el feto murió varios días antes de ser expulsado.
Animal Político buscó a la Fiscalía General de Justicia de Querétaro para actualizar su posicionamiento sobre el caso, pero remitieron a la entrevista concedida por el fiscal a medios locales a finales de septiembre.
“Solamente podemos recalcar que el Poder Judicial consideró que las pruebas aportadas por la fiscalía eran suficientes para abrir el juicio por homicidio”, detalló personal de comunicación social de la Fiscalía.
En cinco días hábiles, el Poder Judicial de Querétaro fijará fecha de audiencia para determinar si Esmeralda es culpable o inocente del delito de homicidio calificado.
La Fiscalía de Querétaro ha solicitado una pena de tres años de prisión y 518 mil pesos para la reparación del daño “a quien tenga calidad jurídica” sobre la muerte del producto.
Tras una prueba de paternidad hecha al familiar de Esmeralda que abusó de ella hace más de un año, se determinó que él era el padre del producto y tendría, por lo tanto y según la fiscalía, “calidad jurídica” para reclamar la reparación del daño.
Revictimizada y con medidas cautelares
Esmeralda no ha vuelto a la escuela, por orden de una jueza y a solicitud de la Fiscalía de Querétaro, se encuentra en prisión domiciliaria. La medida cautelar se admitió por considerar que el delito que supuestamente cometió (homicidio) amerita que no se integre a la sociedad aún.
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Además de eso, la comunidad indígena a la que Esmeralda y su familia pertenecen la han señalado y revictimizado.
Su novio aseguró que “seguramente quería achacarle la paternidad del niño” al seguir siendo su novia aún cuando había vivido el abuso por parte de su familiar.
De acuerdo con el relato brindado por Mayra Dávila a Animal Político, la fiscalía hizo pruebas de paternidad al novio de Esmeralda, al familiar señalado de violación y a otros dos jóvenes “señalados por el novio” de supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Esmeralda.
Toda la comunidad se enteró.
Urge despenalizar el aborto en Querétaro: Adax Digitales
Mayra Dávila afirma que urge despenalizar el aborto en Querétaro, donde la organización que ella dirige, Adax Digitales, ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso local elimine el delito del Código Penal.
“Es importantísimo trabajar el tema de la despenalización del aborto, porque se siguen levantando carpetas de investigación… pero ya no por aborto, ahora por homicidio. Incluso más que antes de que consiguiéramos el amparo”, detalló.
Mayra lamenta haber “llegado tarde” al caso de Esmeralda, pues por presiones de una fiscal su padre decidió retirar los cargos de violación en contra de su abusador.
“Pero es un delito que se persigue de oficio, casualmente ese está detenido. Le daremos seguimiento, pero es urgente por ahora el caso abierto en contra de la menor”.
Sheinbaum pide no criminalizar a menor que abortó en Querétaro
Durante su conferencia matutina del 28 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, ya está en contacto con la familia de Esmeralda para poder apoyarla legalmente y “en lo que se requiera”. La mandataria también aseguró que no está de acuerdo con el actuar de la Fiscalía de Querétaro.
“Yo creo que no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años”, concluyó.
“No estamos de acuerdo”, dice @Claudiashein sobre el caso de Esmeralda, la menor que la @fiscaliaqro busca encarcelar tres años por un aborto espontáneo.
La mandataria informó que su gobierno se encuentra en contacto con la familia de la víctima para apoyarla legalmente. pic.twitter.com/9PtE6cDzqj
— Animal Político (@Pajaropolitico) October 28, 2024
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Un número récord de soldados rusos está siendo procesado por deserción. Muchos están siendo ayudados y ocultados por sus familias.
Los tribunales rusos han registrado un número récord de casos de soldados que desertan de sus unidades o no regresan a casa tras su tiempo de permiso, según una investigación del servicio ruso de la BBC. Muchos desertores se refugian en casa de familiares, quienes también corren el riesgo de ser procesados.
En la mañana del 23 de marzo de 2023, en un pueblo de la región de Stavropol en el sur de Rusia, un joven llamado Dmitry Seliginenko llevó a su novia en motocicleta para que pagara sus facturas en las oficinas de la autoridad local.
Seis meses antes había sido llamado a filas para combatir en Ucrania, en el marco de la movilización militar del presidente ruso Vladimir Putin.
En marzo de ese año debería haber vuelto al frente de combate.
Pero no regresó a su unidad tras 10 días de baja médica y ahora figuraba en la lista de personas buscadas por Rusia.
De camino por el pueblo, el joven fue localizado por su antiguo compañero de clase Andrei Sovershennov, que se había unido al cuerpo de policía tras terminar los estudios.
Sovershennov alertó a la policía militar y, poco después, tres hombres intentaron detener a Seliginenko mientras esperaba a su novia.
Seliginenko consiguió ponerse en contacto con su madre y su padrastro, que se dirigieron al pueblo para intervenir. Hay dos versiones diferentes de lo que ocurrió después.
Según la versión oficial de la policía, el padrastro de Seliginenko, Aleksandr Grachov, agarró las esposas de Sovershennov y gritó: “Arréstenme a mí”. A continuación, supuestamente empujó a un oficial al suelo y empezó a golpearle.
Según la versión de la familia, fue Aleksandr Grachov quien supuestamente fue empujado al suelo y golpeado tras exigir ver una orden de detención contra su hijastro.
Ambos acabaron en el hospital, y Grachov fue acusado posteriormente de agresión a un policía.
Seliginenko, por su parte, se subió al coche de sus padres y se marchó.
El incidente generó un acalorado debate en un grupo de chat creado por los habitantes del pueblo.
La familia de Seliginenko afirma que su hijo ni siquiera estaba destinado a alistarse en el ejército; que no se le sometió a un examen médico adecuado para ver si realmente era apto para el servicio, y que fue enviado al frente a pesar de dar positivo en las pruebas del coronavirus.
En enero de 2023, Seliginenko presentó afecciones en su piel, causadas por el frío extremo, y se le dio tiempo libre para descansar. Dos días después de llegar a casa, fue sometido a una operación gástrica. La familia argumentó que Dmitry no era apto para el servicio militar y que debería haber sido evaluado por una comisión médica militar.
No todos en el grupo de chat simpatizaban con sus argumentos, y en respuesta la familia publicó este emotivo llamamiento a sus vecinos.
“Aquí estás viviendo cómodamente en nuestro pueblo, pero ¿quién de ustedes vendrá con nosotros a un hospital de Pyatigorsk, Budyonnovsk o Rostov para ver cuántos soldados heridos yacen ahí?… Antes de juzgar a los demás, pónganse en la piel de la madre y su hijo que ya han sufrido tanto… Tienen a sus maridos e hijos a su lado; ¡será mejor que recen para que a ustedes no les pase lo mismo!”.
En marzo de 2024, Aleksandr Grachov fue encontrado culpable de agresión y multado con 150.000 rublos (US$1.500).
Dmitry Seliginenko no ha vuelto a su unidad militar y se desconoce su ubicación actual.
Ninguno de los involucrados quiso hablar con la BBC.
“Nos han quitado a todos los hombres”
A cientos de kilómetros del pueblo de la región de Stavropol, otros dos casos han sido llevados ante el juez en un tribunal de Buriatia, una república al otro lado de Rusia.
En el banquillo estaban el soldado Vitaly Petrov, que había desertado de su unidad, y su suegra, Lidia Tsaregorodtseva, que había intentado impedir que la policía local lo detuviera.
La BBC ha reconstruido lo sucedido a partir de documentos judiciales y del testimonio de personas familiarizadas con el caso, que no nombramos por razones de seguridad.
Vitaly Petrov, de 33 años, padre de dos hijos y originario de Sharalday, fue llamado a filas para combatir en Ucrania en 2022.
La región es una de las más pobres de Rusia. En otoño de 2022, tenía uno de los índices de movilización más altos del país, y también uno de los índices de muertes más elevados, según una investigación de la BBC y el medio de noticias independiente ruso Mediazona.
En junio de 2023, Petrov escapó de un hospital militar al que había sido enviado tras ausentarse previamente sin permiso y ser devuelto a la fuerza a su unidad a principios del mismo año.
Su suegra dice que él no era apto para el servicio militar y que sufría dolores de cabeza. Ella también declaró ante el tribunal que Petrov había sido objeto de violencia y extorsión en su unidad militar.
Los fiscales militares afirman que Petrov simplemente intentaba evitar ser enviado de nuevo al frente.
Durante el verano y el otoño de 2023, Petrov se escondió en casa de su suegra. Pasaba la mayor parte del día en el bosque cercano, buscando piñones, setas y frutos rojos, y volvía a casa de vez en cuando por la noche para dormir.
Grigory Sverdlin, activista de la ONG Run to the Forest, que ayuda a los soldados que han desertado a huir del país, calcula que alrededor del 30% de los desertores se quedan dentro de Rusia, mientras que el resto se va al extranjero. Según Mediazona, hay más de 13.000 casos en los tribunales rusos por cargos de deserción y ausencias sin permiso.
En diciembre de 2023, la policía armada se presentó en la casa por la noche para detener a Petrov.
Lo que ocurrió después tiene de nuevo versiones diferentes.
Tsaregorodtseva afirma que la policía derribó la puerta e irrumpió en la casa, apartándola a ella y a sus dos nietas pequeñas aterrorizadas mientras empezaban a registrar la vivienda y a levantar las tablas del suelo con un hacha.
También afirma que la policía no le mostró su identificación ni una orden judicial, algo que las autoridades niegan, según los documentos judiciales. También señalan que no registraron la casa ni movieron nada.
Tanto la familia como la policía afirman que Petrov salió de su escondite en el sótano y sus hijas corrieron hacia él.
En los documentos judiciales, tanto la familia como la policía se acusan mutuamente de violencia, ya que se produjo un altercado mientras los policías intentaban detener a Petrov.
Él fue arrastrado afuera de la casa y, según sus hijas pequeñas, la policía lo golpeó con una pistola eléctrica. El investigador principal del caso fue trasladado al hospital con quemaduras producidas por agua hirviendo durante el altercado.
Tanto Petrov como Tsaregorodtseva fueron procesados. Petrov fue condenado a seis años de prisión por ausentarse sin permiso. Su suegra fue condenada a dos años de cárcel y a pagar una indemnización de 100.000 rublos (casi US$1.000) al agente de policía que resultó herido durante el altercado.
Una fuente familiarizada con el caso declaró a la BBC que la esposa de Vitaly Petrov se sentía aliviada de que su marido estuviera en la cárcel y no de vuelta en el frente de guerra.
Una fuente de la BBC también dijo que la guerra estaba pasando factura a los habitantes de las zonas rurales.
“Nos han quitado a todos los hombres de los pueblos, no queda nadie para hacer el trabajo duro, cuidar de los animales y prepararse para el invierno. Un niño está enfermo, el otro está muerto de miedo. Si me perdonan la expresión, en los pueblos sólo quedan las mujeres silbando al viento”.
La misma fuente dijo que muchos hombres de la localidad se sentían en “una situación imposible”: enviados a la guerra quisieran o no, mientras sus familias se quedaban luchando solas en casa.
Siete años por deserción
Otro caso visto por la BBC fue el de un soldado condenado.
En enero de 2023, Roman Yevdokimov, de un pueblo de la frontera ruso-mongola, fue condenado a siete años de prisión por desertar de su unidad.
Este hombre de 34 años, que había sido condenado en dos ocasiones por robo, fue llamado al servicio militar en octubre de 2022 como parte de la movilización nacional de Putin.
Yevdokimov pasó sólo un mes en el ejército antes de ausentarse sin permiso y regresar a casa. Pasó un tiempo escondido en el bosque y sus familiares lo ocultaron en el sótano de la casa de su suegra, hasta que finalmente las autoridades militares lo atraparon y fue enviado a prisión.
Pero como delincuente convicto, le ofrecieron la oportunidad de ir a luchar a Ucrania, en lugar de cumplir su condena. Yevdokimov sobrevivió seis meses como soldado de asalto y, según las normas de entonces -que se han modificado-, fue liberado y regresó a casa en abril de 2024.
Su familia dice que los seis meses que pasó en el frente le han dejado traumatizado e incapaz de volver a su vida anterior. Ahora pasa gran parte del tiempo en el bosque, donde antes se escondía de la policía militar.
Como soldado de asalto reclutado en prisión en 2023, cuenta con un indulto oficial que anula su condena de siete años de cárcel por deserción, pero no hay documentos que demuestren que luchó en el ejército y resultó herido en acto de servicio.
Muchos veteranos de combate reclutados en prisión intentan ahora llevar al Ministerio de Defensa ruso ante los tribunales para exigir el reconocimiento de su estatus.
Pero para Yevdokimov, el viaje de cuatro horas a la oficina de reclutamiento más cercana para tratar de resolver sus problemas es simplemente demasiado como para considerarlo.
“Cuando lo fui a ver, él con algunos tragos encima, dijo: ‘¿Quizás debería inscribirme para ser un soldado por contrato?'”, dijo su hermana a la BBC.
“No lo dejaré ir y tiene miedo de dejarme porque sabe lo mucho que me preocupo por él. Pero quiere volver con sus compañeros, porque algunos se están muriendo y está preocupado por ellos. Está sufriendo por estar allí”.
Estos casos son sólo una pequeña fracción del elevado número que llega ahora a los tribunales.
Los registros oficiales muestran que en 2024, alrededor de 800 soldados fueron condenados cada mes por ausentarse sin permiso, no cumplir órdenes o desertar de sus unidades. Según Mediazona, esta cifra duplica la del año anterior y multiplica por más de 10 el número de condenas antes de la guerra.
No hay estadísticas oficiales sobre cuántos familiares han sido también condenados por ayudar a soldados que se han fugado.
*Información adicional de Olga Ivshina
Editora: Olga Shamina
Ilustraciones del equipo de periodismo visual ruso de la BBC
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