Dueño del crematorio Plenitud en Chihuahua, en el que hallaron 386 cuerpos, sale del país tras ser liberado
Después de recobrar su libertad, el dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde se localizaron 386 cadáveres embalsamados, acumulados y en condiciones insalubres, José Luis A.C., abandonó el país.
De acuerdo con sus abogados el empresario fue puesto en libertad a las 23:30 horas del viernes 13 de febrero e inmediatamente se trasladó a Estados Unidos, de donde es ciudadano legal.
“Se fue a su país porque aquí lo encarcelaron ilícitamente”, dijo Manuel Pineda Contreras abogado de José Luis A.C. y responsable de la firma Legal Estudio Jurídico.
El litigante también anunció que su representado presentará una demanda por daño moral en contra del Gobierno del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Así como una queja en contra del juez de Control que en julio del año pasado lo vinculó a proceso penal.
Unas horas después de la salida de José Luis A.C. del país, el fiscal general César Jauregui Moreno anunció que se interpondrá un recurso de revisión en contra del amparo otorgado por el juez federal Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez al acusado.
En conferencia de prensa realizada este 14 de febrero, el fiscal también dijo que se presentará una queja ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para que se revise la actuación del juzgador federal.
José Luis obtuvo su libertad luego de que el pasado 12 de febrero el juez Rivas Martínez le otorgó un amparo al resolver el Amparo Indirecto 746/2025-III.
“Frente a una resolución así no queda más que combatirla. Y la Fiscalía lo que hará inmediatamente es presentar dos recursos, un recurso de revisión frente a los jueces de alzada del propio PJF a fin de que recompongan está sentencia de amparo y vuelvan las cosas al estado en que se encontraban, y en segundo término, un recurso de queja frente a los órganos de control del propio Poder Judicial a efectos de que se revise la actuación del juez”, declaró Jauregui.
¿Delitos o faltas administrativas?
Tras el hallazgo de 386 cuerpos ocultos, algunos de ellos por años, José Luis fue vinculado a proceso penal el 4 de julio del 2025 por dos delitos:
Uno es inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos, previsto en el Artículo 202 del Código Penal del Estado de Chihuahua. En específico se acusó de haber incurrido en la fracción I que castiga a quien “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
El otro ilícito que se dijo fue cometido por el ahora exonerado es federal y está previsto en el Artículo 62 fracción I de la Ley General de Salud, que no tiene un nombre, pero sanciona a quien “oculte, destruya o sepulte un cadáver, feto o restos humanos, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan el Código Civil o las leyes especiales”.
Estos delitos, de acuerdo con la formulación de cargos, sucedieron en las instalaciones del Crematorio Plenitud ubicadas en la carretera Panamericana número 10631 sur, de la colonia Las Granjas Polo Gamboa y por parte del dueño José Luis y del único empleado Facundo Teófilo M.R., quien también fue detenido y murió en reclusión en octubre del año pasado.
Pero al resolver el juicio de amparo, el juez federal concluyó que no se cometieron las conductas delictivas que describen esos delitos porque no se cumplen con los verbos rectores de esos tipos penales, que son ocultar y conservar cadáveres. En el primero de los ilícitos, porque el Crematorio Plenitud contaba con los permisos de funcionamiento, aunque al menos uno de ellos estaba vencido, y en el segundo delito porque los cuerpos estaban embalsamados.
Con base a eso, el juzgador de Distrito consideró que los hechos constituyen faltas administrativas.
Al respecto Jauregui Moreno dijo, en la conferencia de prensa, que los verbos rectores de esos delitos son ocultar y conservar, y si se configuran en el caso del Crematorio Plenitud, tan es así, afirmó, que jueces locales emitieron órdenes de aprehensión, autos de vinculación a proceso e impusieron a los dos sospechosos la medida cautelar de prisión preventiva.
El fiscal aseguró que la resolución del juez federal está equivocada y que el resolutor no valoró de forma correcta todos los datos de prueba que presentó el Ministerio Público.
“Desde nuestro punto de vista esta resolución no hace ninguna valoración de todo lo que se encontró en este asunto. No es posible que hable el juez que no hay ocultamiento, no hay conservación cuando se entregaron cenizas falsas a varias familias, ese es un dolo evidente porque ahí no hay error, es dolo evidente, es decir, sé que no te estoy entregando los restos en cenizas de la persona que viniste a que te prestara el servicio, pero te voy a engañar, te los voy a dar a efectos de yo poder no cumplir con mi trabajo y tener apilado este centro, incluso que ulterior propósito tenía la conservación de los cadáveres ahí”, indicó el fiscal.
Por su parte, el abogado del dueño del Crematorio Plenitud, dijo que en la formulación de cargos el ministerio público no hizo ninguna referencia a las cenizas.
En la rueda de prensa el el fiscal Jauregui declaró que más allá de las consideraciones jurídicas y técnicas, se debe sancionar lo ocurrido en el Crematorio Plenitud para que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en Ciudad Juárez, ni en el país, agregando que frente a resoluciones así, los ciudadanos dejan de creer en el sistema de justicia.
Jauregui Moreno, señaló que la ley les da 10 días para presentar el recurso de revisión y la autoridad federal podría tardar unos seis meses en emitir una resolución.
El abogado del Estado hizo referencia a una negativa de amparo que se había emitido en el mismo Juzgado Séptimo de Distrito por parte de la anterior titular, al dueño del Crematorio, para cuestionar porque el juez federal Luis Eduardo Rivas Martínez si otorgó la protección de la justicia federal
“Es un cambio radical de criterio en el juzgado”, dijo.
“Coespris sigue bajo investigación”: Jauregui
Con relación a una posible responsabilidad de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en este caso, el fiscal general aseguró que la Secretaría de la Función Pública sigue aún investigando.
Respecto a las demandas de los familiares de las víctimas, quienes emitieron posicionamientos separados y dirigidos a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para denunciar que el amparo otorgado al empresario los coloca en un estado de indefensión y en un absoluto abandono judicial, Jauregui Moreno dijo que están en su derecho y que hay otras familias que han ido a agradecerles su trabajo.
El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas defendió el trabajo que ha realizado la Fiscalía. Aseguró que en el caso del crematorio intervienen 15 agentes del ministerio público, con un trabajo profesional, y señaló que el juez federal que otorgó el amparo nunca cuestionó lo que ellos han hecho.
Sin embargo, Salas ha sido cuestionado por familiares de víctimas e integrantes del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, quienes incluso pidieron su renuncia en un posicionamiento público.
Sobre esto, el funcionario solo respondió que algunas personas que integran los colectivos no son familiares de las víctimas del Crematorio Plenitud.
Con relación a la demanda de los deudos de que la Federación atraiga el caso, Salas respondió “el caso siempre ha estado abierto, la Fiscalía General de la República no obstante que hay un delito federal, que está contemplado en la Ley General de Salud nunca lo ha querido atraer, en el momento que ellos lo atraigan pues encantados, estamos listos para entregar”.
Faltan por identificar 195 cuerpos
En la conferencia, la autoridad estatal informó que a la fecha se han identificado 191 cuerpos, sin errores y con prueba de ADN, y se han liberado 187 cadáveres.
De estos datos se desprende que 195 cadáveres se mantienen aún sin identidad.
El fiscal Jauregui Moreno sostuvo una reunión privada con los familiares de las personas cuyos cuerpos se hallaron en el crematorio, al término de la conferencia de prensa en la Fiscalía en Ciudad Juárez. A los afectados se les permitió el ingreso en grupos de 10, lo que generó molestia.
Esta nota se publicó originalmente en La Verdad.
Relacionado
El comercio en Little Village, un vecindario de Chicago conocido como el “México del Medio Oeste”, está de capa caída tras semanas de un intenso operativo de la agencia migratoria de EE.UU.
Durante las últimas semanas, todos los ojos han estado puestos en Mineápolis, Minesota, donde la furia pública por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) generó una oleada de disturbios en la ciudad.
El presidente Donald Trump se comprometió a “reducir la intensidad” de la situación y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, declaró este jueves el fin del operativo en el estado.
Chicago ya ha visto una leve disminución en el envío de más agentes migratorios y de sus medidas severas en las calles.
La llamada Operación Midway Blitz se lanzó en septiembre contra lo que el gobierno de Trump llamó “inmigrantes ilegales criminales” y alcanzó su auge en las semanas siguientes.
Desde entonces, Chicago y específicamente sus vecindarios hispanos, han tenido que ajustarse a la nueva normalidad.
En el sector Little Village, La Villita, el temor a las redadas ha causado que la gente no salga de casa, convirtiendo a uno de los núcleos económicos clave de Chicago en algo parecido a un pueblo fantasma, dicen los comerciantes y funcionarios de la ciudad.
“El comercio ha caído a la mitad durante la semana, algunas veces menos que eso. La gente no quiere gastar dinero”, afirma Carlos Macías, dueño de una tienda y restaurante Carnicería y Taquería Aguascalientes, que su padre abrió hace 50 años en la calle 26, la principal avenida.
Macías recuerda cómo una redada en su propio negocio propagó el miedo entre la comunidad. Los agentes escondían sus caras con pasamontañas, cuenta, y algunos portaban rifles mientras otros tenían pistolas en sus cartucheras.
Mientras se movían por el lugar, hicieron una barrida visual del espacio, mirando directamente a los ojos de los empleados y la clientela, algunas personas se agacharon bajo las mesas, recuerda, y otras empezaron a llorar. Otros corrieron hacia la parte de atrás del edificio, sin estar seguros de las intenciones de los agentes. Con la creciente tensión, Macías intervino.
“Esta es mi propiedad”, les dijo Macías. “No tienen permiso para estar aquí”.
Sus palabras tuvieron poco efecto. El incidente sigue grabado en su mente y cree que es una de las razones de la caída en el negocio.
Pero, aunque las redadas pueden provocar que la gente se quede en casa, Trump asegura que son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Interna afirma que lanzó la Operación Midway Blitz en honor a Katie Abraham, una estudiante de 20 años que murió atropellada por un inmigrante ilegal ebrio guatemalteco que se fugó.
La agencia asegura que más de 800 inmigrantes indocumentados han sido arrestados, incluyendo agresores sexuales, ladrones, asesinos y pandilleros.
Sin embargo, los expedientes de los tribunales federales divulgados en noviembre registraron que un número alto de los detenidos no eran considerados un riesgo significativo para el público.
La contracción en Little Village está teniendo repercusiones en la economía más amplia de la ciudad, señalan los funcionarios.
El corredor de tres kilómetros es uno de los núcleos económicos clave de Chicago, que genera uno de los recaudos impositivos más altos por fuera de la llamada Magnificent Mile (Milla Magnífica) en el centro.
Y, contrario a las elegantes boutiques y tiendas de marca internacional que salpican esa zona élite en la Avenida Michigan Norte, esta calle atraviesa lo que es predominantemente un vecindario hispano.
Los negocios son propiedad de los lugareños y sirven principalmente una comunidad latina, la clientela de base que muchos dicen se está quedando de puertas adentro por el miedo.
El concejal Michael Rodríguez declara que ha recibido informes de los restaurantes y expendios de comida locales que las ventas han caído hasta 60%. Una tienda local de teléfonos celulares no registró una sola venta durante un período de dos semanas, dice.
“Desde que el presidente Trump ha estado en el poder, hemos notado un importante traspié en los días subsiguientes en enero y febrero”, expresó Rodríguez.
“Cualquier impacto perjudicial en el entorno comercial de la calle 26 tiene un efecto negativo en la región”.
Pero algunos líderes políticos apoyan el plan de deportación de Trump, que fue una política central de su campaña electoral en 2024.
“Me encanta lo que está haciendo”, dice Lupe Castillo, una residente de Little Village y candidata republicana al Congreso por el 4to Distrito de Illinois.
“Me da lástima que haya llegado a esto, pero es la culpa de los demócratas. Este país tiene reglas. Puedes entrar, pero hazlo de la forma correcta. Así te puedes quedar aquí y buscar la vida que quieres”.
Castillo, que ha vivido en Little Village durante más de 40 años, afirma que esta es la primera vez que ha visto agentes federales en el vecindario, pero los residentes deberían continuar apoyando a los negocios locales.
“Simplemente no llames mucho la atención”, aconseja. “Yo conozco a estas personas del vecindario, no son malas, así que, ¿por qué deberían tener miedo? Sólo están buscando a los malos”.
El concejal Rodríguez señala que unos pocos negocios se han mantenido estables durante este período de incertidumbre, como algunas tiendas de comestibles selectas. Sin embargo, como un residente de Little Village de toda la vida, asegura que nunca ha visto algo así.
“Por primera vez en mi vida teníamos estacionamiento público disponible a lo largo de la calle 26”, dice Rodríguez. “A la hora del almuerzo, cuando nuestros restaurantes típicamente están llenos, veíamos restaurantes vacíos. Incluso durante la pandemia parecía que éramos más resilientes”.
En respuesta a las redadas migratorias, la ciudad de Chicago ha lanzado un programa de apoyo a los negocios locales que se han visto afectados. Ana Valencia, secretaria municipal de Chicago, introdujo la iniciativa llamada Shopping in Solidarity (Compras en solidaridad) para instar a los residentes, y los habitantes de toda la ciudad, a comprar localmente y apoyar a sus vecinos.
“Creo que los chicaguenses han encontrado la manera de unirse durante estas crisis”, expresa Valencia. “Lo que me derrite el corazón es ver a la gente venir aquí y ver lo vibrante que es el vecindario”.
A pesar de estos esfuerzos, el resultado de la diminución de tráfico peatonal se está sintiendo en todo el corredor, aún en restaurantes de larga data como la Taquería Los Comales, un lugar emblemático de Little Village por más de cinco décadas.
Aunque la Cámara de Comercio de Little Village no tiene datos de las ventas diarias en el vecindario, Christina González, miembro de la junta y dueña de la Taquería Los Comales, indica que las ventas de muchas tiendas han caído entre 30% y 60%. Dice que ella misma se ha visto forzada a recortar las horas de trabajo de sus empleados.
“No necesitamos 10 mesera sirviendo cuatro mesas”, explica González. “Simplemente no tiene sentido”.
La mayoría de los empleados son contratados localmente, añade, porque los residentes tienden a buscar empleo cerca de casa.
“La comunidad depende de estos pequeños negocios para el empleo y los ingresos”, cuenta González. “Si no tienen las horas para sostener eso, entonces no están percibiendo los ingresos que necesitan y empiezan a prescindir de otros lujos”.
Aunque todavía es muy temprano para conocer la totalidad del impacto económico a nivel nacional, los economistas advierten que las deportaciones masivas podrían perjudicar el PIB, ya que muchos migrantes trabajan en los sectores de la agricultura, construcción y manufactura.
Un informe de 2024 del Instituto Peterson para la Economía Internacional, un centro de análisis independiente arguyó que las deportaciones masivas podrían reducir el PIB en 7% en el curso de tres años.
Igualmente, un informe de 2024 de la Comisión Económica Conjunta del Congreso encontró que, dependiendo de la magnitud de las deportaciones, los precios podrían subir hasta en 9,1% para 2028.
No obstante, los adeptos de las políticas del presidente han sostenido que la inmigración descontrolada costaría más al fin de cuentas, incluso aplicándoles presión a los servicios públicos.
En 2024, el Centro de Estudios Migratorios, un centro de análisis que aboga por niveles menores de inmigración, declaró en un testimonio ante el Congreso que una vida de fuga fiscal (impuestos pagados menos los costos) por cada inmigrante ilegal era de unos US$68.000.
Mientras los economistas y los políticos debaten las cifras, para Gonzáles y sus empleados la preocupación es más inmediata: cómo mantener las luces encendidas y la comida en la mesa.
Adolfo Peña, dueño de la Zapatería Linda’s, revela que sus ingresos han caído por lo menos a la mitad desde que Trump asumió el poder. El declive ha sido particularmente difícil para él. Votó por Trump en las pasadas elecciones y Peña describe el resultado como una amarga desilusión.
“Esto es lo peor que nos ha pasado”, manifiesta. “Desafortunadamente, voté por él. Eso es lo que más me duele. Tenía confianza en que iba a cambiar las cosas”.
Peña confesó que parte de su decisión de votar por Trump fue motivada por su frustración con la política fronteriza de Joe Biden. Durante la presidencia de Biden, Chicago experimentó un aumento en el número de migrantes, con la ciudad recibiendo más de 51.000 llegados de la frontera sur de EE.UU.
Little Village se convirtió en un punto de entrada clave, con uno de los mayores refugios en la región que albergaba 220 personas a comienzos de 2024.
La victoria electoral de Trump en 2024 fue impulsada por un aumento en el apoyo de los votantes latinos como Peña, que estaban preocupados por la economía con la carga de la inmigración indocumentada.
Pero desde que Trump asumió el cargo, Peña señala que sus utilidades netas han sufrido más, primero cuando impuso aranceles a múltiples países, incluyendo algunos de sus proveedores, y luego durante la Operación Midway Blitz.
“Cuando se presentó este problema con ICE, todo el mundo desapareció”, lamenta.
En el Pollo Feliz, otro restaurante del vecindario, Marya trabaja detrás de la caja registradora y confirma que ha visto el tráfico peatonal disminuir. Los que entran al restaurante ordenan para llevar.
“Los que vienen son los que tienen papeles”, comenta Marya, que no quiso dar su apellido. “Antes, la gente solía venir de lejos. Desde que los agentes de inmigración están aquí, eso ya no sucede más”.
Marya afirma que entiende ese miedo. Ha sido testigo de los agentes migratorios deteniendo vendedores ambulantes comerciando tamales, chicharrones y empanadas. También recuerda detectándolos temprano en la mañana en vehículos con vidrios ahumados, algunos con sus caras cubiertas y rifles expuestos.
Rodríguez, el político local, dice que el número de vendedores ambulantes no es el mismo. Antes, varios vendedores de comida llegaban temprano a asegurar sus puestos en las esquinas, con los clientes ya esperando en fila antes de que los puestos terminaran de instalarse. En los meses más cálidos, casi todas las esquinas de la calle 26 estaban ocupadas.
Ese ajetreo ha desaparecido desde entonces. Algunos comerciantes dejaron de vender comida por completo, y las esquinas que solían estar repletas ahora lucen vacías.
“Los vendedores callejeros, que pueden no tener un estatus de documentación formal en nuestro país, me han manifestado su preocupación no sólo de perder su sustento, sino de ser separados a la fuerza de sus familias”, cuenta. “Tienen miedo de que sus hijos no tendrán a sus padres a la mesa”.
Edwin y Luna, que venden huevos en una de las esquinas de la calle 26, expresan que los vendedores ambulantes salen menos y por períodos más cortos.
“No quieren salir”, afirman. “Nosotros no estamos asustados, pero al mismo tiempo, sí lo estamos. No respetan que seas de aquí. No les importa”.
ICE podría incrementar sus redadas en todo Estados Unidos en los próximos meses.
El gobierno de Trump planea emplear miles de agentes más, abrir nuevos centros de detención y trabajar con compañías privadas para localizar personas sin estatus migratorio legal. El Congreso también aprobó US$170.000 millones de financiación para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta septiembre 2029.
Para los residentes de Little Village, el temor de ICE está siempre presente.
Determina quién sale, quién trabaja y quién compra. A pesar de la incertidumbre, las familias, los negocios y los miembros de la comunidad mantienen su decisión de adaptarse y perseverar en esta nueva normalidad.
Imágenes adicionales de Google Street View
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Qué es y qué poderes tiene ICE, la agencia de EE.UU. encargada de la deportación masiva de migrantes que impulsa el gobierno de Trump
- Por qué Trump eligió Minesota para su mayor despliegue de agentes migratorios en EE.UU.
- Trump autoriza el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en Chicago
