
Habitantes del poblado Puerto Las Ollas en el municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, Guerrero, denunciaron el abandono de fuerzas de seguridad, las cuales llegaron este martes luego de tres días de estar pidiendo ayuda ante el asedio de civiles armados, presuntos miembros de grupos criminales.
“A quien corresponda, les suplicamos y solicitamos la ayuda de derechos humanos porque el gobierno que mandaron es poquito (…) llevamos tres días pidiéndoles apoyo y apenas llegaron ayer y ya se quieren ir”, reclamó una adulta mayor en un video difundido en redes y a medios de comunicación, en el cual aparece rodeada de otras mujeres y niños.
En el video, la ciudadana señala que solo llegaron dos patrullas del Ejército y dos de la Guardia Nacional, de las cuales dos ya se habían retirado, por lo que piden que en la zona se instale “un plantel del gobierno” sino los grupos criminales van a “acabar con toda la gente”.
También alertaron que los delincuentes quemaron las casas en su poblado y que presuntamente ya se apropiaron de los pueblos Balcón del Ejido y Soledad de la Palma, pertenecientes al municipio de Zihuatanejo pero que colindan con Puerto Las Ollas.
Álvaro García, comisario del ejido Los Fresnos, al cual pertenece Puerto de las Ollas, confirmó en entrevista con Milenio que la presencia de autoridades en la zona es mínima por lo que exigió la instalación de una base del gobierno.

De igual manera señaló que las amenazas de los cárteles comenzaron hace aproximadamente un mes, pero apenas este fin de semana se intensificaron los hechos de violencia.
Aunque desde hace varios días los habitantes de Puerto Las Ollas y Zihuaquio, en Coyuca de Catalán, y comunidades del municipio de Zirándaro, denunciaron enfrentamientos entre miembros de La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violencia en la zona no es reciente.
Esta disputa territorial entre los grupos criminales ha provocado el desplazamiento forzado de pobladores, escasez de alimentos, el cierre de escuelas y el corte de energía eléctrica, y también se reportó la desaparición de dos menores de edad por lo que exigen la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado.
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A pesar de las denuncias de pobladores de varias comunidades de la región de Tierra Caliente de Guerrero sobre la ausencia de seguridad ante el asedio de grupos criminales, autoridades federales y estatales aseguran que hay presencia de elementos.
Francisco Rodrígue Cisernos, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, aseguró que desde los primeros reportes de ataques en Coyuca de Catalán se instaló una base de operaciones y que, con corte al lunes 9, no se habían registrado agresiones ni personas heridas.

En tanto la Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo este martes que “se mantienen de manera permanente las labores de vigilancia, proximidad social y atención ciudadana en comunidades de la zona serrana de la región Costa Grande y Tierra Caliente”, en particular en el poblado de Puerto Las Ollas.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también aseguró que en la sierra de Coyuca hay presencia elementos y que desde hace una semana se reforzó la seguridad, mientras que el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, detalló que en el estado hay 9 mil 912 elementos militares, 3 mil 277 del Ejército y 6 mil 635 de la Guardia Nacional.
Con información de El Sur.

La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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