En la casa de doña Esther, en el barrio San Francisco de Pijijiapan, hay una estatuita de la virgen de Guadalupe y un perro que no para de ladrar.
Una hamaca cuelga en el medio de su cuarto de paredes fuertes: son de blocks con zapatas, para aguantar las vibraciones del tren de carga que, hasta hace unos 20 años, pasaba una vez al día en las vías que corren a lado de su casa.
Es en este hogar que Esther lleva 30 años viviendo y mirando a sus hijos crecer.
“Vamos a llorar todos cuando tiren nuestras casas, que son un patrimonio que hicimos para nuestros hijos. Además, uno de ellos aquí tiene un horno para hacer pan y es su única fuente de trabajo”, dice Esther.
“Hay vecinos de la tercera edad, siento que les va a dar un paro al ver que están demoliendo sus casas. La gente ya se está enfermando”.
Fue en marzo de 2023 cuando la gente de Pijijiapan se enteró de que este poblado de la región Costa de Chiapas iba a ser cruzado por una de las tres líneas férreas previstas por el megaproyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: el Ferrocarril K, que en agosto pasado la Secretaría de Marina (SEMAR) empezó a construir entre Ixtepec (Oaxaca) y la frontera con Guatemala, y que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador estará listo para finales de agosto de 2024.
Se trata de una línea de 450 kilómetros que se conecta con el ferrocarril centroamericano e implica la rehabilitación de las vías que existen desde principios del siglo pasado.
No fue esta la forma en que, durante su primera reunión, las autoridades presentaron el proyecto a los centenares de familias afectadas de Pijijiapan.
“Va a llegar el Tren Maya”, les dijeron y advirtieron que las obras de rehabilitación implicaban la demolición de todo lo que se encontraba a quince metros de las vías, en ambos sentidos.
Esto, a pesar de que la mayoría de los vecinos tienen títulos de propiedad y llevan décadas pagando predial.
Fue durante la segunda reunión, meses después, que el presidente municipal Carlos Alberto Albores Lima subió el tono.
“Dijo que ya es un hecho, que tenemos que desalojar, que el tren va a pasar, queramos o no”, recuerda Esther. La presencia en la reunión de hombres uniformados de la SEMAR y de la Guardia Nacional volvían las palabras del alcalde especialmente aterradoras.
A las familias que viven a lo largo del derecho de vía del Ferrocarril K, que en la última reunión ha sido restringido a diez metros, el gobierno ofrece 6 mil pesos con el compromiso de desocupar sus casas y, una vez desalojadas, pueden cobrar otros 30 mil pesos que usarán para rentar una nueva casa, en espera de que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) los reubique.
Esto ocurre no sólo en Pijijiapan, sino a lo largo de toda la región Costa y Soconusco de Chiapas, donde en algunos tramos ya se realizó el desmonte y la demolición de viviendas. En poblados como Huixtla, las familias afectadas se movilizaron y están determinadas a luchar para no ser desplazadas de sus casas.
“El presidente municipal de Pijijiapan nos dijo que nos iban a reubicar en un terreno que se llama Santa Rosa, que es donde desemboca el drenaje y apesta mucho”, dice Esther.
“Fue allí cuando nos organizamos y un grupo fue a CDMX, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca los recibió”.
Asomada a la puerta de la casa de doña Esther, una vecina dice que con los 36 mil pesos que el gobierno ofrece no se alcanza a cubrir ni un año de renta, y que no cree en las promesas de reubicación.
Otra llora al recordar cuando, hace más de cincuenta años, compró su terreno a un lado de las vías e iba con su cubeta a vender agua de coco a los pasajeros de los dos trenes que pasaban por aquí: el Pollero y el Panamericano.
“Entonces era puro monte, nada más había iguanas”, recuerda la mujer. “Me costó mucho esfuerzo comprar este terreno y pagar el predial cada año, ¿qué voy a hacer cuando me digan de desocupar mi casa? ¿Y si luego no me reubican?”.
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El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec contempla también la más conocida línea férrea Z, que se inaugurará el 22 de diciembre y va de Salina Cruz a Medias Aguas, a 100 km de Coatzacoalcos.
Se trata de un ferrocarril que permite el transporte de mercancías entre los dos puertos istmeños y una conexión seca entre océanos, que algunas empresas podrían preferir al Canal de Panamá.
El megaproyecto prevé además la construcción del Ferrocarril FA, que tendrá un ramal hacia la refinaría Dos Bocas y enlazará Coatzacoalcos con Palenque, en Chiapas, donde llegará también el Tren Maya.
De acuerdo con el general Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa Tren Maya, allí se instalará un patio de cambio para conectar el ferrocarril peninsular con el Transístmico.
Palenque funcionará entonces como gozne (bisagra) entre los dos megaproyectos que, como se puede apreciar mirando a un mapa de sus trazados, en la práctica son una única línea férrea que corresponde a lo que anteriormente era el Ferrocarril del Istmo (FIT).
Es decir, un tren de carga podría viajar de la península de Yucatán a Coatzacoalcos, cruzar el istmo hasta Salina Cruz y de allí seguir hasta Centroamérica.
Palenque recibe también otra obra de infraestructura que es colateral al megaproyecto: la Carretera de las Culturas, que lleva hasta Pijijiapan y ha costado la cárcel a un grupo de opositores, sentenciados por haber asesinado a un policía en un proceso con muchas anomalías.
“No se trata sólo del tren, se trata de un plan de ordenamiento territorial funcional al despojo de la tierra que hemos sembrado y cuidado, de nuestras casas, de nuestro territorio y memoria ancestral”, afirma Paulette Hernández Núñez del Consejo Autónomo de la Costa de Chiapas.
“Aquí tenemos todo lo que nos hace falta: los productos del campo, el pescado. No necesitamos este tren de comercialización que nos trae plazas y grandes empresas como Walmart. Hace unos veinte años se hablaba del Plan Puebla Panamá (PPP) y es justamente ese mismo modelo capitalista”.
La creación de una red de infraestructura mesoamericana es un sueño que López Obrador heredó de las pasadas administraciones.
Proyectos como el Plan Puebla Panamá de Vicente Fox o el Proyecto Mesoamérica del sexenio de Felipe Calderón también contemplaban inversiones en red eléctrica, gasoductos, carreteras y líneas ferroviarias para conectar México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).
La misma propuesta viene también de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que en 2020 presentó el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI) , donde considera prioritarias las mismas obras contempladas por el Corredor Interoceánico, como la conectividad ferroviaria mesoamericana y la construcción de un gasoducto de 600 km para transportar gas natural de Estados Unidos a Centroamérica.
Este gasoducto ya está contemplado por el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024 y correrá de Ixtepec a Tapachula a lado del Ferrocarril K.
Está a cargo de la empresa Rassini, se llama gasoducto Prosperidad y, de la misma forma que la línea de ferrocarril, en Oaxaca se conectará con otro ducto que va de una costa a la otra del Istmo de Tehuantepec.
El Ferrocarril K tendrá también una bifurcación llamada Línea KA, que de Tapachula irá a Puerto Chiapas, muelle que está siendo renovado y ampliado. Su vocación al servicio del extractivismo minero queda explicita en el Plan Maestro del API Puerto Chiapas: “Puerto Chiapas tiene como deseo estar a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene por los próximos veinte años, para el abastecimiento de minerales en el sureste asiático”.
Con el pretexto de contener la entrada de migrantes a este territorio fronterizo, las regiones Costa y Soconusco de Chiapas están militarizadas: en los diez municipios que cruzará la línea férrea K hay tres cuarteles de la Guardia Nacional y uno más está en marcha.
Además, en la carretera federal brotan los retenes: durante nuestro recorrido encontramos cuatro a lo largo de los ochenta kilómetros que dividen Pijijiapan de Tonalá, donde recién se demolió la estación de ferrocarril para construir una nueva.
La SEMAR ya tiene unos 1500 elementos desplegados en Chiapas y la Línea Férrea K está trayendo todavía más militares.
En la comunidad de Joaquín Amaro, una camioneta de marinos está estacionada a lado del lugar donde surgirá la estación del ferrocarril.
Allí, hace un par de semanas empezaron las obras: las plantas y árboles que ocupaban el derecho de vía han sido talados, los antiguos rieles fueron removidos.
Las excavadoras y los camiones de volteo de la SEMAR trabajan a pleno ritmo a un paso de la casa de doña Beatriz.
“No me prometieron dinero, nada más me dijeron que me iban a reubicar mi casita aquí a un lado”, dice la mujer al mostrar la vivienda que el mismo gobierno construyó hace más de dos décadas a pocos metros de las vías.
Algunas casas de Joaquín Amaro ya han sido demolidas.
Un día de octubre, Dulce Karen amaneció con el sonido de las excavadoras tirando su barda y sus árboles de coco.
Le dijeron que iban a regresar para demoler también su casa, sin informarle de quién era la orden, que fue ejecutada unas semanas después.
La joven, madre soltera de cinco hijos, firmó un documento del que no tiene copia ni mucha claridad sobre su contenido. Ya recibió su tarjeta con 36 mil pesos y la promesa de ser reubicada.
“El día en que vinieron yo no estaba, pero a una vecina le dijeron que en junio o julio estarán nuestras casas, sin dar más detalles. ¿Cómo voy a estar contenta con este arreglo? Yo no quería dinero sino mi casita, me costó dinero y esfuerzos y me dio mucha tristeza cuando la tiraron”, dice Dulce Karen, que ahora vive con sus hijos en un cuarto en casa de su madre.
Figura clave del ala progresista demócrata, Newsom ha convertido a California en el principal bastión de oposición a las políticas de Trump, con quien mantiene un tenso pulso en torno a las protestas en Los Ángeles.
“Es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.
Así definió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas federales en Los Ángeles sin su autorización.
Ante las crecientes protestas contra las redadas migratorias, el gobierno de Trump envió 700 marines y duplicó a 4.000 el número de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Los Ángeles, lo que desató una fuerte respuesta del mandatario estatal.
Para Newsom, esto fue la realización de “la fantasía desquiciada de un presidente dictatorial” y anunció una demanda contra la Casa Blanca por violar la soberanía de California.
Este martes el político fue más allá y ofreció un discurso televisado en el que acusó a Trump de “avivar las llamas” de las protestas en su estado.
“Este descarado abuso de poder por parte de un presidente en funciones exacerbó la situación, poniendo en riesgo a nuestra gente, a nuestros oficiales e incluso a nuestra Guardia Nacional”, sostuvo.
Y agregó que el gobierno estadounidense debería enfocarse en detener la migración de personas con estatus irregular que han cometido delitos graves, no familias trabajadoras.
“Trump está desplegando una redada militar por todo Los Ángeles, mucho más allá de su intención declarada de perseguir a delincuentes violentos y peligrosos. Sus agentes están arrestando a personas que lavan platos, jardineros, jornaleros y costureras”, comentó.
“Eso es solo debilidad, debilidad disfrazada de fortaleza. El gobierno de Donald Trump no está protegiendo a nuestras comunidades. Las está traumatizando”, continuó.
Trump, por su parte, alegó que la ciudad se habría sumido en el caos de no ser por la intervención militar y sugirió que el gobernador debería ser arrestado por obstruir sus políticas migratorias.
En un discurso para conmemorar el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos, el presidente llamó “animales” y “enemigos extranjeros” a los manifestantes de Los Ángeles.
“No permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero. Eso es lo que son”, afirmó Trump en Fort Bragg.
Las protestas, que comenzaron tras una serie de agresivas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vecindarios latinos, se han extendido a otras ciudades y han dejado detenidos, deportaciones y enfrentamientos con las autoridades.
Y, además, han desatado un tenso pulso entre Newson, el gobernador del estado más rico y poblado de EE.UU., así como uno de los más progresistas, y Trump, el presidente que ha impuesto las políticas migratorias más estrictas de la historia reciente de Estados Unidos.
Pero, más allá de esta confrontación, ¿quién es Gavin Newsom, el demócrata que lidera California y una de las caras más visibles del progresismo en el país norteamericano?
Padre de 4 hijos en dos matrimonios, Gavin Newsom es un político forjado en las élites del poder en California.
Nacido en San Francisco en 1967, proviene de una familia con conexiones en círculos influyentes del estado: su padre fue juez y abogado de la hoy extinta petrolera Getty Oil.
El propio Newsom recibió apoyo financiero del magnate Gordon Getty para fundar su primer negocio, una vinoteca llamada PlumpJack, que se transformó en un grupo con más de 700 empleados.
Su carrera política comenzó en 1996, cuando el entonces alcalde de San Francisco Willie Brown lo nombró comisionado de Tráfico y Estacionamiento.
Al año siguiente fue designado para ocupar un escaño en la Junta de Supervisores de San Francisco, donde se consolidó como un centrista con enfoque empresarial y promotor de iniciativas sobre transporte público, vivienda y asistencia a personas sin hogar.
Su propuesta más emblemática fue Care, Not Cash (“Asistencia en lugar de dinero”), que sustituyó subsidios monetarios por servicios y tratamiento para personas sin hogar, lo que redujo el número de beneficiarios de asistencia directa.
En 2004 fue elegido alcalde de San Francisco y ganó notoriedad al autorizar, en abierta transgresión de la ley estatal de aquel momento, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ese gesto lo catapultó como una de las principales figuras del ala progresista del Partido Demócrata.
Fue vicegobernador de California desde 2011 hasta 2019, cuando pasó a gobernar el estado tras ganar meses antes las elecciones.
Su perfil combina una narrativa personal de superación -de niño le diagnosticaron dislexia y asegura que aún la sufre- con un activismo político orientado a la defensa de los derechos civiles, la inclusión y políticas públicas de izquierda.
Al asumir en 2019 la gobernación de California, Gavin Newsom se puso al frente de un estado que, de ser un país independiente, ostentaría la cuarta economía del mundo, con un PIB que hoy supera los US$4,1 billones.
Su administración ha estado marcada por intensas reformas en salud, justicia, medio ambiente y derechos civiles, así como controversias que han desatado críticas tanto dentro como fuera de su partido.
En el ámbito migratorio su postura es abiertamente favorable a los inmigrantes: ha indultado a varios de ellos con antecedentes penales para evitar su deportación y ha denunciado públicamente las políticas federales de detención y deportación masiva.
Durante su mandato también ha impulsado medidas como la expansión de la cobertura médica estatal a migrantes indocumentados mayores de 50 años y, más recientemente, un plan para garantizar atención médica a todos los adultos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio.
Al margen de las políticas migratorias, destacó su aplicación de una moratoria a la pena de muerte, que suspendió las ejecuciones en el estado y cerró la cámara de inyección letal en San Quintín.
También ha impulsado reformas policiales, como la prohibición de técnicas de estrangulamiento y el aumento de la edad mínima para ingresar al cuerpo, además de leyes que obligan a los agentes a intervenir ante casos de fuerza excesiva.
En medio ambiente, Newsom ha decretado la obligación de cero emisiones para todos los vehículos nuevos vendidos en el estado a partir de 2035, y ha aprobado regulaciones para frenar la extracción de petróleo y fomentar el desarrollo de energías limpias.
Su gestión ha enfrentado críticas por la persistente crisis de vivienda y el aumento del número de personas sin hogar, que en 2023 superó las 181.000, así como la creciente inseguridad en las calles de las principales ciudades californianas.
También fue cuestionado por la lentitud en la vacunación contra la covid-19, el fraude millonario en el sistema de desempleo durante la pandemia y acusaciones de trato favorable a donantes en decisiones legislativas.
En 2021 superó ampliamente un intento de destitución.
Newsom volvió a estar en el centro de las críticas a principios de este año tras una feroz ola de incendios forestales que afectó a zonas densamente pobladas de California entre enero y febrero.
Los incendios dejaron más de 30 muertos y forzaron la evacuación de al menos 200.000 personas.
Aunque decretó el estado de emergencia y anunció un fondo de recuperación de US$2.500 millones, residentes afectados y líderes republicanos cuestionaron la lentitud en desplegar recursos para combatir las llamas y una falta de anticipación.
El gobernador defendió su actuación y respondió endureciendo las regulaciones para nuevas construcciones en areas de alto riesgo, además de eliminar trámites burocráticos para agilizar la reconstrucción.
“No estoy aquí para jugar a la política”, declaró Newsom ante las acusaciones.
Bajo el liderazgo de Gavin Newsom, California se ha consolidado como el principal contrapeso político al trumpismo en Estados Unidos.
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobernador ha reforzado el carácter de su estado como bastión progresista frente a las políticas federales conservadoras.
“Esto no se trata de seguridad. Se trata de alimentar el ego de un presidente peligroso”, escribió Newsom sobre Trump en la red social X tras el envío de tropas federales a Los Ángeles.
California también ha sido el epicentro de la resistencia a las decisiones del gobierno federal en temas como inmigración, cambio climático, aborto, cannabis y control de armas.
El propio Newsom ha señalado que busca proteger las políticas estatales progresistas ante lo que considera retrocesos impulsados por Washington.
Tras la victoria electoral de Trump en 2024, anunció que convocaría a los legisladores estatales “para blindar las leyes de California”.
Aunque reiteró públicamente que no competiría por la presidencia en 2024 -y respaldó tanto a Joe Biden como a Kamala Harris- su nombre figura con frecuencia entre los posibles aspirantes demócratas para 2028.
En julio de 2024, lanzó el podcast Politickin’ y en noviembre debatió con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un encuentro moderado por Fox News.
Aunque varios analistas lo mencionan como un posible candidato presidencial en 2028, por ahora Newsom mantiene que su prioridad es gobernar California.
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