Asesinan al secretario de Seguridad de Berriozábal, Chiapas, había sido secuestrado
Para entender mejor
El secretario de Seguridad de Berriozábal, en el estado Chiapas, Germán Alegría Estrada, fue localizado sin vida en Tuxtla Gutiérrez, tras haberse reportado su secuestro un día antes.
También fueron asesinados su chofer y el secretario particular del funcionario.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGEC) abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de tres cuerpos al interior de un vehículo tipo BMW, tipo X4 en la colonia Moctezuma, aunque no revelaron las identidades. El reporte fue recibido este sábado por la mañana.
“La FGE, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, dio inicio a las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres personas al interior de un vehículo en la colonia Moctezuma de Tuxtla Gutiérrez”, señala el comunicado.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les realizará la necropsia de ley para determinar las causas de muerte.
A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Berriozábal lamentó la muerte de Germán Alegría Estrada, Rafael Martín Vázquez Pérez y Uliser Gómez de la Cruz y publicó esquelas con condolencias a las familias de sus colaboradores.
Apenas el viernes 23 de febrero Germán Alegría Estrada fue reportado como secuestrado junto con su chofer y su secretario particular, confirmó la Fiscalía del estado.
La Policía Municipal de Berriozábal reportó el hecho a la Fiscalía este viernes 23 de febrero, por lo que la dependencia desplegó a elementos del Grupo Interinstitucional para encontrar a las víctimas.
Violencia en Chiapas
El 21 de febrero un grupo de 30 personas incendiaron y dañaron las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). El edificio, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, había sido atacado en 2021 y 2023.
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma lo contrario, la violencia en Chiapas se ha incrementado.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta noviembre de 2023 ocurrieron al menos 457 homicidios dolosos en Chiapas. Estos datos representan un incremento del 17% respecto a 2022.
La violencia e inseguridad han provocado el desplazamiento de algunas comunidades rurales en el estado. En el municipio de Chicomuselo, al menos 3 mil 780 personas tuvieron que mudarse.
Sin embargo, la cifra podría llegar a los 5 mil si se suman Socoltenango y la Concordia, zonas sur y sierra de Chiapas. A pesar de esto, el presidente consideró que la cifra “no era significativa” y los calificó de “muy pocos”.
En otro caso, en junio de 2023 secuestraron a 16 de trabajadores de Seguridad de Chiapas en Ocozocoautla, municipio cercano a Berriozábal. En un video difundido por un automovilista se observa cómo los trabajadores fueron bajados a la fuerza del autobús de la dependencia por personas que viajaban en dos camionetas.
Los trabajadores fueron liberados tres días después y llegaron por su propio pie hasta las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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