Para Natalia, que en este momento está embarazada, el tema de la lactancia debe dejar de considerarse tabú en México, pues es un proceso beneficioso para todas las mujeres que acaban de convertirse en madres.
Aseguró que el 71 % de las empresas en México no ofrecen ningún tipo de sensibilización.
“El no tener estas salas y una cultura en lactancia empuja a las mujeres a abandonar sus empleos lo que aumenta la brecha de género en materia laboral y hace que se pierda el talento femenino”, destacó Natalia.
En ese sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de CDMX, Patricia Urriza, propuso una iniciativa para que, en edificios de gobierno, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal y escuelas se cuente con un lugar para que madres en lactancia puedan realizar dicha actividad con discreción.
En conferencia de prensa, Urriza precisó que la propuesta legislativa consiste en adicionar un tercer párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, pues se trata de un tema de salud infantil.
“Es un tema de salud de los infantes, porque están comprobados los beneficios al bebé de alimentarse con la lecha materna durante los primeros seis meses a un año de edad, pero esta actividad y su maternidad no debe de afectar el desarrollo de las mujeres que lo ejercen, su actividad económica o cotidianidad y por ello deben hacerlo en sitios adecuados, dignos y que no representen un riesgo para la lactancia”, señaló Urriza.
Zurishaday Hernández, quien fue madre, aseguró que tenía que pedir permiso para realizar dicha actividad.
Indicó que debe ser un derecho por lo que este “estigma debe quedar rebasado”.
“Se trata de tener un espacio cerrado, con puerta, sillas cómodas, mesa y un sistema de refrigeración para poder guardar la leche materna hasta nuestra salida del trabajo. Hemos hecho cálculos y es una erogación de 25 mil pesos para su instalación”.
Por su parte, el coordinador de MC, Royfid Torres, reiteró que la iniciativa tiene un doble sentido: visibilizar el derecho a la lactancia como una responsabilidad del estado debe asumir, pero también para generar estas condiciones ligadas a un sistema de cuidados, que hoy son una realidad y son fundamentales para que se redistribuya esta carga.
“Es nuestra responsabilidad como legisladores que esto pueda ocurrir, porque debe ser algo tan sencillo como acudir al sanitario, en donde no se pide autorización para ello y sólo acuden. Tenemos como ejemplo lo que pasa en el Congreso, que las personas deben trasladarse hasta 1 hora para poder realizar esta actividad”, señaló el legislador, comentó.
En octubre de 2023, el Senado aprobó con 81 votos a favor, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el periodo de lactancia de seis meses a dos años, a fin de garantizar el derecho humano a la maternidad en el ámbito laboral, evitar despidos de las mamás trabajadoras, así como ampliar los derechos que protegen a las y los niños, en materia de nutrición y alimentación.
En ese sentido, se amplió las garantías de las trabajadoras, además de que se regulan los derechos de parentalidad de mujeres y hombres, para reconocer la importancia compartida en el cuidado de los recién nacidos.
Por su parte, los patrones tienen que garantizar espacios dignos, adecuados, privados, higiénicos, dignos y accesibles, para la lactancia.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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