Detienen a presunto violador de niña de 12 años que esperó 11 días por un aborto en Jalisco
El presunto responsable de la agresión sexual en contra de una niña de 12 años de la comunidad Wixárika que permaneció 11 días a la espera de una interrupción del embarazo, ya fue detenido, informó la Fiscalía de Jalisco.
Se trata de José Luis C., identificado como el padre de la menor. Su captura fue posible luego de un operativo a cargo de agentes de la Fiscalía Especial Regional, señaló un comunicado.
De acuerdo con la fiscalía, las indagatorias sobre el caso comenzaron en febrero de este año, cuando los familiares de la niña, procedentes de la localidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, del municipio de Mezquitic, la llevaron a un centro de salud en Colotlán para que recibiera atención médica con motivo de la picadura de un alacrán.
“Durante su revisión, los médicos detectaron que la niña de 12 años de edad presentaba diagnóstico de violencia familiar sexual con embarazo confirmado, además de estrés postraumático”, detalló la fiscalía.
Por lo anterior, inició una carpeta de investigación de oficio y obtuvo pruebas que señalaban que la niña había sido agredida por su propio padre.
El presunto responsable fue puesto a disposición del juez de Control, quien se encargará de su situación jurídica.
Niña agredida por su padre esperó 11 días por un aborto
Luego de que los médicos detectaron el embarazo, la pequeña pasó 11 días internada en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Jalisco sin poder acceder a la interrupción del embarazo.
Su familia se trasladó a Guadalajara desde el interior del estado y pidió apoyo a las autoridades para que fuera atendida.
En ese momento, la pequeña tenía entre 25 y 27 semanas de gestación, es decir, estaba al inicio del tercer trimestre del embarazo. Las autoridades de Jalisco negaron tener personal capacitado para realizar el procedimiento en una persona con esas características.
Esto a pesar de que en Jalisco existe el Programa de Interrupción del Embarazo (Pile) desde el 2017, creado para realizar abortos a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación o solicitantes bajo la causal de riesgo a la salud —física o mental—.
En dicho programa no hay un límite de semanas de gestación para solicitar la interrupción del embarazo, por lo que las solicitantes pueden acudir en cualquier momento y su atención debe ser inmediata, según señala el protocolo oficial publicado por la Secretaría de Salud.
Además, el Código Penal del Estado de Jalisco, en sus artículos 227, 228 y 229, tampoco establece semanas límite para las solicitantes víctimas de violación.
El pasado 23 de abril, la menor fue trasladada a la Ciudad de México en compañía de un representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA) para que pudiera acceder al procedimiento.
La intervención se llevó a cabo sin ninguna complicación. Luego de esto, el gobierno de Jalisco se comprometió a otorgarle atención médica integral, acompañamiento y restitución de sus derechos.
La menor permanece bajo la custodia de su tío, pues se trata de la persona que dio parte a las autoridades del caso y fue la encargada de trasladarla desde la región Sierra Occidental de Jalisco, —a más de siete horas de la capital—, para solicitar la interrupción del embarazo.
Derechos de la niña fueron violentados
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) advirtió que la retención de la menor durante 11 días sin otorgarle atención implicó un acto de tortura.
“Aunque la autoridad en salud no quiera reconocerlo, esto constituye violaciones graves a los derechos humanos de la niña, que además ha sido víctima de violencia sexual”, enfatizó.
Durante su estadía en el hospital, el personal médico le ofreció a la menor realizar un eco “para escuchar el corazón del bebé” y “sugirió la posibilidad de dar en adopción como una mejor alternativa que la interrupción”, documentó Ddeser.
Tras el caso y el cambio de tutela de la niña, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del DIF estatal reconoció que 12 de los derechos de la menor fueron violentados, desde una vida libre de violencia y hasta la protección de la salud y seguridad social, y la asistencia social en condiciones vulnerables, por mencionar algunos.
La Procuraduría determinó que personal realizará de manera periódica visitas al domicilio de la menor, una psicóloga verificará su estado emocional, tendrá acceso a servicios médicos y la Secretaría de Educación de Jalisco la integrará al grado escolar correspondiente.
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La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
El caso contra Morales
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
Rivalidad con Arce
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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