A 6 años de la desaparición de Pamela Gallardo, familia denuncia a titular de la Comisión de Búsqueda CDMX
Para entender mejor
Este 5 de noviembre, se cumplieron 6 años de la desaparición forzada de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, joven de 23 años de edad que fue vista por última vez en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho-Ajusco en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX). Su familia protestó en las instalaciones de la Fiscalía capitalina y presentaron una denuncia contra varias autoridades, incluido el titular de la Comisión de Búsqueda local.
A partir de las 10 de la mañana de este lunes, los padres y hermanos de Pamela Gallardo, así como integrantes del colectivo Hasta Encontrarles CDMX, llegaron a las instalaciones de la Fiscalía capitalina en la calle Digna Ochoa, alcaldía Cuauhtémoc, para protestar por la falta de resultados en la búsqueda de la joven.
Incluida una denuncia que presentaron en asuntos internos de la Fiscalía General contra los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y de la Comisión de Búsqueda de la CDMX, por entorpecer el proceso y obstaculizar la búsqueda de Pamela.
2,190 días sin Pamela Gallardo, desaparecida en la CDMX
La familia de Pamela Gallardo lleva 6 años protestando para exigir la búsqueda y localización de la joven; en conferencia de prensa, explicaron que durante este tiempo, los encargados de la investigación les han planteado varias hipótesis pero ninguna con resultados.
“En estos dos mil 190 días, nos han dicho una infinidad de hipótesis, de desacuerdos, de inconsistencias y pues insistir a la fiscal que atienda peticiones familiares necesarias. Hemos pasado por más de tres fiscalías, infinidad fiscales, de ministerios públicos y policías de investigación con diferentes hipótesis pero sin resultado para la localización de Pamela”, dijo su hermano.
La madre de Pamela, María Volante, se dirigió al presidente López Obrador y le pidió pronunciarse por su caso pues le recordó que cuando inició su gobierno prometió atender a las madres buscadoras pero “seguimos caminando sin encontrarla”.
El abogado de la familia explicó que no se han agotado las líneas de investigación y que han registrado una serie de omisiones por parte de funcionarios de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda que han entorpecido la búsqueda de Pamela, por ello la denuncia.
Además, dijo que esta última dependencia sólo ha realizado dos búsquedas en campo, una en 2022 y una en mayo pasado, dos en 6 años, y que ninguna ha cumplido con los parámetros establecidos por la Ley General en materia de Desaparición de Personas.
La desaparición de Pamela
Pamela Gallardo fue desaparecida el 5 de noviembre de 2017 en el Ajusco, a la altura del kilómetro 13.5 tras acudir, en compañía de amigos y de quien era su novio, al festival de música “Soul Tech”.
Los pasados días 23 y 24 de mayo de 2023, su familia y autoridades realizaron una jornada de búsqueda en el Ajusco, que lograron tras varios meses de trámites burocráticos en la Comisión de Búsqueda.
Sin embargo, al realizarse esta jornada, la familia acusó “simulación” por parte de las autoridades pues no hubo organización: “no les importa, no necesitamos que les importe, pero ellos tienen un sueldo, trabajan para nosotros, trabajan para esto y siguen siendo omisos”, denunció su mamá en ese momento.
Cada año, su familia protesta ante las autoridades capitalinas para exigir que la joven sea buscada y que les presenten avances; incluso, su madre se ha unido a cientos de protestas contra la violencia hacia las mujeres.
En México, la cifra de personas desaparecidas aumenta día con día. Al 06 de noviembre de 2023, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 113 mil 074 desaparecidos en el país.
Relacionado
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
- “Es muy duro saber que corro el riesgo de volver a Venezuela por perder el TPS”: el migrante que huyó del Tren de Aragua y busca protección en EE.UU.
- “Estoy pensando en irme de EE.UU.”: la desesperanza de los migrantes que llegaron legalmente al país ante las restricciones impuestas ahora por Trump
- Los mapas que muestran en qué países de América Latina están los migrantes venezolanos, el mayor éxodo de la historia de la región
