Coordinadora de Opinión El Plumaje

Claudia Ramos

En el imaginario colectivo, la migración suele narrarse desde la tragedia o la amenaza. Sin embargo, este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, el lema “Mi gran historia: culturas y desarrollo” nos invita a cambiar el lente: a mirar la movilidad humana no como una crisis permanente, sino como un tejido vivo de dignidad, potencial y contribución social. Para que esa “gran historia” sea posible, es necesario reconocer también las brechas que aún interrumpen su escritura: desigualdad, exclusión y falta de acceso a derechos.
Para entenderlo, basta escuchar historias concretas. Mateo, un joven hondureño de 26 años que hoy vive en una zona periurbana de Guadalajara, no es solo una cifra en los registros migratorios. Es técnico en refrigeración y su trabajo sostiene pequeños comercios de su colonia. Sin embargo, su vida cotidiana está marcada por una intersección de vulnerabilidades: ser migrante, afrodescendiente y vivir en un proceso administrativo aún no resuelto.
Mateo salió de San Pedro Sula empujado por la violencia y la falta de oportunidades. Al llegar a México, encontró un obstáculo menos visible, pero determinante: la dificultad para acceder a la seguridad social. Cuando enfermó de dengue, no acudió a una institución pública, sino a un consultorio adyacente a la farmacia, pagando de su bolsillo un gasto que compite con las remesas que envía a su madre. Su experiencia refleja una paradoja frecuente: personas esenciales para la economía local, pero aún fuera de los sistemas de protección. Su &#8220;gran historia&#8221; de desarrollo se ve interrumpida por las brechas de inequidad que le niegan el derecho a pertenecer.
La historia de Mateo se multiplica a lo largo del continente. El panorama migratorio de 2025 muestra una región en transformación, pero también en tensión. De acuerdo con el <a href="https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2025-12/boletin-de-estadisticas-migratorias_ene_ago-2025_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">Boletín de Estadísticas Migratorias de la OIM</a> y la SEGOB, entre enero y agosto de este año México registró una reducción significativa del 86 % en eventos de personas en situación migratoria irregular respecto al mismo periodo de 2024. Pasando de más de 925 mil a poco más de 130 mil. A primera vista, el dato podría interpretarse como un cambio relevante en los flujos; sin embargo, desde la salud pública y los derechos humanos surge una pregunta necesaria: ¿esta reducción refleja menos causas estructurales de migración o una mayor invisibilización de los desplazamientos?
Mientras algunos indicadores de tránsito disminuyen, las causas profundas persisten. El <a href="https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2616/files/global-appeal/globalappeal2025-es.pdf#page=4" target="_blank" rel="noopener">Llamamiento Mundial de la OIM para 2025</a> subraya que conflictos, cambio climático y desigualdades económicas continúan impulsando la movilidad humana. Para las Américas, se han solicitado más de 1.7 mil millones de dólares, no solo para atención humanitaria, sino para regularización e integración. Sin embargo, los recursos solo generan impacto si se traducen en sistemas de protección social incluyentes y sostenibles.
La movilidad en 2025 no es homogénea. En el Cono Sur, la migración venezolana ha entrado en una fase de asentamiento, donde el reto principal es la integración laboral y educativa. En la región andina, países como Colombia y Perú han mostrado capacidad de acogida, aunque con presión creciente sobre los servicios públicos. En México y Centroamérica, la reducción del 30 % de devoluciones desde Estados Unidos y la ligera caída de las remesas reflejan una reconfiguración de las economías familiares transnacionales, históricamente clave para el bienestar regional.
La desigualdad se profundiza cuando la migración se cruza con otras condiciones. Ser mujer migrante en tránsito por el Darién implica riesgos de violencia sexual que no enfrenta un hombre; ser un niño indígena guatemalteco en la frontera norte implica barreras lingüísticas que un adulto hispanohablante no padece. Estas disrupciones convierten la movilidad en vulnerabilidad, cuando podría ser una vía de desarrollo.
Celebrar “Mi gran historia” implica garantizar que migrar sea una opción y no una condena. Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) sostenemos que la inclusión no es caridad: es una inversión social y un imperativo ético. Para avanzar, proponemos tres ejes prioritarios:
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<li>Portabilidad de derechos. La seguridad social debe acompañar a las personas en movilidad. Los convenios multilaterales son un avance, pero deben adaptarse a trayectorias laborales reales, no solo a esquemas formales tradicionales.</li>
<li>Sistemas de salud inclusivos y resilientes. La atención en salud no debe depender del estatus migratorio. La Atención Primaria a la Salud debe ser la puerta de entrada universal, con enfoque intercultural y sin estigma.</li>
<li>Narrativas de dignidad. Reconocer las aportaciones culturales, sociales y económicas de las personas migrantes es clave para desmontar la xenofobia y la discriminación institucional.</li>
</ol>
La “gran historia” de la migración no se escribe con muros ni con exclusión. Se escribe con la resiliencia de quienes cruzan fronteras buscando dignidad; con las manos de quienes sostienen economías, cuidan personas y construyen comunidades, como Mateo en Guadalajara.
México y la región cuentan con capacidades técnicas y una responsabilidad compartida para avanzar hacia una gestión migratoria justa, segura e inclusiva. Que el origen, el acento o el documento no definan el acceso a la salud, al trabajo ni al bienestar.
Que este 2025 sea el año en que dejemos de contar personas migrantes únicamente en cifras y empecemos a reconocer plenamente sus historias. Historias que, en realidad, también son parte del desarrollo y del futuro común de nuestras sociedades.
* José Noé Rizo Amézquita es investigador en Salud y Seguridad Social en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Docente del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad INFUS. Egresado del INSP y de la Universidad de Guadalajara, con entrenamiento en Johns Hopkins y la Universidad de Copenhague.
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Referencias:
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<li>Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2025).<a href="https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl2616/files/global-appeal/globalappeal2025-es.pdf#page=4" target="_blank" rel="noopener"> Llamamiento Mundial de la OIM para 2025</a>. Ginebra: OIM.</li>
<li>Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP). (2025). Boletín de Estadísticas Migratorias: Enero a agosto 2025. México: Secretaría de Gobernación. Disponible <a href="https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2025-12/boletin-de-estadisticas-migratorias_ene_ago-2025_0.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.</li>
<li>Acceso a la seguridad social de las personas migrantes en América. Nota Técnica. Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Disponible <a href="https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2023/04/n20-acceso-a-la-seguridad-social-de-las-personas-migrantes-en-america.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí.</a></li>
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Día Internacional del Migrante: la “gran historia” y las brechas que nos falta cerrar

Día Internacional del Migrante: la "gran historia" y las brechas que nos falta cerrar

“Paz y Bien” era el alias de Ernesto, un reciclador de Bogotá que cargaba, considerablemente encorvado, su costal de recolección. Uno se preguntaba si había padecido de alguna enfermedad de pequeño que le hubiese generado aquella condición en sus piernas que le hacían caminar con las rodillas dobladas y visible dificultad, y al mismo tiempo, uno se preguntaba qué vida tan dichosa habría tenido que siempre llevaba en el rostro una enorme sonrisa y mil horas disponibles para conversar.
Conocí a Ernesto por allá del 2018, en hasta ahora mi único viaje internacional en la bella capital colombiana. Caminaba cuesta arriba pasando la Plaza Bolívar y nos abordó mientras observábamos la arquitectura de la zona, sin mediar saludo, simplemente comenzó a explicar la historia de aquel sitio. Lo que empezó como un dato curioso sobre ciertos edificios, se convirtió en hora y media de cátedra sobre lo que había ocurrido en aquella Plaza en noviembre de 1985, y cómo el autoritarismo y fascismo de aquel entonces dejó una de las huellas más dolorosas en la memoria del pueblo colombiano.
Nos contó que él fue un estudiante y activista en la década de los noventa. Su voz fuerte y convencida en asambleas le ganó visibilidad y, con ello, su captura para encarcelarlo y torturarlo hasta dejar su cuerpo encorvado y sometido, si no a la fuerza del autoritarismo, sí al dolor físico que no le permitió nunca más volver a enderezar su espalda. Durante esa hora y media de charla improvisada no existió la prisa del turista por entrar a más museos o edificios emblemáticos, éramos tres hombres de tres generaciones distintas, conversando sobre las resistencias del sur global y sus sobrevivientes para seguir contando la historia y mantener viva la memoria de la lucha colectiva.
Hoy vuelvo a pensar en Ernesto, pues en medio del desolador escenario en el que la ultraderecha gana cada vez más terreno en el mundo, allanando con su llegada al poder la aceleración de políticas extractivistas que acentúan y aceleran las desigualdades y el despojo de los territorios, pienso que hay una sola cosa que, pese al desánimo y la angustia, no puede dejar de nombrarse, construirse y defenderse: lo colectivo.
La ola de conservadurismo que se ha alimentado de egoísmo disfrazado de estoicismo, del individualismo disfrazado de autocuidado, y el clasismo disfrazado de superación personal, es tan sólo uno de los tantos mecanismos para desprender abruptamente a las juventudes de su identidad como pueblo de América, y su sentido de pertenencia a sus barrios y comunidades, para que una vez vacíos, el control sea más fácil de ejercer.
No hay casualidades en un mundo donde históricamente la lucha por el poder es el tronco común de nuestra historia humana, y es justo este proceso de memoricidio y décadas de una lucha por la narrativa en la que se ha perdido la memoria de las resistencias contra gobiernos totalitarios, de manipulación histórica y mentiras ancladas al miedo, y son cada vez más las naciones que apuestan por candidatos declarados abiertamente en contra de los derechos humanos y de las minorías, que criminalizan la pobreza y favorecen las políticas que perpetúan la desigualdad y el despojo.
El futuro no será alentador mientras sigan llegando gobiernos conservadores y negacionistas del cambio climático cuando aún se discute la salida de los combustibles fósiles para frenar los efectos devastadores de este fenómeno, sumado a la extenuante resistencia de los pueblos y comunidades que enfrentan el aceleramiento del extractivismo de una transición energética que ha puesto a América Central y del Sur como zona de sacrificio para que los más ricos puedan manejar autos eléctricos y cambiar de teléfono móvil cada año.
En México, preocupa la incongruencia entre la narrativa y las acciones. No se puede hablar de un gobierno que obedece al pueblo, por un lado, mientras que, por otro, se celebra la cercanía de sectores (como el minero) que durante décadas han explotado y contaminado los territorios, y que anuncian cambios institucionales y legales para simplificar el otorgamiento de concesiones y permisos que sólo exacerbarán el extractivismo en regiones y comunidades altamente afectadas por estas actividades, bajo la falacia desarrollista y a costa de la salud del planeta y sus defensoras y defensores.
Como sociedad, es necesario hablar ahora de justicia climática y territorial desde los pueblos y comunidades; construir en conjunto los horizontes de vida, y defender la tierra, el agua, el aire, la cultura y la salud humana, no como bienes mercantiles, sino como parte de esos horizontes y de nuestra identidad, a la par de continuar exigiendo gobiernos congruentes cuyas políticas pongan siempre al centro a las personas y los derechos humanos.
Aquel encuentro con Paz y Bien me hizo pensar en la necesidad de devolver la presencia al hablar de los problemas del mundo. Luchar por recuperar los espacios de reunión comunitarios y gratuitos; regresemos a conversar cara a cara, a la proximidad como vía para el diálogo, el debate y el discernimiento. Que se llenen los territorios de asambleas y fiestas ancestrales; que mujeres y jóvenes se sumen y participen en las decisiones. Que el apoyo mutuo y la cooperación sean eje de avance, y la coperacha para el chesco nos alcance. Que regresen las anécdotas de banqueta, y las risas hasta las 10 de la noche frente a las puertas. Que las infancias sean cuidadas y cobijadas por todo el barrio y comunidad mientras juegan, y sientan el cálido abrazo de sus pares cuando experimenten la hostilidad del mundo de afuera. Que las abuelas y abuelos sigan siendo palabra y memoria, y no acaben nunca las fogatas con cafecito y sus historias. Volvamos a la fiesta de lo colectivo.
* Charlie Canek Punzo es investigador en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

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La memoria de la resistencia y la esperanza de lo colectivo

En México, la pobreza no es una condición pasajera ni un problema individual. Es una estructura que se reproduce de generación en generación, porque las carencias en alimentación, salud, educación y protección durante la niñez limitan el desarrollo y las oportunidades futuras, perpetuando ciclos de exclusión económica y social. Sus efectos más profundos no siempre se miden en ingresos, sino en las trayectorias de vida de millones de niñas, niños y adolescentes que crecen con derechos incompletos.
Hablar de pobreza implica ir más allá de los promedios nacionales y de los discursos que reducen el fenómeno a la capacidad de consumo. La pobreza que viven niñas y niños en México es multidimensional: se expresa en inseguridad alimentaria, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, exposición a violencia y trabajo infantil. Cuando estas privaciones se acumulan desde los primeros años de vida, el punto de partida se vuelve decisivo y la desigualdad deja de ser una excepción para convertirse en norma.
<h3>La pobreza no se hereda: se reproduce</h3>
La evidencia es clara: crecer en pobreza condiciona el desarrollo físico, emocional y cognitivo. Una niñez marcada por la mala alimentación, la interrupción escolar o la necesidad de trabajar de forma temprana reduce significativamente las posibilidades de acceder, en la vida adulta, a empleos dignos, ingresos estables y entornos seguros. Es decir, la pobreza no se transmite por fatalidad, sino por la ausencia de políticas y condiciones que garanticen derechos desde la niñez.
Esta reproducción estructural se vuelve más visible en territorios rurales y agrícolas. En estados como Sinaloa —líder nacional en producción de maíz— conviven altos niveles de productividad con comunidades donde los ingresos familiares dependen de ciclos climáticos cada vez más extremos, mercados volátiles y apoyos institucionales insuficientes. Cuando el ingreso se reduce, las decisiones que toman las familias no son abstractas: se reflejan en menos comida en la mesa, en niñas y niños que faltan a la escuela y en adolescentes que asumen responsabilidades económicas de manera prematura.
<h3>La pobreza también tiene edad y género</h3>
La pobreza no afecta a todas las personas por igual. Tiene rostro rural, indígena, femenino y juvenil. De acuerdo con el enfoque de <a href="https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2010" target="_blank" rel="noopener">pobreza multidimensional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)</a>, las privaciones económicas y sociales impactan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes que viven en contextos rurales, indígenas y de alta marginación, así como a mujeres y juventudes.
En particular, las mujeres en comunidades agrícolas suelen concentrarse en actividades informales, mal remuneradas o no reconocidas, mientras que adolescentes y jóvenes enfrentan barreras para continuar estudiando o incorporarse a empleos dignos. Sin opciones reales, muchas juventudes quedan atrapadas en economías de subsistencia que replican la precariedad que vivieron en su infancia.
Este escenario evidencia una falla estructural: las políticas que no consideran la edad, el territorio y las desigualdades de género tienden a ser insuficientes. Combatir la pobreza en la niñez requiere intervenir en el presente de las familias y, al mismo tiempo, proteger el futuro de niñas, niños y adolescentes.
<h3>Fortalecer medios de vida para proteger derechos</h3>
Desde esta lógica, abordar la pobreza en la niñez implica fortalecer los medios de vida familiares. No basta con transferencias económicas aisladas ni con programas desconectados del contexto local. Se requieren estrategias que mejoren los ingresos, fortalezcan capacidades productivas y reduzcan los riesgos que enfrentan niñas y niños.
Es por eso que en Save the Children trabajamos directamente en comunidades rurales de Sinaloa. A través de nuestro programa Raíces del Cambio hemos trabajado en esta dirección, nos enfocamos en la prevención del trabajo infantil y la inseguridad alimentaria a través del fortalecimiento de los medios de vida agrícolas. El programa impulsa la capacitación en buenas prácticas agrícolas adaptadas a la sequía, el acompañamiento a mujeres y jóvenes para diversificar ingresos y el desarrollo de proyectos productivos que fortalezcan la economía familiar.
La premisa es sencilla, pero poderosa: cuando las familias cuentan con ingresos más estables, conocimientos técnicos y oportunidades económicas, disminuye la presión para que niñas y niños trabajen y aumenta la permanencia escolar. La protección de la niñez y adolescencia no se logra únicamente con prohibiciones, sino creando condiciones para que las familias no tengan que elegir entre comer hoy o garantizar derechos mañana.
<h3>Romper el ciclo</h3>
La pobreza infantil en México no es inevitable. Es el resultado de decisiones económicas, sociales y ambientales que pueden y deben cambiar. Colocar a la niñez en el centro de las estrategias contra la pobreza no es un gesto asistencialista: es una inversión social y una condición indispensable para romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
Si México aspira a un desarrollo sostenible y justo, debe preguntarse no solo cuánto produce, sino cómo viven las niñas y los niños en los territorios donde esa riqueza se genera. Garantizar derechos desde la infancia es la única vía para que la pobreza deje de ser una herencia y se convierta, por fin, en una excepción.
* Save the Children (<a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">@SaveChildrenMx</a>) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita <a href="https://www.savethechildren.mx/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> y nuestras redes sociales: <a href="https://www.facebook.com/SavetheChildrenMexico" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a>, <a href="https://twitter.com/SaveChildrenMx" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a href="https://www.instagram.com/savethechildren_mx/?hl=es-la" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a>.

Desigualdad

pobreza infantil

Pobreza infantil: el eslabón más frágil de la desigualdad

Todos, todas y todes conocemos el poder positivo de las palabras en nuestras vidas. Ahora imaginemos el mismo efecto, pero en personas a las que no conocemos y a quienes enviamos mensajes de apoyo por defender sus derechos humanos. Ese efecto lo vivió Wendy Galarza, feminista mexicana, quien fue baleada por policías en una <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-autoridades-usaron-fuerza-ilegal-y-violencia-sexual-para-silenciar-a-mujeres-que-protestaban-contra-la-violencia-de-genero/" target="_blank" rel="noopener">marcha contra la violencia de género en Cancún</a>, en 2020. Activistas de Amnistía Internacional le <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mas-de-400-mil-personas-alrededor-del-mundo-lanzan-un-gritoporwendy/" target="_blank" rel="noopener">enviaron miles de cartas</a> de apoyo que le dieron “la seguridad para hablar de lo sucedido”. Ella expresó que el cariño recibido “fue tangible y representó algo muy importante para nosotras&#8221;.
Las cartas de solidaridad las recibió Wendy en el marco de la edición 2021 de la campaña insignia de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos. La <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/stronginicia-escribe-por-los-derechos-que-incluye-la-lucha-de-jovenes-mujeres-contra-los-quemadores-de-gas-en-la-amazonia-strong/" target="_blank" rel="noopener">edición de este año</a> ya se está llevando a cabo. En estos momentos, millones de personas activistas de nuestro movimiento se movilizan para dar a conocer casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos vinculados con la libertad de expresión, la lucha contra la destrucción ambiental y el cambio climático y la seguridad de las infancias.
Las personas activistas están convocando a otras miles o millones de personas, en sus respectivos países, para que envíen mensajes de solidaridad a quienes sufren la afectación a sus derechos y les transmitan ánimo y fuerza para que continúen con su exigencia de justicia y reparación integral del daño.
En 24 años que llevamos realizando esta campaña las personas activistas han llevado a cabo más de 50 millones de acciones en contra de la tortura, la persecución, el hostigamiento o el encarcelamiento injusto. En ese lapso, más de 100 personas han logrado que sus casos se resuelvan de manera positiva. Incluso se logró conmutar la pena de muerte impuesta a <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/sudan-del-sur-la-anulacion-de-la-sentencia-de-muerte-de-un-adolescente-debe-conducir-a-la-abolicion-de-esa-pena/" target="_blank" rel="noopener">Magai Matiop Ngong</a>, siendo menor de edad. Las autoridades de Sudán lo sometieron a un juicio sin ningún tipo de garantía legal. Este caso formó parte de la edición 2019 de Escribe por los Derechos.
<figure id="attachment_1614686" aria-describedby="caption-attachment-1614686" style="width: 1790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1614686" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional.jpg" alt="Las Guerreras por la Amazonia, grupo integrado por chicas ecuatorianas de entre 10 y 20 años de edad, llevan a cabo un intenso trabajo para cuidar el medio ambiente en sus comunidades, pese a las amenazas en su contra. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1800" height="766" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional.jpg 1800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-600x255.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-1024x436.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-768x327.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-Guerreras-por-la-Amazonia-Amnistia-Internacional-1536x654.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /><figcaption id="caption-attachment-1614686" class="wp-caption-text">Las Guerreras por la Amazonia, grupo integrado por chicas ecuatorianas de entre 10 y 20 años de edad, llevan a cabo un intenso trabajo para cuidar el medio ambiente en sus comunidades, pese a las amenazas en su contra. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
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Las violaciones a derechos humanos que denunciamos están impregnadas por el racismo, la segregación, la discriminación. Son cometidas contra personas empobrecidas, personas LGBTI, personas de pueblos originarios que defienden su tierra y el medio ambiente o contra mujeres que exigen a sus gobiernos acciones definitivas contra la violencia de género, entre muchos otros temas.
<h3>Por el bienestar de nuestro planeta</h3>
En la edición 2025 de Escribe por los Derechos incluimos el trabajo que efectúan las Guerreras por la Amazonia, un grupo de activistas de entre 10 y 20 años de edad, quienes demandan al gobierno de Ecuador la eliminación de los quemadores del gas que se libera por la extracción de petróleo en los alrededores de sus comunidades. El proceso de quema genera gases tóxicos, y la extracción de petróleo causa la devastación de la tierra y la contaminación del agua.
En 2021 las Guerreras por la Amazonia ganaron un juicio cuya sentencia ordena al gobierno ecuatoriano eliminar a los “monstruos de fuego”, como denominan ellas a los quemadores. Sin embargo, las autoridades de su país no han hecho nada al respecto. Las jóvenes activistas han sido intimidadas por su labor y, en una postura incomprensible, su gobierno les ha dicho que sólo las puede proteger si abandonan su lucha.
Este año incluimos también el caso del defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente hondureño, Juan López. Él fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 por oponerse a que empresas mineras y productoras de energía destruyan los ríos y los bosques en la zona norte de Honduras. Otras personas, compañeras de lucha de Juan López, que también se oponen a los procesos extractivos están amenazadas, las han criminalizado, encarcelado e incluso asesinado.
<h3>En defensa de la libertad de expresión</h3>
El ejercicio del periodismo no debería costar la vida. Pero como atinadamente señala Reporteros sin Fronteras, “los periodistas no mueren, son asesinados”. En <a href="https://rsf.org/es/el-odio-y-la-impunidad-hacen-de-2025-un-a%C3%B1o-mort%C3%ADfero-para-los-periodistas" target="_blank" rel="noopener">su informe del año 2025</a> reporta que 67 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados, 53 de ellos a consecuencia de la guerra o por acciones del crimen organizado.
Pero las personas periodistas sufren muchas otras agresiones. En ese sentido, Reporteros sin fronteras tiene registro de 503 periodistas presos en todo el mundo. China tiene el mayor número con 121, seguida de Rusia con 48 y Birmania (o Myanmar) con 47.
Precisamente, de Myanmar incluimos en Escribe por los Derechos lo que ocurre al fotoperiodista Sai Zaw Thaike. Él fue sentenciado a 20 años de prisión con trabajos forzados, por haber informado de los efectos devastadores que causó el ciclón Mocha en ese país, en 2023. Su juicio duró apenas un día y en la cárcel los guardias penitenciarios lo han sometido a palizas y a periodos de aislamiento.
Otro caso enmarcado en la libertad de expresión es el de la abogada de Túnez, Sonia Dahmani. Ella fue detenida en mayo de 2024 porque criticaba en medios de comunicación las condiciones inhumanas en que viven las personas detenidas en ese país, además de que cuestionaba el racismo, abogaba por las personas marginadas y tenía como eje de sus comentarios la defensa de los derechos humanos.
Sonia está sentenciada a varios años de prisión y aún están abiertas varias causas en su contra. Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que sus condiciones de reclusión son inhumanas, en su celda hay ratas, ha sido sometida a tratos crueles y degradantes y le han negado la atención médica que necesita.
<h3>Defender los derechos de las infancias</h3>
Respecto del tema de infancias, estamos difundiendo lo ocurrido a Unecebo Mboteni, un niño sudafricano de tres años de edad quien murió en abril de 2024 al caer en una letrina del jardín de niños donde era llevado por su familia. La falta de infraestructura adecuada en las escuelas sudafricanas es un tema latente. En 2018 dos niñas murieron en las mismas circunstancias que Unecebo.
Amnistía Internacional pudo constatar que en Sudáfrica las condiciones escolares de las infancias dependen del lugar en que nacen, de los recursos económicos de su familia y del color de su piel. El padre de Unecebo resumió con mucho dolor esta situación al decir que su hijo murió “en una trampa mortal para pobres”. A la fecha las autoridades educativas no han reportado acciones que permitan mejorar las condiciones sanitarias en la escuela a la que asistía Unecebo, ni las autoridades judiciales han reportado avances sobre la investigación de la muerte del niño. Para la familia solo ha habido silencio.
<figure id="attachment_1614687" aria-describedby="caption-attachment-1614687" style="width: 1790px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-full wp-image-1614687" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional.jpg" alt="En la campaña Escribe por los derechos todas las voces cuentan para defender los derechos humanos. Los mensajes de solidaridad dan ánimo y fuerza a las personas que los defienden de forma individual o colectiva. Foto: ©Amnistía Internacional." width="1800" height="766" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional.jpg 1800w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-600x255.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-1024x436.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-768x327.jpg 768w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2025/12/Diseno-invitacion-a-Escribe-por-los-derechos-Amnistia-Internacional-1536x654.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 1800px) 100vw, 1800px" /><figcaption id="caption-attachment-1614687" class="wp-caption-text">En la campaña Escribe por los derechos todas las voces cuentan para defender los derechos humanos. Los mensajes de solidaridad dan ánimo y fuerza a las personas que los defienden de forma individual o colectiva. Foto: ©Amnistía Internacional.</figcaption></figure>
<h3></h3>
<h3>¡Escriba una carta, cambie una vida!</h3>
En Amnistía Internacional sostenemos que el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo y millones de personas en el Orbe lo han entendido así también. Tan es así que nuestra campaña Escribe por los Derechos ha crecido año tras año. En la edición 2020 se recibieron 4.5 millones de cartas, tuits y peticiones firmadas y en 2022, la cifra superó los 5.3 millones.
La lucha de quienes defienden los derechos humanos en el mundo, ya sea de manera individual o colectiva, también es nuestra lucha. Por ello invito a las personas lectoras a que visiten <a href="https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/escribe-por-los-derechos-2026/" target="_blank" rel="noopener">nuestra página</a> donde encontrarán la dirección a la que pueden enviar sus mensajes de solidaridad para las Guerreras por la Amazonia, para las personas que continúan la lucha que inició Juan López, así como para Sai Zaw Thaike, Sonia Dahmani y la familia de Unecebo.
Sus cartas son, como señalé al inicio de este texto, la base de Escribe por los Derechos y en ellas pueden expresarles de manera libre su apoyo para que sigan adelante en la defensa de sus derechos humanos. Igualmente pueden sumarse a la campaña en las redes sociales de Amnistía Internacional.
La campaña incluye el envío de peticiones. Éstas van dirigidas expresamente a los gobiernos involucrados en la violación de derechos humanos y expresan la exigencia de que se haga justicia a las víctimas y se les repare el daño. En la página podrán encontrar un modelo que pueden utilizar.
<h3>Logros concretos</h3>
En Amnistía Internacional hemos atestiguado la alegría enorme de las personas que reciben los mensajes de apoyo. La emoción se refleja en sus ojos, la sonrisa ilumina sus rostros, no dejan de expresar su sorpresa porque personas que no las conocen les manifiestan su solidaridad. Es así como las cartas que reciben les dan la fuerza para seguir adelante.
Máxima Acuña, campesina peruana, defensora de la tierra, recibió 150 mil cartas provenientes de España, Canadá, Reino Unido, Noruega, Francia, Taiwán, Chile, Nueva Zelanda, Italia y Perú, entre otros países. Su caso formó parte de la edición 2016 de Escribe por los Derechos; el video del momento en que recibió las cartas de apoyo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=F7TUEHrGfpk" target="_blank" rel="noopener">lo pueden ver aquí</a>.
Bernardo Caal Xol, campesino guatemalteco, también defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente, recibió más de medio millón de acciones a su favor en el marco de Escribe por los Derechos 2021. Su testimonio <a href="https://www.facebook.com/AmnistiaAmericas/videos/bernardo-caal-con-escribe-por-los-derechos/1359254921498407/" target="_blank" rel="noopener">puede ser visto aquí</a>.
Escribir una carta puede salvar o cambiar una vida. Por ello nuestra invitación a las personas lectoras para que en el marco de Escribe por los Derechos hagan crecer el poder del activismo y sumen sus mensajes de solidaridad a los de millones de personas que, como dice nuestro lema, “nos tomamos la injusticia como algo personal”.
* Edith Olivares Ferreto (<a href="https://x.com/EdithFerreto" target="_blank" rel="noopener">@EdithFerreto</a>) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (<a href="https://x.com/amnistiamexico" target="_blank" rel="noopener">@amnistiamexico</a>).

defensa de los derechos humanos

¿Cómo se puede cambiar el mundo y salvar una vida con una carta? Aquí la fórmula

¡Dimos un enorme paso para cerrar una brecha que activistas, organizaciones civiles y colectivas reclamaron durante más de una década! El pasado 5 de diciembre, el Congreso de Guanajuato decidió votar y aprobar el matrimonio igualitario y la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” o ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género).
La publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado representa el inicio (tardío) del pago de la deuda histórica que se tiene con las poblaciones de diversidad sexual y de género en Guanajuato. Ahora el sector público estatal y local enfrenta el enorme reto de adaptar códigos, reglamentos, procedimientos penales y administrativos, y al propio Registro Civil, para garantizar el ejercicio efectivo del matrimonio igualitario y sancionar a quienes practiquen ECOSIG.
El contexto guanajuatense, sin embargo, aún no es el más fácil para la implementación de políticas públicas en favor de la diversidad sexual y de género. Se necesita un trabajo colectivo, transversal, sistemático, coordinado y continuo, tanto en lo administrativo-jurídico como en lo social-político.
Veamos de ejemplo a las Unidades Municipales de Diversidad Sexual y de Género: su creación en los 46 municipios es obligatoria a partir Junio de 2024 con la entrada en vigor de la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. Hasta la fecha solo 20 de 46 municipios han nombrado una persona titular.
En la práctica, enfrentan obstáculos como falta de personal (solo un par de municipios cuentan con más de una persona trabajando en dichas unidades), presupuestos mínimos o nulos, renuncias y retrasos en los nombramientos de titulares, como sucede en León, o promesas incumplidas como en Salamanca.
<h3>¿Qué sigue para el matrimonio igualitario y la prohibición de las ECOSIG?</h3>
En los últimos meses, la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género ha impulsado capacitaciones y sensibilizaciones al personal del Registro Civil, Salud y Seguridad Pública, así como diversas reuniones con organismos administrativos para garantizar cambios necesarios, como modificaciones a Actas. Sin embargo, estos esfuerzos deben acompañarse de lineamientos, procedimientos y mecanismos homologados de múltiples organismos públicos a nivel estatal y local.
La Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios reconoce en su artículo 3 los principios de transversalidad y progresividad, indispensables para la construcción de políticas públicas coordinadas, sostenidas y con enfoque de derechos. No obstante, el marco normativo presenta una debilidad central: no fija plazos de cumplimiento ni define acciones específicas para su implementación. Esta omisión abre espacios de discrecionalidad que pueden traducirse en retrasos o simulaciones institucionales. A ello se suma la ausencia de mecanismos claros de supervisión y evaluación, lo que dificulta medir avances, exigir responsabilidades y garantizar que los principios enunciados se traduzcan en resultados efectivos.
Esto deja un camino amplio para que el matrimonio igualitario sea negado u obstruido por voluntades municipales, capacitaciones sin efecto a largo plazo por cambio de personal o por falta de coordinación interinstitucional, dibujando un escenario de riesgos de revictimización en el proceso.
<h3>ECOSIG</h3>
Las llamadas Estrategias de Conversión Sexual y de Género (ECOSIG) se refieren a un conjunto de prácticas que buscan modificar, reprimir o “corregir” la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. Estas prácticas parten de un supuesto falso: que la diversidad sexual y de género constituye una desviación que debe ser tratada o eliminada. La evidencia científica y los estándares internacionales en derechos humanos han sido consistentes en señalar que las ECOSIG carecen de sustento médico o psicológico y generan daños graves, incluidos ansiedad, depresión, ideación suicida y ruptura de vínculos familiares. Su existencia no solo reproduce estigmas y violencias estructurales, sino que obliga al estado de Guanajuato a sancionar efectivamente estas prácticas que vulneran la dignidad, la autonomía y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El hecho de que el Código Penal para el Estado de Guanajuato contemple la prohibición de las ECOSIG, por sí solo no garantiza justicia. Su investigación y sanción requiere personal capacitado, procesos de actuación claros, medidas de protección, procesos accesibles de denuncia y acompañamiento. El desafío debe responder al vacío de procedimiento y pruebas: no existen aún mecanismos o antecedentes para identificar, investigar y sancionar las ECOSIG en Guanajuato.
Finalmente, la resistencia una fracción de la ciudadana fue rápida al externar su intención de interponer un amparo contra la prohibición de las ECOSIG. De suceder, podría generar retrasos judiciales dando pie a un periodo de incertidumbre y retraso jurídico. En este contexto añadiendo la falta de homologación de procesos, podría convertir este avance legislativo en algo simbólico, pero sin cambios reales.
<h3>Del texto legal al acceso real</h3>
Esta realidad nos orilla a reflexionar sobre los esfuerzos que faltan para responder a retos reales e invita a mirar más allá del entusiasmo por la aprobación de la reforma. ¿Cómo garantizar que una pareja de Xichú o una joven de Acámbaro pueda ejercer estos derechos sin enfrentar múltiples barreras institucionales y sociales?
La reforma es un punto de partida, no de llegada. Se avecina una vigilancia y participación constante de todas las colectivas, organizaciones, activistas y servidores públicos que luchan desde dentro del sistema con el mismo fin: convertir el texto legal en acceso real. Los próximos meses serán clave para aplicar una política pública robusta e integral.

ECOSIG

guanajuato

matrimonio igualitario

Matrimonio igualitario y prohibición de ECOSIG en Guanajuato, punto de partida, no de llegada

México no enfrenta una falta de diagnósticos sobre su sistema alimentario, sino un problema de coherencia en la acción pública. Las recomendaciones científicas sobre qué comer, cómo producir y cómo reducir impactos ambientales son claras desde hace años.
Lo que ha faltado es alinear las políticas de salud, agricultura, medio ambiente, educación y desarrollo social bajo una visión común. El <a href="https://www.insp.mx/avisos/nuevo-informe-de-la-comision-eat-lancet" target="_blank" rel="noopener">informe EAT-Lancet 2.0</a>, presentado este mes en la Academia Nacional de Medicina, vuelve a poner este desafío en el centro del debate: sin trabajo intersectorial, la transformación del sistema alimentario seguirá siendo fragmentada e insuficiente.
Elaborado por un equipo multidisciplinario de científicas y científicos de todo el mundo, el informe EAT-Lancet, presentado en 2019 y actualizado este año, establece una ruta clara para reducir el impacto ambiental de los sistemas alimentarios mediante un mayor consumo de alimentos de origen vegetal y una menor ingesta de productos de origen animal, con beneficios directos para la salud pública y el medioambiente.
El valor del informe radica en la capacidad para conectar la salud pública y la sostenibilidad ambiental en un mismo marco de decisión. Al hacer un análisis de qué comemos, cómo producimos y qué desechamos, EAT-Lancet evidencia una contradicción persistente: mientras las políticas de salud recomiendan patrones alimentarios basados en productos de origen vegetal, las políticas agrícolas continúan priorizando modelos intensivos, de alto impacto ambiental y bajo valor nutricional, con énfasis en la ganadería industrial y en detrimento de la producción de alimentos destinados al consumo humano.
Esta desconexión tiene consecuencias directas en la salud pública, como el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, además de la presión que ejercen estas formas de producción sobre los ecosistemas y la vulnerabilidad del sistema alimentario frente al cambio climático.
Las declaraciones de las secretarías de Salud y de Agricultura durante la presentación del informe en México son una señal positiva. El Dr. Julio Berdegué, secretario de Agricultura, señaló que la transformación del sistema alimentario requiere “acciones duras y difíciles”, lo que implica aceptar que no bastan campañas informativas ni recomendaciones aisladas.
El Gobierno de México necesita revisar subsidios a la ganadería, fortalecer incentivos productivos para legumbres, vegetales, semillas y otros alimentos de bajo impacto ambiental, y alinear las compras públicas y criterios ambientales en toda la cadena alimentaria. Sin esta alineación, los esfuerzos sectoriales seguirán avanzando en direcciones opuestas.
Ejemplos como las <a href="https://www.gob.mx/salud/sinsamac/documentos/guias-alimentarias-saludables-y-sostenibles-para-la-poblacion-mexicana-2025" target="_blank" rel="noopener">Guías de Alimentarias Saludables y Sostenibles 2025-2030</a> o el etiquetado frontal, esfuerzos impulsados por la Secretaría de Salud muestran, que la coherencia es posible cuando existe voluntad política. Incorporar criterios de salud y sostenibilidad en espacios educativos, hospitales o programas sociales permite traducir la evidencia científica en impactos reales en la nutrición de las poblaciones y la contribución a la reducción de la huella ambiental del país.
Estos avances, aunque aún parciales, confirman que la política alimentaria de México puede convertirse en una herramienta estratégica para cumplir objetivos de salud pública, mitigación climática y desarrollo social de manera simultánea.
En este contexto, la colaboración con actores de la sociedad civil resulta clave para cerrar la brecha entre la evidencia y la implementación. Alianza Alimentaria y Acción Climática ha demostrado que es posible acompañar a instituciones públicas en el diseño de menús, entornos alimentarios y estrategias basadas en ciencia, capaces de reducir emisiones, mejorar la nutrición y fortalecer la coherencia de las políticas públicas; tal es el caso del Plan de Transición Alimentaria, firmado en colaboración con el Sistema DIF Jalisco.
La transformación del sistema alimentario no ocurrirá desde un solo sector ni con soluciones aisladas: requiere coordinación, continuidad y una visión compartida.
EAT-Lancet 2.0 no es un documento aspiracional; es una hoja de ruta concreta. La pregunta para México no es si el modelo es viable, sino hacer que las políticas públicas estén a la altura de la evidencia.
Avanzar hacia un sistema alimentario saludable y sostenible dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para dejar atrás decisiones inconexas y construir una política alimentaria coherente con los desafíos del siglo XXI.
* Sofía Ruiz Oldenbourg es ingeniera ambiental por el Instituto Tecnológico de Colima con más de 10 años de experiencia en el ámbito ambiental y de sostenibilidad en el sector privado y de organizaciones de la sociedad civil. Gerente de Políticas Alimentarias en Alianza Alimentaria y Acción Climática (<a href="https://x.com/AlianzaAliment" target="_blank" rel="noopener">@AlianzaAliment</a>), organización mexicana sin fines de lucro que está transformando el sistema alimentario hacia prácticas más éticas y sostenibles. En 2024 fue pieza clave para el diseño de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. También trabajamos con el sector público y privado implementando menús sostenibles en los comedores de las organizaciones para reducir impactos ambientales y riesgos a la salud asociados a patrones alimentarios.

EAT-Lancet y la coherencia pendiente de las políticas públicas alimentarias

El 26 de agosto de 2025 llegó a nosotras la noticia del primer trasplante de pulmón de un cerdo a un humano, un tema de alto impacto en la sociedad. Los <a href="https://elpais.com/ciencia/2025-08-25/el-primer-trasplante-de-un-pulmon-animal-en-el-pecho-de-una-persona-funciona-durante-nueve-dias.html" target="_blank" rel="noopener">medios internacionales</a> lo enmarcaron como un hito y las noticias se llenaron de sustantivos como “el cerdo donante” o “la industria de donantes del cerdo”. Esta narrativa, cuidadosamente construida, presenta un acto de explotación como un acto de generosidad animal, pues con la sutileza en la elección de palabras, se elimina del discurso cualquier rastro de violencia, de especismo, de asesinato.
El lenguaje no es inocente. Llamar donante a un animal que no puede consentir es un ejemplo de lo que la filósofa Joan Dunayer denuncia como “<a href="https://www.cambridge.org/core/journals/english-today/article/english-and-speciesism/0F0E0E9E8228B25949F9671ADFA7FFFE?utm_campaign=shareaholic&amp;utm_medium=copy_link&amp;utm_source=bookmark" target="_blank" rel="noopener">lenguaje especista</a>”, pues es un eufemismo que enmascara una realidad opresiva tras un velo de neutralidad y benevolencia. Se usa para ocultar una realidad violenta: el animal no-humano es criado, modificado genéticamente y sacrificado para extraerle un órgano. Su cuerpo es tratado como un recurso, una fábrica o un biorreactor. Este proceso de cosificación lingüística despoja a los animales no humanos de su condición de seres sintientes y los convierte en instrumentos, en meros medios para un fin humano; esto es lo que conocemos como especismo, la negación de igual consideración de intereses basada en la especie.
Según el Diccionario del español de México, <a href="https://dem.colmex.mx/ver/donante" target="_blank" rel="noopener">donante</a> significa “ceder o dar a alguien algo que le pertenece, como ayuda o contribución”. La donación se basa en el consentimiento, explícito o presunto, y en el altruismo. Aplicar la misma palabra a un animal no humano no es sólo conceptualmente fraudulento; es un acto de violencia simbólica que refuerza su estatus de propiedad y bloquea cualquier posibilidad de reconocerles derechos fundamentales, como el derecho a la integridad corporal. Esta retórica no es accidental, responde al sistema cárnico, el conjunto de creencias que nos condiciona a percibir a algunos animales como comestibles o usables, y al sistema especista, los cuales requieren de mecanismos psicológicos y lingüísticos para evitar la disonancia cognitiva.
Pero ¿por qué esta insistencia en un lenguaje tan deliberadamente engañoso? La elección del término donante por parte de científicos y medios de comunicación no es ingenua, de hecho, responde a una estrategia de comunicación muy calculada que persigue varios fines. El primero: enmarcar la práctica en un contexto de altruismo y progreso incuestionable, para así evitar el rechazo social que generaría una descripción literal del proceso, el cual se trata de crear, manipular y sacrificar. Segundo, proteger la inversión y el capital simbólico de la investigación, pues el lenguaje es crucial para obtener permiso social para tecnologías controversiales, por ejemplo, presentar los avances como un regalo de la naturaleza, o de los animales no humanos, lo hace más digerible. En última instancia, este eufemismo beneficia a las instituciones al desviar la atención del cuestionamiento ético hacia la maravilla técnica, y con esto la continuidad del financiamiento y la evasión de regulaciones más estrictas que reconozcan el estatus moral de los animales no humanos.
Este lenguaje, por tanto, adormece el debate público. Si lo llamamos donación la sociedad no cuestiona la práctica, por lo que así se puede evadir más fácilmente el dilema bioético de si los animales no humanos son sujetos de una vida, con valor inherente más allá de su utilidad para nosotros. ¿Es éticamente defendible crear vida sintiente con el único propósito de despojarla de sus órganos, incluso si el beneficio humano fuera incuestionable? El lenguaje eufemístico impide que esta pregunta se formule con la crudeza que merece.
Esta estrategia se apoya en lo que <a href="https://nuevaepoca.revistalatinacs.org/index.php/revista/article/view/868" target="_blank" rel="noopener">los estudios de comunicación</a> llaman framing, que es una selección cuidadosa de un ángulo para promover una interpretación específica y que oculta activamente, a la par, una parte clave de la información. Al elegir la metáfora de la donación, se activa en el imaginario colectivo un marco de altruismo y comunidad, que se equipara a algunos actos humanos como la donación de sangre o de órganos entre familiares. Este marco desplaza la narrativa desde una de explotación y dominio hacia una de solidaridad interespecie. El lenguaje, así, no sólo describe, sino que crea una realidad social más aceptable; construye un consenso basado en una premisa falsa.
Para profundizar en cómo este dilema beneficia a las instituciones tecnológicas, podemos acudir a la reflexión bioética. Desde el utilitarismo podríamos cuestionar si el beneficio humano supera el sufrimiento animal masivo y sistemático, una pregunta que el eufemismo de donación sesga desde el inicio. Por otra parte, Tom Regan, al considerar a los animales no humanos como &#8220;sujetos de una vida&#8221;, vería en el término cerdo donante una violación lingüística de sus derechos fundamentales, una forma de negar su condición de paciente moral. Este lenguaje no sólo impacta en la percepción pública, sino que tiene consecuencias materiales directas como moldear el marco regulatorio en las prácticas científicas. Al presentar a los animales como donantes y no como seres sacrificados, se abre el camino para legislaciones permisivas que priorizan la innovación médica sobre la bioética animal. Es importante retomar que no es sólo un debate semántico, sino una batalla por el fundamento ético y legal sobre el cual construiremos el futuro de la biotecnología.
Avanzar en la ciencia no debe significar retroceder en la ética y el lenguaje. El uso especista de términos como donante no es un tecnicismo, es una herramienta discursiva que busca anestesiar nuestra capacidad crítica. Frente a este eufemismo, la respuesta ética implica exigir un lenguaje preciso y honesto, exigir que se le enuncie como lo que es: un animal modificado genéticamente y sacrificado para la extracción de órganos. Lejos de ser una postura purista del lenguaje, esta precisión es necesaria para la honestidad intelectual que debe guiar a la ciencia. Hay que nombrar las cosas como son, por su nombre, para poder asumir la plena responsabilidad de nuestros actos y encarar el debate social honesto y necesario que hemos eludido desde hace tanto tiempo: ¿hasta qué punto nuestro derecho a la vida justifica el asesinato de otros?
* Brisa Paulina Montaño González es estudiante de la Licenciatura en Traducción de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción; es prestadora de Servicio Social en el Programa Universitario de Bioética, ambos de la UNAM. Tiene interés en la traducción técnico-científica orientada a la bioética y a los estudios críticos animales.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.

bioética

especismo

transplantes

¿Donación o explotación? El lenguaje especista de los xenotransplantes

En la Ciudad de México se ha vuelto normal escuchar la palabra “utopía”. Con ella, la administración capitalina intenta nombrar espacios destinados a combatir desigualdades, garantizar derechos y construir una ciudad más justa.
Sin embargo, cuando se trata del derecho a un medio ambiente sano, la utopía se queda en menos que un concepto. Porque una ciudad verdaderamente justa y sustentable no solo se construye con espacios recreativos o programas sociales: también con aire limpio, sistemas de recolección de residuos eficientes, políticas sólidas de prevención y un compromiso serio para frenar la contaminación. En particular, la contaminación plástica.
Hoy, quienes vivimos en la Ciudad de México, no habitamos una utopía. Habitamos una ciudad sumergida en plásticos: bolsas, empaques, unicel, empaques de comercio electrónico, residuos sin separación real y una cadena interminable de basura que aparece en cada coladera, cada barranca, cada camellón.
A lo anterior, se suma un discurso oficial que enfatiza la responsabilidad individual sobre la empresarial/industrial. A la ciudadanía se nos exige separar la basura, reducir el consumo, usar menos plásticos. Sin embargo, el gobierno evade responsabilidades y evita regular a quienes realmente sostienen el modelo de producción de desechables plásticos: las grandes empresas, muchas de ellas extranjeras.
Mientras a la ciudadanía se le pide cargar con la culpa ambiental, compañías de comercio electrónico inundan todos los días la ciudad con basura plástica de un solo uso del mismo material que las bolsas plásticas prohibidas desde 2020.
La consecuencia es tangible: contaminación en calles, pérdida de calidad del aire, riesgos a la salud, afectación a ecosistemas urbanos y una violación cotidiana al derecho constitucional a un medio ambiente sano y, por lo tanto, a nuestra salud.
La Ciudad de México presume innovaciones urbanas, pero enfrenta una crisis ambiental que no se resuelve con campañas ni eslóganes publicitarios; basta recordar las inundaciones de hace unos meses para tenerlo aún más claro. Si el gobierno realmente quiere construir una ciudad sustentable, debe hacer algo que hasta ahora no ha querido: regular en serio a las grandes industrias que introducen plásticos desechables al mercado.
No basta con decirle a la ciudadanía que reduzca su consumo. El cambio real comienza por donde más duele: las cadenas de producción.
La utopía ambiental no se construye solo con parques o centros comunitarios: se crea con datos transparentes, políticas valientes y una visión que entienda que la justicia ambiental es también justicia social.
* Alma Ugarte es Enlace Legislativo de Oceana.

contaminación por plástico

utopía

La ciudad que se prometió vs. la ciudad que existe

Hay temas que no aparecen en ninguna agenda pública, aunque día con día sostienen de manera silenciosa la vida cotidiana de millones de personas. El Síndrome de la Cuidadora es uno de ellos. No figura en los discursos oficiales ni en las prioridades del Estado, tampoco en los programas de salud mental ni en las estrategias empresariales y lamentablemente, tampoco en las familias. Se vive en voz baja, en la intimidad de los hogares, como si el desgaste emocional, físico y psicológico de quien cuida fuera un detalle menor, una consecuencia lógica del amor o un destino natural de las mujeres. Esa invisibilidad es un problema político, cultural y de salud pública de primera magnitud. También hay que decirlo, es una realidad que muchas familias ni siquiera reconocen porque desconocen su existencia.
El mundo envejece aceleradamente, pero los sistemas sociales siguen organizados alrededor de una premisa falsa: alguien cuidará. Esa frase esconde lo esencial porque ese “alguien” casi siempre es una mujer y, ese cuidado, casi siempre se ofrece sin descanso, sin reconocimiento y sin apoyo.
El síndrome de la cuidadora no está clasificado como enfermedad, aunque los médicos lo reconocen de inmediato. Se manifiesta como agotamiento crónico, insomnio, ansiedad sostenida, irritabilidad, dificultades de concentración, dolores musculares, hipertensión, gastritis y signos de depresión. Las personas cuidadoras presentan un riesgo de mortalidad significativamente mayor que quienes no cuidan. No es una metáfora: un estudio de <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10605972/" target="_blank" rel="noopener">Schulz y Beach</a>  encontró que las cuidadoras tienen 63 % más probabilidad de morir antes que quienes no asumen esta carga. La frase que los geriatras repiten, “a veces se entierra antes a la cuidadora que a la persona cuidada”, no es retórica, es estadística.
Las y los expertos y estudiosos en cuidados coinciden en una pregunta: ¿quién cuida a quienes cuidan a las personas mayores? Los riesgos de salud física y mental para ellos son altos. Las necesidades de la persona que necesita apoyo y cuidado acaban siendo prioritarias para la persona que cuida, y su salud, situación financiera y desarrollo profesional <a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5513610/" target="_blank" rel="noopener">se ven afectados.</a>  Hace tiempo que en países como Estados Unidos y España se está buscando llevar el tema a la agenda pública y mediática, para hacer visible el trabajo de quienes cuidan, reconocer sus desafíos y riesgos y <a href="https://www.apa.org/pi/about/publications/caregivers/advocacy/index" target="_blank" rel="noopener">brindarles apoyo</a> en distintas dimensiones. En España, cuando estos cuidados recaen en un familiar, las cifras indican que el <a href="https://www.riojasalud.es/alianza-riojana-por-la-salud/saludable/a-fondo/la-importancia-de-cuidar-a-los-que-cuidan" target="_blank" rel="noopener">90 % son mujeres</a>. Esto se reproduce en América Latina, con la diferencia de que en esta región faltan cifras, datos y reconocimiento explícito de esta realidad.
Aquí algunas cifras que revelan el impacto de los cuidados, sobre todo, en familiares cuidadoras a partir de <a href="https://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-universitaria-400-articulo-sobrecarga-burnout-cuidadores-informales-del-S1665706315000184" target="_blank" rel="noopener">un estudio realizado</a> en España: “la mayoría (84 %) cambiaron su vida anterior, se sentían rebasados (20 %), modificaron su proyecto de vida (66 %), tenían insomnio (40 %); consideraban que el cuidar al anciano les exigía esfuerzo físico drástico (76 %), además de confesarse tensos, nerviosos e inquietos (64 %). Descubrieron además prevalencia de ansiedad de 36 %, la mitad de los cuidadores tomaba ansiolíticos / hipnóticos, 55 % de estos no asistieron al médico”.
El síndrome de la cuidadora no sólo revela un vacío institucional; también desnuda una verdad cultural profundamente arraigada. Las familias reproducen, casi siempre de forma inconsciente, los mismos patrones jerárquicos y sexistas que sostienen las políticas públicas. En una casa donde conviven hombres y mujeres, suele asumirse que la mujer “naturalmente” se hará cargo de la persona mayor. En una familia compuesta sólo por mujeres, también se espera que una de ellas cargue con la responsabilidad. Es el mandato silencioso que Tita encarna en Como agua para chocolate, un destino impuesto que no se cuestiona porque se considera normal. Ese es el problema político de fondo: la familia replica la estructura del Estado. La invisibilización institucional se vuelve invisibilización doméstica. La falta de redes de apoyo públicas se convierte en una carga emocional y física que se da por descontada dentro de los hogares. El resultado es una cadena de responsabilidades que se transmite de madres a hijas, de hermanas a hermanas, sin reflexión y sin alternativas. El cuidado no puede seguir siendo un sacrificio individual que se exige en nombre del amor. Es un trabajo social indispensable que compete al Estado, a las empresas, a las comunidades y a las propias familias.
Repensar la Silver Economy implica repensar también estos mandatos íntimos que sostienen la desigualdad.
Los médicos lo advierten desde hace años. Las cuidadoras viven bajo estrés fisiológico permanente, con picos repetidos de cortisol, crisis de ansiedad, hipertensión y dolores musculares intensos. Algunas desarrollan síndrome del intestino irritable, otras presentan señales de fatiga adrenal, muchas reportan pérdida de memoria o dificultades de concentración que se confunden con síntomas tempranos de deterioro cognitivo, cuando en realidad son signos de agotamiento extremo. El cuerpo de la cuidadora se convierte en el amortiguador de un sistema que no quiere asumir su responsabilidad.
El mundo avanza hacia la longevidad, pero la narrativa pública sigue siendo profundamente ciega. Se celebra la “economía plateada”, se habla de innovación, de autonomía, de bienestar, de ciudades amigables. Todo eso está bien, pero nada de eso es posible sin cuidado, y el cuidado, en la práctica cotidiana, sigue descansando sobre mujeres exhaustas que cargan solas una responsabilidad que debería distribuirse entre el Estado, las instituciones de salud, los empleadores y las familias.
La pregunta de fondo es política: ¿quién sostiene el derecho a envejecer? Porque el derecho a envejecer dignamente no existe si no existe, a su vez, el derecho a cuidar con apoyo, con acompañamiento emocional, con acceso a servicios de salud mental, con redes de respiro y apoyo, y con políticas laborales compatibles con el ciclo de vida de las personas en general y de las mujeres en particular.
El síndrome de la cuidadora no es un problema individual ni una tragedia personal. Es la evidencia de que los sistemas de bienestar se diseñaron sobre la premisa de que las mujeres en su integralidad (cuerpo, mente y espíritu) estarían disponibles, siempre, sin límite, sin descanso. Esa premisa fue culturalmente funcional durante décadas y aceptada, pero es insostenible en sociedades que viven más años, con enfermedades crónicas más complejas, estructuras familiares más pequeñas, redes comunitarias debilitadas y sobre todo, que buscan la igualdad, o al menos hablan de ella en términos discursivos.
Reconocer el desgaste de las cuidadoras es reconocer el pilar oculto sobre el que se sostiene la longevidad. La salud mental de quienes cuidan es salud pública. La economía del cuidado es economía política. Las democracias que envejecen no pueden permitirse seguir construyéndose sobre vidas agotadas, discriminación de las mujeres, feminización de la pobreza y desigualdad.
La invisibilidad ya no es una opción.
Es momento de poner el cuidado en el centro de la conversación pública, en el diseño institucional, en las políticas laborales, en la cultura y en los hogares.
Cuidar no debería costar la vida.

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