Herramientas y estrategias para evaluar la política pública peatonal
Han pasado diez años del ‘Inventario de banquetas en México’, elaborado gracias a la información que inicialmente publicó el INEGI para analizar la presencia de banquetas en las manzanas urbanas de México. Este texto permite reflexionar sobre diversas estrategias y herramientas institucionales, académicas y ciudadanas que han aportado luz al estado de la infraestructura peatonal en México desde distintos enfoques. Con ello, enfatizamos en los mecanismos de monitoreo y evaluación de la infraestructura peatonal en México.
Los esfuerzos por visibilizar a los transeúntes son diversos y se han consolidado en la agenda pública, además de haberse institucionalizado. Esto responde a la demanda ciudadana de las personas peatonas: quienes caminan, quienes se consideran flâneurs, o quienes como parte de la colectividad enfrentan las dificultades de desplazarse a pie.
Lo anterior no ha sido un proceso uniforme y estable. Las personas activistas conocen sus procesos y logros, al igual que el funcionariado que ha impulsado cambios normativos. De acuerdo con el Informe de Seguridad Vial de CONAPRA de 2021, del total de defunciones por siniestros viales en México ese mismo año (14,715), las y los peatones concentraron el mayor porcentaje de fallecimientos con un 17.7 %. Siempre seremos peatones; a donde vayamos, en algún tramo del viaje caminaremos. Esta premisa será el punto de partida para cambiar el estado actual y las condiciones en las que nos desplazamos.
La revisión que propongo sobre las herramientas de monitoreo y evaluación de las condiciones de infraestructura peatonal ha tenido una buena aceptación entre la sociedad civil, la academia y las instituciones de gobierno. La implementación y el uso de cada una de las herramientas o estrategias que se presentan a continuación son enunciativas, más no limitativas.
Como parte de las herramientas y estrategias, destaca la sociedad civil. Son los colectivos y su labor el motor de cambio que, en México, ha posicionado la agenda peatonal, destacando los derechos de las personas usuarias de la vía peatonal como pilar de toda política de movilidad. En este caso, podemos mencionar las ‘Calles de juego’ y la estrategia ‘Janes Walk’. Las ‘Calles de juego’ consisten en el cierre temporal de calles para el disfrute de las infancias y de las personas, invitando de manera lúdica a reflexionar sobre el derecho a la ciudad a pie. Por otro lado, los ‘Janes Walk’, son caminatas que, en homenaje a la escritora y activista Jane Jacobs, promueven la idea de que las calles son espacios públicos para socializar, reflexionar y mejorar.
En México, ambas prácticas han sido puestas en marcha por distintos colectivos y reflejan cambios significativos desde un enfoque de infancia e inclusión en la planificación de ciudades. Mientras que las ‘Calles de juego’ otorgan un papel relevante a las infancias garantizando su derecho a la ciudad, los ejercicios como ‘Janes Walk’ no solo consideran la inclusión de las mujeres, sino que, desde un enfoque crítico y de género, evidencian los efectos de la planeación y construcción de ciudades desde un punto de vista androcentrista.
Otra herramienta que, desde una visión de la seguridad vial ha pasado de un ejercicio ciudadano a la institucionalización son las ‘auditorías peatonales’. Estas evalúan el entorno para identificar problemas de seguridad y comodidad en la infraestructura vial y han sido particularmente adoptadas por el sector salud. En cuanto a tecnología, han existido actividades digitales que, mediante el uso de datos georreferenciados permiten mapear distintas problemáticas en el desplazamiento de los peatones. Recientemente se publicó la plataforma ‘Traza, datos caminando’, que facilita mapear y categorizar puntos, además de descargar y compartir los datos para su análisis.
Destaca el trabajo realizado desde la academia para integrar una rigurosidad metodológica y enfoque socioantropológico, descrito por Ruth Pérez en su texto ‘Movilidad cotidiana y accesibilidad: ser peatón en la ciudad de México’. Este estudio destaca el uso de fotogramas para analizar las líneas de deseo peatonal, tiempos de semáforo, presencia de cebras peatonales, obstáculos en el desplazamiento de las personas peatonas y una encuesta que permite evaluar una intersección con problemas de seguridad vial.
Entre las herramientas que reflejan la institucionalización de años de lucha por la agenda de las personas peatonas, destacan iniciativas como el ‘Inventario Nacional de Vivienda’ del INEGI. Este compendio de información a nivel de calle incluye datos sobre la cobertura de infraestructura peatonal, como guarniciones de las banquetas o rampas para personas con discapacidad; su continuidad ha permitido realizar comparaciones entre diferentes periodos, lo que lo convierte en un valioso recurso para evaluar el progreso. Al respecto podemos señalar que de 2010 al 2020 hubo un incremento considerable, de 48%, en el número de manzanas con cobertura de banquetas en todas las vialidades de la manzana; lo anterior de nuevo no indica la calidad o características de la misma. No obstante se registra un incremento en el número de manzanas sin banquetas en un 37.8%.
Fig 1. Relación de manzanas con cobertura de banquetas en México
Otra estrategia son los senderos ‘Camina Libre, Camina Segura’, que nacieron en la alcaldía Iztapalapa; esta estrategia fue adoptada en la Ciudad de México y recientemente han escalado políticamente a nivel nacional bajo el nombre ‘Senderos de Paz’. Esta estrategia considera obra que mejora las condiciones de las banquetas, la accesibilidad, la iluminación, la seguridad pública y fomenta el uso del espacio público mediante activaciones, lo que ha logrado la aceptación entre mujeres e infancias y la reducción de índices delictivos.
Casos como los anteriores han demostrado un impacto como herramientas o estrategias para monitorear y mejorar las condiciones de movilidad en distintos niveles de gobierno y escalas territoriales. A nivel federal, el informe ‘Calles seguras, caminemos unidas’ resalta por su enfoque de género e inclusión, enfatizando mejoras en la infraestructura peatonal. Se aborda el tipo de luminarias, hasta la incorporación de vegetación y actividades que promuevan el uso de las calles para convertirse en puntos de encuentro y convivencia, no solo de paso.
La reflexión en torno a las herramientas y estrategias, reflejan la evaluación de infraestructura peatonal que ha ido incorporando múltiples enfoques, mismos que han contribuido al cumplimiento de sus objetivos en favor de quienes caminamos o nos desplazamos a pie, en silla de ruedas, carriola o con bastón. Asimismo, es desde la colectividad y el activismo de la Liga Peatonal lo que se ha mantenido vigente y visible en la agenda pública durante los últimos años. Más allá de continuar con esta lucha, confío en que este esfuerzo marcará el inicio de un inventario sólido de herramientas y estrategias para impulsar los derechos de las personas peatonas.
Fig 2. Estrategias y herramientas para monitoreo de la infraestructura peatonal en México
*José Manuel (@MiDiarioUrbano) es un especialista en transporte y movilidad urbana. Maestro n Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM-Azcapotzalco, Licenciado en Estudios Socioterritoriales en la UAM-Cuajimalpa y Urbanismo en la UAA. Con estancias de investigación en la Universidad de Radboud en los Países Bajos y especialidad en Ordenamiento del Territorio en la Universidad de Málaga en España.
Referencias:
- Ávila, A. (2016, mayo 12). Peatoniños: Liberar las calles para la niñez y el juego. Excélsior.
- Gobierno de la Ciudad de México. (n.d.). Senderos: Camina libre, camina segura. Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. Recuperado de aquí.
- Gobierno de México. (2025). Presidenta Claudia Sheinbaum hace llamado a gobernadores. Presidencia de la República. Recuperado de aquí.
- Gobierno de México. (2022). Informes sobre la situación de la seguridad vial. Secretaría de Salud. Recuperado de aquí.
- (2020). Inventario Nacional de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de aquí.
- La Data (2024). La Traza, datos caminando.
- Mi Diario Urbano. (2015, agosto 22). El inventario de banquetas. Mi Diario Urbano.
- Jane Jacobs Walk. (2024). Mexico Jane Jacobs Walk 2024. Jane Jacobs Walk.
- Pérez López, R. (2014). Movilidad cotidiana y accesibilidad: ser peatón. HAL.
- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2022). Calles seguras: Caminemos unidas. Gobierno de México. Recuperado de aquí.
En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso y con una Corte Suprema conservadora que, en varias ocasiones, ha favorecido su agenda. Aquí te contamos cuáles pueden ser las limitaciones al poder del mandatario estadounidense.
Donald Trump regresa este 20 de enero a la Casa Blanca con una agenda de grandes cambios en Estados Unidos.
“Gobernaré con un lema sencillo: promesas hechas, promesas cumplidas”, dijo el mandatario en su primer discurso luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Esa noche, Trump dijo que convertiría a EE.UU. en el mejor país del mundo.
Entre sus propuestas está seguir construyendo el muro limítrofe con México para sellar las fronteras del país y, sobre todo, expulsar del país a millones de extranjeros indocumentados en lo que asegura será la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos.
También ha prometido reducir la burocracia gubernamental, bajar los impuestos e imponer un sistema de aranceles de 10% a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros que, en el caso de China, llegarían a 60%.
Para lograr estos objetivos, Trump cuenta con un partido republicano que ha cerrado filas en torno a su figura y que dispone de mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que configura lo que los estadounidenses denominan como “trifecta” o gobierno unificado.
Esto significa que las cosas empiezan a funcionar al estilo de los sistemas parlamentarios unicamerales, donde una mayoría toma el control del Congreso y del gobierno, actuando como un todo unificado que puede hacer prácticamente lo que quiere, dice a BBC Mundo Mark Peterson, profesor de Políticas Públicas, Ciencia Política y Derecho en la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Además, la Corte Suprema de Justicia -que encabeza el tercer poder independiente del Estado- cuenta en estos momentos con una mayoría de seis jueces conservadores (tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato) frente a tres jueces liberales, lo que aumenta la probabilidad de que las iniciativas del gobierno reciban luz verde por parte del máximo tribunal.
¿Significa esto que Donald Trump gobernará sin ningún tipo de contrapeso? No.
Aquí te contamos seis posibles límites al poder casi absoluto del nuevo presidente.
1. Mayorías muy pequeñas en el Congreso
Los republicanos cuentan con mayorías en ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, no se trata de una ventaja holgada que pueda garantizar la aprobación de todas sus propuestas.
Los resultados de las elecciones de noviembre otorgaron al partido de gobierno 220 legisladores frente a 215 de los demócratas. No obstante, desde entonces tres congresistas republicanos renunciaron a su escaño para ocupar otras posiciones y eso supone que al menos durante unos meses, la ventaja de los republicanos en la Cámara Baja se reduce a dos votos, lo que les deja muy poco margen de maniobra.
“Es la mayoría más débil que ha habido en tiempos modernos. Y aunque los republicanos están ahora extremadamente alineados, es muy difícil mantenerlos a todos unidos frente a temas muy complicados para lograr que ese control nominal de la cámara se convierta en un control absoluto”, apunta Peterson.
En la Cámara Alta, los republicanos cuentan con 53 senadores, frente a 47 de los demócratas. Eso significa que aún les faltan 7 votos para contar con la mayoría calificada necesaria para aprobar medidas importantes.
“A menos que todo lo que quieran hacer pueda empaquetarse a través del mecanismo de reconciliación, los demócratas pueden vetar casi todo”, indica Peterson.
La reconciliación es un procedimiento especial que permite al Senado aprobar de forma expedita medidas presupuestarias contando con una mayoría simple de votos (51, en lugar de 60). En las últimas décadas ha sido empleado con frecuencia debido a la extrema polarización que hay en el Congreso estadounidense, pero no se puede aplicar en todos los casos.
“Los presidentes que han tenido la oportunidad de hacer cambios importantes han llegado al poder con una victoria aplastante, con mayorías dominantes en la Cámara de Representantes y el Senado del orden del 60% de los escaños o más. Ese no es el caso ahora, por lo que será realmente sorprendente si Trump, trabajando con sus aliados republicanos, puede hacer realmente el tipo de cosas de las que ha estado hablando”, señala Peterson.
El experto destaca que durante la primera mitad de su primer gobierno, Trump contó con una trifecta, así como con una mayoría aún más holgada que la actual en la Cámara de Representantes y la única ley importante que logró aprobar fue un recorte de impuestos.
2. Un poder judicial que aún mantiene su independencia
Aunque en la Corte Suprema hay una mayoría de seis jueces conservadores y tres de ellos fueron nominados por Trump, eso no es garantía de que todas las iniciativas del gobierno vayan a recibir el visto bueno.
Es cierto que en su actual configuración, el máximo tribunal estadounidense revirtió la protección federal al derecho al aborto que existía desde la década de 1970 y que esa medida contó con el apoyo de los nuevos magistrados, tal como había prometido Trump que ocurriría durante su campaña de 2016.
Esa Corte Suprema también estableció que los presidentes tienen derecho a “inmunidad absoluta contra el procesamiento penal” por aquellas acciones de carácter oficial que realicen durante sus mandatos, lo que libró a Trump de varios juicios que estaban en marcha en su contra.
Esa decisión dejo claro, no obstante, que los presidentes no cuentan con esta misma inmunidad en las acciones que no tienen relación con su rol oficial.
Además, el máximo tribunal desestimó las denuncias que hicieron Trump y los republicanos con el fin de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, y rechazó los intentos del gobierno de Trump de poner fin al programa DACA, que protege a centenares de miles de personas que llegaron a EE.UU. sin papeles siendo menores de edad.
También mantuvo en vigor algunas protecciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (popularmente conocido como Obamacare), así como otras disposiciones que protegen a las personas LGBTI+ de sufrir discriminación en los lugares de trabajo, en ambos casos contradiciendo los planes de los republicanos.
Más allá de la Corte Suprema, de acuerdo con un estudio del Centro Pew, 60% de los jueces activos en cortes de distrito en Estados Unidos fueron nominados por mandatarios demócratas, mientras que solamente 40% fueron postulados por presidentes republicanos.
“El Poder Judicial sigue siendo una tercera rama importante del gobierno con un alto grado de independencia y, además, la mayoría de sus integrantes no han sido nombrados ni por Trump ni por los republicanos”, apunta Peterson, quien subraya además que se supone que los jueces deben tomar sus decisiones guiados por la ley y por los precedentes establecidos por la Corte Suprema.
3. Los gobiernos estatales y locales
El hecho de que Estados Unidos sea un estado federal trae consigo importantes limitaciones a los cambios que se pueden aplicar desde la Casa Blanca.
La décima enmienda constitucional otorga un amplio número de competencias a los gobiernos de los estados.
Tradicionalmente los estados han tenido competencias sobre seguridad, salud, beneficios sociales, educación, procesos electorales, derecho penal, regulaciones laborales y leyes sobre la propiedad.
De igual modo, los condados y ciudades tienen responsabilidades en temas de seguridad pública, planificación urbana, uso de las tierras, entre otros.
Esas competencias permiten que desde esas instancias de gobierno puede hacerse resistencia u oposición a algunas de las iniciativas que impulse Trump.
“Los demócratas definitivamente van a utilizar estas competencias ahora en contra del gobierno Trump”, vaticina Peterson.
“Vivo en California, el estado más grande del país, la quinta economía más grande del mundo. No es universalmente democráta, ni liberal ni progresista, pero va fuertemente en esa dirección. Y este será un estado, como muchos otros, que hará lo posible para hacer cosas independientemente de lo que quiera el gobierno de Trump o para desafiarlo, tal como Texas y otros estados desafiaron a los gobiernos de Biden y Obama en el pasado”, agrega.
En la actualidad, 23 de los 50 estados del país cuentan con gobernadores demócratas.
La colaboración o resistencia de las autoridades estatales y locales puede ser un factor determinante en algunos planes de Trump como la deportación masiva de migrantes, pues es una tarea difícil y compleja que requiere apoyos locales.
Muchas ciudades y estados se han declarado como lugares “santuario” para los migrantes, por lo que que limitan su cooperación con el gobierno federal en este campo.
4. Una burocracia profesional
Durante el primer gobierno de Trump, en las filas republicanas hubo quejas porque no lograron impulsar su agenda política tanto como querían debido, en parte, a su propio desconocimiento sobre cómo funciona el Estado y la burocracia, pero también debido a la resistencia que encontraron por parte de funcionarios públicos, el llamado servicio civil, que objetaron o ralentizaron la ejecución de órdenes que consideraron ilegales o inapropiadas.
Hacia el final de ese mandato, Trump aprobó una orden ejecutiva que le iba a permitir despedir a miles de empleados públicos y reemplazarlos por sus partidarios.
Esa medida fue derogada por Biden, pero el programa de campaña de Trump contemplaba su reinstauración.
De hecho, de cara a este segundo gobierno, varios grupos conservadores cercanos al nuevo mandatario elaboraron bases de datos con miles de profesionales leales a su proyecto político e ideológicamente afines con los cuales buscarían sustituir a los funcionarios públicos.
Esta iniciativa, sin embargo, puede enfrentarse a una fuerte resistencia institucional, legal, política y sindical.
“Creo que habrá tribunales que reaccionen contra eso. El servicio civil existe por una razón y hay una ley que lo ampara. Por eso, no habrá una erosión masiva y un ataque a los empleados federales, hasta el punto de reestructurar el gobierno de una forma sustancial”, dice Peterson.
“Sin embargo, sí habrá cosas marginales que marcarán una diferencia. Por ejemplo, cuando el Ejecutivo decide trasladar las oficinas de una institución fuera de Washington DC a otros lugares del país, eso hará que algunos funcionarios renuncien a sus cargos porque no pueden trasladar a sus familias”, agrega.
5. Los medios de comunicación y la sociedad civil
Cuando Trump llegó a la Casa Blanca por primera vez, los medios de comunicación de tendencia liberal realizaron una cobertura crítica de su gobierno, mientras que sindicatos y organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para bloquear muchas de sus iniciativas por vía de la presión ciudadana o de los tribunales.
En el caso de los medios de comunicación, la situación ha cambiado un poco.
Ejemplo de ello es lo ocurrido con el diario The Washington Post que durante el primer gobierno de Trump llevó un registro de cada vez que el mandatario decía una mentira o desinformaba (más de 30.000 en cuatro años).
Por contraste, en los últimos meses de la reciente campaña, este medio decidió no publicar su acostumbrado editorial en el que fija posición sobre las elecciones y, en este caso, preveía dar un espaldarazo a la candidata demócrata, Kamala Harris.
Lo mismo hizo otro diario tradicionalmente liberal, Los Angeles Times.
El hecho de que Jeff Bezos, fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, haya acudido a reunirse con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, es otro elemento destacable.
En paralelo, muchos otros medios han mantenido firme su postura crítica frente a los planteamientos del nuevo gobierno de Trump.
Lo mismo puede decirse de numerosas organizaciones de la sociedad civil como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que cuenta con 1,7 millones de afiliados y que ya ha anunciado su intención de tratar de detener la puesta en práctica de algunas de las propuestas del nuevo mandatario.
“La victoria del presidente electo Trump significa que si implementa las políticas con las que ha amenazado desde que dejó el cargo en 2020, más familias inmigrantes serán separadas, más personas enfrentarán daños graves debido a las restricciones de salud reproductiva y utilizará al gobierno federal como arma contra los manifestantes y los opositores políticos”, dijo la ACLU en un comunicado tras conocerse la victoria de Trump.
“Emprendimos acciones legales contra la administración de Trump más de 430 veces cuando estuvo la primera vez en el cargo. Tenemos la estrategia para contraatacar y ganar una vez más”, agregó el texto.
6. Las prioridades de los ciudadanos
La capacidad que tendrá Trump de llevar adelante su agenda de gobierno también dependerá de cómo esta encaje con las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos y cómo sea percibida por estos.
En especial porque, aunque Trump ganó el voto popular, no consiguió un apoyo realmente mayoritario de los ciudadanos.
“El presidente Trump ganó la elección. Es un hecho indiscutible. Pero lo hizo con el 49,9% del voto popular -menos de la mitad de los votantes- y con un margen de apenas 1,5% puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Esa es una de las victorias más ajustadas para un presidente”, apunta Peterson.
El experto destaca además que en el conjunto de electores que le apoyaron no todos están comprometidos con sus propuestas más radicales.
“Una parte importante son los partidarios MAGA [siglas en inglés del lema Hagamos de Estados Unidos Grande de Nuevo]: ellos apoyarían lo que Trump quiera hacer. Otra parte son republicanos a los que no les gusta Trump, pero que lo prefieren porque siendo conservadores quieren impuestos más bajos, menos regulaciones, etc”.
“Y luego hay un grupo grande de personas que votaron por Trump porque la inflación era muy alta, querían un cambio y él era la opción que tenían para conseguirlo”, afirma.
Peterson advierte que muchos de esos votantes no apoyarían, por ejemplo, la eliminación de Obamacare, ni quieren que se acabe con el gobierno federal o con el servicio civil; o que se deroguen las políticas contra el cambio climático.
Este es un factor que presionaría hacia la moderación del gobierno, no solamente porque puede afectar la popularidad de Trump sino también las opciones de los congresistas republicanos de lograr reelegirse en los comicios de mitad de periodo en 2026.
¿Y qué haría Trump si enfrenta este tipo de resistencia ante alguna de sus propuestas?
“Él se adaptará según sea necesario y, luego, culpará a otros por no haber logrado su objetivo”, prevé Peterson.
El experto recuerda que esto ya ocurrió a inicios del primer gobierno de Trump, cuando la popularidad del Obamacare creció mientras el gobierno se esforzaba por derogarlo, por lo que al final la Casa Banca tuvo que mantenerlo en vigor y conformarse con hacer algunos cambios menores.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
