Derecho a caminar y a no gastar en mantener un coche
Hace más de diez años, los activistas peatonales comenzamos pintando pasos cebra de forma clandestina. Hoy, nuestros derechos están reconocidos en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana. Los peatones hemos llegado a la cima de la pirámide de Kelsen.
Lo curioso es pensar por qué algo tan natural como caminar necesita ser declarado un derecho. ¿Cómo es que un acto tan simple como poner un pie delante del otro se ha convertido en un gesto de desobediencia civil? La respuesta está en la civilización moderna.
Una civilización que nos llevó a la luna, pero que nos hizo imposible cruzar una calle. Una civilización que se enamoró del automóvil, mientras las grandes corporaciones capitalistas aprovecharon esa obsesión para llenar nuestras ciudades de autopistas y ejes viales, financiados con nuestros impuestos, aunque muchos nunca posean un coche. Y para quienes pueden permitirse uno, estamos atrapados en un sistema que nos empuja a comprarlo, llenarlo de gasolina y mantenerlo. En México, el coche se ha vuelto el mayor gasto de la clase media, porque usar el transporte público es una odisea donde las probabilidades de sufrir un robo o violencia superan las de conseguir un asiento en hora pico.
Hoy, regulamos un darwinismo urbano que da más derechos a una camioneta SUV -con un punto ciego del tamaño de diez niños- que a esos mismos niños. La supervivencia del más fuerte favorece al vehículo, dejando en desventaja a los papás y mamás con carriolas o a la abuelita en silla de ruedas.
A pesar de todo, hemos logrado mucho en México, gracias a los activistas: a los que ahora son funcionarios, a quienes siguen pintando cruces de manera ilegal y a grupos como Salvando Vidas en Oaxaca, que reparan banquetas y quitan obstáculos de manera guerrillera. Gracias a ellos tenemos más calles peatonales y cruces seguros que han salvado vidas.
¿Qué sigue? Aunque hay una lista interminable de acciones por hacer; quiero enfocarme en un sueño y en dos cosas esenciales para mejorar nuestras ciudades. Para lo demás, aquí les dejo algunas recomendaciones de literatura:
- Carta de los Derechos Peatonales de la Liga Peatonal
- Banquetas de la UAM
- Happy City de Charles Montgomery
- Derecho a la Ciudad de David Harvey
- Soft City de David Sim
- Street Fight de Janette Sadik-Khan
- Better Buses de Steven Higashide
- Walkable City Rules de Jeff Speck
- Y el podcast The War on Cars
El sueño guajiro
Si pudiera pedir un deseo, sería que todos los vehículos motorizados estuvieran equipados con un regulador de velocidad controlado por GPS, que limite la velocidad a 30 millas por hora dentro de las ciudades. Y si ya me pongo ambicioso, que además tuvieran sensores que detecten peatones y frenen automáticamente para evitar accidentes. Este es un sueño a largo plazo, pero mientras tanto, hablemos de las dos cosas que podemos mejorar ahora mismo.
Transporte público de calidad
El transporte público debe ser la columna vertebral de la ciudad, un verdadero igualador social. Debe permitir que los barrios más marginados accedan de manera eficiente y digna a oportunidades de empleo y recreación. Necesitamos frecuencias altas, asientos cómodos, carriles exclusivos y, sobre todo, trenes, trenes, trenes de alta calidad.
Primer y último tramo
La segunda prioridad es una política masiva de primer y último tramo hacia las paradas de transporte público. Esto significa banquetas amplias y libres de obstáculos, con rampas accesibles para sillas de ruedas, carriolas y maletas. Árboles en todas partes para dar sombra, oxígeno y alegría. Cruces seguros, con orejas y reductores de velocidad, como esos topes trapezoidales que igualan la altura de la banqueta y priorizan al peatón.
Además, necesitamos promover un uso de suelo mixto, donde el caminar sea una experiencia agradable. Imagínate pasar por tienditas y cafés, saludar a tus amiguis, y tener espacios para descansar en pequeños parques de bolsillo. Señalización clara y elementos de navegación peatonal para que nunca te pierdas.
Ah, ¡y un baño público limpio y con papel! Para que nadie tenga que preocuparse por dónde hacer pipí mientras promueves la hidratación en la ciudad.
Así, caminando de forma segura, relajada y feliz, llegas a tu parada de bus o tren, con una parada que te da toda la información de tu ruta, con sombra y arte que celebra la historia del barrio. Y desde ahí, el peatón tiene todo un mundo por circunavegar, listo para descubrir que la vida es fascinante, todo gracias a un simple derecho: caminar, un pie tras otro pie, sin correr paso a paso.
* Peatónito (@peatonito) es el enmascarado que declara la revolución peatonal a favor de ciudades para las personas y no para los coches. ¡Lucha libre por tu derecho a caminar!
Los puertorriqueños solo podrán votar en la elección presidencial si residen en otros lugares de Estados Unidos.
La broma ofensiva sobre Puerto Rico de un humorista en un mitin de Donald Trump el pasado domingo en Nueva York ha colocado a la isla en el centro de la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos.
Tony Hinchcliffe dijo que Puerto Rico es “una isla de basura flotando en mitad del océano”, lo que causó indignación general en la comunidad boricua.
Pese a que uno de los portavoces de la campaña republicana dijo que Hinchcliffe “no refleja las opiniones de Trump”, el comentario ha vuelto a poner el foco en la situación de Puerto Rico y su estatus dentro de Estados Unidos, país al que pertenece y que en pocos días celebra su elección presidencial, en la que, paradójicamente, los habitantes en la isla no podrán votar.
El hecho de que los habitantes de Puerto Rico no puedan votar para elegir al presidente de EE.UU. es una de las razones por las que muchas voces dentro y fuera de la isla denuncian un trato discriminatorio por parte de Washington, hasta el punto de que es a menudo descrita como una “colonia”.
Ciudadanos sin voto en Puerto Rico
Aunque sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos para elegir a sus candidatos, los 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico no pueden votar en la elección presidencial.
Puerto Rico es uno de los territorios de Estados Unidos, entidades administrativas fuera del continente americano que están bajo soberanía de Washington pero no son estados de la Unión.
Los habitantes de estos territorios no pueden participar en la elección presidencial aunque la mayoría tiene la ciudadanía estadounidense por haber nacido en ellos. Es lo mismo que les sucede a los naturales de Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Paradójicamente, sí pueden votar los puertorriqueños que viven en alguno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia.
Y su peso electoral no es en absoluto desdeñable.
Según el Pew Research Center, alrededor de 6 millones de puertorriqueños con derecho al voto viven en el Estados Unidos continental, lo que los convierte en el segundo colectivo de votantes hispanos más numeroso.
Por eso, puede que los comentarios de Hinchcliffe no le salgan totalmente gratis a Trump.
Los orígenes del peculiar estatus de Puerto Rico
El sistema electoral consagrado en la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente será elegido por un Colegio Electoral formado con representantes de cada estado, lo que excluye de facto del voto a los estadounidenses que viven en territorios que no son estado.
Por tanto, ni los puertorriqueños ni el resto de estadounidenses residentes en Puerto Rico pueden votar en la elección presidencial.
La Constitución fue redactada en 1787, cuando Estados Unidos emergía como nación independiente de Gran Bretaña y Puerto Rico era aún parte del imperio español.
Los delegados de las 13 colonias británicas reunidos entonces en Filadelfia para fijar las reglas básicas del nuevo país no imaginaban que este acabaría haciéndose con lo que entonces era una isla española en el Caribe.
Pero en 1898 Estados Unidos derrotó a España en una guerra en la que esta perdió sus últimas posesiones coloniales.
Tropas estadounidenses tomaron el control de Puerto Rico y en el Tratado de París firmado ese mismo año, la isla pasó a estar bajo soberanía de Washington.
Sin embargo, eso no implicó la concesión inmediata de la ciudadanía estadounidense a sus habitantes, que se vieron excluidos de algunos derechos que la Constitución reconoce a otros estadounidenses.
La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció sobre el tema en 1901 en una serie de polémicas decisiones conocidas como los Casos Insulares.
Según explica Luis Fuentes-Rohwer, profesor de Leyes en la Universidad de Harvard, la Corte dictaminó entonces que “hasta que el Congreso decida que sean incorporados (Puerto Rico y los otros territorios de Estados Unidos), se quedarían en un limbo”.
Fuentes-Rohwer asegura que el lenguaje de los Casos Insulares “presenta a la gente de estos territorios como menos humanos, como primitivos e indignos de todo, incluida, por supuesto, la ciudadanía”.
Pese a que muchos historiadores y juristas la definen como racistas y discriminatorias, la Corte Suprema nunca ha revisado la doctrina sentada en los Casos Insulares.
En 1940 la Ley de Nacionalidad les otorgó la ciudadanía a todos los puertorriqueños, aunque muchos habían accedido a ella gracias a disposiciones anteriores.
Y en 1952 Estados Unidos permitió finalmente a Puerto Rico redactar su propia Constitución y desarrollar un autogobierno limitado.
El nuevo Estado Libre Asociado de Puerto Rico podía elegir un gobernador y unos poderes legislativo y judicial propios.
Pero el control fronterizo, la defensa, las relaciones exteriores, y otras competencias principales siguieron en manos del Congreso y del gobierno federal en Washington DC.
Y en la elección del presidente del Ejecutivo, Puerto Rico sigue sin poder votar, como tampoco puede hacerlo el único representante que tiene en el Congreso.
Cuál es la situación actual en Puerto Rico
En la isla se han llevado a cabo en los últimos años varios referendos sin valor jurídico sobre cuál debe ser su relación con Estados Unidos.
En el último en 2020 una mayoría de votantes votó a favor de que Puerto Rico se convierta en un nuevo estado de Estados Unidos, como los 50 actuales.
Pero esas votaciones han sido cuestionadas por su carácter no oficial y la baja participación en ellas.
Y en el Congreso estadounidense nunca ha habido un interés real por convertir a Puerto Rico en un estado, una decisión que alteraría el reparto del poder político en Washington, ya que les daría a los puertorriqueños dos senadores y una representación proporcional a su población en la Cámara de Representantes.
El malestar por la falta de influencia y poder en Washington ha contribuido al crecimiento de un movimiento independentista en Puerto Rico en los últimos años y por primera vez un candidato que aboga por la independencia, Juan Dalmau, aparece en las encuestas con opciones reales de ganar las elecciones a gobernador, que se celebran el mismo día que las presidenciales estadounidenses.
Ronald Ávila Claudio, experto en Puerto Rico de BBC Mundo, explica que “muchos puertorriqueños, sobre todo los más jóvenes, se cuestionan los beneficios de la relación actual con Estados Unidos”.
Estos puertorriqueños creen que “la falta de poder político tiene mucho que ver con el poco interés de Washington en poner a Puerto Rico en el centro de su agenda”, dice Ávila Claudio.
A eso se suma la “profunda crisis económica que desde hace más de dos décadas vive Puerto Rico y que hace que toda una generación enfrente la falta de oportunidades y los problemas derivados de una infraestructura débil”.
El huracán María, que en 2017 arrasó la isla, y la tardía y para muchos insuficiente respuesta del gobierno federal, entonces en manos de Donald Trump, aumentaron el malestar de los boricuas con el trato que reciben de Estados Unidos.
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