A una década de los derechos peatonales, ¿qué tan accesibles son nuestras ciudades para las personas con discapacidad?
La expansión de las metrópolis y el aumento de la población urbana en México han vuelto cada vez más relevante la agenda de movilidad segura y accesible, cobrando especial interés las demandas sociales por contar con Derechos Peatonales. Uno de los grupos más vulnerables en el acceso a estos derechos son las personas que viven con alguna discapacidad, limitación, problema o condición mental, quienes de acuerdo con INEGI representan al 16.5% de la población mexicana (INEGI, 2020).
En la última década hemos visto algunos avances en la promoción de los derechos peatonales, especialmente en las grandes ciudades, donde se han regulado las velocidades vehiculares, se han creado rampas en las banquetas y se han peatonalizado los centros históricos. Estas medidas han mejorado la seguridad vial y reducido la cantidad de accidentes; sin embargo, estos avances no han sido uniformes y siguen siendo insuficientes. En muchas ciudades, la falta de infraestructura adecuada para caminar o circular con ayudas técnicas sigue siendo un problema crítico, ya que han dejado de lado las necesidades específicas de las personas con discapacidad, limitando su derecho a desplazarse libremente.
Es esencial que las nuevas autoridades locales promuevan políticas de movilidad más inclusivas, para reconocer y ampliar los derechos de las personas con discapacidad o con alguna limitación de movilidad. También se requieren medidas más estrictas, para que todos los nuevos espacios públicos sean diseñados y construidos con accesibilidad universal, como lo establece la Norma Oficial Mexicana de Espacios públicos en los asentamientos humanos.
De igual forma, se debe seguir trabajando en la adaptación de las calles existentes, para que poco a poco se vayan conformando rutas peatonales accesibles, con cruces seguros y señalética incluyente. Solo con una infraestructura peatonal de calidad se puede poner en práctica los derechos reconocidos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Banquetas amplias y continuas, bien iluminadas, con rutas podo-táctiles y semáforos sonoros, deben dejar de ser la excepción y convertirse en la nueva normalidad.
Para avanzar en la agenda peatonal y de movilidad sustentable es esencial que las ciudades adopten un enfoque integral y coordinado que incluya a todos los actores relevantes, desde los gobiernos locales hasta la sociedad civil. Una de las acciones más urgentes es la revisión y actualización de los planes urbanos para alinearlos con los principios de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esto no solo mejorará la calidad de vida de los peatones con discapacidad, sino que también contribuirá a la sostenibilidad ambiental de toda la ciudad.
Además, es vital fortalecer la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas de desarrollo urbano. Las personas con discapacidad deben tener voz en las decisiones que afectan su movilidad y calidad de vida. Esto puede lograrse mediante la creación de foros de consulta, encuestas públicas y mecanismos de participación digital que permitan a los ciudadanos organizados, como los que forman parte del Movimiento de Personas con Discapacidad, expresar sus necesidades y preocupaciones.
La educación y concientización sobre los derechos peatonales debe integrarse a programas formativos y exámenes de manejo, para promover una mayor empatía y respeto hacia los usuarios más vulnerables, por parte de nuevos conductores. Solo así podremos sensibilizarlos sobre la importancia del respeto de los cajones de estacionamiento reservados a las personas con discapacidad. Además, es deseable contar con entornos escolares accesibles y seguros, para fomentar la movilidad activa en las futuras generaciones.
Por último, se deben asegurar los recursos financieros necesarios para la implementación de proyectos peatonales de calidad. Los gobiernos estatales y municipales deben priorizar la financiación de infraestructuras peatonales en sus presupuestos, buscar alianzas con el sector privado y organizaciones internacionales para apoyar iniciativas de movilidad sostenible y con un diseño universal en el que todos accedan a ella.
El derecho peatonal a una ciudad hecha a nuestra medida, especialmente desde la perspectiva de las personas con discapacidad, debe ser el eje central de las políticas de movilidad en los próximos años. La implementación de la pirámide de movilidad, que pone a las personas con discapacidad en la cima de las prioridades urbanas, es crucial para construir ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles. Aún queda un largo camino por recorrer. Es necesario superar los obstáculos actuales mediante la colaboración, la participación ciudadana y una visión renovada de la movilidad urbana que coloque a los usuarios vulnerables en el centro del diseño de nuestras ciudades.
La siguiente década representará oportunidades de crecimiento en los estados de la república mexicana, significando un impulso a la creciente presencia del movimiento de personas con discapacidad en los espacios públicos, lo que en retrospectiva acelera el proceso de reflexión y plantea demandas acordes a la realidad que vivimos actualmente.
* Martha García (@marthinagaby) es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Fundadora y Coordinadora General del Movimiento de Personas con discapacidad en México (@movimientoPcD). Estudiante de la Lic. en Trabajo Social en la ENTS de la UNAM. Correo: [email protected]. IG: @marthaggarciaa. Yehosua González (@22GVYehosua) es asistente-investigador del Departamento de Atención a la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Ganador del Premio Estatal (CDMX) de la Juventud 2024 por la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Correo: [email protected]. IG: @yehosuagv22
La pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó este miércoles una amplia reforma de la Constitución de su país que le otorgaría a él y a su esposa, Rosario Murillo, el poder absoluto sobre los tres poderes del Estado.
El ejecutivo de Ortega presentó la propuesta de “Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas” a la Asamblea Nacional para que la tramite con carácter urgente, informaron medios locales y agencias.
Con la reforma, Rosario Murillo, que es la vicepresidenta del país, pasaría a ser “copresidenta”, una nueva figura que se incorpora a la carta magna.
Según la reforma, la pareja gobernante se convertiría en “coordinadora” de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución reconocía como independientes.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, adelantó que la ley será aprobada en los próximos días, previsiblemente este mismo viernes.
Las enmiendas
La reforma afectará a más de 100 artículos de la actual Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
Otra de las enmiendas propuestas permitirá cesar de su cargo a los funcionarios públicos que disientan de los “principios fundamentales” del régimen, una práctica que ya se venía dando de forma no oficial, según denuncian organizaciones.
La reforma también limitará aún más la libertad de expresión a cuando esta “no transgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución”.
Además, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega que gobierna el país, se oficializa como símbolo patrio junto a la bandera nicaragüense azul y blanca, el himno y el escudo nacional.
Se espera que la reforma constitucional tenga el visto bueno de la Asamblea Nacional, donde 75 de los 91 diputados son del FSLN y el resto no suelen oponerse a las iniciativas que allí se presentan.
Ortega, de 79 años, eliminó los límites que la Constitución establecía para el mandato de un presidente, lo que le ha permitido renovar su cargo varias veces desde 2007 en procesos electorales considerados fraudulentos por varios países y organizaciones internacionales.
Su esposa, Rosario Murillo, gobierna junto a él como vicepresidenta de Nicaragua desde el año 2017.
Ambos renovaron sus cargos tras las elecciones de 2021, que se celebraron con los principales candidatos de la oposición suspendidos y encarcelados, y fueron consideradas un fraude por gran parte de occidente y organizaciones internacionales.
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