Nochixtlán, represión y uso excesivo de la fuerza
Por: Nayomi Aoayama
Eran alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo 19 de junio cuando policías federales y estatales arribaron al municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca. El gobierno del Estado de Oaxaca y el gobierno Federal realizaron un operativo policial conjunto, con el fin de retirar el bloqueo que durante una semana había impedido el paso de la carretera federal que comunica la Ciudad de Oaxaca de Juárez con la Ciudad de México.
El bloqueo carretero en la población de Nochixtlán era parte de las diversas acciones emprendidas por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tras la detención de dos de sus principales líderes. El magisterio exigía la liberación inmediata de los detenidos y se manifestaban en contra de la implementación de la reforma educativa aprobada en el año 2013.
Las versiones oficiales sobre lo ocurrido la mañana del 19 de junio en Asunción Nochixtlán difieren sustancialmente de lo manifestado por pobladores de esta comunidad y el movimiento magisterial. Según la versión difundida por el gobierno del Estado, la policía inició el operativo de liberación carretera de forma pacífica; sin embargo, los elementos policiales fueron agredidos por un grupo de personas no identificadas quienes detonaron armas de fuego en su contra y en contra de la población civil.
El secretario de Seguridad Pública del estado de Oaxaca, Jorge Ruiz, aseguró que el uso de la fuerza tenía como único objetivo repeler la agresión a la que los elementos policiales estaban siendo sometidos y a la necesidad de protección de los civiles que se encontraban en la población. Es decir, fue un ejercicio estrictamente necesario. Sin embargo, testigos civiles de los hechos han puesto en duda la versión oficial asegurando que, desde el inicio, el operativo fue ejecutado de forma violenta.
El conflicto que inició alrededor de las 7:30 de la mañana en Asunción Nochixtlán, se extendió durante todo el día del domingo 19 hasta llegar al centro histórico de la capital oaxaqueña, dejando como saldo 9 personas muertas, 23 personas detenidas y docenas de lesionados.
Lo vivido en Oaxaca pone de nuevo en la mira la legitimidad del uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales. Se vuelve necesario realizar un análisis reflexivo sobre los límites del uso la fuerza por parte del Estado; cuestionando cuándo el uso de éste por parte de agentes del Estado resulta excesivo y desproporcionado.
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señala que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus funciones” siempre respetando los derechos humanos de todas las personas.
Así mismo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (principios de la Habana), también de las Naciones Unidas, establecen que se podrá hacer uso de la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el resultado previsto. Ambos instrumentos internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza permiten la utilización de la fuerza y de armas de fuego solamente cuando los medios no violentos sean ineficientes para lograr un objetivo legítimo.
Los principios de la Habana para el uso de la fuerza establecen pautas de actuación para los casos en que la utilización de la fuerza pública sea estrictamente indispensable: 1) Se ejercerá con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue; 2) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 3) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, y 4) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. En el caso específico del uso de la fuerza letal, los principios de la Habana establecen que solamente se podrá utilizar cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, ya sea en defensa personal o de otras personas.
Es obligación del gobierno mexicano probar que el uso de la fuerza en contra de la población durante los hechos del pasado 19 de junio fue estrictamente necesario y proporcional a la amenaza existente. La prohibición general a los agentes de Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no se tomaran todas las medidas necesario para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida. La obligación de protección a los derechos humanos obliga al Estado a realizar una investigación real y efectiva sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por sus funcionarios.
En específico, sobre el uso de la fuerza letal la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la obligación general de investigación del Estado despliega una importancia particular en casos de uso de la fuerza letal, y establece que una vez que el Estado tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, está obligado a iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva sobre los hechos.
Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de realizar una investigación efectiva e imparcial que ayude a dilucidar si el uso de la fuerza en contra de manifestantes y pobladores de Nochixtlán fue proporcional y estrictamente necesario, y si dicha investigación concluye que se realizó un ilegítimo uso de la fuerza, será imprescindible tomar las medidas necesarias para sancionar a todos los responsables y proporcionar una reparación integral a las víctimas.
* Nayomi Aoayama es abogada de la @CMDPDH.
Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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