Maquiladoras de armas, fábrica de balas: el flujo de municiones al norte en un tiempo violento
Mucho se ha dicho –y no suficiente hecho– sobre el tráfico mortal de armas de Estados Unidos que alimenta la violencia armada en México y Centroamérica. Este mercado es enorme, militarizado y permisivo, además de representar una de las causas fundamentales de violencia y migración forzada en la región. Pero si bien el tráfico de armas desde Estados Unidos es ampliamente conocido, poco se habla de la industria multimillonaria que exporta municiones y componentes de armas desde México, misma que ha crecido desde el inicio de la pandemia por COVID 19 en 2020.
En Eagles Pass, Texas, a un tiro de piedra de la frontera entre Estados Unidos y México, se encuentran unos edificios grises inclasificables con un rótulo que dice “Maverick Arms, Inc.”, los cuales albergan una fábrica que produce rifles de la marca Mossberg. En 2020, el periodista Iñigo Arredondo y yo intentamos entrevistar personas de la fábrica para conocer su producción y exportación, pero la empresa no respondió.
Al otro lado de la frontera en México, hay tres fábricas principales que, según registros aduanales y el consolidador de datos Datamyne, sirven de maquiladoras para empresas de armas en Estados Unidos: Elamex de Torreón en Coahuila; Kimball Electronics en Reynosa, Tamaulipas, y Mam de la Frontera en Tijuana, Baja California. Desde estas fábricas se exportaron a Estados Unidos partes de armas con un valor de más de $51.6 millones de dólares el año pasado, superando el valor de armas, partes y balas exportadas desde Estados Unidos a México en el mismo periodo, que fue de $35.3 millones de dólares, según registros aduanales. 1
Desde Torreón, Elamex envió partes de rifles con un valor de $12.7 millones de dólares a Texas solamente en la primera mitad de 2022. 2 Mossberg (el destino probable para esas partes) fabrica armas cortas y rifles para caza, a la par de rifles para uso militar y policial con calibres de 7.62 y 5.56, mismo que es usado en rifles de asalto AR-15. Sin embargo, según Elamex, las partes que produce son para escopetas de caza de Maverick.
Por su cuenta Mam de la Frontera en Tijuana, parte de la empresa Tacna Inc., exportó más de $17 millones de dólares en partes de pistolas y revólveres el año pasado, casi todo a un usuario desconocido en Nevada. 3 Esta cantidad de compuestos de armas exportadas en 2021 representa un aumento de $9.5 millones de dólares en partes exportadas por Mam de la Frontera en 2020, lo cual a su vez constituye más del doble del valor exportado por la empresa tijuanense desde por lo menos 2011.
Kimball Electronics en Reynosa en 2021 exportó partes de armas a Estados Unidos con un valor de casi $13 millones de dólares que, por su código arancelario, carecen de una descripción más detallada. Los registros aduanales sugieren que el destino de estas exportaciones fue Texas. A su vez, no hay registro de partes exportadas por Kimball antes de 2018.
Además, Industrias Tecnos en Cuernavaca cada año exporta cientos de millones de balas bajo la marca Aguila a Estados Unidos y a otros países. Esa producción salió a la luz pública en junio del año pasado cuando dos trailers, llevando más de 7 millones de balas producidas por Industrias Tecnos, fueron robados en Guanajuato. 4 De las balas contenidas en los trailers, el 99% eran para rifles .22, los cuales no son calibres de interés para las organizaciones criminales, misma cantidad que, según reportes de las autoridades, fue recuperada; 5 sin embargo, el 1 % consistía en 87.000 cartuchos de balas calibre 7.62 x 51, que se usan en armas de asalto que sí son de interés para el crimen organizado. 6
La producción y exportación de balas por Industrias Tecnos desde 2019 ha aumentado dramáticamente; durante los últimos 30 meses (enero de 2020 hasta julio de 2022), México, a través de esta empresa, ha exportado más de 1,771 millones de balas a Estados Unidos, según registros aduanales: más de cinco balas por cada ser humano en ese país, y más que en los cuatro años anteriores (más de 94 % de las balas exportadas por México en 2020 fueron a Estados Unidos).
La pandemia ha provocado demoras y escasez de muchos productos. Al mismo tiempo, en Estados Unidos condujo a compras sin precedentes de armas y municiones, provocando dificultades en la industria de armas para producir balas al ritmo de las compras. 7 Según datos analizados por The Trace, el asesinato de 45,000 personas con armas de fuego en Estados Unidos durante el 2020 se debe, en parte, al enorme aumento de compras de armas durante ese año. 8
En menor medida, la empresa estadounidense Safariland también produce partes de armas en México, las cuales exporta a Estados Unidos. Según un informe reciente sobre la militarización de policías en California, Safariland -también conocida como Defense Technologies- produce armas “menos letales” incluyendo gases lacrimógenos para el uso policial a lo largo del mundo, desde las tierras palestinas ocupadas por Israel, hasta las protestas en Estados Unidos contra el asesinato de George Floyd. En 2018, su gas lacrimógeno fue utilizado por agentes de Customs and Border Protection (CBP) en contra de migrantes intentando cruzar la frontera de México hacía Estados Unidos. 9 Igualmente, corporaciones de policías mexicanas en por lo menos nueve estados han comprado lanzadores producidos por Defense Technologies según una base de datos que construimos de facturas de armas adquiridas por policías mexicanas. 10
Por otra parte, el presidente López Obrador en mayo del presente año advertía de un aumento en la producción de armas de fuego por la Industria Militar mexicana para uso de los cuerpos policiales en el país, con la intención de que México no tenga que depender de empresas de armas en Estados Unidos, 11 mismas que está demandando en una corte en Boston por sus prácticas negligentes. Tampoco tendría que hacer caso a los controles sobre derechos humanos que pueden imponer algunos países exportadores como Alemania.
SEDENA ya produce miles de armas militares anualmente. Solamente en los primeros siete meses de 2021 el ejército produjo 25,300 armas largas del modelo FX-05, a un ritmo de producción mayor que cualquier año anterior desde 2006. 12 Sin embargo, estas armas son para uso propio de las Fuerzas Armadas, no para comercialización a cuerpos policiales ni exportación.
La empresa privada mexicana Mendoza, que también produce y exporta armamento, en 2021 exportó mercancía con valor de $1.26 millones de dólares, la mayoría partes de armas a Estados Unidos, pero también 3,320 rifles completos para cazar a Honduras, Guatemala y otros países, según datos de Datamyne. 13
La SEDENA está en proceso de producir drones armados, llamados S-45 Balaam, fabricados por la empresa Hydra Technologies en Guadalajara para el uso de la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. El dron fue presentado en la Exposición Farnborough en Inglaterra el mes pasado y será capaz de lanzar cohetes del aire a la tierra. 14
Tanto SEDENA como SEMAR están adquiriendo grandes cantidades de armas. 15 Únicamente en el tercer trimestre del año pasado, la Marina compró 1,183 armas portátiles y semi portátiles, 260 ametralladoras, 922 lanzagranadas, 3,846 juegos de rifles, 1,386 juegos de pistolas, 3 millones de municiones y 23,400 granadas, las cuales fueron importadas. 16
La exportación de partes de armas y balas ha sido invisibilizada en parte porque no es un requisito reportarlas en los informes anuales del Tratado de Comercio de Armas, al que México está fielmente adherido. En su informe para 2019, por ejemplo, se registran 1,200 rifles de la marca Mendoza exportados a Guatemala y El Salvador; 17 sin embargo, no hay rubro bajo el Tratado para reportar la exportación e importación de las balas y partes de armas.
La falta de controles de municiones y partes de armas es un problema mundial. México tiene motivos profundos para controlar y reducir ese comercio que, entre otras cosas, produce tanta violencia dentro del país. Para ello, es necesario implementar acciones para transparentar las industrias nacionales de producción y exportación de componentes que son fundamentales para tirar armas de fuego y destruir vidas.
* John Lindsay-Poland coordina Stop US Arms to Mexico, un proyecto de la organización Global Exchange, y es miembro de la red #PazSinArmas.
1 Las cifras citadas en este texto fueron desarrolladas por el autor basado en los datos de exportación e importación de Estados Unidos publicados por la Oficina del Censo de Estados Unidos (disponible aquí) y el consolidador de datos comerciales Descartes Datamyne.
2 Datos de Descartes Datamyne.
3 Datos de Descartes Datamyne y la Oficina del Censo de Estados Unidos.
4 Roberto Rock, “La oscura historia de las balas robadas”, e-consulta.com, 27 de junio de 2021, disponible aquí.
5 “Crimen abandonó balas robadas en Guanajuato porque no les sirven: vocero de Industrias Tecnos”, Milenio, 17 de junio de 2021, disponible aquí.
6 Verónica Espinosa, “Comando robó 7 millones, 114 mil 500 cartuchos, entre ellos 87 mil para rifles R15”, Proceso, 10 de junio de 2021, disponible aquí.
7 Jordan Michaels, “Ammo Makers, Gun Manufacturers Issue Statements Responding to COVID-19 Crisis”, Guns America Digest, 26 de marzo de 2020, disponible aquí.
8 Champe Barton, “New Data Suggests a Connection Between Pandemic Gun Sales and Increased Violence”, The Trace, 8 de diciembre de 2021, disponible aquí.
9 American Friends Service Committee, Equipped for War: Exposing militarized policing in California, abril de 2022, disponible aquí.
10 Base de datos de armas de fuego comercializadas a policías estatales y municipales de México, 2006-2018, disponible aquí.
11 Jorge Alejandro Medellin, defensa.com, 7 de junio de 2022, “La industria militar mexicana fabricará armas para la Policía del país”, disponible aquí.
12 SEDENA, Tercer Informe de Labores, 2019-2024, p. 94, disponible aquí; y SEDENA, respuesta a una solicitud de información, Folio 0000700029720, 11 de febrero de 2020.
13 Datos de Descartes Datamyne.
14 Jorge Alejandro Medellín, “S-45 Baalam: El primer UAV armado hecho en México”, defensa.com, 20 de julio de 2022, disponible aquí.
15 El Porvenir, “Alista Sedena adquisición de 228 fusiles de alto poder”, 3 de julio de 2022, disponible aquí.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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