Juan Carlos Flores y la lucha por el territorio
Por: Graciela Martínez González (@gracielamargon)
El 7 de abril de 2014, Juan Carlos Flores Solís, defensor del derecho a la tierra y el territorio e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT), fue detenido cuando salía de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla. Tras 10 meses de reclusión, Juan Carlos Flores fue liberado. Hoy es reconocido internacionalmente por su labor a pesar de la constante criminalización que él y el Frente de Pueblos han enfrentado. La organización internacional Front Line Defenders lo ha incluido entre los cinco finalistas al premio homónimo, que otorgará el próximo mes de septiembre.
Juan Carlos Flores comenzó su activismo en Puebla en el año 2000, cuando aún se encontraba en la universidad. No fue hasta 2007 que el defensor se involucraría en las luchas de las comunidades de la región. “Ocho años hemos estado en esta defensa del territorio, primero en el estado de Puebla, después en Tlaxcala y luego en Morelos”, cuenta el activista quien denuncia que los recursos de la zona atraen la atención de inversionistas para su explotación, sin considerar el impacto sobre el medio ambiente y las comunidades. La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, que incluye municipios de ambos estados, es la cuarta en términos de población después del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, y una de las zonas más industrializadas del país.
El FPDTA-MPT comenzó su andadura en 2009, explica Juan Carlos, para defender la tierra y los recursos de la región frente a la construcción de las autovías Libramiento Norte y Sur-Poniente de Puebla. En los últimos años, la labor del colectivo se ha enfocado en el Proyecto Integral Morelos (PIM), uno de los planes en desarrollo de abastecimiento de energía situado en la región centro del país y que reinició la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2010.
La lucha contra el gasoducto
El Proyecto Integral Morelos, en su primera etapa, incluye la construcción de un gasoducto para transportar gas natural que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620W cada una, ubicadas en Huexca, Morelos; un acueducto, y una línea de torres de alta tensión, ambas situadas también en el estado de Morelos. El gasoducto, que inició su construcción a finales de 2013, tendrá cerca de 160 kilómetros de longitud, un diámetro de 30 pulgadas y transportará aproximadamente 9.000 millones de litros de gas al día.
En 2004, fue la empresa estadounidense The Williams Companies, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Zapata, la que obtuvo la licitación del gobierno en turno para desarrollar el gasoducto en el municipio de Atlixco, Puebla. Sin embargo, algunas comunidades afectadas lograron pararlo tras demostrar que no tenían la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para construir el gasoducto[i]. Desde hace cinco años, es la CFE, empresa productiva del Estado, quien maneja el proyecto.
La CFE concedió el permiso de construcción de la termoeléctrica a la empresa española Abengoa, y la construcción del gasoducto a Elecnor y Anagas, también de origen español, así como a la empresa italiana Bonatti SPA, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolviera las MIA correspondientes (21PU2011G0009 y 17MO2011E0001). “De ahí a la fecha ha sido una constante represión, división de los pueblos, cooptación en las comunidades tanto de autoridades como de alguna gente de las comunidades”, denuncia Juan Carlos Flores.
[contextly_sidebar id=”cpHm7hyKyTOffy5IHxJ2aESvstNEj2uG”]Frente a la idea de desarrollo y progreso de los dirigentes de los tres estados, el Frente de Pueblos se ha organizado para informar a la población afectada, generar dinámicas de discusión sobre las consecuencias del proyecto e impedir que éste se lleve a cabo sin una consulta previa, libre e informada y sin considerar los peligros que entraña. En particular, el proyecto podría afectar a las 22 comunidades situadas alrededor del volcán Popocatépetl en caso de erupción; a la población cercana a la planta tratadora de aguas de Cuautla, Morelos, que necesita la termoeléctrica, tanto por la contaminación que produciría como por la extracción del agua, así como por la emisión de gases en caso de fuga o explosión del gasoducto.
Con el objetivo de cancelar el Proyecto Integral Morelos, el Frente de Pueblos ha tomado acciones sociales como legales. “Se ha hecho un trabajo bastante fuerte para acceder a la información que tiene oculta este proyecto. Hemos conseguido las cartas que emite el Instituto de Geofísica de la UNAM, así como del Centro Nacional para Prevención de Desastres, donde dice que el proyecto del gasoducto no es viable”, afirma Juan Carlos Flores Solís.
En la MIA sobre el gasoducto, la Semarnat considera que existen riesgos volcánicos y establece como una de las medidas preventivas presentar el proyecto al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para su valoración[ii]. El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geofísica de la UNAM, que asesora al CENAPRED, recomendó no construir este gasoducto “porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo” [iii]. Igualmente, especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla declararon la falta de viabilidad para construir tanto el gasoducto como la planta termoeléctrica por el riesgo que representa[iv].
Criminalización de la defensa del territorio
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha documentado a lo largo de los últimos años un aumento del número de casos de hostigamiento hacia las defensoras y los defensores del derecho a la tierra en todo el mundo[v]. En su último informe, el Observatorio destaca a México entre los países donde más se reprime a defensores y defensoras del derecho a la tierra, y muestra como ejemplo el caso de Juan Carlos Flores Solís, detenido arbitrariamente por su oposición al Proyecto Integral Morelos.
El defensor comenzó a sentir la presión en su contra en 2012 cuando, el 23 de octubre, la policía federal y estatal rodeó el pueblo de Huexca, argumentando que tenían el permiso de la comunidad para entrar e iniciar los trabajos de la termoeléctrica. “El secretario de gobernación hizo una rueda de prensa a la semana de haber entrado a Huexca con la policía para decir que yo era el culpable de todo lo que estaba pasando ahí”, reclama Juan Carlos. El actual gobernador del estado de Morelos lo tildó de “agitador profesional”.
El caso de Juan Carlos Flores no es el único; según el Frente de Pueblos se han emitido más de una decena de órdenes de aprehensión en contra de los opositores al proyecto. Jaime Domínguez Pérez fue arrestado en septiembre de 2013 cuando participaba en una protesta, lo liberaron dos días después. El 6 de abril de 2014, Enedina Rosas Vélez, Comisaria Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, también integrante del Frente de Pueblos, fue detenida por “robo agravado” y “oposición a obra pública” y trasladada al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Atlixco, Puebla. Finalmente, logró la libertad total el 25 de marzo de 2015, después de pasar casi seis meses en prisión preventiva domiciliaria.
Juan Carlos Flores fue apresado un día después que Enedina, cuando salía de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, precisamente después de interponer la queja por el caso de la defensora. “Alrededor de 40 personas, policías ministeriales, que se encontraban ubicados en las diferentes esquinas de la comisión estatal, me abordan y varios de ellos me detienen, me suben a la fuerza al carro, me agarran de los huevos y me dicen que ya valí madres y que nadie se opusiera. Empujan a los compañeros, los compañeros tratan de jalarme, entonces, les sacan las armas a los compañeros y les dicen: ‘si tú sigues en ponerte terco, aquí ya quedaste”, relata Juan Carlos.
El defensor cuenta cómo le llevaron hasta la Procuraduría General de Justicia donde, después de varias horas, le informan que la detención se debe a una orden de aprehensión de 2012, y que está acusado de disturbios, saqueo, ataque a la obra hidráulica y extorsión. De ahí le llevan al CERESO de Cholula, Puebla. Dos días después, trabajadores de la empresa Bonatti amplían su declaración y le incluyen en las mismas acusaciones que a Enedina, con la posibilidad de que sea sentenciado a 32 años de prisión. Con el acompañamiento del defensor José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Juan Carlos Flores fue liberado el 23 de enero de este año ante la falta de fundamento de las acusaciones, aunque aún tiene un cargo pendiente.
El defensor ha vivido la situación de reclusión con mucha impotencia: “En esos diez meses escuché por teléfono y un poco por algunos medios de comunicación, cómo se acrecentó la represión en Puebla de una manera bastante grave, cómo empezaron a detener a muchísima más gente, cómo murió este niño, José Luis Tehuatle en Chalchihuapan, cómo nos cerraron las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec el 4 de agosto de 2014, cómo perseguían a nuestros compañeros, cómo había más órdenes de aprehensión, cómo entraba el ejército a las comunidades. Y yo sin hacer nada, sin poder hacer nada”.
El reconocimiento a la labor del defensor, nominado como finalista al Front Line Defenders Award 2015, ha sido todo un revulsivo después de casi un año en la cárcel. “Uno sintiéndose más seguro y teniendo más cobertura puede darle también cobertura, seguridad y defensa a los demás compañeros que también están en riesgo en la región”, afirma Juan Carlos Flores. Para el activista, no es primordial recoger el premio el próximo 12 de septiembre, estar nominado significa ya un reconocimiento fundamental a la lucha de los pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala.
* Graciela Martínez González es encargada de difusión en el Proyecto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)
[i] PBI México: Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México: Iniciativas y Riesgos de la Sociedad Civil Mexicana, 2013, p. 81, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).
[ii] M.I.A.: Proyecto: STGNM-GASODUCTO MORELOS, EDOS.DE TLAXCALA, PUEBLA Y MORELOS. Clave: 21PU2011G0009, Cap. 1 – 83, disponible aquí (consultado el 25 de junio de 2015).
[iii] Cámara de Diputados: Gaceta Parlamentaria, Número 3664-V, martes 11 de diciembre de 2012, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).
[iv] Cupreder BUAP: PROYECTO INTEGRAL MORELOS VS. PLANEACIÓN TERRITORIAL IZTA – POPO, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).
[v] OBS (FIDH-OMCT): Informe Anual 2014 «No tenemos miedo» Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, diciembre de 2014, p. 71, disponible aquí (consultado el 25 de junio de 2015).
No hay “un sucesor claro e indiscutible” de Nemesio Oseguera, explica un exjefe de la agencia antidrogas DEA. Pero varios nombres figuran en las listas de prófugos principales de Washington.
Algo seguro sobre la muerte de “El Mencho” es que, sin su figura en el mundo del narco, las drogas ilícitas aún pasarán entre los países en cantidades industriales.
Hasta su violenta caída el domingo en un operativo militar para capturarlo, Nemesio Oseguera era desde hacía años el hombre más buscado de México, como antes lo fueron Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y otros jefes narcos.
Ninguna de esas súbitas variaciones nominales alteró de modo fundamental el flujo global de narcóticos, y los expertos descartan que algo diferente ocurra ahora.
Bajo el liderazgo de “El Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación expandió sus tentáculos por México, decenas de países de la región y alrededor del planeta hasta Australia, según las autoridades.
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta US$15 millones por información que permitiera arrestar a Oseguera. Su agencia antidrogas DEA incluyó a este narco en su lista de fugitivos más buscados en 2016: salió de ella siete años más tarde de forma temporal y la encabezaba cuando fue abatido.
Pese a que procuraba mantener un perfil bajo, “El Mencho” era considerado uno de los últimos grandes capos capaces de controlar todo el negocio a gran escala, desde la producción hasta el tráfico y la distribución de estupefacientes.
“El panorama se aleja de la era del líder único y todopoderoso hacia estructuras de liderazgo más resilientes e interconectadas”, le dice a BBC News Mundo Ray Donovan, un exjefe de operaciones de la DEA que supervisó los esfuerzos que llevaron a la captura de “El Chapo” a inicios de 2016 en México.
Pero, ¿quiénes son en este contexto los narcos más perseguidos por Washington tras el fin de Oseguera?
De la MS-13 a “Los Chapitos”
A la cabeza la lista de fugitivos más buscados de la DEA, actualizada tras la muerte de Oseguera, figura ahora Yulian Archaga, un hondureño acusado de dirigir las operaciones de la pandilla MS-13 en su país y de traficar grandes cantidades de cocaína a EE.UU. La agencia ofrece hasta US$5 millones por ayudar a capturarlo.
Apodado “El Porky”, Archaga permanece prófugo desde 2020, cuando varios hombres armados mataron a policías y militares para que escapara de un juzgado hondureño donde respondía por el homicidio de dos fiscales.
Siguen en la nómina de la DEA dos hijos de “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, con una recompensa de hasta US$10 millones ofrecida por Washington a cambio de información para arrestar a cada uno.
Ambos “Chapitos” son considerados líderes del cartel de Sinaloa y responsables de la producción y tráfico de fentanilo tras la cadena perpetua que cumple su padre en EE.UU. y la caída de sus hermanastros Joaquín y Ovidio Guzmán López, quienes el año pasado aceptaron los cargos de narcotráfico en su contra en ese país.
“La muerte de Nemesio Oseguera”, señala Donovan, “no dejó un sucesor claro e indiscutible, pero Iván Archivaldo Guzmán Salazar destaca como una de las figuras más peligrosas que hoy están prófugas”.
“Aunque no ejerce el mismo control centralizado que ‘El Mencho’, su dominio de las cadenas de suministro clave, su acceso a precursores químicos y su disposición a enfrentarse al Estado (…) lo sitúan entre los traficantes más importantes que operan hoy”, agrega.
El exjefe de la DEA explica que las designaciones de los narcos más buscados por la agencia “deben entenderse como una herramienta estratégica”, en lugar de una simple advertencia pública o ranking, su objetivo es presionar a las organizaciones criminales y sincronizar los esfuerzos en su contra.
En la lista también figura el uruguayo Sebastián Marset, a quien una investigación en Paraguay y otros países vinculó con el envío de toneladas de cocaína a Europa.
EE.UU. acusa a Marset de lavado de activos del narcotráfico y ofrece pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.
Otro de los más buscados por la DEA es el mexicano Alfonso Limón-Sánchez, también conocido como “El Poncho Limón”, considerado una figura clave en la estructura del cartel de Sinaloa que lideraba “El Mayo” Zambada.
Esa facción del grupo está en una guerra interna con “Los Chapitos” desde que Joaquín Guzmán López secuestró a Zambada y lo trasladó en avión a EE.UU. en 2024 para entregarse con él a la justicia, según admitió el propio hijo de “El Chapo” en un tribunal federal.
Se estima que el bando de “El Mayo” dentro del cartel lo encabeza su hijo Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien también enfrenta cargos en EE.UU. pero hasta ahora está ausente de la lista de los más buscados de la DEA.
¿El próximo?
La lista de 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI por sus siglas en inglés) menciona a algunos narcos como Archaga entre distintos tipos de criminales, pero tiene diferencias con la nómina de la DEA.
El FBI incluye a Fausto Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, presunto líder de una organización denominada con sus apellidos acusada de enviar metanfetamina, cocaína, heroína y otras drogas a EE.UU., y ofrece hasta US$5 millones por información para arrestarlo.
El Buró también señala entre sus más buscados al venezolano Giovanni Vicente Mosquera como líder del grupo Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína e intento de apoyar a una organización terrorista extranjera.
La retribución prometida por ayudar a capturar a Mosquera también llega hasta US$5 millones.
EE.UU. ha ofrecido recompensas mayores por altos miembros del gobierno de Venezuela, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello (US$25 millones) y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino (US$15 millones), acusados de traficar cocaína, aunque ninguno figura hasta ahora en las listas de más buscados de la DEA o el FBI.
Entre la decena de prófugos de la nómina del Buró sí aparece el colombiano Wilver Villegas-Palomino, alias “El Puerco”, bajo cargos en EE.UU. de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína como miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de su país.
El precio por su captura llega hasta US$5 millones.
Claro que estas nóminas están sujetas a revisiones.
Por ejemplo, entre los diez más buscados del FBI aún figura el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, acusado de liderar una organización de narcotráfico. Pero tras su arresto y extradición a EE.UU. el mes pasado, ahora sobre su foto se lee “Capturado”.
Y así como “El Mencho” salió de los más buscados de la DEA esta semana tras su muerte, una pregunta siempre abierta es quién será la próxima alta o baja en esas listas negras.
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