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Juan Carlos Flores y la lucha por el territorio
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Verdad, justicia y reparación
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Juan Carlos Flores y la lucha por el territorio
Juan Carlos Flores Solís, recluido 10 meses y posteriormente liberado por su trabajo en defensa del derecho a la tierra y el territorio desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, ha sido nominado como finalista al Front Line Defenders Award 2015.
29 de junio, 2015
Por: Verdad, justicia y reparación
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Por: Graciela Martínez González (@gracielamargon)

El 7 de abril de 2014, Juan Carlos Flores Solís, defensor del derecho a la tierra y el territorio e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala (FPDTA-MPT), fue detenido cuando salía de una reunión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Puebla. Tras 10 meses de reclusión, Juan Carlos Flores fue liberado. Hoy es reconocido internacionalmente por su labor a pesar de la constante criminalización que él y el Frente de Pueblos han enfrentado. La organización internacional Front Line Defenders lo ha incluido entre los cinco finalistas al premio homónimo, que otorgará el próximo mes de septiembre.

Juan Carlos Flores comenzó su activismo en Puebla en el año 2000, cuando aún se encontraba en la universidad. No fue hasta 2007 que el defensor se involucraría en las luchas de las comunidades de la región. “Ocho años hemos estado en esta defensa del territorio, primero en el estado de Puebla, después en Tlaxcala y luego en Morelos”, cuenta el activista quien denuncia que los recursos de la zona atraen la atención de inversionistas para su explotación, sin considerar el impacto sobre el medio ambiente y las comunidades. La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, que incluye municipios de ambos estados, es la cuarta en términos de población después del Valle de México, Guadalajara y Monterrey, y una de las zonas más industrializadas del país.

El FPDTA-MPT comenzó su andadura en 2009, explica Juan Carlos, para defender la tierra y los recursos de la región frente a la construcción de las autovías Libramiento Norte y Sur-Poniente de Puebla. En los últimos años, la labor del colectivo se ha enfocado en el Proyecto Integral Morelos (PIM), uno de los planes en desarrollo de abastecimiento de energía situado en la región centro del país y que reinició la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2010.

La lucha contra el gasoducto

El Proyecto Integral Morelos, en su primera etapa, incluye la construcción de un gasoducto para transportar gas natural que atravesará los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620W cada una, ubicadas en Huexca, Morelos; un acueducto, y una línea de torres de alta tensión, ambas situadas también en el estado de Morelos. El gasoducto, que inició su construcción a finales de 2013, tendrá cerca de 160 kilómetros de longitud, un diámetro de 30 pulgadas y transportará aproximadamente 9.000 millones de litros de gas al día.

En 2004, fue la empresa estadounidense The Williams Companies, a través de su filial mexicana Transportadora de Gas Zapata, la que obtuvo la licitación del gobierno en turno para desarrollar el gasoducto en el municipio de Atlixco, Puebla. Sin embargo, algunas comunidades afectadas lograron pararlo tras demostrar que no tenían la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para construir el gasoducto[i]. Desde hace cinco años, es la CFE, empresa productiva del Estado, quien maneja el proyecto.

La CFE concedió el permiso de construcción de la termoeléctrica a la empresa española Abengoa, y la construcción del gasoducto a Elecnor y Anagas, también de origen español, así como a la empresa italiana Bonatti SPA, después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) resolviera las MIA correspondientes (21PU2011G0009 y 17MO2011E0001). “De ahí a la fecha ha sido una constante represión, división de los pueblos, cooptación en las comunidades tanto de autoridades como de alguna gente de las comunidades”, denuncia Juan Carlos Flores.

[contextly_sidebar id=”cpHm7hyKyTOffy5IHxJ2aESvstNEj2uG”]Frente a la idea de desarrollo y progreso de los dirigentes de los tres estados, el Frente de Pueblos se ha organizado para informar a la población afectada, generar dinámicas de discusión sobre las consecuencias del proyecto e impedir que éste se lleve a cabo sin una consulta previa, libre e informada y sin considerar los peligros que entraña. En particular, el proyecto podría afectar a las 22 comunidades situadas alrededor del volcán Popocatépetl en caso de erupción; a la población cercana a la planta tratadora de aguas de Cuautla, Morelos, que necesita la termoeléctrica, tanto por la contaminación que produciría como por la extracción del agua, así como por la emisión de gases en caso de fuga o explosión del gasoducto.

Con el objetivo de cancelar el Proyecto Integral Morelos, el Frente de Pueblos ha tomado acciones sociales como legales. “Se ha hecho un trabajo bastante fuerte para acceder a la información que tiene oculta este proyecto. Hemos conseguido las cartas que emite el Instituto de Geofísica de la UNAM, así como del Centro Nacional para Prevención de Desastres, donde dice que el proyecto del gasoducto no es viable”, afirma Juan Carlos Flores Solís.

En la MIA sobre el gasoducto, la Semarnat considera que existen riesgos volcánicos y establece como una de las medidas preventivas presentar el proyecto al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para su valoración[ii]. El Comité Científico de Riesgos del Volcán Popocatépetl del Instituto de Geofísica de la UNAM, que asesora al CENAPRED, recomendó no construir este gasoducto “porque pasa por las zonas de significativo riesgo eruptivo” [iii]. Igualmente, especialistas del Centro Universitario para la Prevención de Desastres de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla declararon la falta de viabilidad para construir tanto el gasoducto como la planta termoeléctrica por el riesgo que representa[iv].

Criminalización de la defensa del territorio

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos ha documentado a lo largo de los últimos años un aumento del número de casos de hostigamiento hacia las defensoras y los defensores del derecho a la tierra en todo el mundo[v]. En su último informe, el Observatorio destaca a México entre los países donde más se reprime a defensores y defensoras del derecho a la tierra, y muestra como ejemplo el caso de Juan Carlos Flores Solís, detenido arbitrariamente por su oposición al Proyecto Integral Morelos.

El defensor comenzó a sentir la presión en su contra en 2012 cuando, el 23 de octubre, la policía federal y estatal rodeó el pueblo de Huexca, argumentando que tenían el permiso de la comunidad para entrar e iniciar los trabajos de la termoeléctrica. “El secretario de gobernación hizo una rueda de prensa a la semana de haber entrado a Huexca con la policía para decir que yo era el culpable de todo lo que estaba pasando ahí”, reclama Juan Carlos. El actual gobernador del estado de Morelos lo tildó de “agitador profesional”.

El caso de Juan Carlos Flores no es el único; según el Frente de Pueblos se han emitido más de una decena de órdenes de aprehensión en contra de los opositores al proyecto. Jaime Domínguez Pérez fue arrestado en septiembre de 2013 cuando participaba en una protesta, lo liberaron dos días después. El 6 de abril de 2014, Enedina Rosas Vélez, Comisaria Ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, también integrante del Frente de Pueblos, fue detenida por “robo agravado” y “oposición a obra pública” y trasladada al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Atlixco, Puebla. Finalmente, logró la libertad total el 25 de marzo de 2015, después de pasar casi seis meses en prisión preventiva domiciliaria.

Juan Carlos Flores fue apresado un día después que Enedina, cuando salía de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, precisamente después de interponer la queja por el caso de la defensora. “Alrededor de 40 personas, policías ministeriales, que se encontraban ubicados en las diferentes esquinas de la comisión estatal, me abordan y varios de ellos me detienen, me suben a la fuerza al carro, me agarran de los huevos y me dicen que ya valí madres y que nadie se opusiera. Empujan a los compañeros, los compañeros tratan de jalarme, entonces, les sacan las armas a los compañeros y les dicen: ‘si tú sigues en ponerte terco, aquí ya quedaste”, relata Juan Carlos.

El defensor cuenta cómo le llevaron hasta la Procuraduría General de Justicia donde, después de varias horas, le informan que la detención se debe a una orden de aprehensión de 2012, y que está acusado de disturbios, saqueo, ataque a la obra hidráulica y extorsión. De ahí le llevan al CERESO de Cholula, Puebla. Dos días después, trabajadores de la empresa Bonatti amplían su declaración y le incluyen en las mismas acusaciones que a Enedina, con la posibilidad de que sea sentenciado a 32 años de prisión. Con el acompañamiento del defensor José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Juan Carlos Flores fue liberado el 23 de enero de este año ante la falta de fundamento de las acusaciones, aunque aún tiene un cargo pendiente.

El defensor ha vivido la situación de reclusión con mucha impotencia: “En esos diez meses escuché por teléfono y un poco por algunos medios de comunicación, cómo se acrecentó la represión en Puebla de una manera bastante grave, cómo empezaron a detener a muchísima más gente, cómo murió este niño, José Luis Tehuatle en Chalchihuapan, cómo nos cerraron las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec el 4 de agosto de 2014, cómo perseguían a nuestros compañeros, cómo había más órdenes de aprehensión, cómo entraba el ejército a las comunidades. Y yo sin hacer nada, sin poder hacer nada”.

El reconocimiento a la labor del defensor, nominado como finalista al Front Line Defenders Award 2015, ha sido todo un revulsivo después de casi un año en la cárcel. “Uno sintiéndose más seguro y teniendo más cobertura puede darle también cobertura, seguridad y defensa a los demás compañeros que también están en riesgo en la región”, afirma Juan Carlos Flores. Para el activista, no es primordial recoger el premio el próximo 12 de septiembre, estar nominado significa ya un reconocimiento fundamental a la lucha de los pueblos de Puebla, Morelos y Tlaxcala.

 

* Graciela Martínez González es encargada de difusión en el Proyecto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (@CMDPDH)

 

 

[i] PBI México: Panorama de la Defensa de los Derechos Humanos en México: Iniciativas y Riesgos de la Sociedad Civil Mexicana, 2013, p. 81, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).

[ii] M.I.A.: Proyecto: STGNM-GASODUCTO MORELOS, EDOS.DE TLAXCALA, PUEBLA Y MORELOS. Clave: 21PU2011G0009, Cap. 1 – 83, disponible aquí (consultado el 25 de junio de 2015).

[iii] Cámara de Diputados: Gaceta Parlamentaria, Número 3664-V, martes 11 de diciembre de 2012, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).

[iv] Cupreder BUAP: PROYECTO INTEGRAL MORELOS VS. PLANEACIÓN TERRITORIAL IZTA – POPO, disponible aquí (consultado el 26 de junio de 2015).

[v] OBS (FIDH-OMCT): Informe Anual 2014 «No tenemos miedo» Defensores del derecho a la tierra: atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado, diciembre de 2014, p. 71, disponible aquí (consultado el 25 de junio de 2015).

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Martine Moïse: quién es la viuda del expresidente de Haití Jovenel Moïse y por qué la acusan de estar implicada en su asesinato
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Martine Moïse: quién es la viuda del expresidente de Haití Jovenel Moïse y por qué la acusan de estar implicada en su asesinato
Juan Carlos Flores Solís, recluido 10 meses y posteriormente liberado por su trabajo en defensa del derecho a la tierra y el territorio desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala, ha sido nominado como finalista al Front Line Defenders Award 2015.
21 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Martine Moïse, que resultó herida en el ataque en el que asesinaron a su esposo, el entonces presidente de Haití Jovenel Moïse, forma parte ahora de la lista de decenas de acusados tras dos años de investigación.

Se le imputan los cargos de “complicidad y asociación criminal”, según un documento legal filtrado por un portal de noticias haitiano.

Ni la ex primera dama ni su abogado han hecho comentarios sobre la acusación por el momento.

Moïse, en paradero desconocido, ha utilizado las redes sociales en los últimos días para denunciar “detenciones injustas” y lo que calificó como una “persecución interminable”.

Nuevas acusaciones

Los medios haitianos destacaron que, si bien el extenso documento legal acusa a 51 personas, no identifica a quién ordenó y financió el asesinato del presidente Moïse.

El dirigente de 53 años fue muerto a tiros el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, por un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos.

Los últimos cargos se hicieron públicos el lunes, cuando el portal de noticias haitiano Ayibo Post filtró la acusación, y fueron presentados por Walther Wesser Voltaire, el quinto juez que encabeza la investigación del asesinato.

En el documento legal de 122 páginas, el magistrado expone las acusaciones a Martine Moïse y otros 50 sospechosos.

Sostiene que las declaraciones de la ex primera dama tras el asesinato de su marido estuvieron “tan marcadas por contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan”.

La ex primera dama

Martine Moïse
Getty Images
La esposa de Jovenel Moïse se encuentra en paradero desconocido.

Martine Moïse, de 49 años, fue gravemente herida en el ataque a su residencia en Pétion-Ville que culminó con la muerte de su marido.

Sufrió impactos de bala en los brazos y el muslo, además de lesiones severas en la mano y el abdomen.

Tras el incidente fue atendida de urgencia en el Hospital General de Puerto Príncipe, en medio de una gran confusión y falsos rumores sobre su fallecimiento.

Después la evacuaron a Miami, EE.UU., donde describió el asesinato de su esposo como un ataque de individuos “altamente entrenados y fuertemente armados” que buscaban sabotear la transición democrática en Haití.

El mismo julio de 2021 regresó a su país de forma inesperada, y su defensa legal asegura que en la actualidad permanece escondida en un lugar no revelado por motivos de seguridad.

Martine Moïse ha criticado en varias ocasiones la investigación del asesinato de su marido, al considerar que los magistrados encargados del caso no tienen interés en destapar la verdad.

La ex primera dama, que conoció a Jovenel Moïse durante su etapa universitaria, destacó durante su mandato por apoyar causas cívicas y humanitarias.

Lideró la Fondasyon Klere Ayiti, una ONG de desarrollo comunitario sobre educación y asuntos de la mujer, y también fue presidenta de coordinación del Fondo Mundial en Haití, que busca combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades en el país caribeño.

Martine Moïse y la reina Letizia de España en un evento caritativo en Puerto Príncipe en 2018
Getty Images
Martine Moïse y la reina Letizia de España en un evento caritativo en Puerto Príncipe en 2018.

La declaración para implicarla

Como prueba contra Martine Moïse el documento cita una declaración de Lyonel Valbrun, que era secretario general en el Palacio Nacional de Haití cuando asesinaron al presidente.

Valbrun alega que Jovenel Moïse llegó al Palacio Nacional de Haití, la residencia oficial del presidente, dos días antes del asesinato.

Según el secretario general, Martine Moïse pasó cinco horas sacando “un montón de cosas” del palacio.

No está claro qué objetos supuestamente se llevó, pero la declaración sugiere que las acciones de la ex primera dama no respondían a “intuición” o “casualidad”, sino que tenía conocimiento previo de los acontecimientos que estaban por venir.

Valbrun alega también que ese mismo día ella lo llamó y le dijo: “Jovenel (Moïse) no ha hecho nada por nosotros” como presidente.

La acusación también menciona a otro sospechoso, el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio, que acusa a Martine Moïse de conspirar para derrocar a su marido del poder.

Según Badio, la ex primera dama conspiró con el entonces primer ministro, Claude Joseph, para destituir a Moïse.

Claude Joseph
Getty Images
Claude Joseph aún era primer ministro cuando Moïse fue asesinado, pero pronto fue reemplazado por Henry.

El plan, alegó Badio, era que Claude Joseph liderara el país hasta que se celebraran elecciones, en las que Martine Moïse se presentaría como candidata a la presidencia.

Claude Joseph también ha sido acusado de conspiración y asociación para delinquir.

Las sospechas sobre el actual presidente

En una declaración al periódico Miami Herald, Joseph aseguró que él y la ex primera dama están siendo atacados por el actual presidente y primer ministro en funciones de Haití, Ariel Henry.

El que fue primer ministro hasta el asesinato de Moïse sostiene que Henry fue “el principal beneficiario” de este crimen, ya que tomó posesión de su cargo dos semanas después y permanece en el poder desde entonces.

Las peticiones para su renuncia han aumentado en las últimas semanas, y muchos haitianos denuncian que no ha cumplido su promesa de celebrar elecciones.

Ariel Henry
Getty Images
Hay quienes apuntan a la implicación del actual presidente en funciones, Ariel Henry, pero no figura como sospechoso en la investigación.

Henry sostiene que los comicios no se pueden convocar mientras el país esté azotado por la violencia de las pandillas, fuera de control desde el asesinato del presidente Moïse.

Claude acusa a Henry de “convertir al sistema de justicia haitiano en un arma, procesando a opositores políticos como yo”.

“No lograron matarnos a Martine Moïse y a mí el 7 de julio de 2021, y ahora están utilizando el sistema de justicia haitiano para promover su agenda maquiavélica”, publicó.

Henry no está en la lista de acusados por el juez Walther Wesser Voltaire, pese a que los registros telefónicos supuestamente mostraban que recibió varias llamadas telefónicas de uno de los sospechosos en las horas posteriores al asesinato.

El sospechoso que supuestamente llamó al actual presidente es Joseph Felix Badio, el mismo hombre a quien se cita acusando a Martine Moïse de conspirar para derrocar a su marido.

Henry siempre ha sostenido que no recuerda haber recibido una llamada telefónica de Badio la noche del asesinato.

Sin embargo, el hecho de que cesara al fiscal que intentó interrogarlo por las llamadas telefónicas desató críticas y retrasó aún más la investigación.

El primer ministro también desestimó las acusaciones de estar vinculado de alguna manera con el asesinato de Moïse y las calificó de “noticias falsas”.

Las autoridades haitianas no son las únicas que investigan el asesinato de Moïse.

Cuatro personas han sido condenadas a cadena perpetua en Estados Unidos, donde se habría urdido parte del complot para derrocar al presidente Moïse.

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BBC

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