Describiendo la impunidad de México en tres actos
Por: Daniel Vázquez
La transición a la democracia no significó el fin de las violaciones a los derechos humanos. Lo que tenemos son nuevos patrones de violación en el marco de la democracia a la mexicana (clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad).
El primer acto se da en la política nacional, el punto de partida es la corrupción con total impunidad. La corrupción tiene dos objetivos: que una parte de la clase política se enriquezca y, más importante aún, desviar fondos públicos (nacionales y locales) para apuntalar la estructura clientelar que se activa el día de la elección. Con un sistema de partidos tan fragmentado como el mexicano, la coerción sobre el voto por medio de estructuras clientelares permite ganar elecciones. En la medida que se mantengan los puestos de gobierno, se mantiene también la corrupción, el enriquecimiento ilícito y, lo más importante, la impunidad.
La negación y la simulación son ya bien conocidas en la clase política: niegan que las desapariciones o la tortura sean generalizadas, niegan que el narco gobierne en amplias regiones del país, en fin, niegan la existencia de poco más de 75 millones de personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y cambian la forma de medirlos.
En la medida que no hay un reconocimiento del problema, no se puede construir una solución. Ahí aparece la simulación, las respuestas simuladas en coyunturas políticas. ¿Qué hace la clase política para NO resolver un problema? Antes creaba una comisión legislativa, hoy hace una fiscalía especializada, reforma leyes, firma promesas ante notarios, en fin, hacen como que hacen para que todo siga igual.
La simulación es todavía más grave, simulan también el diseño de órganos autónomos, pero los neutralizan con el nombramiento de testaferros, como han hecho con el Tribunal Electoral, con la bancada priista en el INE, con el anterior Procurador, con el nombramiento de ministros a modo, o como le quieren hacer ahora en el nombramiento del Auditor Superior de la Federación.
Esta lógica política requiere de una impunidad estructural, una donde el 99 % de los delitos queden impunes, incluyendo los que ellos cometen. En esta marea revuelta, quedan impunes también los actos de corrupción que les permiten comprar votos y ganar elecciones, lo que elimina por completo el control electoral de las decisiones políticas. La simulación de la autonomía de los órganos que integran el sistema de justicia extingue cualquier idea de Estado de derecho.
La principal característica de la democracia es que los gobiernos tienen una serie de controles, de pesos y contrapesos; al contrario, la principal característica de la democracia a la mexicana es que estamos frente a una donde los controles han sido neutralizados por la clase política, en donde esta clase se ha apropiado del gobierno para su beneficio: esta es la más conocida definición de corrupción.
El segundo acto se da en la política local o regional. Lo que tenemos en diversas entidades federativas son redes violentas de macrocriminalidad que tienen su propia historia. La lógica y temporalidad de las redes de macrocriminalidad de Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas o Veracruz, sólo por mencionar algunas, son muy diferentes. Sin embargo, hay dos puntos que comparten: están conformadas por el crimen organizado, empresarios y políticos locales; y se constituyen como gobiernos de facto paralelos a las estructuras institucionales.
¿Qué hace la clase política frente a estas redes? Niega su existencia y simula el combate al narcotráfico o a la corrupción. Es decir, o forma parte de la red, o simplemente las encumbre para evitar “mala prensa” pero, especialmente, para mantener los negocios que articulan a lo federal (como el dinero sucio en las campañas presidenciales) con lo local.
Esta lógica política local tiene como consecuencia mantener el marco de impunidad estructural y, por ende, la impunidad a las violaciones a derechos humanos: los 200 mil muertos, la desaparición y la tortura generalizada, todo sin investigar, sin encontrar culpables, sin obtener justicia.
El tercer acto está conformado por la relación entre lo federal y lo local. Esta relación está marcada por el encubrimiento o la investigación controlada. La lógica federal requiere de la local y viceversa, tanto para obtener fondos sucios, como para mantener la impunidad.
Frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por las redes de macrocriminalidad locales, la federación puede optar por encubrirlos, como ha hecho hasta ahora con masacres como la de Allende en Coahuila; o por realizar investigaciones controladas que, lejos de arribar a la verdad y generar justicia, tienen como principal objetivo dar un carpetazo al asunto y hacer control de daños, como la verdad histórica de Ayotzinapa.
Esta es hoy la democracia a la mexicana: la impunidad, la ausencia de controles, y la apropiación del Estado por la clase política para su beneficio son las características inherentes a “nuestra” democracia. Este marco permite entender la relevancia que tuvo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior de hace unas semanas. En México hay una disputa por dos proyectos de nación: el de la democracia a la mexicana cuyo siguiente paso es la militarización; y el de colectivos como #SeguridadSinGuerra o #FiscalíaQueSirva, quienes consideran que aún se puede construir algo de república, con un viso mínimo de Estado de derecho. Dejaremos esta disputa (y su posible ganador) para otra charla.
* Dr. Luis Daniel Vázquez es Profesor-Investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor-Investigador de tiempo parcial FLACSO-México.
Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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