Los pasados 16 y 17 de octubre, México fue nuevamente revisado por un órgano de tratados de la Organización de las Naciones Unidas. Esta vez, fue el Comité de Derechos Humanos, que se creó en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el cual no había revisado al país desde el 2010.1
Esta es la tercera sustentación de la administración de la 4T ante un órgano de tratados de las Naciones Unidas (la primera fue ante el Comité de la Tortura, pueden leer nuestra valoración en “México reprueba revisión ante el Comité contra la Tortura” y la segunda por el Comité contra la Discriminación Racial, pueden leer la valoración del CDH Fray Vitoria “La persistente discriminación racial en México”). Estas revisiones que hacen estos órganos de Naciones Unidas al Estado mexicano, son oportunidades muy relevantes para adoptar decididamente medidas efectivas para honrar y cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos.
En ese sentido, resulta muy positivo el reconocimiento de los desafíos por parte del Estado mexicano de la crítica situación de derechos humanos del país. No obstante, sigue resultando preocupante la narrativa reduccionista y poco propositiva que con contumacia proclama que “así les dejaron el país”. Basta con repasar la intervención de la jefa de delegación ante la sustentación de dicho Comité, la Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, la Sra. Martha Delgado:
El nuevo gobierno de México tiene un serio compromiso con los derechos humanos y tienen claro los grandes retos que tienen para atender siglos de omisiones en la materia. Esto en concordancia con la nueva política exterior en derechos humanos, en la cual habrá una colaboración con las instituciones y organismos internacionales, como es el caso de la ONU, con el fin de que colaborativamente se construya los elementos que permita al Estado mexicano hacer frente a los retos que enfrenta en materia de derechos humanos.
¿Cuáles serán las omisiones a las que alude la Sra. Subsecretaria? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos? Para las y los integrantes del Comité de Derechos Humanos que tuvieron en el banquillo a representantes de la SRE, SEGOB, FGR, SEDENA, entre otras, la semana pasada en Ginebra, algunas de las principales contradicciones que obstaculizan la realización de las obligaciones internacionales del Estado mexicano conforme al tratado en cuestión, son:
- Más y mejores leyes, pero… ¿eficaces? Integrantes del Comité, saludaron que desde su última revisión en 2010, se haya avanzado en la adopción de legislaciones relacionadas a la prevención, investigación y sanción de la tortura, desaparición forzada, atención a víctimas y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No obstante, se mostraron preocupadas/os por el verdadero efecto que está teniendo este nuevo marco jurídico en la realidad de las víctimas y en la disminución de la comisión de violaciones a los derechos a la integridad, seguridad y libertad personales en el país. Es decir, ¿por qué si México parece tener muy buenas leyes, éstas no han impactado verdaderamente en la disminución de las violaciones a derechos humanos que se alegan ocurren en nuestro territorio? Explicar la consabida brecha entre lo que establecen las leyes de protección de derechos humanos y la realidad que nos atribula, forzosamente nos remite a la falta de voluntad política y capacidad institucional que ha mostrado el Estado mexicano para hacer cumplir ineludiblemente esas leyes que víctimas y ONG hemos exigido y construido conjuntamente.
- Paradigma castrense en la vida pública del país. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado mexicano para garantizar que la seguridad pública sea mantenida, en la mayor medida posible, por fuerzas de seguridad civiles y no militares? ¿Por qué no se ha concluido la adopción del marco normativo destinado a regular los estados de excepción, previsto en el artículo 29 de la Constitución mexicana? Fueron algunas de las inquietudes manifestadas por el Comité. Ante la información proporcionada por el Estado mexicano, el Comité destacó durante el diálogo con la delegación de México, que tanto la creación de la Guardia Nacional y la adopción de las leyes que la regulan, contravienen las observaciones generales emitidas por dicho Comité y perpetúan la militarización de la seguridad pública. Resultó alarmante para el Comité saber, que se haya creado una institución encargada de la seguridad pública del país, conformada y regida por el estamento militar, y por el contrario, no se hayan fortalecido a las fuerzas de seguridad civiles, como las policías.
- Impunidad, desde la Guerra Sucia. El Comité lamentó no haber recibido información sobre medidas adoptadas y los progresos alcanzados para garantizar que continúen siendo investigadas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la llamada “guerra sucia”. En particular mostró preocupación porque no haya responsables llevados ante la justicia por la comisión de los crímenes atroces ocurridos durante esa época. Hechos, ocurridos en el pasado, como aquellas desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas y ordenadas por el Estado, sin sancionar, perpetúan y promueven la comisión de estos crímenes en el presente.
Por su parte, la delegación del Estado mexicano, defendió a la 4T con una retahíla de “logros” y elogios a su buena voluntad. No obstante, las digresiones por parte de representantes del Estado, omitieron información relevante, como por ejemplo:
- Disculpas públicas. El Estado mexicano afirmó ser contundente en el reconocimiento de sus responsabilidades internacionales y enumeró los actos públicos de disculpa que ha ofrecido a las víctimas de varios casos emblemáticos. No obstante, omitió mencionar, que el ejército mexicano no ha ofrecido ninguna disculpa pública, ni reconocido su responsabilidad en ninguno de los casos mencionados.
- Reconocimiento a labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pese al repudio que manifestó ante cualquier agresión en su contra, omitió presentar información relacionada a la investigación y sanción de los responsables de los asesinatos de los 15 periodistas y 24 personas defensoras que se contabilizan en la actual administración. Mucho menos pudo articular los avances en la búsqueda de defensores desaparecidos y en cómo garantizará sanciones adecuadas para los funcionarios públicos responsables de dichas agresiones, sabiendo que el 55% de las agresiones contra periodistas y defensores provienen de agentes del Estado.
- México, no se encuentra en guerra, afirmaron los representantes del Estado, en particular, de la SEDENA. Al mismo tiempo, confirmaron el poder corruptor, así como la capacidad financiera y de fuego de la delincuencia organizada. Ante ello, integrantes del Comité, mostraron alarma al analizar la intensidad de violencia alcanzada y prolongada durante enfrentamientos armados, entre las fuerzas armadas y grupos armados no gubernamentales, así como por el nivel de organización de los grupos del narcotráfico, relacionada a la potencia de su armamento, sus estructuras de mando y control sobre territorios y su capacidad logística para participar en enfrentamientos contra las fuerzas armadas. El Estado mexicano, fracasó en responder, cómo es que se protege a la población civil ante dicha escalada de violencia, y porqué, si México no se encuentra en guerra, la seguridad pública ha estado militarizada durante los últimos 13 años.
Para finalizar, la delegación de México que acudió a Ginebra, afirmó:
Los que integramos este gobierno, venimos de la lucha constante por el reconocimiento de los derechos y estamos convencidos de la relevancia y necesidad de los cambios que necesita nuestro país, y que estamos decididos a atender en los siguientes años a través de reformas del entramado normativo, la construcción instituciones y el desarrollo de capacidades. Esta será la agenda que se trazará para los siguientes años.
Ante encomiable convicción, sólo basta saber, cómo es que las reformas que recientemente se adoptan inspiradas en el populismo punitivo del 2006, las designaciones altamente politizadas y a modo en nuestras instituciones de procuración y administración de justicia, o la falta de voluntad claramente manifiesta para revertir la impunidad de los crímenes atroces que se han cometido y se siguen cometiendo en nuestro país, son la inefable muestra, que a lo que nos enfrentamos en la 4T, constituye una política de simulación.
* Olga Guzmán (@OlGuz) es Directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
1 Pese a que el Estado mexicano debía presentar un informe sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones internacionales conforme al tratado en cuestión en marzo de 2014, demoró 9 años para presentar un informe ante el Comité.
Dos mujeres, de pie en un complejo de vivienda pública en San Juan, Puerto Rico, miran perplejas. Una de ellas, tímida, describe unos síntomas: “Se me fue el mundo, se me nubló la vista. Lo único que dije fue: ‘Virgen del Carmen, cuídame a mis hijos‘”.
Luego, diciendo que no con la cabeza, la otra comenta: “Se estaba experimentando con nosotras sin saberlo”.
La escena es parte del documental “La Operación” (1982). Las mujeres, cuyos nombres no son mencionados, describían cómo fue su participación en el primer ensayo clínico a gran escala en el que se probó la efectividad de la píldora anticonceptiva en los años 50 del siglo pasado.
En el filme ambas afirman que desconocían ser parte de una investigación.
Como ellas, otras cientos de mujeres boricuas de origen humilde, sin saberlo, fueron pacientes del estudio dirigido por dos académicos estadounidenses.
El medicamento, que desde su comercialización en 1960 permitió que las mujeres tuviesen mayor control sobre sus cuerpos, porque no dependían del hombre para planificar la maternidad, fue probado en Puerto Rico gracias a una peculiar política pública de control de la sobrepoblación impulsada por el gobierno local de la isla y EE.UU.
En medio de un boom de nacimientos durante la primera mitad del siglo XX, con muchos ciudadanos en situación de extrema pobreza, la solución de los políticos de turno nombrados por EE.UU. fue fomentar que los puertorriqueños no tuvieran hijos.
Y sus iniciativas, explica la profesora de la Universidad de Puerto Rico Ana María García, directora de “La Operación”, estaban diseñadas específicamente para que esa reducción de la población se diera entre las comunidades más pobres.
“Fueron dirigidas a las mujeres más pobres, más racializadas y menos escolarizadas del país”, dice, por su parte, Lourdes Inoa, de la ONG feminista puertorriqueña Taller Salud.
“Porque eran quienes menos oportunidad tenían de conocer las repercusiones de participar de este tipo de procedimientos. El consentimiento, en este contexto, es altamente cuestionable”, añade.
Con financiación privada, pero también del Estado, la isla fue “un gran laboratorio de control de natalidad”, sostiene García.
Y las mujeres, añade Inoa, se convirtieron “en conejillos de indias”.
Dos científicos y dos activistas
El origen de la píldora, que según Naciones Unidas actualmente es usada por 150 millones de mujeres en todo el mundo, tuvo lugar lejos de Puerto Rico, entre las paredes de la prestigiosa Universidad de Harvard, en Massachusetts.
Quienes desarrollaron el fármaco fueron dos reconocidos profesores de la institución: John Rock y Gregory Pincus.
El primero, cuenta la historiadora Margaret Marsh, profesora en la Universidad de Rutgers en New Jersey, era uno de los expertos en fertilidad más importantes de Norteamérica, paradojalmente católico, y que pensaba que los matrimonios debían tener el derecho a decidir cuándo tener hijos.
El segundo era un biólogo que en más de una ocasión catalogó la sobrepoblación como “el mayor problema para los países en desarrollo”.
Ambos estuvieron financiados y supervisados muy de cerca por Margaret Sanger, enfermera y experta en salud fundadora de la organización Planned Parenthood, y por la acaudalada líder sufragista Katharine McCormick.
Ellas, afirma Inoa, “buscaban que las mujeres estuvieran insertadas en diversas facetas de la sociedad, para que tuvieran mayor poder”. Controlar la maternidad era esencial para lograrlo.
Pero es conocido que Sanger defendía la eugenesia, la filosofía social que defiende la mejora de la raza humana mediante la selección biológica.
Y por eso permitió que se experimentara en mujeres pobres y en situaciones de vulnerabilidad.
“El movimiento por el control de la natalidad, de alguna manera, tenía dos vertientes. Una buscaba que las mujeres tomaran sus propias decisiones reproductivas y la otra era la idea de que el control de natalidad era bueno porque la gente pobre tendría menos hijos”, agrega Marsh.
Los primeros estudios
Las primeras investigaciones de la píldora anticonceptiva en EE.UU. se realizaron en ratas y otros animales.
Luego, en una decisión “poco ética”, los científicos administraron el medicamento a un reducido grupo de pacientes en un hospital público para personas con problemas de salud mental de Massachusetts, cuenta Marsh, quien es experta en la historia de la anticoncepción en EE.UU.
“Las familias de las pacientes sí dieron el permiso para que se realizara el estudio, pero ellas en sí, por estar en un hospital psiquiátrico, no consintieron. Aunque en esa época esto era legal”, comenta.
En esta fase, Pincus y Rock descubrieron que los compuestos que habían creado tenían el resultado de detener la ovulación. Así que buscaron un lugar para hacer un ensayo a mayor escala, para que los reguladores estadounidenses aprobaran la píldora.
En Massachussets, explica la profesora García, el control de natalidad era ilegal. Allí también había limitaciones legales para las experimentación con seres humanos.
Fue entonces cuando los científicos tuvieron que identificar un “lugar ideal”.
La isla laboratorio
Decidieron ir a Puerto Rico porque allí la esterilización, y en general la experimentación para lograr la anticoncepción, era legal desde 1937.
“Se aprobó una ley en un momento histórico, cuando en el resto del planeta, incluyendo EE.UU., la esterilización amplia no era legal”, señala García.
La legislación fue firmada por el gobernador Blanton C. Winship, un hombre que también apoyaba la eugenesia públicamente, y quien -según un artículo del New York Times- urgía a que en Puerto Rico se investigara el control poblacional, porque para él era el único “medio confiable para mejorar la raza humana”.
En la década de 1950, cuando los investigadores de la píldora llegaron a la isla, un 41% de las mujeres puertorriqueñas en edad reproductiva ya había probado algún método de anticoncepción, según un estudio de la Universidad de Puerto Rico.
Esto fue posible gracias a que la legislación permitió la creación de decenas de clínicas de planificación familiar alrededor del territorio, incluso en los pueblos más remotos, subvencionadas por el gobierno y que tenían personal que fomentaba el control de natalidad entre las mujeres.
La red de clínicas atrajo también la atención de Pincus y Rock, quienes pensaron que podían usarlas para desarrollar su proyecto.
El equipo, sin embargo, decidió concentrarse primero en un solo barrio de San Juan, la capital.
Las mujeres de Río Piedras
En la isla el experimento comenzó en 1955 como un proyecto en el que participaron estudiantes de medicina y enfermería. Pero el estudio era demasiado complicado y doloroso, por lo que muchas no lo terminaban.
Además, la píldora probada en Puerto Rico era una dosis mucho más alta que la actual y causaba fuertes efectos secundarios.
“Era necesario realizarles análisis de orina, biopsias endometriales y otras pruebas para determinar si estaban ovulando o no. Es un procedimiento incómodo. Si tienes a estudiantes que realmente no tienen la necesidad de métodos de anticoncepción, no iban a estar dispuestas a continuar”, comenta Marsh.
El medicamento les causaba nauseas, mareos, vómitos y dolor de cabeza. Pincus, sin embargo, descartó estos efectos secundarios y alegó que eran una consecuencia “psicosomática”.
“Creía tanto en la pastilla, que él se la estaba dando a sus familiares. A sus nietas, sus hijas, las amigas de sus hijos”, dice Marsh, quien escribió una biografía sobre Rock, colega de trabajo de Pincus.
El equipo decidió continuar la experimentación, pero esta vez en Río Piedras, un suburbio del norte de Puerto Rico.
Trabajadores sociales y personal médico visitaba puerta por puerta a las mujeres, ofreciéndoles la píldora anticonceptiva y, a algunas de ellas, les realizaban exámenes para recolectar datos, sin ninguna retribución monetaria.
El rechazo por parte diversos sectores de la sociedad puertorriqueña fue inmediato.
“Hubo notas de prensa que catalogaron como ‘maltusianas’ las investigaciones. También por parte de médicos, incluso de los que estuvieron en el proceso de reclutamiento de mujeres, quienes pensaban que los efectos secundarios debían tomarse con seriedad y que era necesario hacer más pruebas y no descartarlos”, dice Inoa, de Taller Salud.
Por los efectos secundarios muchas de estas mujeres, al igual que en los estudios anteriores, decidían dejar el tratamiento. Otras, golpeadas por la pobreza, accedían a tomar la píldora como un método reversible de control de natalidad.
Según Marsh, tres personas del ensayo clínico que se realizó en la isla caribeña murieron. No obstante, nunca se les hizo una autopsia, por lo que se desconoce cuáles fueron las causas precisas de su fallecimiento.
La aprobación
Pese a las muertes, al ver que la píldora tenía el efecto de evitar embarazos, los científicos extendieron su proyecto a otros pueblos de Puerto Rico, y más adelante a Haití, México, Nueva York, Seattle y California.
En total participaron unas 900 mujeres, de las que alrededor de 500 eran puertorriqueñas.
En 1960, la Agencia de Drogas y Alimentos de EE.UU. (FDA, en inglés) aprobó el Envoid, como se llamó la primera pastilla, como un método anticonceptivo.
Su expansión fue veloz. En tan solo siete años, 13 millones de mujeres en el mundo la usaban.
Pero luego de ser avalada por la FDA, la píldora continuó causando efectos secundarios fuertes, como coágulos de sangre, lo que provocó demandas. En la isla, pese a las acciones legales en otras partes de EE.UU., los estudios continuaron hasta 1964.
Todavía hoy, afirma Inoa, no hay investigaciones “significativas” que busquen “otro tipo de métodos de anticoncepción que no tengan los efectos secundarios de la píldora que existe ahora”.
Mientras, los estudios para crear un medicamento anticonceptivo oral para hombres tampoco han dado frutos, aunque comenzaron hace 30 años.
“Las mayores experimentaciones siempre han sido en personas gestantes”, concluye.
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