Una sociedad democrática funcional requiere de un gobierno que ponga a disposición de sus ciudadanos mecanismos de transparencia que faciliten la evaluación de las políticas públicas implementadas. Las cuales, idealmente, deberían elaborarse con base en la evidencia, en miras de construir estrategias gubernamentales que atiendan los intereses y necesidades de la ciudadanía. Al omitir, esconder o maquillar la información no solo se impide la generación de un análisis adecuado y la apertura un diálogo constructivo sobre las problemáticas que aquejan al país, sino también se priva a la población de su derecho a saber y opinar sobre el impacto que las estrategias llevadas a cabo tienen en sus vidas. En temas sensibles como la seguridad, particularmente en un contexto de violencia generalizada, la falta de transparencia implica mucho más que la mera ausencia de datos. Sobre todo cuando las mismas autoridades se convierten en perpetradores de crímenes graves, la opacidad y falta de información perpetúan y recrudecen de la impunidad de sus actos.
Han transcurrido ya trece años desde aquel diciembre de 2006 en el que se inició la conocida guerra contra las drogas. Bajo una óptica de seguridad enfocada al uso de la fuerza, se incluyó a las fuerzas castrenses en actividades de seguridad pública donde antes no tenían cabida. Esta nueva dinámica propició la existencia de extralimitaciones en el uso de la fuerza, así como la manifestación de un sistema sin contrapesos ni controles. Entre 2006 y 2017, las fuerzas armadas detuvieron a 86,617 civiles en supuesta flagrancia, la mayoría de ellos por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y abatieron 5 mil 396 personas en enfrentamientos hasta septiembre del presente año. Sin embargo, estos últimos datos no habían sido publicados hasta hace escasas semanas, debido a que la SEDENA dejó de reportar, desde el año 2014, las cifras de civiles muertos o heridos en enfrentamientos.
A nivel regional podemos afirmar que, según el informe del “Monitor del uso de fuerza letal en América Latina” elaborado por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras instituciones, México obtiene resultados muy desfavorables en cuanto a su apertura de información sobre temas de seguridad. De los doce indicadores que se utilizaron para medir la fuerza letal, tan solo dos de ellos pudieron ser analizados a través de fuentes oficiales, dos más fueron desechados por falta de información y los ocho restantes se basaron en recopilaciones de datos publicados en la prensa, resultando en un análisis sesgado.
Buscando ejemplificar esta realidad, solicitamos información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia referente a denuncias, investigaciones penales y sentencias sobre homicidios dolosos cometidos por servidores públicos entre 2006 y 2018. Las denuncias fueron la información que se aportó con mayor claridad; de acuerdo con las Fiscalías Generales de los estados se registraron un total de 593 denuncias.
Sin embargo, estos números no nos permiten tener un panorama certero respecto de la realidad mexicana. De contar con la totalidad de la información requerida, los resultados podrían ser mucho más graves, puesto que tan solo veintiún estados proporcionaron la información tal como la solicitamos, mientras que cuatro la aportaron parcialmente, debido a la falta de capacidad para generar los datos requeridos. Los siete estados restantes alegaron no contar con dicha información o directamente no respondieron la solicitud. Entre estos últimos se encuentran Chihuahua y Sonora, estados que, por su extensión territorial y sus altas tasas de criminalidad, nos impiden ver una parte importante del agregado del país. En los casos de Baja California Sur y Sinaloa, coincide que ambos estados tienen una tasa elevada de impunidad y ninguno aportó la información requerida, lo que nos sugiere que a menor transparencia, mayor impunidad.
Además de esto, para poder realizar un análisis completo sobre el tema solicitamos información acerca de carpetas de investigación, averiguaciones previas y sentencias. Las respuestas a dichas solicitudes nos expusieron información general sin puntualizar si hacían referencia a servidores públicos, lo que nos impide tener conocimiento de qué tantas denuncias tuvieron su debida investigación y culminaron en sentencia, generando incertidumbre en cuanto a la procuración de justicia y rendición de cuentas.
En este punto y dando una mirada un poco más práctica en búsqueda de soluciones, entendemos que un sistema de acceso a la información pública transparente, moderna y eficaz es un pilar principal para atajar la problemática que nos afecta a todos. Esto permitiría la realización de mejores diagnósticos contextuales a la hora de elaborar e implementar políticas públicas de seguridad, más integrales y coherentes que generen mayor confianza en el quehacer de las autoridades frente a la población. Solo cuando estos esfuerzos vayan tomando forma, la reducción de la impunidad se volverá una realidad menos utópica en México.
De lo contrario, prolongamos un círculo vicioso en el que las autoridades ni informan ni castigan, ocasionando que la sociedad sienta una desconexión hacia el aparato estatal y se resigne a procesos inefectivos; desgastándose así, al Estado y a la ciudadanía, anclando a México a un sistema que promueve y permite la violencia, lo que evita que exista un progreso sustantivo hacia algo mejor.
* Inés Alejo Fernández es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y Aimée Boeta es egresada de Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambas voluntarias del área de investigación en la @CMDPDH.
En el remot asentamiento de Kapisillit, los groenlandeses le cuentan a la BBC que Trump puede visitar la isla “pero eso es todo”.
El sol se eleva sobre las montañas cubiertas de hielo del fiordo de Nuuk mientras viajamos por una de las últimas fronteras salvajes del mundo.
Pero hay sombras que se ciernen sobre este paisaje y sobre el resto de los espacios helados de Groenlandia.
Con Donald Trump a punto de convertirse en presidente de Estados Unidos, su negativa a descartar la toma de Groenlandia por la fuerza resuena en conversaciones de toda la isla.
“Será bienvenido si viene a visitarnos, por supuesto”, dice el patrón del barco pesquero reconvertido que nos lleva hacia el este. Consciente de que necesita relacionarse con gente de todos los colores políticos, pide que no se le nombre, pero utiliza una frase que se oye a menudo por aquí.
“Groenlandia pertenece a los groenlandeses. Así que Trump puede visitarla, pero nada más”.
Las aguas están en calma cuando llegamos al asentamiento aislado de Kapisillit, de unos 40 habitantes, donde unos cuantos cazadores salen en busca de focas.
La temperatura es de -16 ºC y, con el viento, la sensación térmica es de -27 ºC.
Pero cerca del puerto me encuentro con Kaaleeraq Ringsted, un bisabuelo de 73 años, que está secando filetes de bacalao pescados en las abundantes aguas junto a la puerta de su casa.
Cuando le pregunto si el presidente electo Trump comprará o invadirá Groenlandia, al principio se ríe. Luego su tono se vuelve serio.
“No se puede aceptar que diga esto. Groenlandia no está en venta”.
Luego me cuenta cómo aprendió a pescar y cazar aquí con su padre y su abuelo, y cómo quiere preservar esta vida para sus hijos y nietos.
Al cruzar la bahía, el barco se adentra en el hielo roto de la superficie. Dos águilas se posan en una roca en busca de peces en las aguas cristalinas.
Nos dirigimos a la granja de Angutimmarik Hansen, que cría ovejas y caza focas, aves silvestres y conejos.
Todo el alimento de invierno para las ovejas tiene que importarse de Dinamarca, un recordatorio de cómo el duro clima determina las condiciones de vida aquí.
En la puerta de su casa hay un estante con rifles de caza. Se da cuenta de que los miro.
“Son por si hay una invasión”, bromea.
Pero su actitud ante la retórica belicosa procedente de Mar-A-Lago dista mucho de ser tranquila.
“Menudo estúpido que es Trump”, afirma. “Jamás venderemos Groenlandia”.
Esta pequeña granja está a unos 4.828 km de Florida, donde el presidente entrante de EE.UU. dio su ya célebre rueda de prensa la semana pasada.
“Pero Trump no es EE.UU. Podemos entendernos con la gente de EE.UU.”, declara Hansen.
El efecto Trump se disparó con la llegada a Groenlandia de Donald Trump Jr, que se sumó a las declaraciones de su padre. Llegó a la capital, Nuuk, en el avión 757 de la familia, el Trump Force One, y permaneció allí durante cuatro horas y treinta y tres minutos.
“Ha sido un placer increíble conocer gente, y la gente estaba muy contenta de reunirse con nosotros”, dijo, después de almorzar en un hotel local. “Papá tendrá que venir aquí”.
Luego regresó a los climas más soleados de Florida.
Trump Jr fue recibido por el empresario local Jorgen Boassen, que en su día hizo campaña por el presidente electo.
Boassen declaró a los medios locales que era el “mayor fan” de Trump y que “por supuesto que están interesados en nuestro país, y pueden venir y ver cómo es nuestro país. También se trata de abrirse al comercio y la cooperación”.
La ciudad de Nuuk es la capital más septentrional del mundo. Tiene una próspera sociedad civil y una prensa potente. Y hay cierta satisfacción por que los comentarios de Trump hayan impulsado el debate sobre la independencia de Groenlandia a la escena internacional.
Debe haber una Groenlandia que no sea colonia de nadie, dicen activistas como Kuno Fencker, diputado de la coalición gobernante y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad del Parlamento local.
Nos reunimos en el puerto, bajo la estatua de bronce de Hans Egede, el misionero del siglo XVIII considerado aquí como el hombre que abrió el camino a la colonización.
“Donald Trump es un político”, dice Fencker.
“Es un duro hombre de negocios y conocemos su retórica, y esa retórica es algo a lo que nos hemos acostumbrado desde 2019, y solo se trata de hablar con un igual, un aliado, sobre cómo podemos resolver las cosas aquí en el Ártico y también en la OTAN”.
Fencker ofrece el argumento central de los independentistas.
“Lo que hace falta aquí es que Groenlandia, como Estado soberano, negocie directamente con Estados Unidos y no que Dinamarca lo haga por nosotros”.
La independencia de Dinamarca podría tener un coste financiero importante.
Groenlandia recibe subvenciones de Copenhague por valor de aproximadamente una quinta parte de su PIB cada año. Fencker sugiere, al igual que otras figuras destacadas, que la isla negocie con Estados Unidos y Dinamarca para obtener ayuda.
“No somos ingenuos. Necesitamos apoyo en defensa, seguridad y también desarrollo económico. Queremos una economía sostenible y autosuficiente”.
El director del periódico local Sermitsiaq, Maasana Egede, admite que le preocupó la amenaza implícita de fuerza de Donald Trump, pero quiere ver si la realidad coincide con la retórica.
En cuanto a la independencia, Egede se siente frustrado por lo que considera un debate polarizado en los medios de comunicación locales e internacionales.
“Estamos contando esta historia de que tiene que haber independencia o no independencia. Pero hay todo un relato intermedio, y es que la gente quiere la independencia, pero no a cualquier precio. Hay un nivel de vida que hay que mantener. Hay un comercio que hay que mantener. Hay formas de vida que hay que mantener”.
Existe la expectativa de que en algún momento -no en un futuro inmediato- se vote a favor y Dinamarca acepte el resultado.
El primer ministro de la isla, Mute Egede, ofreció una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a raíz de los últimos comentarios de Donald Trump.
“No queremos ser daneses, no queremos ser estadounidenses, queremos ser groenlandeses”, dijo. La primera ministra danesa se cuidó de no ofender a nadie, y menos al presidente entrante de Estados Unidos.
“El debate sobre la independencia de Groenlandia y los últimos anuncios de EE.UU. nos demuestran el gran interés que despierta Groenlandia”, declaró.
“Acontecimientos que ponen en marcha muchas reflexiones y sentimientos en Groenlandia y Dinamarca”, añadió.
Frederiksen sabe muy bien que este sentimiento viene de lejos en Groenlandia. El recuerdo de la injusticia y el racismo sigue fresco entre la población indígena inuit.
Escándalos como la campaña de inserción de dispositivos intrauterinos (DIU) para evitar embarazos en miles de mujeres y niñas inuit en los años 60 y 70 ensombrecen la relación entre Groenlandia y Dinamarca.
No se sabe cuántos de estos procedimientos se llevaron a cabo sin el permiso de las implicadas, pero las cifras son considerables. El objetivo era reducir la población groenlandesa.
Maliina Abelsen es exministra de Finanzas del gobierno de Groenlandia, y ahora asesora a empresas y organizaciones que trabajan en la isla. También ha trabajado para UNICEF Dinamarca y para importantes empresas groenlandesas, como el grupo marisquero Royal Greenland.
Abelsen cree que hay que hacer mucho más para corregir las injusticias del pasado.
“Creo que mucha gente está diciendo, quizá también el gobierno y el Estado daneses: ‘Oh, bueno, ya sabes que esto ocurrió en el pasado. Fue hace muchos años. ¿Cómo vamos a ser responsables de ello? Es hora de seguir adelante'”.
“Pero no puedes seguir adelante si no lo has superado y no has reconocido lo que te ocurrió. Ese es un trabajo que tenemos que hacer junto con Dinamarca, no algo que Groenlandia pueda hacer por sí sola”.
A pesar de su alto perfil en la sociedad civil y los círculos empresariales, Maliina Abelsen afirma que cuando se trata de racismo -por ejemplo, bromas sobre los inuit- ella puede hablar en nombre de la mayoría de los groenlandeses “ya que todos lo hemos experimentado en nuestra vida”.
Las cuestiones de la autodeterminación y de afrontar el pasado están íntimamente entrelazadas.
Ahora, la intervención de Donald Trump ha puesto ambas ante los ojos del mundo.
Pero el mensaje que escuchamos -desde los remotos asentamientos del fiordo hasta la capital, Nuuk- es que el destino de Groenlandia debe decidirse aquí, entre personas cuyas voces han sido ignoradas durante demasiado tiempo.
Con información adicional de Adrienne Murray y Kostas Kallergis.
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