Niñas y niños que viven en reclusión, daños colaterales del sistema penitenciario mexicano
Durante las pasadas festividades decembrinas, la organización Reinserta acudió junto con los reyes magos al Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla para visitar y entregar regalos a niñas y niños que se encuentran privados de la libertad junto con sus madres. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, cerca de 400 menores de seis años se encuentran al cuidado de su madre en los centros de reinserción social de todo el país.
Hablar de cuidado, en el sentido que lo plantea la ética del cuidado, implica hacer una reflexión profunda sobre la situación de estos niños y niñas, ya que sus derechos y necesidades parecen estar olvidados o ignorados por el Sistema Penitenciario Federal. De acuerdo con esta ética, los cuidados no son solamente los actos de servicio para el sostén de la vida, sino el entramado de relaciones que, en realidad, suponen una responsabilidad social de búsqueda de bienestar, respeto a la dignidad y la salvaguarda de la humanidad.
Entonces ¿qué pasa con las niñas y los niños que viven los primeros años de su vida acompañando el proceso de su madre? ¿A quién o a quiénes les corresponden sus cuidados durante la infancia, periodo en el que su vulnerabilidad y dependencia propician el atropello de sus derechos?
De inicio, cabe recordar y destacar que son las mujeres en quienes recae la responsabilidad del cuidado de sus hijos(as) cuando, junto a su pareja o solas, son vinculadas a algún proceso penitenciario. Y tomando en cuenta que muchas veces son personas con situaciones familiares desfavorecedoras o que sus círculos sociales muchas veces les dan la espalda al ingresar a los centros, se entiende el porqué para muchas no existe más opción que maternar mientras cumplen su condena.
Aunque esta situación no es reciente, ni los centros de reinserción ni las políticas públicas se han preocupado, en primer lugar, por salvaguardar el bienestar, la integridad y la dignidad de estos niños y niñas y, segundo, en que las instalaciones sean lo más adecuadas posible para cubrir las necesidades de las infancias de acuerdo con las características de la etapa de su vida.
¿Es un centro de reinserción social un lugar adecuado para el desarrollo integral de niñas y niños, tal como lo marcan sus derechos? Si no son los centros de reinserción el lugar ideal ¿entonces cuál es? ¿Son sus madres, estando privadas de la libertad, las personas indicadas para poder brindarles cuidados? ¿Quién o quiénes deberían estar al tanto de esas infancias? Considero que son múltiples los dilemas éticos a los que nos enfrentamos en este tema pues, por un lado, estos niños y niñas tienen derecho a permanecer junto a su madre, pero también a crecer en un ambiente sano, libre de violencia.
Uno de los principales problemas es que la presencia de la infancia en los centros penitenciarios sigue siendo vista como un asunto secundario. Aunque existen normativas que regulan su estancia, en la práctica, estos infantes crecen en espacios diseñados para personas adultas, con una infraestructura que no está pensada para ellos y ellas, y con limitaciones en su acceso a una educación y socialización adecuadas. Esta realidad vulnera su desarrollo físico, emocional y psicológico.
Desde la bioética, además de pensar en los cuidados, también es necesario analizar la situación bajo los principios de beneficencia y no maleficencia. Es decir, ¿se están tomando decisiones que realmente beneficien a estos menores? ¿Se está garantizando su bienestar o, por el contrario, se les está exponiendo a un entorno que no es propicio para su crecimiento? La bioética nos obliga a considerar el impacto de estas decisiones en su desarrollo y a replantearnos si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social de protegerlos.
Además, otro dilema importante es el derecho de las madres a estar con sus hijos e hijas. En muchos casos, la separación temprana puede representar un trauma tanto para la madre como para niñas y niños, lo que dificulta la creación de un apego seguro y saludable. Sin embargo, cuando las condiciones en prisión no garantizan una crianza digna, es válido preguntarnos si mantenerlos juntos es la mejor opción o si deberían diseñarse alternativas más adecuadas.
En este sentido, es crucial repensar el papel del Estado y de la sociedad civil. Si bien existen programas que buscan mejorar la calidad de vida de estos menores en prisión, su impacto es limitado. Se requieren políticas públicas que prioricen el bienestar infantil, así como la creación de espacios externos donde puedan vivir en condiciones óptimas sin romper totalmente el vínculo materno.
Lo cierto es que no podemos seguir ignorando la existencia de estas infancias ni tratarlas como una extensión de la condena de sus madres. La niñez no debería crecer en espacios diseñados para la reclusión y la privación de la libertad, pues su derecho a una vida digna debe estar por encima de cualquier otra consideración.
Es tiempo de cuestionarnos qué tipo de sociedad queremos construir: una en la que las infancias sean protegidas, cuidadas y respetadas, o una que las condene a crecer en entornos que limitan su desarrollo y bienestar. Desde la bioética, la justicia y la ética del cuidado, urge una transformación que garantice su derecho a una infancia libre y digna.
* Poleth Reyes es licenciada en Pedagogía por la UNAM, diplomada en Bioética por el Programa Universitario de Bioética, maestrante del programa Liderazgo y Educación en Radix Education y coordinadora de Pedagogía en Fundación Familiar Infantil I.A.P.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.
La Corte Suprema de Justicia argentina confirmó las dos condenas previas que recibió la exmandataria por el delito de administración fraudulenta durante sus gobiernos.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria escuchó el anuncio de la Corte desde la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.
Militantes peronistas cortaron los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires en la antesala del anuncio.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Por qué fue condenada
La expresidenta fue condenada por la llamada “causa Vialidad”, en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, el bastión de los Kirchner, donde su difunto marido, Néstor Kirchner, gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde ella aún mantiene su residencia.
Según la Fiscalía, días antes de que él asumiera como jefe de Estado, en 2003, los Kirchner crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.
Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la “cartelización organizada” desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.
De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.
Qué dice la expresidenta
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022.
Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.
La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.
Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.
Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.
“Presa o muerta”
El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.
“Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”, afirmó.
En sus palabras, Kirchner estaba haciendo alusión al 1 de septiembre de 2022 cuando, tres meses antes de recibir la primera condena en la “causa Vialidad”, fue víctima de un intento de magnicidio.
Aunque un hombre disparó un arma a centímetros de su rostro, la entonces vicepresidenta no resultó herida porque la pistola, que estaba cargada, “no funcionó”, según revelaron las autoridades.
El agresor, Fernando Sabag Montiel, está imputado por homicidio agravado en grado de tentativa, con una pena prevista de 8 a 17 años.
Kirchner, quien la semana última anunció durante una entrevista que se presentaría como candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires -el bastión electoral del peronismo- en los próximos comicios legislativos de septiembre, también se mostró desafiante.
“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, arengó.
“Dale, mirá cómo tiemblo”.
El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una “una fusilada que vive”.
También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella “estar presa es un certificado de dignidad”.
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