
Diversos dilemas éticos que se presentan en el área de la salud tienen que ser resueltos desde la bioética. Esta disciplina tiene una enorme responsabilidad en nuestro país en las decisiones al final de la vida. Académicos e investigadores en el área de la bioética han impulsado estudios sobre la muerte médicamente asistida para abrir debates sobre la necesidad de atender este problema a nivel social, legal y ético.
Asimismo la Cámara de Diputados, a partir de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, ha realizado estudios sobre este tema y algunos diputados han elaborado propuestas dirigidas a legalizar la eutanasia. Una de las más recientes iniciativas de ley, realizada en el año 2020, fue propuesta por la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, quien buscó reformar y adicionar diversos artículos a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. Esta iniciativa se centra en establecer el derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la creación de elementos legales para permitir acceder a una muerte digna, a partir de la eutanasia en el caso de personas en fase terminal de una enfermedad, sin mejoría porque ya no existen tratamientos y presentan sufrimiento físico y emocional, lo que afecta tanto al paciente como a la familia. La iniciativa quedó pendiente de dictamen en comisiones unidas de Salud y Justicia.
En 2022 se llevó a cabo la Semana Nacional de la Eutanasia, evento organizado por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La doctora Paulina Rivero Weber señaló que “Legislar al respecto es un asunto de justicia social, debe ser una opción para todos”. Añadió que actualmente se aplica, aunque no esté legislada, y acceden a ella quienes tienen recursos económicos para pagar un hospital privado o para viajar a otro país a realizar el proceso.
Las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas avanzadas sufren dolores insoportables o falta de aire (disnea) que se va agudizando en los últimos días de vida; es decir, en la agonía que puede prolongarse varios días. Reflexionar sobre cómo queremos morir o cómo no queremos vivir es una cuestión que los médicos, legisladores y la sociedad en general deberían atender; es un tema que tiene que cobrar relevancia. Las personas de escasos recursos económicos son las que más sufren por la falta de información sobre su derecho a decidir sobre el final de su vida y el acceso a medicamentos para poner fin a su sufrimiento.
Actualmente, el tema de la eutanasia ha generado interés a partir de la Ley Trasciende impulsada por la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, quien padece una enfermedad en etapa terminal. Su voz se ha escuchado y ha llevado ante el Congreso su petición. Lo que plantea esta Ley es que las personas decidan sobre el final de su vida, y está dirigida a personas mayores de edad, con enfermedades crónico-degenerativas avanzadas y sin posibilidad de curación, respetando la autonomía y la objeción de conciencia.
Respecto a los cambios a la Ley se tiene que considerar el Artículo 166 Bis de la Ley General de Salud en el que se prohíbe la eutanasia:
Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo que señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables.
Además, se tienen considerados cambio en los artículos 312 y 313 del Código Penal Federal, que establecen el delito de auxilio o inducción al suicidio. Realizar los cambios adecuados a las leyes que respaldan la eutanasia permitirá que se aplique con medidas rigurosas para que no existan abusos y se respeten las decisiones de los enfermos por parte de los profesionales de la salud y de la familia.
Algunas personas detractoras de esta propuesta piensan que la eutanasia es homicidio, por lo que es necesario implementar campañas de difusión en las que se explique, de manera sencilla, lo que es la eutanasia y el respeto a la autonomía de cada persona en particular; es decir, que si una persona es diagnosticada con una enfermedad crónica no significa que pueda aplicarse la eutanasia. Se aplicará, si es su deseo, estrictamente cuando la enfermedad haya avanzado y se sufra de dolores o síntomas refractarios que ya no puedan tratarse.
En nuestro país los cuidados paliativos han avanzado, pero aún existen síntomas de difícil manejo que impiden que se tenga una vida digna, por eso es un derecho de los enfermos decidir cuándo ya no desean vivir. Sería importante que los legisladores del área de la salud realizaran trabajo de campo en diversos hospitales, específicamente en el área de cuidados paliativos, para que tuvieran un acercamiento a la realidad que viven los enfermos en fases avanzadas de una enfermedad.
* Norma Alicia Ordóñez Vázquez es doctora y maestra en Ciencias de la Salud en Salud Mental Pública, por el posgrado de la Facultad de Medicina, y licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología, ambas de la UNAM. Su desempeño e interés están en la investigación social y de la salud. Ha incursionado en la docencia en el nivel medio básico, medio superior y superior. Realizó una estancia posdoctoral en el Programa Universitario de Bioética. Actualmente está participando en una investigación sobre la muerte digna en enfermos en etapa terminal como parte de una estancia posdoctoral con la doctora Elyse Singer en la Southern Methodist University.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica son bienvenidos.

Los críticos de Bovino lo responsabilizan de las duras tácticas utilizadas por los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
Es la cara visible de la campaña del gobierno de Donald Trump para detener y deportar de Estados Unidos a miles de migrantes indocumentados; uno de los pocos agentes que se muestran ante las cámaras sin máscara.
Bautizado como el “comandante en jefe general” de la Patrulla Fronteriza por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Greg Bovino saltó a la primera plana al encabezar las redadas migratorias de Los Ángeles (California) en junio del año pasado.
También dirigió la no menos polémica Operación Midway Blitz en Chicago (Illinois) en septiembre, así como otras operaciones controversiales en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana).
Desde inicios del año se le ha visto recorrer el área metropolitana que conforman Mineápolis y la contigua St. Paul (Minesota), donde, ante el rechazo de las autoridades locales y estatales por el envío de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección.
A su característica imagen con las sienes rapadas, Bovino sumó hace unos días un abrigo largo de corte militar, verde caqui, con amplias solapas e insignias en los brazos y hombros, generando una ola de repudio en las redes sociales.
“Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay”, hizo referencia a ello el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
“Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece… sin el debido proceso… (…)”.
Pero sus críticos no solo le achacan a Bovino una selección deliberada de vestuario y un corte de pelo que recuerdan a los de los oficiales nazis. También lo responsabilizan de las duras tácticas de los agentes migratorios durante las redadas y contra quienes protestan ante ellas.
De hecho, figura como demandado en dos querellas en las que se acusa a sus agentes de traspasar los límites legales, incluyendo el arresto de residentes latinos basándose en su color de piel.
Mientras, sus defensores afirman que Bovino está contribuyendo a sacar de las calles a migrantes indocumentados con antecedentes penales por violencia.
Según él mismo, uno de sus mayores admiradores sería el propio Trump.
“El presidente nos llamó a todo el equipo solo para decirnos: ‘Gracias, están haciendo un buen trabajo en Los Ángeles'”, contó Bovino sobre una llamada mantenida el año pasado con el mandatario.
“El jefe Bovino es un activo para la administración Trump y está desempeñando un papel importante en hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración escrita enviada a los medios.
Todos estos elogios y agradecimientos se produjeron antes del sábado 24 de enero, cuando agentes federales de migración mataron a tiros a Alex Pretti, un enfermero estadounidense que intentaba ayudar a una mujer durante las protestas contra las redadas de ICE y de la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.
Este 26 de enero, medios estadounidenses informaron que Bovino se irá de esta ciudad del estado de Minesota con algunos de sus agentes, y en su lugar será Tom Homan, el llamado “zar de la frontera”, quien asumirá el liderazgo de la campaña migratoria de Trump.
Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Gregory Bovino se crió en el seno de una familia italo-estadounidense.
Sus bisabuelos por parte de padre emigraron desde Calabria, en el sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero, naturalizándose como ciudadanos en 1927.
Tras el divorcio de sus padres cuando él tenía 14 años, Bovino ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20 mil habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.
Allí, según un extenso perfil publicado por el medio Chicago Sun-Times, consiguió hacerse un sitio como miembro del equipo de lucha libre.
Siguió con su educación en la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en conservación de recursos naturales, y en la Universidad Estatal de los Apalaches, donde obtuvo una maestría en administración pública, como puede leerse en su perfil de LinkedIn.
Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.
Ya como miembro de esta agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fue destinado al Sector El Centro, en California, a unas dos horas en coche de San Diego y fronterizo con México.
Desde allí fue ascendiendo en las filas del organismo, asumiendo misiones en distintas estaciones a lo largo de la frontera y también en Nueva Orleans.
En 2020 regresó a El Centro como jefe de sector, uno de los nueve del país.
Bovino describe la Patrulla Fronteriza, a la que llama la “Máquina verde”, en referencia al color de sus uniformes y su capacidad de arresto, como una familia.
“La Patrulla Fronteriza ha sido la obra de mi vida y así lo diré siempre con orgullo”, dijo durante uno de los episodios de un pódcast que compartió en 2021 con Jason Owens, antiguo compañero de universidad que se jubilaría en 2023 tras tres décadas como jefe nacional de la agencia.
A pesar de su trayectoria de casi 30 años, Bovino se volvió conocido para el público general el año pasado, cuando el gobierno federal empezó a desplegar en ciudades consideradas “santuario” para los migrantes a agentes tradicionalmente apostados en la frontera.
Durante las redadas en Los Ángeles, compartió un video promocional donde se veía a las unidades realizar sus acciones al ritmo de música heavy metal.
En otro clip publicado en las redes sociales en aquel tiempo, se le escucha decir: “Estamos haciendo de L.A. un lugar más seguro, ya que no tenemos políticos encargándose de eso”.
En Chicago encabezó una operación que duró un mes y acabó con más de 3 mil 200 arrestos, según reportó en su momento CBS News, el medio socio de la BBC en EE.UU.
Agentes federales bajo su mando patrullaron barrios de mayoría hispana, suburbios enteros y centros de transporte, donde fueron grabados rompiendo vidrios de automóviles y dispersando a quienes protestaban por las redadas con gases lacrimógenos.
Bovino celebró públicamente los resultados de la operación. “Ahora somos lo que yo llamo quiebra-santuarios. No hay santuarios. No habrá santuarios”, le dijo a la agencia AP.
En esa misma entrevista, defendió las tácticas de los funcionarios a su cargo como “ejemplares”, ante los señalamientos de líderes locales y de expertos que afirmaban que estas violan órdenes judiciales sobre el uso de la fuerza.
Y es que su liderazgo ha sido examinado por varios tribunales federales y, en noviembre, la jueza Sara Ellis emitió una orden dirigida a limitar cómo los agentes de ICE podían usar la fuerza durante los operativos en Chicago.
En su fallo, Ellis dijo que Bovino había mentido al afirmar que le habían arrojado una piedra a la cabeza antes de rociar a una multitud con gas lacrimógeno. La magistrada calificó su testimonio de “simplemente no creíble”.
Al ser preguntado por AP sobre el episodio, Bovino reafirmó su postura, subrayando que sus equipos usan siempre “la menor fuerza necesaria”. Y agregó: “Si hubiera tenido más gas, lo hubiera utilizado”.
Mantuvo también esa línea cuando la cadena Fox News lo entrevistó después de que Renee Nichole Good, una estadounidense de 37 años y madre de tres hijos, muriera por los disparos de un miembro de ICE en Mineápolis el 7 de enero.
“Mis respetos para el agente”, dijo Bovino, reiterando el argumento dado previamente por la secretaria Noem de que este actuó en defensa propia.
Durante una conferencia de prensa este martes, rechazó que los arrestados en las redadas estén en el punto de mira de ICE “por razones políticas”, subrayó que el objetivo sigue siendo la “eliminación de los delincuentes violentos” y que las “lagunas” en las labores policiales locales y estatales han hecho necesaria la presencia de agentes federales en la ciudad.
“La seguridad pública en Mineápolis no es negociable”, agregó.
Y el miércoles las cámaras lo captaron lanzando él mismo un cartucho de gas pimienta a quienes protestaban por las operaciones migratorias en la ciudad, no sin antes advertirles: “¡Va el gas!”.
El comandante sabe que cuenta con el respaldo de sus superiores.
La semana pasada, el DHS reforzó esa postura hacia los agentes de ICE, al publicar en sus redes sociales un video en el que se escucha a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, decir:
“Tienen inmunidad para desempeñar sus funciones y nadie –ningún funcionario de la ciudad, ningún funcionario del estado, ningún inmigrante ilegal, ningún agitador de izquierda o insurrecto doméstico– puede impedirles cumplir con sus obligaciones y deberes legales”.
El apoyo llega, además, desde lo más alto. “¡No teman, grandes gentes de Minesota, el día del ajuste de cuentas y la retribución se acerca!”, escribió el presidente Trump en su red Truth Social.
En vista de ello, Bovino ha vuelto ahora a defender a aquellos que están a su cargo, esta vez de forma simbólica, encabezando una comitiva de agentes enmascarados, vestido con el abrigo militar hasta la rodilla.
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