La experimentación animal en México
En México, los individuos animales no humanos (animales de aquí en adelante) son utilizados en experimentación y con fines educativos. Los animales son seres vivos que tienen la capacidad de sentir estados emocionales, tanto positivos como negativos, lo que nos hace entender que el disponer de ellos para realizar cualquier tipo de ensayos y/o pruebas, conlleva responsabilidades. Por lo tanto, al usar animales en investigación se debe tomar en cuenta una perspectiva integral de su salud física y bienestar mental. Es posible garantizar el bienestar animal y la calidad científica por medio de la existencia, la implementación y el cumplimiento de una legislación estricta, enfocada en el cuidado y uso de animales para investigación.
México cuenta con leyes y reglamentos federales y estatales en materia de regulación para el uso de animales de laboratorio. Cabe destacar que en el 2001, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publica la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, titulada “Especificaciones Técnicas para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio”. En la presente norma, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, se encuentran las consideraciones éticas y técnicas más importantes para el uso de los siguientes animales de laboratorio: rata, ratón, cobayo, hámster, jerbos, conejos, perros, gatos, porcinos y primates no humanos. Por otra parte, en dicha norma se especifica que toda institución que utilice animales en investigación, desarrollo, pruebas y enseñanza, deberá contar con un Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio (CICUAL). Sin embargo, existen vacíos normativos para la protección, vigilancia y supervisión de los animales usados.
En la presente normativa se estipula que cualquier organización, institución o individuo que aloje, produzca, utilice o distribuya animales para fines científicos, está obligado a proporcionar un informe anual de sus actividades ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Pese a que en el reporte anual se debe especificar el número de especies animales usadas y su destino, no se encuentra estipulada la obligatoriedad de que alguna autoridad presente datos oficiales asequibles al público sobre el número y especies de animales usados en investigación. Por lo tanto, en México no es posible saber con exactitud cuáles y cuántos animales son usados en experimentación al año. Asimismo, la normativa no estipula la obligatoriedad del registro ante una autoridad competente de los comités de ética (CICUAL), por parte de las instituciones o individuos que usan animales para experimentación.
Actualmente sabemos, gracias a datos solicitados al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de datos personales (INAI), que de 2015 a 2020 un total de 5 437 263 animales provenientes de bioterios autorizados por el Senasica han sido utilizados con fines científicos y educativos. Los datos obtenidos revelan que en México se utiliza en investigación un 174 % más de animales que lo estimado en estudios previos. En el 2015 se colocó a México como el país número 22 a nivel mundial con mayor número de animales usados en investigación con un estimado de 277 689. Actualmente sabemos que por el número de animales usados en investigación en el 2015 (761 934), México debió de ocupar la posición número 14.
Adicionalmente, debido a los datos solicitados, se sabe que los grupos animales usados en experimentación y educación son mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces, moluscos, crustáceos, insectos, arácnidos y otros invertebrados. Lamentablemente, la gran mayoría de los grupos y/o especies utilizados en experimentación en México no se encuentran contemplados para su protección dentro de las regulaciones existentes.
Todos los datos presentados anteriormente deben tomarse con cautela, debido a que no existe un registro oficial de las instituciones que usen animales en investigación. La falta de trasparencia y la imposibilidad de acceder a los datos oficiales en el uso de animales en experimentación impide 1) que exista un debate informado entre científicos, políticos, reguladores y el público sobre la toma de decisiones a favor del bienestar animal; 2) una apropiada evaluación de las acciones tomadas para la reducción, el reemplazo y el refinamiento del uso de animales en experimentación, y 3) que exista certeza sobre la regulación del uso de animales para fines científicos y educativos.
México cuenta con los recursos necesarios para implementar un sistema nacional de vigilancia, cuidado y bienestar para animales usados con fines científicos y educativos. El Senasica y la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética) son las autoridades competentes que figuran para implementar un sistema de verificación y cumplimiento de las normas y leyes nacionales en materia de protección y cuidado de animales para investigación. El Senasica cuenta con todas las atribuciones necesarias para la recolección, el procesamiento y análisis de los datos de las especies, el número de animales usados y sus fines de uso. Mientras que Conbioética cuenta con las herramientas necesarias para el registro de los comités de ética (CICUAL) de todas aquellas instituciones nacionales que realicen experimentación con animales.
Para hacer frente a la insuficiencia regulatoria es necesario actualizar la normativa vigente, en la cual se estipule, entre otros, la obligatoriedad del registro de los CICUAL ante una autoridad competente, y se procure subsanar los vacíos en la información con la creación de una base de datos nacional, de publicación anual y de acceso público en materia de uso de animales en experimentación. Lo anterior con el fin de procurar el bienestar animal, tener una certeza del cumplimiento de las regulaciones y asegurar la transparencia en las estadísticas.
* Patricia Frías Álvarez (@PatriciaFriasA) es bióloga con doctorado en Ciencias Biomédicas (Orientación Ecología-Evolutiva) por el Instituto de Ecología de la UNAM; realizó uno de sus posdoctorados en James Cook University, Townsville, Australia. Actualmente se encuentra realizando una estancia posdoctotal en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, con el tema “Experimentación en animales no mamíferos en México”. Gustavo Ortiz Millán (@gmomillan) es doctor en Filosofía por la Universidad de Columbia; investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM; bioeticista y miembro del Colegio de Bioética. Ha trabajado en temas relacionados con las consecuencias prácticas que tiene la atribución de derechos de los animales en contexto de enseñanza, experimentación, comercio legal o ilegal de animales.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica es bienvenido.
México celebrará el 1 de junio una elección única en el mundo en la que se elegirá a los jueces del país. ¿Qué está en juego con este proceso?
A las 8 de la mañana de este 1 junio, en México se iniciará una votación única en el mundo.
Cien millones de electores están habilitados para participar en la elección de los ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito, en un tipo de comicios que no existe en ningún otro país.
Bolivia, el país con el sistema de votación de jueces más parecido, solo abre la elección a la ciudadanía para los cargos de los altos tribunales. Otros países, como EE.UU., limitan la votación a la elección de algunos jueces estatales.
En México, la elección por voto popular de todos los miembros de la judicatura se convirtió en una de las banderas políticas más importantes del movimiento político Cuarta Transformación (4T) del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su gobierno (2018-2024), López Obrador planteó la idea de “democratizar” al Poder Judicial para que fueran los ciudadanos los que eligieran directamente a sus integrantes. Los votos en el Congreso, sin embargo, no lo favorecían.
No fue hasta la abrumadora victoria que consiguió la coalición de la 4T en 2024, en la que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, que la coalición gobernante obtuvo los escaños suficientes para impulsar una reforma judicial constitucional.
Para quienes la apoyan, es un esquema pionero que abre al escrutinio social las decisiones y la actuación de los jueces de todos los niveles, dando a la ciudadanía el poder de destituirlos si no hacen bien su trabajo.
Para los críticos, es una amenaza a los contrapesos que el Poder Judicial ejerce frente al Ejecutivo y el Legislativo, que tiene el potencial de abrir las puertas a jueces que respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
“Para mí ha sido un gran reto intelectual tratar de entender la reforma sin prejuicios”, le dice a BBC Mundo la analista mexicana Viri Ríos, doctora de la Universidad de Harvard especializada en políticas públicas y gobierno.
“Estamos viviendo un momento trascendental en la historia de México. Y es un momento para cuestionarnos muchos de los dogmas sobre los que yace la democracia liberal”, añade.
Para la académica, a partir de la votación del domingo, Sheinbaum y el movimiento de la 4T podrían ser señalados por el desempeño del Poder Judicial.
“Es el inicio de un momento muy complejo para la coalición gobernante, porque anteriormente el Poder Judicial no funcionaba bien, pero nadie atribuía esa disfuncionalidad a una coalición política. Se le atribuía al propio Poder Judicial”, advierte.
“Pero del 1 de junio en adelante, se va atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula y promovieron la idea de que se iba reducir la impunidad a partir de esta reforma”.
El analista político Héctor Alejandro Quintanar, por su parte, dice que la nueva etapa del Poder Judicial mexicano va más allá de la disputa política actual en el país.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”, señala el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“Es verdad que el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo y al Legislativo, pero pareciera que el Judicial no tiene contrapesos en sí mismo. Y es aquí donde entra la variable del voto ciudadano que sí puede convertirse en uno y en un paso a la eliminación de sus élites”, sostiene.
¿Qué se vota?
Aunque el objetivo de la reforma judicial es la renovación total del Poder Judicial a través del voto popular, el Congreso estableció que esta se realizaría de forma escalonada.
Por ello, a nivel federal, el domingo solo se elegirán 386 jueces y la mitad de los magistrados de circuito (464).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se renovará por completo, pero ahora en lugar de tener 11 integrantes tendrá 9.
También se votará por dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la cual tiene otros cuatro integrantes. Se renovarán la totalidad de las 15 magistraturas de las salas regionales de dicho tribunal.
Y los votantes elegirán a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que controlará el desempeño de jueces, magistrados y ministros.
En 19 de los 32 estados del país, se elegirá a los jueces locales (casi 1.700), además de celebrarse elecciones a alcaldías y otros cargos locales.
De esta manera, habrá ciudadanos que recibirán hasta 13 papeletas de votación para llenar.
Con reglas muy estrictas para las campañas, conocer los perfiles de los cientos de candidatos que concurren a las elecciones ha sido un reto mayúsculo.
Una estimación del Instituto Nacional Electoral (INE), que organiza la elección de jueces federales, señaló que los ciudadanos tardarán unos 9 minutos en seleccionar a sus candidatos.
Y en México, votar no es obligatorio, lo que se ha reflejado en el abstencionismo en elecciones pasadas como la presidencial (38%, en promedio) y mucho más en las intermedias (47%) y consultas populares (82%).
De ahí que la participación este 1 de junio se anticipa baja. El INE prevé que acudan entre el 8% y el 15% de los votantes.
La autoridad electoral también ha ordenado detener la distribución de “acordeones”, unas tarjetas que presuntamente han repartido funcionarios y operadores de partidos políticos que indican a los ciudadanos a qué candidatos elegir.
El rechazo y el dilema de votar
La reforma judicial fue uno de los temas más relevantes de las elecciones de 2024, con la coalición gobernante de la 4T (Morena-PT-PVEM) haciendo una férrea defensa de sus beneficios, frente a las críticas de los partidos de oposición y de un importante bloque de los actuales ministros, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Estos últimos insistieron en que el objetivo último de la reforma de López Obrador era “apoderarse” de la Suprema Corte y otros tribunales que durante su gobierno declararon inválidas reformas de leyes e iniciativas de todo tipo, desde nacionalización energética hasta cambios en las elecciones.
Hubo protestas y duros debates en el Congreso en los que los detractores de la reforma advertían que los puestos de juzgador requieren la especialización de la carrera judicial y que abrirlos a la elección popular permitiría la entrada de jueces que respondieran a los intereses de los partidos políticos, los grupos económicos o el crimen organizado.
“Defensorxs”, una organización que revisó los perfiles de candidatos que compiten en las elecciones del domingo, identificó a 19 aspirantes de “alto riesgo” por sus posibles vínculos con narcotraficantes o por señalamientos de violencia y corrupción.
La oposición también denunció que la mayoría absoluta de la coalición de la 4T dejaría bajo su control la aprobación de las candidaturas, que vinieron de propuestas del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero que finalmente pasaron por el filtro del Congreso.
También advirtieron de que el país tendría una mala imagen en el extranjero, por ejemplo a ojos de las calificadoras financieras que evalúan el riesgo de inversión en países sin independencia judicial.
“Para mí es un engaño para la ciudadanía. No van a elegir a sus jueces y magistrados. Falso”, dijo esta semana el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez, uno de los principales críticos de la reforma.
“Lo señalé desde el principio, hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local. No les gusta que alguien les diga esto está mal hecho, esto es ilegal, esto es inconstitucional”, señaló en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
Entre quienes rechazan la reforma, en los últimos días se abrió un debate sobre asistir o no a las urnas para participar en el proceso. El ministro Laynez dijo que no habrá garantías del buen conteo de votos, por lo que él no votará.
Otros consideran que no participar no ayudará en nada en el objetivo de revertir la reforma judicial o para contar con ministros y jueces que hagan de contrapeso frente a las decisiones de los otros poderes.
Una prueba para la 4T y la ciudadanía
López Obrador argumentó durante mucho tiempo que el Poder Judicial era “ajeno” a los intereses del pueblo y que abrirlo a una votación le permitiría “limpiarse, purificarse”.
Al sucederlo, la presidenta Sheinbaum continuó con la defensa de los cambios, argumentando que el modelo pasado le permitía nominar a los jueces de la Suprema Corte y que la coalición de la 4T tenía la mayoría para aprobarlos, por lo que su objetivo no era controlar el Poder Judicial.
“Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a estar en el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, dijo la presidenta mexicana el miércoles.
La creación de un tribunal para vigilar la actuación de jueces, aseguran desde el bloque de la 4T, permitirá detectar casos de corrupción y sancionar a los juzgadores como nunca antes.
Para una parte de los analistas del país, la elección del Poder Judicial ya ha superado la discusión de sus pros y contras, ya que para que la oposición pudiera revertirla debería conseguir una mayoría parlamentaria.
De esta manera, el país avanza hacia un escenario inédito.
Viri Ríos señala que la coalición de la 4T ha promovido este cambio constitucional como uno que va a “reducir la impunidad” del país y si eso no ocurre, los malos resultados ya no serán solo atribuidos al propio Poder Judicial. “Se van a atribuir a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”, sostiene.
Desde su perspectiva, el nuevo Poder Judicial será un reflejo del país, igual que lo son los otros poderes.”¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”.
“Cuando a mí me dicen que se va a destruir al Poder Judicial prístino y profesional que teníamos, pienso ‘¿En qué país vive esta gente?'”, añade.
Quintanar, por su parte, argumenta que la previsible baja participación en las elecciones del domingo no será un reflejo del rechazo ciudadanos a la reforma judicial, pues esta ya fue validada con la abrumadora votación de 2024 a favor de la coalición gobernante. En su opinión, se abrirá un nuevo espacio de escrutinio de los ciudadanos a un Poder Judicial que tradicionalmente estaba cerrado.
“La reforma judicial y la votación del domingo por supuesto que son ampliamente criticables. Va a ser complicado para el ciudadano por las boletas y los candidatos a elegir, tiene mucho de perfectible. Pero la democracia es así”, considera.
“Yo creo que lo que está en juego rebasa a la Cuarta Transformación. Es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, en la que el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”.
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