Implicaciones éticas, legales y de salud de la acupuntura
La acupuntura es una rama de la medicina que se clasifica como terapia complementaria; conlleva toda una metodología clínica y un contexto neurofisiológico, cuyo objetivo es establecer con exactitud los puntos que tienen que estimularse de acuerdo con el diagnóstico. Su uso va en aumento, lo que ha generado problemas éticos, legales y de salud, por lo que el profesional de salud debe tener conocimiento de la acupuntura como terapia complementaria e introducirla a los sistemas de salud.
Es necesario concertar con el sector educativo la respuesta a las necesidades de los sistemas de salud, con el propósito de aumentar la extensión de los servicios de salud y cobertura universal, y brindar acceso a información confiable sobre su uso y el marco jurídico-legal, donde se hace énfasis en la responsabilidad que tienen los profesionales al practicar la acupuntura. Todo ello con el fin de mejorar la calidad de la atención apegada a la normatividad vigente y, sobre todo, resguardando el bienestar de la población.
A causa del aumento en la demanda que ha experimentado la medicina complementaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se manifestó a favor y publicó su plan de desarrollo denominado “Estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023”, donde se plantearon las directrices para regular esta actividad en cada país, a partir de información científica; su propósito es que las autoridades sanitarias encuentren soluciones y propicien una visión de la salud más amplia.
La OMS planteó como objetivo promover su utilización de forma segura y eficaz, mediante la reglamentación de productos, prácticas y recursos humanos altamente capacitados.
Esta gran demanda en el uso y desarrollo de la Medicina Tradicional China (MTC) a nivel mundial ha generado la necesidad de integrarla a los sistemas formales de salud. Es así como, actualmente, está integrada al sistema de salud de China, India y Vietnam; 1 en otros países su uso es escaso.
Se reconoce la necesidad de brindar una atención para la salud personalizada, con un enfoque integral y universal, cuyo compromiso requiere la cooperación entre los representantes de los diferentes gobiernos y profesionales de la salud, para integrar la acupuntura dentro de los establecimientos de salud.
La OMS informó que la práctica de la MTC es reconocida en 103 países miembros, de los cuales 29 cuentan con reglamentación para los acupunturistas y se reconoce la cobertura en 18 enfermedades.
Al no seguir las directrices planteadas por la OMS, como parte de los Estados miembros, existe la probabilidad de que se presenten o susciten riesgos en relación con la práctica, el uso y el manejo de los productos, así como la autoatención.
Problemas éticos y legales
La práctica de personal no cualificado puede causar:
- Que se otorgue una acupuntura insegura e ineficaz.
- La emisión de un diagnóstico erróneo o tardío, eventos adversos directos o de forma secundaria por no considerar las posibles interacciones terapéuticas.
- Riesgo para la salud al desconocer que para algunos pacientes con ciertas enfermedades el uso de la acupuntura está contraindicado.
- Que se utilice material o productos de mala calidad, adulterados o bien falsificados, ocasionando eventos adversos.
- Que se brinde información sin sustento científico.
Se sabe que el personal no cualificado brinda atención o práctica engañosa y con riesgos a la salud, lo que demerita y desprestigia la práctica de la acupuntura médica entre los pacientes y la población en general.
En la actualidad, México cuenta con políticas de regulación sobre la acupuntura y las técnicas derivadas de ésta, tales como:
1. La Reforma del Sector Salud, en la que se marcan dos líneas fundamentales
a) Reconocer que la acupuntura humana y la auriculoterapia como disciplinas de la medicina, las cuales constituyen un recurso terapéutico de la práctica médica en general, son útiles en ciertas enfermedades. Promover su regulación e integración en los sistemas nacionales de salud, por lo que se recomienda realizar investigaciones sobre la eficacia de las técnicas empleadas, de tal forma que guíen las decisiones de uso para el público en general y de los profesionales de la salud.
b) Mejorar la calidad de la atención, apegada a la normatividad vigente y resguardando siempre el bienestar de la población.
Además, se cuenta con las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes:
- NOM-017-SSA3-2012, Regulación de servicios de salud. Para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. En su numeral 11. Vigilancia menciona que: “La vigilancia de la aplicación de esta norma, corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias”.
- NOM-005-SSA3-2010, 12. Apéndices informativos (croquis de consultorios médicos), de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes ambulatorios.
- NOM-019-SSA3-2013, 4.13. personal profesional de enfermería, de la práctica de enfermería.
Esta práctica se realiza en algunas instituciones. En la Ciudad de México se lleva a cabo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y en el complejo oriente Leonardo y Nicolás Bravo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); en el Centro de Salud San Rafael de la Secretaría de Salud; en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y en el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina.
En el Estado de México se realiza en las clínicas de medicina integrativa, urbanas y en los centros de salud comunitarios del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como en el Hospital General López Mateos de Toluca.
En Estados Unidos, la Clínica Mayo-Rochester, entre otras, oferta y promociona los servicios de acupuntura y sus variantes, como por ejemplo la auriculoterapia, la electroacupuntura y la acupuntura láser, con el propósito de garantizar la extensión de los servicios de salud, el acceso a la información confiable sobre su uso y el marco jurídico-legal que direccionan la responsabilidad que tienen los profesionales que ejercen esta actividad.
Estudiar la acupuntura no sólo implica aprender a poner agujas, ya que conlleva una metodología clínica y un contexto neurofisiológico con el fin de establecer con exactitud los puntos que deberán estimularse de acuerdo con el diagnóstico y el tratamiento. Para practicarla se requiere la formación profesional en una institución certificada, que evalúe el nivel de conocimientos teóricos y prácticos del acupunturista, con el propósito de brindar atención integral de salud y que ésta sea segura, eficaz y de calidad.
Es importante señalar que nadie debe ponerse en manos de acupunturistas que carecen de una certificación “institucional reconocida”. El no ser profesional de salud cualificado y no tener una formación certificada en acupuntura puede tener implicaciones o riesgos para los pacientes al generar diversos eventos adversos, tales como neumotórax, perforaciones intestinales, hepatitis, VIH, absceso pericárdico, sepsis, shock séptico, abscesos, herpes simple, otras infecciones, taponamiento cardíaco, lesiones vasculares y nerviosas e inclusive la muerte o algunos eventos adversos menores, como la aparición de equimosis, hematoma, parestesias, náusea y pérdida del conocimiento, ya que en muchas ocasiones no se pregunta al paciente si tiene otro tratamiento, el cual puede generar alguna interacción sinérgica o antagónica. El no aplicar puntos acordes a su enfermedad puede enmascarar el cuadro clínico, agravando el proceso de enfermedad o inclusive llegar a la muerte. 2
La práctica de la acupuntura no es la inserción de agujas al azar, sino en puntos estratégicos del cuerpo humano, de acuerdo con la patología. Dicha técnica está sustentada científicamente en la anatomía y en los cambios neurofisiológicos experimentados tras su aplicación. Por esto siempre debe aplicarse a partir de un diagnóstico clínico por profesionales de la salud.
* Adela Alba Leonel es doctora en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la UNAM, donde también es Profesora de Asignatura “A”; es Profesora de Carrera Titular “A” de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, de pregrado y posgrado en ambas facultades. Ha realizado publicaciones nacionales e internacionales en revistas científicas y capítulos de libros. Su investigación se ha desarrollado en hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, fármaco-epidemiología, automedicación, acupuntura, prescripción, COVID-19, enlace de turno, cuidado de la salud mental e inteligencia artificial en salud. Roberto Sánchez Ahedo estudió la maestría y el doctorado en Educación. Su formación es en docencia, investigación, tanatología, bioética, geriatría, acupuntura y neurofisiología de la acupuntura. Es médico por la UNAM con la especialidad de Medicina Familiar y responsable del servicio de Acupuntura del Complejo Oriente Leonardo y Nicolás Bravo del ISSSTE. También se desempeña como profesor de pregrado y posgrado y ha participado en diversas publicaciones a nivel nacional y en el extranjero. Samantha Papaqui Alba es pasante de Servicio Social de la Escuela de Medicina Saint Luke; obtuvo el primer lugar en el 1er. Simposio de Investigación en la Universidad Westhill, efectuado en 2019, donde presentó el trabajo “Depresión entre los médicos versus población general en la Ciudad de México”. Ha participado en 10 congresos y tiene publicaciones como coautor en revistas científicas de difusión nacional y capítulos de libros.
Las opiniones publicadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores. No expresan una opinión de consenso de los seminarios ni tampoco una posición institucional del PUB-UNAM. Todo comentario, réplica o crítica son bienvenidos.
1 Tang J., S. Zhan y E. Ernst. 1999. “Review of randomised controlled trials of Traditional Chinese Medicine”. BMJ 319: 160-1.
2 Alba-Leonel, A., J. R. Medina Torres, R. Sánchez Ahedo, J. Papaqui Hernández y S. Papaqui Alba. 2020. “Profesionalización de la acupuntura y sus implicaciones en la salud de los pacientes”. Rev Enferm Neurol 19(2): 81-89.
En el mundo solo Bolivia tiene un sistema de elección de altos magistrados por la vía del voto popular, algo que México implementará a partir del próximo año.
En México se promulgó hace unos días un nuevo sistema de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces a través del voto popular, en una polémica reforma del Poder Judicial que solo tiene un paralelo en el mundo: Bolivia.
El país sudamericano adoptó en su Constitución de 2009 un método inédito para adjudicar los puestos de las altas cortes del país a través de elecciones universales.
Solo algunos países a nivel local -Estados Unidos, Suiza y Japón- tiene elecciones de jueces.
Desde que se adoptó el nuevo sistema en Bolivia, los ciudadanos han acudido a las urnas en dos ocasiones (en 2011 y 2017) para votar por los candidatos que aspiraban a ocupar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.
Pero este tipo de elecciones no han contado con respaldo popular: en 2011 un 60% de los que votaron lo hicieron en blanco o anulando su voto, cifra que en 2017 llegó al 65%. Según algunos analistas, esto se debe a que los ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
“En el acto de votación, la gente manifiesta su propósito de dejar claro que no está de acuerdo con el método. Porque no conocen a los candidatos ni creen que sea la mejor forma de conformar a los tribunales”, explica Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fuera presidente de Bolivia (2005-2006) y presidente de la Corte Suprema de Justicia del país (2004-2005).
Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, sostiene que la elección popular de los jueces ha sido un cambio positivo de “conquista de derechos”, pero coincide en que el método de selección de los candidatos -por una lista votada por mayoría en el Congreso- no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos.
“En Bolivia estás obligado a votar, y si no hay sanciones. Y bajo esta lógica es que la gente acude a votar. Pero cuando no saben por quién votar, hay voto blanco o nulo”, explica Rojas.
El método boliviano es muy similar al que acaba de aprobar México.
“Que los elija la gente”
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abanderó su propuesta de reforma al Poder Judicial como su máxima prioridad en su último año de gobierno. Aseguró que la intención de la reforma es democratizar un poder que califica como “ajeno” al pueblo.
“Consideramos que si se elijen a los jueces, como se hace en EE.UU. y en otros países, puede reformarse el Poder Judicial. Limpiarse, purificarse, y esto nos va ayudar a todos. Entonces no es algo para perjudicar al pueblo, para afectar la vida pública del país. No es concentrar el poder. Se está planteando un órgano independiente [de control] que no va a depender del Ejecutivo”, planteaba López Obrador en junio pasado.
“Primero que los elija la gente, porque es mucho mejor que los elija el pueblo a que se elijan en la cúpula. Es democrático. La gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene… ¿Y qué cosa no conviene? Que haya corrupción”.
Argumentos similares fueron esgrimidos en la Asamblea Constituyente que formuló una nueva Carta Magna en Bolivia en 2009.
“La administración de Justicia siempre fue vista como una herencia colonial, que servía para despojar derechos, territorios y otras poblaciones indígenas. Siempre hubo una desconfianza muy grande respecto de las instituciones de Justicia”, explica Farit Rojas. “Tenían en claro que debía participar la población. Lo que no tenían en claro era cómo elegir los mejores candidatos”.
En los últimos 15 años, dos han sido los mayores problemas en la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación.
La cuestión de la preselección
La Constitución de Bolivia recoge una renovación sexenal de los altos cargos del Poder Judicial (la elección de 2023 se pospuso en medio de una disputa política y jurídica de los tres poderes).
La votación parte de una preselección que realiza la Asamblea Legislativa a través de una verificación de idoneidad de candidatos que es aprobada por una mayoría de dos terceras partes.
Tal mayoría la ha tenido en los últimos años el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), lo que ha supuesto que esta fuerza política haya tenido el poder de aprobar la lista.
Rodríguez Veltzé señala que este ha sido uno de los primeros puntos cuestionables. “Aprobaron las nóminas para la elección popular y no llevaron a los ciudadanos más capacitados o conocidos”.
“Al contrario, gente que tenía algún prestigio o que podía ser eventualmente un buen candidato, prefirió no presentarse para evitar la manipulación política o partidaria”, continúa.
Rojas coincide en que este método de preselección ha generado rechazo: “La población tiende a rechazar a los candidatos que evidentemente son candidatos del gobierno. La población no es tonta y sabe identificar a los candidatos afines al MAS y no los elije”.
En México, la reforma aprobada da un pase directo a la elección a los juristas que actualmente son parte del Poder Judicial. Pero también abre la puerta a la inscripción de otros perfiles con menor experiencia, pues basta con haber realizado la carrera de Derecho con una calificación de 8,5 sobre 10 y gozar de “buena reputación” para postularse a juez. En el caso de los magistrados de circuito, basta con tres años de experiencia.
En defensa de la reforma impulsada por AMLO, los legisladores del bloque mayoritario afirmaron que los requisitos son los que ya estaban en la ley y que solo están añadiendo más opciones y reglas de paridad de género.
Pero la oposición ha criticado que sea el Congreso, desde 2018 dominado por el bloque oficialista, el que elija a los aspirantes y que las listas solo sean sometidas a votación popular, al igual que ocurre en Bolivia.
Rodríguez Veltzé cree que, en general, este sistema no promueve que los juristas avancen en una carrera judicial profesional e independiente. Señala que en Bolivia, el hecho de que los mandatos sean sexenales, sin posibilidad de reelección, limita tal profesionalización. En México solo los jueces y magistrados de distrito podrán ser reelegidos, no así los ministros de la Suprema Corte. Todos estarán en el cargo durante 9 años.
“Creo que el sistema es contraproducente. No alienta a que los mejores abogados o abogadas participen de un proceso meritocrático”, sostiene Rodríguez Veltzé.
Rojas, sin embargo, encuentra positivo que el tradicionalmente cerrado ámbito judicial se haya abierto a la sociedad.
En ese sentido, los constituyentes bolivianos resaltaron que el nuevo sistema permitió por primera vez la participación de sectores marginados, como los pueblos indígenas, además de que privilegia la paridad de género.
La complicada votación
Los aspirantes que pasan por el filtro de la Asamblea Legislativa de Bolivia avanzan a la fase de elección, pero no pueden hacer campaña. Es el órgano electoral el encargado de informar a los ciudadanos sobre quiénes son, su hoja de vida y sus méritos.
“Cuando se presentaron las papeletas para el voto, eran unas hojas muy grandes con más de 100 fotografías pequeñas, con nombres de ciudadanas y ciudadanos, y al votante común le resultaba muy ajena la calidad de los postulantes”, explica Rodríguez Veltzé.
“Esta es una expresión objetiva del rechazo ciudadano a tomar una responsabilidad que en realidad debería responder a otra modalidad de elección”, añade.
En el caso de Bolivia, los ciudadanos votan por 26 cargos, mientras que en México la nueva ley somete a votación a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia (eliminando dos asientos) y a más de 1.600 magistrados de circuito y jueces de distrito. Para remplazar gradualmente los cargos, habrá elecciones a partir de 2025 y hasta 2036.
Como en Bolivia, en México también estarán prohibidas las campañas financiadas con dinero público o privado, así como la contratación de publicidad. Pero a los candidatos se les permite usar espacios del Estado en medios de comunicación y participar en foros y debates.
Los defensores de la ley aseguran que será viable una votación masiva al estar programada en un sistema escalonado de votaciones en la próxima década.
Pero los críticos advirtieron que será muy complejo para el ciudadano no solo conocer los perfiles de los candidatos, sino elegir entre muchos nombres en las boletas, como ocurrió en Bolivia en las dos últimas elecciones.
Los legisladores del bloque del gobierno de México argumentaron durante los debates de la reforma que, bajo el nuevo sistema, la boleta no estará politizada ya que no mencionará a partidos políticos. Además, señalaron que los tres poderes tendrán el derecho de presentar propuestas de candidatos, independientemente de su afinidad política o ideológica.
“No le tengan miedo al pueblo, no le tengan miedo a la democracia”, expresó el diputado Hamlet García Almaguer, del partido Morena, en uno de los debates.
¿Más influencia del crimen organizado?
Los críticos de la Reforma Judicial en México advirtieron que el voto popular podría abrir la puerta a que poderes ilícitos, como los cárteles del narcotráfico, pudieran influir en la elección de jueces al financiarlos o movilizar votos en su favor.
En Bolivia no se ha observado este fenómeno, señalan los analistas. La influencia se ha visto desde el sector de la política. “Cuando el voto está en manos de la población, es más complicado que los carteles puedan corromper a toda la población al votar”, explica Rojas.
“Creo, como muchos juristas, que la legitimidad no te la da el cómo eres nombrado, sino tus resultados, el cómo ejerces el cargo”, añade.
Los defensores de la reforma en México defienden que existen mecanismos para asegurarse de que esto no suceda, como los comités técnicos que realizarán evaluaciones rigurosas de la idoneidad de los candidatos antes de ser considerados por el Congreso.
También señalan que la reforma prevé mecanismos de control más fuertes que los que actualmente existen y que cuando los ciudadanos tengan sospechas de la complicidad de un magistrado con el crimen organizado, tendrán en sus votos el instrumento para detenerlo.
Y aseguran que con la creación del Tribunal de Disciplina se vigilará de manera efectiva la actuación de los jueces, a diferencia de lo que sucede con el actual Consejo de la Judicatura Federal, que tiene registros bajos de investigaciones contra magistrados (423 sanciones y 22 destituciones desde el año 2000).
¿Mejoró la justicia en Bolivia?
Lo cierto es que, luego de dos elecciones, en Bolivia el Poder Judicial sigue gozando de baja popularidad entre los ciudadanos.
Una encuesta difundida el año pasado -cuando debían haberse realizado las terceras elecciones de magistrados- por el Fondo de Promoción y Protección de Defensores de Derechos mostró que el 85% de los entrevistados en todo el país pensaba que la justicia era “poco o nada confiable”.
Rojas defiende que, aunque hay problemas, el sistema de votación popular ha sido un paso positivo hacia la mejora del sistema. Se puso la Justicia ante el ojo público, se redujeron los altos sueldos de los ministros y se abrió este poder a juristas externos al círculo tradicional.
“Se hizo pública la administración de justicia, cosa que no sucedía antes. Las reformas se pensaban en leyes, se pensaba que el problema era eso. Pero ahora se discute que el problema son las instituciones y las personas”, argumenta.
“En Bolivia la administración de justicia es lenta, es costosa, pero no en todos los casos es corrupta. Hay buenos jueces, buenos tribunales y buenas prácticas”.
Para Rodríguez Veltzé, por el contrario, la elección a través del voto popular no es la respuesta adecuada para tener buenos jueces. Además, cree que hace falta reformar otros elementos clave de la justicia para su correcto funcionamiento.
“No solamente son los jueces mal elegidos, sino el conjunto del órgano del poder que no ha contribuido a dar a la justicia su lugar. No hay un buen presupuesto, legislación adecuada, políticas públicas o tipos delictivos”, explica.
El bloque oficialista en México ha prometido que reformará otros aspectos de la justicia, como las fiscalías. Pero para Rodríguez Veltzé, la justicia “merece estar al margen de los vaivenes políticos”.
“El tema es tan serio que ameritaba mayor debate, mayor reflexión. Pero en todo caso, será la experiencia la que muestre los resultados. Lamento mucho que no hayan tomado en cuenta lo que pasó en mi país y que no ha funcionado”, reflexiona.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
