100 días de Sheinbaum: los derechos humanos deben ser para todos, todas y todes
En el marco de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se vislumbra un piso parejo para la vigencia de los derechos humanos en México, pero sí -en cambio- una aplicación discrecional de los mismos.
En dicho periodo fueron aprobadas varias reformas constitucionales. Desde el enfoque de derechos humanos, dos de ellas son progresivas, pero al menos cuatro representan regresiones preocupantes.
La incorporación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al texto constitucional es una bocanada de esperanza, lo mismo que la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas. En contraste, las reformas al Poder Judicial, a la Guardia Nacional (GN), a los órganos autónomos y a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) –cuya aprobación inició en septiembre de 2024, en la LXVI Legislatura– ameritaban, por ser de gran calado, una minuciosa discusión de fondo. Si bien para la reforma judicial se efectuaron diálogos nacionales entre el 21 de febrero y el 18 de abril en diferentes estados del país, las observaciones de organismos internacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y víctimas de violaciones de derechos humanos no tuvieron eco.
Las y los legisladores desoyeron además los llamados y advertencias hechas por la ONU y organismos jurisdiccionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así, marcaron su distancia de los principios del derecho internacional e interamericano de derechos humanos que México asumió voluntariamente y que está obligado a cumplir.
En total, bastaron 47 horas de discusión –de madrugada y a puerta cerrada– en la Cámara de Diputados y de Senadores para aprobar la reforma judicial. En cuatro días se concretó la institucionalización de la militarización de la seguridad pública con el paso de la GN a la Defensa. Las y los legisladores pulverizaron también en cuatro días a los órganos autónomos, entre ellos al INAI, institución que implicó –para las OSC y otros actores sociales y políticos– décadas de intenso trabajo para construirlo y consolidarlo.
El otro lado de la moneda
En contraste, la aprobación de la reforma que impulsa la igualdad sustantiva, la erradicación de la brecha salarial y que busca garantizar la protección contra la violencia de género abre la posibilidad largamente aplazada de que por fin se empiecen a eliminar los obstáculos estructurales característicos del sistema patriarcal que han impedido el ejercicio pleno de nuestros derechos como mujeres.
Otro tema relevante es la aprobación de la reforma constitucional en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Aunque ha sido cuestionada porque no se realizó un proceso de consulta amplio, previo a su promulgación.
El caso es que mientras unos derechos se impulsan otros se restringen. Su vigencia requiere de un piso parejo; no se puede, no se debe escatimar la aplicación de unos por otros. Los derechos humanos no se pueden escoger, son para todas, todos y todes y se aplican sin cortapisa.
Más dudas que certezas
Por lo pronto, la reforma judicial pone en tela de juicio el contrapeso que debe ejercer el Poder Judicial en relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo. En una carta enviada al gobierno mexicano, el 29 de julio de 2024, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advierte que dicha reforma podría “socavar la independencia de la judicatura mexicana”.
Si bien advierte que el derecho internacional no requiere un procedimiento específico de nombramiento y selección de jueces, si enfatiza que “cualquier procedimiento” que sigan los Estados debe contar con un mecanismo “transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”.
En ese sentido, llama la atención sobre la responsabilidad que recae en el poder legislativo para aprobar la idoneidad de los candidatos a jueces y magistrados porque, señala, la intervención de una entidad política incrementa “el riesgo de captura política del poder judicial”. Además de que “no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos”.
Otro señalamiento relevante de la relatora es en el sentido de que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas”, con miras a una eventual reelección. Lo que implica un riesgo significativo para la imparcialidad de las decisiones judiciales.
La CIDH también hizo un análisis sobre el tema. En él “reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial”, pero señala que no hay certeza para garantizar la “idoneidad y acceso meritocrático” de las personas que aspiran a la carrera judicial. Precisa que la reforma “no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia, ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”.
Advierte que el haber incluido en la reforma a los denominados “jueces sin rostro” es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México forma parte. Para la CIDH una reforma de este calado debería abarcar a las fiscalías, como la General de la República, las estatales y las defensorías públicas. Desde Amnistía Internacional hemos dicho reiteradamente que dichas instituciones son el nudo gordiano que impide, desde hace décadas, una correcta impartición de justicia en el país.
La reforma judicial fue hecha desde el poder, fue impuesta con la fuerza del poder, bajo la premisa de la denominada “mayoría absoluta” y sin considerar mínimamente que el gobierno se ejerce para todas las personas, no solo para los adeptos y que, por ello en su análisis, se debieron considerar a todas las voces.
Los derechos no desaparecen
La extinción del INAI –junto con otros seis órganos autónomos– es un grave retroceso para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin una institución dedicada expresamente a ello, será mucho más complejo que el Estado mexicano pueda garantizarnos a todas, todos y todes ese derecho.
El INAI permitió conocer información fundamental en miles de casos, entre los emblemáticos de corrupción o conflictos de interés están los de Odebrecht, la planta de Agronitrogenados, la Casa Blanca o la Estafa Maestra que fue ampliamente documentada por Animal Político. La difusión que les dieron los medios de comunicación permitió que se iniciaran procesos en contra de las personas funcionarias involucradas.
En el sexenio anterior el gobierno negó con frecuencia información al clasificarla como “seguridad nacional”. Es claro que se requiere de una institución con independencia técnica y de gestión que garantice nuestro derecho de acceso a la información estatal.
Lo cierto es que el derecho a la información no desaparece y la forma de hacerlo valer deberá mantenerse como hasta ahora: sin condición para ejercerlo. Las personas debemos contar con procesos accesibles; las solicitudes deben seguir siendo anónimas y sin que se nos requiera justificación para realizarlas; tampoco deberán implicar traslados ni gastos innecesarios ni la necesidad de contar con un abogado para presentarlas.
En medio de esta polémica tampoco hay claridad sobre el destino de la Plataforma Nacional de Transparencia que administra el INAI. Un tema nada menor puesto que incluye millones de datos de información acumulados por lustros, su construcción implicó un reto técnico y se requirió una inversión millonaria para su desarrollo y mantenimiento.
Los militares seguirán en labores de seguridad pública
La reforma que autoriza el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa institucionalizó la militarización de la seguridad pública en México. En este tema tampoco valieron los llamados de las OSC, de los especialistas y de organismos internacionales para cambiar ese paradigma por una estrategia que ponga en el centro los derechos humanos de las personas y recargue el peso de la seguridad pública en fuerzas policiales civiles.
Desde Amnistía Internacional cuestionamos la militarización de la seguridad pública desde hace 20 años. Argumentamos, con base en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los graves riesgos de esa medida para los derechos humanos. Las masacres de Nuevo Laredo, Tamaulipas del año 2023, y la de migrantes en Chiapas de octubre de 2024, así como las muertes de mujeres, personas jóvenes, niñas y bebés a manos de militares y elementos de la Guardia Nacional son algunos ejemplos de ello.
En nuestro informe Cambiando el Paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos, presentado en noviembre de 2024, incluimos propuestas para devolver el manejo de la seguridad pública a las corporaciones civiles. Sin embargo, el Estado decidió mantener su política militarista con las graves consecuencias referidas.
Prisión preventiva oficiosa vs presunción de inocencia
Por si fuera poco, la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) asesta un duro golpe al principio de presunción de inocencia y a la libertad personal. Propicia detenciones arbitrarias principalmente de personas menos privilegiadas, hombres jóvenes, personas racializadas no blancas, que habitan en zonas periféricas de la metrópoli o de zonas empobrecidas, como consta en nuestro informe Falsas sospechas.
Contraviene la sentencia que emitió la CoIDH contra México en 2022, por haber mantenido en prisión preventiva oficiosa durante 17 años a Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, a quienes finalmente no se les comprobaron los delitos imputados.
A contrario sensu la PPO no ha frenado la impunidad y mucho menos la incidencia delictiva. La procuración de justicia no avanza por la ineficiencia de las fiscalías del país como lo advertimos en nuestro informe Juicio a la Justicia. Por ello insistimos en que se revise y mejore su trabajo y se fortalezca a las policías locales, entre otras medidas que sí redundarían en la disminución de la impunidad y la incidencia delictiva.
Además, la prisión preventiva oficiosa expone a las personas privadas de la libertad a violaciones de derechos humanos como tortura y tratos crueles e inhumanos. Los centros carcelarios no son sitios que se precien por el respeto de los derechos humanos.
Un nuevo llamado al diálogo
El 4 de septiembre de 2024 envié a Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta electa, una carta para solicitarle una reunión en la que pudiéramos dialogar sobre los grandes pendientes que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Le manifesté que su llegada a la presidencia constituye una oportunidad para generar espacios de escucha, diálogo e interlocución.
En Amnistía Internacional creemos que así será. Por ello a poco más de 100 días de iniciado su gobierno reiteramos nuestro llamado para reunirnos y generar alternativas consensuadas encaminadas a consolidar el sistema de derechos humanos en México, como lo hemos hecho desde que Amnistía Internacional inició su trabajo en el país hace ya casi 54 años.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
BBC Mundo analiza, con la ayuda de expertos, los efectos del levantamiento de esta y otras sanciones a Cuba anunciado por la Casa Blanca.
En una inesperada decisión, el presidente estadounidense Joe Biden retiró a Cuba de la lista de EE.UU. de países patrocinadores del terrorismo.
La nación caribeña llevaba cuatro años en esa “lista negra” desde que el expresidente Donald Trump la incluyera en 2021 como una de las últimas medidas de su anterior mandato.
Cuba también formó parte de esta lista elaborada por el Departamento de Estado desde 1982 hasta 2015, cuando Obama la sacó como parte de su política de “deshielo” hacia el régimen entonces liderado por Raúl Castro y hoy a cargo del presidente Miguel Díaz-Canel.
La retirada de la lista de patrocinadores del terrorismo anunciada por la Casa Blanca podría durar poco, ya que Trump regresará a la presidencia el lunes 20 de enero.
Trump podría revertir la decisión de Biden de forma relativamente sencilla, sin necesidad de consultar con el Congreso.
Además, su designado secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este miércoles frente al Senado estadounidense no tener “duda alguna” de que el régimen de Díaz-Canel patrocina el terrorismo internacional.
Qué implica estar en la lista
Tras la salida de Cuba solo quedan tres países en la lista negra del Departamento de Estado: Corea del Norte, Irán y Siria.
Los países designados como patrocinadores del terrorismo enfrentan severas restricciones económicas, financieras y diplomáticas, como la prohibición de exportaciones de armas, la suspensión de ayuda económica, el bloqueo de créditos internacionales y limitaciones para acceder al sistema financiero global.
Por ejemplo, no pueden obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales.
Además, facilita demandas civiles en tribunales estadounidenses y afecta a su reputación internacional, complicando sus relaciones con otros países.
En el caso particular de la isla, estas sanciones ahondaban las que ya habían sido impuestas de manera más extensa por el embargo económico y comercial vigente desde la década de 1960.
“Desde entonces Cuba ya estaba sometida a duras restricciones incluidas en el embargo, así que la mayoría de las disposiciones que implicaba estar en la lista tampoco causaban mucho daño adicional”, le explica a BBC Mundo Robert L. Muse, abogado especializado en las sanciones de EE.UU. al país caribeño.
Pese a esto, Muse y otros expertos destacan al menos tres beneficios que le aporta a Cuba abandonar la lista de patrocinadores del terrorismo.
Incentivo al turismo
En primer lugar, podría favorecer a un sector clave en la economía cubana: el turismo.
Desde que en 2021 el Departamento de Estado incluyó a Cuba en su lista negra, toda persona que haya viajado a la isla está sometida a un escrutinio más severo para ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los ciudadanos de la UE y otros países como Chile, Corea del Sur o Japón que visitan un país incluido en la lista de patrocinadores del terrorismo pierden el privilegio de la exención de visado de turismo a EE.UU. bajo el programa ESTA.
Al eliminar a Cuba del listado, estas personas ya pueden viajar a la isla sin miedo a que en el futuro les exijan visado para ingresar a territorio estadounidense, lo que en teoría incentivará los viajes a la isla.
En todo caso, se desconoce cuál será el alcance real de la medida a la hora de reactivar el maltrecho sector turístico del país caribeño, que pasó de recibir 4,2 millones de visitantes en 2019 a menos de 2,4 millones en 2024, según estimaciones y a la espera de datos oficiales.
“Uno podría esperar que crezca la demanda de visitas de países de la Unión Europea, pero hay otros factores que influyen de forma negativa en el turismo, como la crisis económica, la escasez, los apagones y los problemas eléctricos”, indica a BBC Mundo el economista cubano Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington DC.
Cuba vive una profunda crisis económica con escasez de alimentos, medicinas, combustible y casi todos los productos, así como frecuentes cortes eléctricos, lo que ha provocado en los últimos tres años un éxodo migratorio de sus habitantes, y también se considera un factor clave en el descenso del turismo.
Acceso a financiación e imagen internacional
En segundo lugar, la inclusión en la lista negra suponía para Cuba un obstáculo adicional a la hora de acceder a financiación exterior y participar en negocios internacionales.
“Como patrocinador estatal del terrorismo, los bancos e instituciones financieras rechazan las transacciones relacionadas con Cuba. Incluso si se les explica que son legales, se niegan a hacerlo. Es casi una reticencia supersticiosa a involucrarse en cualquier tipo de comercio con países que están en esa lista”, afirma el jurista Robert L. Muse.
Muse asegura que “es beneficioso salir de la lista porque tiene un efecto inhibidor en las instituciones financieras y los inversionistas”.
Pero, aunque Cuba se libra de un importante obstáculo, no implica que los bancos y organismos internacionales vayan a estar dispuestos a aportar financiación a un país técnicamente en bancarrota que en los últimos años ha incumplido la mayoría de los compromisos con sus acreedores, desde sus aliados China y Rusia hasta el Club de París.
Y si, pese a esto, hubiera entidades dispuestas a financiar a Cuba, podrían temer repercusiones si el país regresa más adelante a la lista de patrocinadores del terrorismo.
“Cuba estaba en la lista, Obama la eliminó, después Trump la introdujo de nuevo y ahora Biden la quita; entonces, durante el periodo en el que no están las sanciones, puedes involucrarte en transacciones que, si luego se reintroducen las sanciones, pueden crearte problemas”, explica el economista Ricardo Torres.
En tercer y último lugar, ser considerado por Estados Unidos un patrocinador del terrorismo perjudica la percepción internacional sobre Cuba, cuyo gobierno ha priorizado históricamente proyectar una imagen favorable al exterior.
“Quizás lo más irritante para los cubanos es el oprobio moral asociado con ser designado como una nación terrorista. Implica ser un régimen fuera de la ley, y Cuba se siente ultrajada por esa caracterización”, afirma Robert L. Muse .
Salir del listado, agrega, “tiene para la isla un beneficio simbólico: es una acción que elimina ese estigma”.
Los efectos de las medidas adicionales
La retirada de Cuba de la lista negra del Departamento de Estado de EE.UU. es parte de un acuerdo más amplio entre Washington y La Habana, coordinado con la mediación de la Iglesia católica y que incluye la liberación de presos políticos en la isla.
Además de la retirada de la isla de la lista de patrocinadores del terrorismo, según medios estadounidenses, Washington se comprometió en el acuerdo a revertir dos decisiones con importantes implicaciones económicas adoptadas durante el primer gobierno Trump.
En primer lugar, rescinde un memorando de 2017 que prohíbe las transacciones de personas bajo jurisdicción estadounidense con una lista de empresas y subentidades controladas por las fuerzas militares, de inteligencia o de seguridad cubanas, como la poderosa GAESA que controla varios negocios en la isla.
Esto podría facilitar la reanudación del envío de remesas de cubanos en Estados Unidos a sus familiares en la isla por la vía legal, es decir, a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas, que acaparan gran parte del poder económico del país.
En la práctica, sin embargo, los cubanos cuentan con otros modos más efectivos y baratos de enviar y recibir dinero, como transferencias electrónicas no afectadas por las sanciones o efectivo a través de “mulas” que viajan entre los dos países.
En segundo lugar, la Casa Blanca suspenderá el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses presentar demandas ante los tribunales por propiedades expropiadas por el gobierno cubano desde la Revolución de 1959.
Trump activó en 2019 este título de la ley, que permanecía suspendido desde su promulgación en 1966 para evitar conflictos diplomáticos con países aliados cuyas empresas operan en Cuba.
“A partir de hoy, no se pueden presentar demandas contra, por ejemplo, una compañía hotelera española que ocupe terrenos sobre los cuales alguien reclama derechos de propiedad bajo el lenguaje de la Ley Helms-Burton”, explica Muse.
Así, las demandas ya presentadas seguirán adelante pero no se pueden iniciar nuevas.
En todo caso, matiza el abogado, “la responsabilidad por el uso de propiedades confiscadas sigue existiendo y esto crea un desincentivo a largo plazo para invertir en Cuba, ya que siempre persiste la posibilidad de que las demandas se reactiven”.
Como compensación por el alivio de sanciones, Cuba se comprometió a liberar a un número “significativo” de disidentes, activistas defensores de los derechos humanos, periodistas y manifestantes encarcelados a raíz de las históricas protestas de julio de 2021, las mayores en las últimas seis décadas a las que siguió una dura ola represiva.
El régimen de Díaz-Canel, que según organizaciones mantiene encerrados a más de un millar de presos políticos, se comprometió este martes a liberar de forma gradual a 553 personas condenadas por diversos delitos -sin especificar más detalles- y el miércoles sacó de la prisión a los primeros 14.
Según Muse, la decisión de espaciar la liberación de los presos podría ser una herramienta de negociación ante el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca.
“Si Cuba regresa a la lista de patrocinadores del terrorismo, ¿dejará de liberar a prisioneros y podría culparse a la administración Trump de que permanezcan en la cárcel? Eso está por ver”, plantea el jurista.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
