Por una política de seguridad pública civil que coloque en el centro los derechos de las personas
Hay que decirlo fuerte y claro, porque lo que no se nombra no existe y es imprescindible mantener la memoria. En más de dos décadas hemos atestiguado la muerte de mujeres, estudiantes, niñas (en 2022 y 2024), violaciones de mujeres indígenas, ejecuciones de migrantes a manos de elementos del ejército mexicano o de la militarizada Guardia Nacional que, paradójicamente, están a cargo de la seguridad pública en México.
Esos casos son apenas un ejemplo. La lista es larga. Desde Amnistía Internacional hemos cuestionado la militarización de la seguridad pública desde hace más de dos décadas. Así como el ingrato calificativo de “víctimas colaterales” con el que en 2006 se hablaba de las personas inocentes que fueron asesinadas en enfrentamientos cruzados y que, al parecer, a la fecha, siguen siendo vistas como parte de un “proceso necesario”, lo que claramente no es así.
La militarización de la seguridad pública está en abierta contradicción con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las dictadas contra México por el caso Alvarado Espinoza y otros (2018), y la del caso Cabrera García y Montiel Flores (2020). Pero hay otra más, vinculada con el tema, y dictada contra Venezuela por el caso Montero Aranguren y otros (2006).
En este espacio he comentado casos como los registrados en Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas. Este último, ocurrido el 6 de junio de 2023, lo conocimos porque medios de comunicación divulgaron un video en el que se aprecia a elementos del ejército privando de la vida a cinco personas, a quienes previamente habían detenido.
En nuestro nuevo informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos -que presentamos el miércoles 20 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco-, advertí que la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido el crimen ni la violencia y, en cambio, ha propiciado crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de esa fecha, en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, en una de mis intervenciones comenté que tener una presidenta civil no implica que haya una subordinación total del poder militar al poder civil. Ya es tiempo, dije también, de contar con una estrategia que saque a los militares de las decisiones de seguridad pública y de muchas otras que son del ámbito de las instituciones civiles.
La sombra de la Secretaría de la Defensa
Si bien las autoridades insisten en que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad “mejorar la seguridad de las personas”, en el informe referido advertimos que los hechos reflejan lo contrario. “Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”. A todas luces, México es hoy un país más inseguro de lo que era hace 18 años.
La lista de atrocidades cometidas por el ejército desde 2006, fecha en que el Estado decidió que participara en tareas de seguridad pública, es una sombra que lo acompañará siempre. A éstas se suman muchos otros hechos de triste memoria como la masacre del 2 de octubre de 1968 o la violación sexual de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en 1994, en Chiapas, por referir algunos.
El accionar del crimen organizado es una grave amenaza para la seguridad e integridad de quienes vivimos en este país. Sin embargo, no coincidimos con la falsa disyuntiva que tres gobiernos seguidos han puesto ante nosotros para elegir entre seguridad y respeto a los derechos humanos.
Invito muy cordialmente a las personas lectoras a que no se pierdan las tres mesas de nuestro conversatorio tituladas: Cambiando el paradigma, ¿Militarismo o militarización? y Repensando la seguridad: paradigmas ciudadanos para el futuro. La primera fue moderada por la reconocida periodista Gabriela Warkentin y la segunda por Eduardo Muñiz, integrante de nuestro Comité Directivo. La investigación de los documentos presentados fue realizada por Carlos Zazueta y Daira Arana.
En ellas participaron especialistas de OSCs, como Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo; Estefanía Vela, Directora Ejecutiva de Intersecta; Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Lucía Guadalupe Chávez Vargas, Directora Ejecutiva de Asylum Acces México.
Por la parte académica estuvieron Jacob Dayán, Especialista en Derecho Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos; Ernesto López Portillo y Miguel Garza Flores, Director fundador (el primero) y Director Ejecutivo (el segundo) del Instituto para la Seguridad y la Democracia; así como Santiago Corcuera Cabezut, ex Presidente del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Además se contó con la asistencia de Juan Antonio Villa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de San Luis Potosí.
Hoja de ruta para construir una seguridad ciudadana
Nuestro nuevo informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos incluye cuatro principios y diversas recomendaciones tendentes a impulsar la implementación de un paradigma de seguridad ciudadana en el país.
Los principios y las recomendaciones están sustentadas en estándares internacionales de derechos humanos, así como en las propuestas sistematizadas y estructuradas por 28 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de todo el país, expertas en el tema, que consultamos ex profeso. La premisa es poner en el centro de la seguridad a las personas y sus derechos humanos.
Es importante precisar que las propuestas de las OSCs parten de “una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.
Los Principios establecen lo siguiente: 1) el diseño de estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos; 2) encaminar una reforma policial comprometida a que el cumplimiento de la ley y de las labores de seguridad sean efectuadas por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con enfoque de respeto y protección de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
El principio 3) establece modificar de manera inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y el 4) encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos.
Recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo
En cuanto a las recomendaciones, aquí expongo un brevísimo resumen de su contenido. Al Poder Ejecutivo se le recomienda cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual para el año 2028 las Fuerzas Armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.
Se le recomienda también construir una reforma policial integral y un plan específico de retiro de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, basado en evidencia que se ajuste a las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio. Dicho plan debe formularse “a partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes comunitarios, academia, y demás actores relevantes”.
En el informe advertimos que esto último es de particular relevancia porque a la fecha no se ha generado una política pública de seguridad que involucre activamente a la ciudadanía, que privilegie la prevención sobre la represión y que genere condiciones para el respeto, la protección, y la realización de los derechos humanos.
Una tercera recomendación establece reformar el sistema de seguridad pública de tal forma que el cumplimiento de la ley y las labores de seguridad las efectúe un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con respeto y protección de los derechos humanos. Para tal efecto se debe crear un nuevo mecanismo policial federal o bien hacer una reforma de la Guardia Nacional como organismo civil reintegrado a la Secretaría de Seguridad Pública.
Al Poder Legislativo se le recomienda adecuar el marco normativo aplicable a la seguridad en México para darle la debida congruencia. Esto incluye la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y la normativa del sistema penitenciario, entre otras.
En la segunda recomendación se considera una reforma a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté alineada con los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha ley debe ser suficientemente clara para su aplicación por personal policial y de seguridad pública; debe limitar claramente el uso de la fuerza letal; exigir el uso de la fuerza mínima y la protección de terceras personas; así como limitar y especificar los tipos de armamento permitido y sus usos, y garantizar el derecho a manifestaciones pacíficas.
Campaña #SeguridadSí
Como en otros informes, el que nos ocupa en este texto está acompañado de la campaña #SeguridadSí y de una Petición dirigida al Estado mexicano que puede ser leída en nuestra página web. Como siempre, invito a las personas lectoras a firmarla. Esto es importante porque la seguridad pública es un problema que involucra no solo al Estado sino a todos y todas las personas.
Un ejercicio de diálogo muy necesario
Los principios y las recomendaciones de nuestro nuevo informe ya las hemos entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al tiempo que los convocamos a valorarlas e iniciar un proceso de diálogo con las OSCs, personas académicas y personas vinculadas con el tema. El objetivo es construir una estrategia de ciudadanización de la seguridad, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles bajo un esquema de supervisión ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Desde Amnistía Internacional seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de romper el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia. En foros, entrevistas y conferencias he dicho reiteradamente que no podemos, ni debemos, acostumbrarnos a que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública y mucho menos debemos tolerar que siga habiendo muertes de personas inocentes a manos de sus integrantes.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
El retardante de incendios que se usa en California es uno de los más extendidos a nivel mundial.
Mientras los equipos de rescate luchan contra los devastadores incendios forestales en el sur de California, han surgido imágenes vívidas de aviones cisterna arrojando un polvo rojo y rosa brillante sobre los suburbios de Los Ángeles.
La llamativa sustancia, un popular retardante de fuego, es ahora una imagen común en la zona, cubriendo las entradas de las casas, los techos y los automóviles.
Las autoridades dijeron que se arrojaron miles de galones de la sustancia en la última semana para detener la propagación de las llamas.
Pero, ¿qué contiene exactamente y cómo ayuda a combatir los incendios forestales?
“Retardante” de fuego
El retardante de llama es un producto llamado Phos-Chek, que vende una empresa llamada Perimeter.
Se ha utilizado para combatir incendios en los EE.UU. desde 1963 y es el principal retardante de fuego a largo plazo utilizado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. También es el retardante de fuego más utilizado en el mundo, según un informe de 2022 de Associated Press.
La fórmula exacta de Phos-Chek no es de conocimiento público, pero la empresa ha dicho en presentaciones anteriores que el producto es 80% agua, 14% sales de tipo fertilizante y 6% agentes colorantes e inhibidores de corrosión.
En cuanto a su color, la empresa dijo que es “una ayuda visual para pilotos y bomberos por igual”. Después de unos días de exposición a la luz solar, el color se desvanece a tonos tierra, dijo.
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El retardante generalmente se rocía alrededor de un incendio forestal en la vegetación y la tierra que es propensa a incendios para evitar que las llamas se propaguen a esa zona.
Según el Servicio Forestal de EE.UU., los retardantes “ralentizan la velocidad de propagación enfriando y recubriendo los combustibles, agotando el oxígeno del fuego y ralentizando la velocidad de combustión de los materiales a medida que las sales inorgánicas del retardante cambian la forma en que se queman los combustibles”.
Efectos secundarios
Su uso ha sido controvertido en el pasado por sus posibles efectos sobre el medio ambiente.
Una demanda presentada en 2022 por los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental, una organización formada por empleados presentes y pasados del Servicio Forestal de Estados Unidos, acusó a la agencia federal de violar las leyes de agua limpia del país al arrojar retardantes de fuego químicos desde aviones sobre los bosques.
Argumentó que el químico mata a los peces y no es efectivo.
Al año siguiente, una jueza de distrito de Estados Unidos estuvo de acuerdo con los empleados, pero en su fallo permitió que el Servicio Forestal continuara usando el retardante mientras busca un permiso de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés).
El caso atrajo la atención de las comunidades devastadas por incendios forestales en el pasado, incluida la ciudad de Paradise, California, que fue destruida por un incendio en 2018.
Su entonces alcalde, Greg Bolin, elogió la decisión del juez y dijo que garantiza que las comunidades “tengan una oportunidad de luchar” frente a los incendios.
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El Servicio Forestal le dijo a la cadena de radio NPR que este año eliminó gradualmente el uso de un tipo de fórmula Phos-Chek, Phos-Chek LC95, a favor de otro, MVP-Fx, diciendo que este último es menos tóxico para la vida silvestre.
El Servicio Forestal también tiene una prohibición obligatoria de arrojar retardantes de fuego en áreas ambientales sensibles, como vías fluviales y hábitats de especies en peligro de extinción.
Sin embargo, existen excepciones a la prohibición en los casos “en los que la vida humana o la seguridad pública estén amenazadas”.
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