Por una política de seguridad pública civil que coloque en el centro los derechos de las personas
Hay que decirlo fuerte y claro, porque lo que no se nombra no existe y es imprescindible mantener la memoria. En más de dos décadas hemos atestiguado la muerte de mujeres, estudiantes, niñas (en 2022 y 2024), violaciones de mujeres indígenas, ejecuciones de migrantes a manos de elementos del ejército mexicano o de la militarizada Guardia Nacional que, paradójicamente, están a cargo de la seguridad pública en México.
Esos casos son apenas un ejemplo. La lista es larga. Desde Amnistía Internacional hemos cuestionado la militarización de la seguridad pública desde hace más de dos décadas. Así como el ingrato calificativo de “víctimas colaterales” con el que en 2006 se hablaba de las personas inocentes que fueron asesinadas en enfrentamientos cruzados y que, al parecer, a la fecha, siguen siendo vistas como parte de un “proceso necesario”, lo que claramente no es así.
La militarización de la seguridad pública está en abierta contradicción con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como las dictadas contra México por el caso Alvarado Espinoza y otros (2018), y la del caso Cabrera García y Montiel Flores (2020). Pero hay otra más, vinculada con el tema, y dictada contra Venezuela por el caso Montero Aranguren y otros (2006).
En este espacio he comentado casos como los registrados en Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas. Este último, ocurrido el 6 de junio de 2023, lo conocimos porque medios de comunicación divulgaron un video en el que se aprecia a elementos del ejército privando de la vida a cinco personas, a quienes previamente habían detenido.
En nuestro nuevo informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos -que presentamos el miércoles 20 de noviembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco-, advertí que la militarización de la seguridad pública en México no ha reducido el crimen ni la violencia y, en cambio, ha propiciado crímenes de derecho internacional, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de esa fecha, en que se celebra el aniversario de la Revolución Mexicana, en una de mis intervenciones comenté que tener una presidenta civil no implica que haya una subordinación total del poder militar al poder civil. Ya es tiempo, dije también, de contar con una estrategia que saque a los militares de las decisiones de seguridad pública y de muchas otras que son del ámbito de las instituciones civiles.
La sombra de la Secretaría de la Defensa
Si bien las autoridades insisten en que la intervención de las Fuerzas Armadas tiene como finalidad “mejorar la seguridad de las personas”, en el informe referido advertimos que los hechos reflejan lo contrario. “Entre 2007 y 2024, al menos, 101,933 personas han desaparecido y 452,254 han sido asesinadas, entre ellas 49,100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”. A todas luces, México es hoy un país más inseguro de lo que era hace 18 años.
La lista de atrocidades cometidas por el ejército desde 2006, fecha en que el Estado decidió que participara en tareas de seguridad pública, es una sombra que lo acompañará siempre. A éstas se suman muchos otros hechos de triste memoria como la masacre del 2 de octubre de 1968 o la violación sexual de Ana, Beatriz y Cecilia González Pérez en 1994, en Chiapas, por referir algunos.
El accionar del crimen organizado es una grave amenaza para la seguridad e integridad de quienes vivimos en este país. Sin embargo, no coincidimos con la falsa disyuntiva que tres gobiernos seguidos han puesto ante nosotros para elegir entre seguridad y respeto a los derechos humanos.
Invito muy cordialmente a las personas lectoras a que no se pierdan las tres mesas de nuestro conversatorio tituladas: Cambiando el paradigma, ¿Militarismo o militarización? y Repensando la seguridad: paradigmas ciudadanos para el futuro. La primera fue moderada por la reconocida periodista Gabriela Warkentin y la segunda por Eduardo Muñiz, integrante de nuestro Comité Directivo. La investigación de los documentos presentados fue realizada por Carlos Zazueta y Daira Arana.
En ellas participaron especialistas de OSCs, como Raymundo Ramos, Presidente del Comité de Derechos humanos de Nuevo Laredo; Estefanía Vela, Directora Ejecutiva de Intersecta; Abel Barrera Hernández, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Lucía Guadalupe Chávez Vargas, Directora Ejecutiva de Asylum Acces México.
Por la parte académica estuvieron Jacob Dayán, Especialista en Derecho Internacional Justicia Transicional y Derechos Humanos; Ernesto López Portillo y Miguel Garza Flores, Director fundador (el primero) y Director Ejecutivo (el segundo) del Instituto para la Seguridad y la Democracia; así como Santiago Corcuera Cabezut, ex Presidente del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU.
Además se contó con la asistencia de Juan Antonio Villa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) de San Luis Potosí.
Hoja de ruta para construir una seguridad ciudadana
Nuestro nuevo informe Cambiando el paradigma: de la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos incluye cuatro principios y diversas recomendaciones tendentes a impulsar la implementación de un paradigma de seguridad ciudadana en el país.
Los principios y las recomendaciones están sustentadas en estándares internacionales de derechos humanos, así como en las propuestas sistematizadas y estructuradas por 28 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de todo el país, expertas en el tema, que consultamos ex profeso. La premisa es poner en el centro de la seguridad a las personas y sus derechos humanos.
Es importante precisar que las propuestas de las OSCs parten de “una dimensión local y cercana a las realidades de las comunidades que conviven día con día con las estrategias militarizadas del Estado mexicano”.
Los Principios establecen lo siguiente: 1) el diseño de estrategias de seguridad enfocadas en la protección y respeto de los derechos humanos; 2) encaminar una reforma policial comprometida a que el cumplimiento de la ley y de las labores de seguridad sean efectuadas por un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con enfoque de respeto y protección de la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas.
El principio 3) establece modificar de manera inmediata el funcionamiento de la Guardia Nacional para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en todas sus operaciones y el 4) encaminar una reforma militar para delimitar las funciones de las Fuerzas Armadas bajo un marco normativo que respete y garantice los derechos humanos.
Recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo
En cuanto a las recomendaciones, aquí expongo un brevísimo resumen de su contenido. Al Poder Ejecutivo se le recomienda cumplir con el plazo establecido en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, de acuerdo con el cual para el año 2028 las Fuerzas Armadas no deberían participar más en tareas de seguridad pública.
Se le recomienda también construir una reforma policial integral y un plan específico de retiro de las Fuerzas Armadas de la seguridad pública, basado en evidencia que se ajuste a las realidades y necesidades de cada entidad federativa y de cada municipio. Dicho plan debe formularse “a partir del Consejo Nacional de Seguridad Pública y con la participación de organizaciones de la sociedad civil, representantes comunitarios, academia, y demás actores relevantes”.
En el informe advertimos que esto último es de particular relevancia porque a la fecha no se ha generado una política pública de seguridad que involucre activamente a la ciudadanía, que privilegie la prevención sobre la represión y que genere condiciones para el respeto, la protección, y la realización de los derechos humanos.
Una tercera recomendación establece reformar el sistema de seguridad pública de tal forma que el cumplimiento de la ley y las labores de seguridad las efectúe un organismo federal con mando, estructura, disciplina y adscripción de carácter civil y con respeto y protección de los derechos humanos. Para tal efecto se debe crear un nuevo mecanismo policial federal o bien hacer una reforma de la Guardia Nacional como organismo civil reintegrado a la Secretaría de Seguridad Pública.
Al Poder Legislativo se le recomienda adecuar el marco normativo aplicable a la seguridad en México para darle la debida congruencia. Esto incluye la revisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, y la normativa del sistema penitenciario, entre otras.
En la segunda recomendación se considera una reforma a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza para que esté alineada con los estándares y el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicha ley debe ser suficientemente clara para su aplicación por personal policial y de seguridad pública; debe limitar claramente el uso de la fuerza letal; exigir el uso de la fuerza mínima y la protección de terceras personas; así como limitar y especificar los tipos de armamento permitido y sus usos, y garantizar el derecho a manifestaciones pacíficas.
Campaña #SeguridadSí
Como en otros informes, el que nos ocupa en este texto está acompañado de la campaña #SeguridadSí y de una Petición dirigida al Estado mexicano que puede ser leída en nuestra página web. Como siempre, invito a las personas lectoras a firmarla. Esto es importante porque la seguridad pública es un problema que involucra no solo al Estado sino a todos y todas las personas.
Un ejercicio de diálogo muy necesario
Los principios y las recomendaciones de nuestro nuevo informe ya las hemos entregado a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al tiempo que los convocamos a valorarlas e iniciar un proceso de diálogo con las OSCs, personas académicas y personas vinculadas con el tema. El objetivo es construir una estrategia de ciudadanización de la seguridad, que incluya el fortalecimiento de las corporaciones policiales civiles bajo un esquema de supervisión ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Desde Amnistía Internacional seguiremos insistiendo en la urgente necesidad de romper el paradigma militar y voltear la mirada a las políticas de seguridad ciudadana para combatir la criminalidad y la violencia. En foros, entrevistas y conferencias he dicho reiteradamente que no podemos, ni debemos, acostumbrarnos a que las Fuerzas Armadas sigan en tareas de seguridad pública y mucho menos debemos tolerar que siga habiendo muertes de personas inocentes a manos de sus integrantes.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
Ambos ejércitos del conflicto armado en Ucrania se han visto acorralados por drones, artillería y guerra electrónica.
En días recientes, Rusia y Urania se han atacado mutuamente con el mayor número de drones desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.
Se informa que Ucrania lanzó más de 80 drones contra Rusia, algunos dirigidos hacia Moscú. Por su parte, se reporta que Rusia lanzó más de 140 drones contra objetivos por todo Ucrania.
La intensidad del uso de drones como armas de ataque es una de las formas en que este conflicto está revolucionando cómo se hace la guerra.
En combinación con la guerra electrónica y los ataques de artillería, los drones también han demostrado ser efectivos como armas defensivas, inmovilizando a las fuerzas enemigas en el campo de batalla.
Drones: los ojos que lo ven todo
Los drones se han convertido en uno de los principales elementos en la guerra en Ucrania y están afectando profundamente la manera en que se pelea, según Phillips O’Brien, profesor de Estudios de la Guerra de la Universidad St. Andrews, en Escocia.
“Han vuelto el campo de batalla mucho más transparente”, comenta.
Los drones de vigilancia pueden detectar el movimiento de tropas o los preparativos para un ataque a lo largo de todo el frente y en tiempo real.
Cuando ven un objetivo, pueden enviar las coordinadas al centro de comando, que puede ordenar un ataque de artillería.
Esta secuencia, desde la detección del objetivo hasta su ataque, se llama la “cadena de ataque” en la terminología militar y se ha acelerado por el uso de drones, dice el profesor O’Brien.
“Todo se puede detectar a no ser que esté muy encubierto. Significa que no puedes reunir tanques y otro armamento para una avanzada sin que sean golpeados”, indica.
Los drones de ataque se están usando, junto con la artillería, para golpear al enemigo. Las fuerzas ucranianas han logrado repeler los avances de las columnas de tanques rusos con solo el uso de drones.
Al inicio de la guerra, Ucrania usó el TB-2 Bayraktar de fabricación turca, un dron de capacidad militar que puede arrojar bombas y lanzar misiles.
Sin embargo, con mayor frecuencia ambas partes están optando por el uso de drones “kamikaze” que son más baratos.
Estos suelen ser drones de uso comercial, acoplados con explosivos.
Pueden ser controlados desde una distancia de varios kilómetros y pueden merodear el objetivo antes de atacar.
Rusia también ha estado usando miles de drones kamikaze, como el Shahed-136 de fabricación iraní, para atacar objetivos militares y civiles en Ucrania.
Frecuentemente los despliega en enjambres, con la intención de abrumar las defensas aéreas ucranianas.
Artillería: se usa “como el agua”
La artillería se ha convertido en el arma de mayor uso en toda la guerra en Ucrania.
Según el centro de análisis británico Royal United Services Institute (RUSI), Rusia ha estado disparando 10.000 proyectiles al día y Ucrania entre 2.000 y 2.500, también diariamente.
La artillería se usa para contener el movimiento de tropas enemigas y para atacar vehículos blindados, defensas, puestos de mando y depósitos de suministros.
“Durante la guerra, la munición es como el agua, que las personas necesitan beber constantemente, o como el combustible para un automóvil”, explica el experto de artillería y especialista militar de la BBC coronel Petro Pyatakov.
Ambos lados han usado millones de proyectiles de artillería extranjeros. Estados Unidos y Europa se los han suministrado a Ucrania. Rusia los importa de Corea del Norte.
Los países occidentales han tenido dificultades para suministrar a Ucrania todas las municiones que requiere, y eso ha resaltado el problema que tienen en sus propias industrias armamentistas, según Justin Crump, director ejecutivo de Sibylline, un grupo de análisis de defensa en Reino Unido.
“Las empresas de defensa de Occidente actualmente producen una cantidad de armas de precisión relativamente baja”, afirma.
“No tienen la capacidad de emitir altos volúmenes de armamento básico como proyectiles”.
Tanto Rusia como Ucrania también han estado usando artillería de alta precisión.
Ucrania ha lanzado proyectiles guiados por satélite tipo Excalibur, suministrados por Occidente; Rusia usa sus propios proyectiles Krasnopol guiados por láser.
Además, EE.UU. y otras naciones occidentales han dotado a Ucrania de misiles Himars de largo alcance, guiados por satélite.
Estos les han permitido a las fuerzas armadas atacar los depósitos de municiones y los puestos de mando de Rusia en el frente.
Bombas planeadoras: sencillas, destructivas y difíciles de interceptar
Desde comienzos de 2023, las fuerzas rusas han usado miles de “bombas planeadoras” para atacar posiciones ucranianas en el campo de batalla y para bombardear zonas residenciales civiles e infraestructura.
Son bombas convencionales de “caída libre” acopladas con alas plegables y sistemas de navegación satelital.
Rusia es quien más suele usar esas bombas planeadoras. Varían en peso desde 200 kg hasta 3.000 kg o más.
“Las bombas planeadoras se han vuelto cada vez más efectivas para romper las posiciones defensivas y destruir edificios”, señala el profesor Justin Bonk, un experto en guerra de RUSI.
Añade que Rusia las ha utilizado extensamente para destruir las defensas ucranianas alrededor de la localidad estratégica de Adviivka, en el este de Ucrania, que Rusia capturó en 2024.
Las bombas planeadoras cuestan entre US$20.000 y US$30.000 en producir, según Bronk.
Pueden ser lanzadas desde decenas de miles de kilómetros de distancia de sus objetivos y son difíciles de interceptar, aún con el más sofisticado sistema de misiles de defensa aérea.
Ucrania también hace uso de bombas planeadoras suministradas por EE.UU. y Francia, como la llamada Joint Standoff Weapon de largo alcance.
También ha creado una de su propio diseño, añadiendo alas a las bombas de diámetro pequeño de fabricación estadounidense, que llevan unos 200 kg de explosivos.
Sin embargo, cuenta con menos bombas planeadoras que Rusia.
Guerra electrónica: una manera barata de incapacitar armamento costoso
La guerra electrónica se ha implementado mucho más intensamente en el conflicto entre Rusia y Ucrania que en cualquier otra ocasión.
Miles de efectivos en cada lado trabajan en unidades especializadas, intentando incapacitar los drones y sistemas de comunicaciones del otro, y desviar los misiles enemigos.
Las fuerzas rusas tienen sistemas como el Zhitel, que puede incapacitar todas las comunicaciones satelitales, las comunicaciones por radio y las señales de teléfonos móviles en un radio de más de 10 m.
Pueden abrumar las ondas de radio emitiendo enormes pulsaciones de energía electromagnética.
Además, con su unidad Shipovnic-Aero, las fuerzas rusas pueden derribar un dron a 10 km de distancia. Este sistema también puede encontrar la posición de los pilotos de los drones y enviar sus coordinadas a las unidades de artillería para que disparen contra ellos.
Las naciones occidentales pueden estar sorprendidas de ver la facilidad con la que los sistemas de guerra electrónica de Rusia han inutilizado misiles de alta tecnología como los Himars en Ucrania, de acuerdo a Marina Miron, del Departamento de Estudios de la Guerra del King’s College de Londres.
“Es una guerra asimétrica”, indica. “Las fuerzas de la OTAN podrán tener armas que son técnicamente superiores a las que posee Rusia, pero Rusia ha demostrado que puede usar un equipo relativamente barato para desactivarlas”.
Duncan McCrory, del Instituto Freeman Air & Space de King’s College de Londres, opina que los comandantes militares de los países de la OTAN deben aprender lecciones de cómo Rusia está efectuando una guerra electrónica en Ucrania.
“Deben entrenar a sus tropas en cómo operar cuando están siendo acechadas por drones y cuando el enemigo está atento a cada señal de radio que envían”, afirma.
“La guerra electrónica ya no puede ser relegada a segundo plano. Necesita ser considerada en todo momento en que se estés desarrollando tus tácticas, entrenamiento y nuevos sistemas de armamento”.
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