México: es tiempo de atender la desaparición forzada de personas con un enfoque integral de prevención
El hallazgo de fosas clandestinas en Jalisco y Tamaulipas, los días 5 y 12 de marzo, expuso en toda su magnitud y crudeza el fenómeno de la desaparición de personas en México, que es parte de la crisis de derechos humanos y de la terrible descomposición social que afectan al país. El problema existe desde hace décadas. Ha atravesado gobiernos de diferente tendencia política, que hicieron poco o nada para prevenirlo. Su dimensión actual es de 126 mil 071 personas desaparecidas, lo que implica que en el país desaparecen a diario 30 personas.
En este problema el Estado ha faltado a su deber de buscar a las personas desaparecidas o lo ha hecho con innumerables deficiencias. Quienes hacen ese trabajo son las familias de las víctimas quienes se han coordinado, especializado y formado para integrar colectivas de búsqueda. Actualmente hay en el país al menos 200 de ellas y más de 20 mil personas buscando a sus seres queridos.
El amor es el motor que las impulsa a buscar a sus familiares desaparecidos. Cumplen con esa tarea soportando amenazas de grupos criminales, que en muchos casos las obliga a un desplazamiento forzoso. A la fecha han sido asesinadas al menos 25 personas buscadoras, la última de ellas es Maleno Pérez Santes, quien buscaba a su hija Diana Paloma desde hace más de seis años. Murió el lunes 11 de marzo de 2024, luego de ser agredido por policías municipales en Poza Rica, Veracruz.
Y las agresiones continúan, como se advierte en el comunicado que Guerreros Buscadores difundió el domingo 23 de marzo. A esta situación se suma la persistente violencia institucional que las colectivas de buscadoras han denunciado hasta el cansancio, que las revictimiza, estigmatiza y se suma al tremendo desgaste físico y mental propio de las labores de búsqueda.
La falta de empatía y humanidad de las autoridades quedó a la vista de todo el mundo durante el recorrido que las autoridades permitieron realizar por el rancho Izaguirre, en Jalisco, el miércoles 19 de marzo de 2024, a personas periodistas y colectivas de búsqueda. La Fiscalía General de la República y su homóloga local fueron las grandes ausentes en el mismo. No hubo autoridad que informara a las mujeres buscadoras sobre la situación de los vestigios encontrados en ese lugar, el 5 de marzo, por el colectivo Guerreros Buscadores.
En su recorrido por el rancho, algunas mujeres buscadoras localizaron más vestigios e incluso denunciaron que algunos sitios habían sido cubiertos con cemento. No hubo autoridad en el lugar que reaccionara a ello o les informara si ya se cuenta con una carpeta de investigación. En ese nivel de abandono tampoco hubo un trabajo de contención emocional para el nivel de estrés que generó la visita en las mujeres buscadoras. La negligencia de las autoridades se puso a la luz en toda su magnitud.
Ninguna persona funcionaria ha tenido la sensibilidad para dar la cara, ofrecerles una disculpa y repararles el daño infligido en ese nefasto recorrido.
Propuesta que se queda corta
En el marco de los hallazgos referidos, la Presidenta de la República anunció el 15 de marzo una estrategia para abordar la desaparición de personas. Lo primero que notamos es que la propuesta no se consultó con las colectivas de personas buscadoras. Asunto crucial cuando éstas son las principales afectadas por el fenómeno de la desaparición. Desde Amnistía Internacional hemos advertido que sus voces son prioritarias, sus propuestas deben formar parte de estrategias diseñadas de común acuerdo. Sus derechos y exigencias deben estar en el centro de una agenda de trabajo previamente establecida.
Las señales de alerta se intensifican con su propuesta de equiparar el delito de desaparición al de secuestro. En nuestro comunicado del 20 de marzo de 2024, advertimos que, “el delito de secuestro tiene una naturaleza diferente del delito de desaparición”. Éste “no implica necesariamente una petición de rescate, busca borrar evidencias, dificulta el acceso de las víctimas a la justicia y favorece la impunidad”.
“El delito de secuestro atiende a dinámicas distintas en relación con el delito de desaparición: la desaparición puede estar ligada a la eliminación de testigos o la instauración del miedo, al reclutamiento de personas para el crimen organizado, a la trata de personas, entre otros. Aunado a ello, equiparar el delito de secuestro al de desaparición invalida el logro de familias y organizaciones que durante años lucharon por visibilizar las desapariciones forzadas. Asimismo, dicha acción invisibiliza a las víctimas e impide que se apliquen medidas adecuadas para su atención”.
El tamaño de la crisis de desaparición de personas
La dimensión del problema requiere un abordaje con énfasis en la prevención de las causas estructurales que conducen a la desaparición de personas, así como de una voluntad real para ofrecer verdad, justicia, honrar la memoria de las personas desaparecidas y garantías de no repetición, como lo exigen las colectivas de buscadoras.
La descomposición social que se vive en el país ha rebasado al Estado desde hace mucho y ha girado los reflectores internacionales hacia México. En 2001 salió a la luz el terrible descubrimiento de cuerpos de mujeres en el campo algodonero de Ciudad Juárez; en 2009, se descubrió que cientos de personas fueron disueltas en ácido por Santiago Meza, en Tijuana, Baja California; en 2010 y 2011 fueron hallados los cuerpos de personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas; en 2016 y 2022, se descubrieron fosas clandestinas en Colinas de Sante Fe y El Arbolillo, en Veracruz.
En 2014, 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fueron desaparecidos, once años después sigue sin saberse que pasó con ellos. En 2017, en el predio conocido como la Bartolina, ubicado a tres kilómetros de Matamoros, Tamaulipas, se localizaron restos de personas, cuyo número no ha sido posible cuantificar.
El país es una fosa
A la fecha no hay certeza sobre el número total de fosas clandestinas en el país. De acuerdo con el Mapa de hallazgos de fosas clandestinas elaborado por la Secretaría de Gobernación, en el periodo 2006 a 2018 fueron “halladas” 2,835, fosas, en 293 no se contaba con entidad de hallazgo registrada. En ese periodo Tamaulipas contaba con el mayor registro de fosas: 402. Le seguía Veracruz con 324; Chihuahua, con 269; Guerrero, 260; Zacatecas 219; Sinaloa, 201 y Jalisco, 149.
Para el periodo del 1 diciembre de 2018 a 30 de abril de 2023, habían sido halladas 2 mil 863 fosas clandestinas con día mes y año del hallazgo y sólo en 4 casos se contaba con mes y año. Para este periodo Veracruz registraba 344 fosas; Colima, 308; Sinaloa, 283; Guerrero, 238; Michoacán 228; Jalisco, 176; Sonora y Guanajuato 154, respectivamente; Tamaulipas, 152; Chihuahua 146 y Zacatecas 130. El mapa es una fuente limitada de información pues no incluye datos de los años 2024 y 2025.
Cabe mencionar que la liga al mapa referido fue consultada por la equipa de Amnistía Internacional el 13 de marzo de 2025, intentos posteriores ya no fueron posibles porque al parecer fue retirada.
Otras fuentes que han buscado llenar el vacío de información sobre la magnitud del fenómeno son el informe del Sistema Universitario Jesuita de México y la Plataforma Ciudadana de Fosas, estructurada por la Ibero, Artículo 19, Data Cívica, HRDAG y Fondo Canadá.
La onda expansiva que genera la desaparición de más de 122 mil personas en el país se extiende inevitablemente a igual número de familias y es la causa de daños irreversibles en niñas, niños, esposas, padres, madres y abuelas. Es incuantificable el número de personas a las que afecta y que no reciben la atención psicoemocional que necesitan. Esta es la dimensión del problema y no se distingue en la propuesta del gobierno federal un enfoque encaminado a atender las causas estructurales que lo originan.
Fiscalías omisas, otro aspecto relevante del problema
Desde Amnistía Internacional hemos denunciado que las deficiencias en que incurren las fiscalías del país al investigar las denuncias que reciben, cualesquiera que estas sean, impiden que las personas accedan a la justicia. Los hallazgos de las fosas de Jalisco y Tamaulipas confirman esto una vez más.
Fue el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en su conferencia de medios del miércoles 19 de marzo, describió más de una decena de faltas graves cometidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco cuando intervino el rancho Izaguirre en septiembre de 2024. Para empezar, esos errores impidieron conocer que ahí había ropa, zapatos, identificaciones y restos óseos, como si lo revelaron los hallazgos difundidos el 5 de marzo, por la colectiva Guerreros Buscadores cuando ingreso a lugar mencionado.
Entre los errores señalados por Gertz Manero, están que no se inspeccionó el lugar de manera exhaustiva; no identificó huellas dactilares; a seis meses de la intervención del lugar en septiembre de 2024, los servicios periciales aún no cuentan con un dictamen definitivo que establezca con precisión la identidad y la antigüedad de los restos encontrados; no cuenta con análisis físicos y químicos que permitan determinar actividades crematorias en el sitio. El fiscal dejó establecido que el inmueble quedó en abandono y sin ninguna protección a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local.
Amnistía Internacional ha denunciado esas fallas de tipo estructural desde hace más de 30 años en informes como Muertes Intolerables, publicado en 2003, relacionado con los feminicidios de mujeres registrados en Ciudad Juárez y Chihuahua; en el informe México: Un trato de indolencia, de 2016; en Como anillo al dedo, del 3 de diciembre de 2020 y en Juicio a la Justicia, relacionado con feminicidios precedidos de desaparición, publicado en septiembre de 2021. Nuestras recomendaciones para atender esas deficiencias están referidas en cada uno de estos informes.
Mientras éstas no se resuelvan las fiscalías seguirán siendo generadoras de la impunidad, lo que impide a las personas acceder verdad, memoria, justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición permanentes.
En torno a los hallazgos de Jalisco y Tamaulipas, la información que han brindado las autoridades hasta ahora es confusa, atomizada y se ha centrado en identificar personas que podrían haber estado involucradas. Frente al horror de los hallazgos y el maltrato institucional que han vivido las colectivas de buscadoras, las autoridades deben asumir su responsabilidad de realizar una investigación profesional y apegada a los más altos estándares internacionales, que esclarezca lo que ocurrió en esos lugares y abra paso a la verdad y a la justicia.
Para garantizar la legitimidad y credibilidad de las investigaciones en curso, es indispensable generar condiciones para la participación activa de las colectivas de búsqueda, especialmente de las que hicieron el trabajo que sacó a la luz estos hallazgos. Lo mismo debe suceder en tantos otros casos pendientes de solución. Sin la participación de las víctimas, la duda y la desconfianza privarán sobre las evidencias. Pero, además, esos hechos deben dar paso a una estrategia que aborde las causas estructurales que dan origen a la desaparición forzada en nuestro país y ponga en el centro las demandas de las colectivas de búsqueda.
Ya es tiempo de dar un enfoque integral al problema de la desaparición de personas en el país, ya es tiempo de que el Estado las busque, ya es tiempo de que se haga justicia a las familias de las víctimas de desaparición, ya es tiempo de que se les devuelva la paz que algún día tuvieron, ya es tiempo de que se encuentren caminos para que las familias puedan cerrar los duelos que han llevado a cuestas por décadas.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico.
Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Las denuncias de los rebeldes
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
Años de guerra
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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